Voces Panistas en el Consejo Estatal

En la presentación de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, junto con los investigadores de la UNAM y BUAP.

Excelente charla sobre el estudio cualitativo de las Radiodifusoras Indígenas

Invitación a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Los espero a la presentación de este interesante estudio sobre las radiodifusoras indigenistas

Despidos masivos

Dedicado a Tere Escalera Espinosa, mujer, hija, madre, esposa y amiga ejemplar, QEPD.

Las organizaciones humanas requieren un permanente esfuerzo por la búsqueda de la excelencia, el caso de los gobiernos no es la excepción. En el ámbito gubernamental en general y del Gobierno del Estado de Puebla y los Ayuntamientos poblanos en particular es una realidad que la percepción ciudadana es que el servicio es deficiente y que no se resuelven de manera adecuada los problemas que obligan a los ciudadanos a acercarse a las dependencias públicas.

Adicionalmente a la percepción de ineficiencia, el pasado mes de julio la ciudadanía votó mayoritariamente por un cambio y está a la espera de saciar la expectativa de una transformación no solamente del rumbo que había tomado el gobierno encabezado por Mario Marín y sus secuaces o el de Blanca Alcalá y sus compinches hacia mejores estadios de desarrollo, sino también en cambiar para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y hasta el servicio y la atención que se otorga a los ciudadanos en las ventanillas del servicio público.

Una transformación de esta envergadura requiere no solamente de las buenas intenciones de quienes encabezan las nuevas administraciones, necesita forzosamente de una nueva visión del servicio público para ponerlo a las órdenes del ciudadano y de tomar decisiones que afecten el statu quo. En los mensajes de toma de protesta del gobernador y de los alcaldes no faltó esta promesa de mejorar la atención a los ciudadanos, de reducir los tiempos de respuesta, de eliminar la tramitología y un largo etcétera; así las cosas y después de 7 meses de preparación de los equipos de los nuevos gobernantes y ahora ya instalados en las responsabilidades y con la presión de dar resultados, los nuevos administradores públicos modifican procesos, cambian la normativa, proponen cambios al marco jurídico y se enfrentan a la realidad de que los equipos humanos que operan los programas tienen sus limitaciones.

Sería injusto generalizar que todas las personas que participaron en la pasada administración no cumplen con el perfil para dar un óptimo servicio público y cumplir con la responsabilidad encomendada así como también generalizar que todos los nombramientos hechos por las nuevas administraciones si cumplen, si están capacitados y resolverán los obstáculos necesarios para cumplir con las expectativas de transformación. Sin embargo los vicios generados por una burocracia fincada en el compadrazgo o las cuotas de poder y no en la meritocracia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas es difícil que puedan adecuarse ahora a dar los resultados esperados.

Las noticias recientes de que hay una ola de despidos en los nuevos gobiernos, recalcando únicamente la injusticia que representa para los buenos servidores públicos el que sean despedidos por el simple hecho de haber servido a otra administración no es una nota informativa balanceada frente a otras notas que destacan la entrega de último momento de plazas de trabajo a parientes de funcionarios marinistas de primer nivel.

Lo justo y prudente sería examinar la realidad de cada caso en donde se analice el perfil requerido en cada puesto contra las aptitudes y actitudes de los trabajadores heredados. Lo injusto es que los trabajadores que fueron sembrados por la anterior administración sin contar con el perfil adecuado y los que no quieran hacer suya la nueva dinámica de atención y servicio al ciudadano, se cubran bajo el manto de los derechos sindicales y en la burbuja del gremio burocrático en donde hay buenos trabajadores con una gran sensibilidad, preparación y actitud de servicio.

Lo ideal sería que se manden señales claras de revisar cada caso, de tratar con dignidad y con justicia a las personas y de no repetir las mismas prácticas deleznables de gobiernos anteriores, donde no se respetan los derechos laborales, donde se presiona psicológicamente a las personas y donde son abiertos espacios para otros que tampoco cumplen con los perfiles adecuados, pero sirven para pagar las cuotas de campaña o compromisos de poder. Ya se empiezan a observar también estos vicios viejos en las nuevas autoridades.

Si se quieren hacer las cosas mejor que antes se tienen que tocar los intereses que en este momento mantienen el statu quo y que cualquier movimiento les afectará. El posponer estas decisiones por miedo o por inexperiencia se verá reflejado en la imposibilidad de cumplir con las metas comprometidas. El ser burócrata tampoco debe ser una patente de permanencia perpetua desligada de cumplir con perfiles, metas y evaluaciones del desempeño.

Ya se escuchan voces de líderes charros que quieren defender esas parcelitas de poder, que envueltos en la falsa bandera de la defensa de los trabajadores no quieren que se despida a uno solo o buscan forzar una negociación para que el arreglo económico por debajo del agua sea más elevado, lo mejor para los ciudadanos será que los despidos y las contrataciones sean transparentes y obedezcan a las auténticas necesidades del servicio a los poblanos.

Colegiaturas deducibles, ¡Bravo!

Mis mejores deseos de éxito al nuevo Ayuntamiento de Puebla encabezado por Eduardo Rivera Pérez

Ayer 14 de febrero, el presidente Felipe Calderón nos sorprendió con una extraordinaria noticia para todos aquellos que invertimos en la educación de nuestros hijos una parte muy importante de nuestros ingresos; a partir de este año fiscal las colegiaturas de preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato son deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La deducción de las colegiaturas pagadas a colegios particulares, es una añeja demanda ciudadana recogida por el Partido Acción Nacional (PAN) y que consta en la Plataforma Política desde 1982 cuando fue candidato presidencial Don Pablo Emilio Madero. Hace más de 29 años que esa bandera enarbolada por el PAN en beneficio principalmente de las clases medias, se materializa en el Decreto que con base en la facultad constitucional del artículo 89 de nuestra Carta Magna mandó publicar el Presidente Calderón.

La propuesta de deducibilidad se basa en que todos aquellos que pagamos colegiaturas en colegios particulares le estamos ahorrando al estado el gasto en educación que de acuerdo al Artículo tercero Constitucional debe ser gratuita. Esta medida como lo anunció el Titular del Ejecutivo Federal, “tendrá un impacto muy positivo, además, en nuestro mercado interno e incidirá directamente en la competitividad y en el dinamismo de nuestra economía.”

Para nadie es un secreto que el PRI se negó sistemáticamente a deducir las colegiaturas y que desde el Congreso con mayorías tricolores siempre se impidió el que la deducibilidad se implementara por la vía legislativa, de manera que ahora que el Presidente Calderón consiguió ahorros suficientes en el gasto, aplica la medida por Decreto, haciendo uso de sus facultades Presidenciales.

Ahora bien, es importante hacer notar que la deducibilidad está restringida a ciertos montos máximos que coinciden con el “costo promedio por alumno del sistema educativo público a nivel nacional en cada uno de sus niveles.” Esto significa que solo se podrá deducir lo que le costaría al estado tener a esos estudiantes pagados con recursos públicos.

Los límites que anunció la Secretaría de Hacienda son los siguientes: para preescolar $14,200.00; para primaria $12,900.00; para secundaria $19,900.00; para profesional técnico $17,100.00 y para Bachillerato o equivalente $24,500.00; estos son límites anuales por alumno. De acuerdo a mi interpretación si una familia tiene un hijo estudiando quinto de primaria, otro en primero de secundaria y otro en primero de bachillerato, todos en instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación, esta familia podrá deducir en la declaración de ISR del padre o tutor que sea persona física hasta $57,300.00

Excelente aliciente económico para los padres de familia que buscan hacer un esfuerzo al invertir en la mejor educación a su alcance para sus hijos. Estas medidas serán seguramente criticadas por quienes en su momento las bloquearon, pero estoy cierto que serán reconocidas y apoyadas por los padres de 3 millones y medio de niños y jóvenes beneficiados que ayudamos al estado a financiar el gasto en educación.

Con políticas públicas como la deducibilidad de las colegiaturas, se aplica el principio de la justicia distributiva apoyando a quienes no son un costo para el estado, adicionalmente se promueve la inversión en educación que para cualquier país y para cualquier familia es la mejor inversión. ¡Bravo Presidente Calderón!

Primero fue la eliminación de la tenencia vehicular, ahora la deducibilidad de las colegiaturas, vamos por más cambios que apoyen a sectores de la sociedad que históricamente no habían sido atendidos.

El nuevo Congreso local en Puebla

El pasado sábado 15 de enero en Sesión Solemne citada ad hoc, se instaló el nuevo Congreso local, con ello se inicia el relevo en las Instituciones que como consecuencia de las elecciones realizadas en julio pasado se mandató una nueva conformación en donde el PRI perdió la hegemonía.

Recordemos que ahora la mayoría en la Cámara de Diputados del estado de Puebla esta en manos de la Coalición Compromiso por Puebla, que se conformó electoralmente por el PAN, PRD, PANAL y Convergencia; de manera que los diputados provenientes de esta variopinta mescolanza electoral son los que dominan la nueva Legislatura.

A la hora de ejercer el poder las cosas empiezan a tomar tintes complejos de lo que significa un órgano colegiado formado por personas con nombre y apellido que son producto de una realidad política personalísima dentro del marco de la vida política local; no podemos separar al hombre de su circunstancia y eso puede explicar lo que sucedió en esta primera sesión y lo que percibo se vivirá en los próximos 3 años que estarán en funciones estos diputados.

Previo a la sesión solemne de toma de posesión, las diferentes fuerzas políticas habían negociado un paquete que a posteriori se puede analizar como una serie de acuerdos mínimos referentes a la salida de Mario Marín, la entrada de Rafael Moreno Valle y la conformación de los órganos de gobierno de la Cámara local. Por lo que se percibe, el PRI de Marín solicitó que en la sesión de instalación de la Legislatura no se atacara al “gober precioso” el cual además mandaría un representante al congreso para no crispar los ánimos a cambio de que el PRI no obstaculizara la conformación de los órganos de gobierno, específicamente la Gran Comisión que sería presidida por un diputado del PANAL el primer año y la Mesa Directiva que sería encabezada por un diputado del PAN. Es posible que el paquete de negociación haya sido más amplio y considere algunas iniciativas que enviará el nuevo ejecutivo local y que serán apoyadas o por lo menos no frenadas por los tricolores. Algunas columnas políticas opinan que el acuerdo llega hasta brindar un puente de plata a Marín y sus muchachos, lo cual se podrá corroborar en los próximos meses por venir, si la impunidad fue parte de la negociación.

Lo que sí es un hecho es que el acuerdo fue que en esta sesión de instalación los diputados de “Compromiso por Puebla” no atacarían a Mario Marín Torres y que solo habría una intervención del diputado Zeferino Martinez del PT (socio electoral del PRI en la pasada elección) la cual sería un discurso insípido de loas a la democracia; sin embargo el diputado del PANAL, Héctor Alonso Granados rompe el acuerdo y se lanzó a darle una tunda en la tribuna al todavía inquilino de casa puebla. El diputado Convergente José Juan Espinoza Torres viendo la oportunidad se lanza también al ruedo para no perder reflectores y se sube a la tribuna también a darle su raspón a Marín.

El rompimiento de la negociación que incomodaba por el silencio impuesto a la oposición, generó que entonces el PAN mandara al diputado Juan Carlos Espina von Roehrich a hacer uso de la voz en la tribuna y dar el posicionamiento correspondiente a su bancada.

Lo observado el pasado sábado será desde mi punto de vista la tónica de esta legislatura, pues la alianza electoral que derrotó al PRI tendrá que tejer cada una de las votaciones y posturas, eso es muy positivo y es lo normal en los parlamentos democráticos. Lo criticable es que cuando se cierra una negociación no se respete la palabra empeñada, pues es precisamente la palabra la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. Si los diputados del PANAL y Convergencia no saben honrar su palabra no habrá manera de transitar a una mejor etapa de desarrollo político para Puebla.

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El Ponchis y la Chabela

Bienvenido Jefe Diego

Hace apenas unos días nos enteramos por los medios de comunicación que el ejército mexicano atrapó en el aeropuerto de Morelos al “Niño Sicario” también conocido por el mote de “El Ponchis” de 14 años, que acompañado de su hermana “La Chabela” de 19 años se disponían a abordar un avión con destino a Tijuana para luego cruzar hacia los Estados Unidos.

Los hermanitos fueron sorprendidos con dos pistolas, una Walter calibre 6.35 y una Browning 9mm y con paquetes de cocaína y marihuana. La sociedad se enteró de la existencia de este adolecente asesino por unos videos y fotografías subidas a internet donde el Ponchis golpea, tortura (corta los testículos) y mata a sus víctimas.

Ahora la sociedad se pregunta qué tratamiento debe darse a los menores infractores, los delitos comunes son castigados de acuerdo a lo que cada legislación local establece, es decir en cada estado de la republica el tratamiento es distinto, pero muy similar en cuanto a rebajar la condena y darle un tratamiento diferenciado. En el caso de Morelos, estado donde se cometieron los delitos, un adulto (mayor de 18 años) condenado por homicidio simple alcanza una pena de 15 años que puede llegar hasta los 40 años. Sin embargo los menores de entre 12 y 16 años solo pueden alcanzar una pena de hasta 3 años.

En esta circunstancia el Ponchis sería recluido en un centro especial para adolescentes y cuando tenga 17 reintegrado a la sociedad. Imagine lo que se encargaría de transmitir y enseñar a sus compañeros de reclusión, otros menores encerrados por graffiteros o por una riña callejera. Imagine las pláticas de estos menores alrededor del “famoso” Ponchis, de cómo se enroló, lo que le pagaban, cómo torturaba, cómo se drogaba, cómo cobraba, cómo les arrebataba la vida a sus víctimas… Imagine lo que saldrá a cometer después de 3 años de reclusión a cargo de la sociedad.

Casos como el de este sicario, que no tiene 18 años para ser juzgado con todo el rigor y ser castigado por la sociedad a la que lastimó deben ser oportunidades para revisar nuestra legislación, para adecuarla a las circunstancias y también para mejorar nuestros mecanismos colectivos y prevenir el que niños se conviertan en delincuentes despiadados.

Respecto a la revisión de la legislación sobre penas a menores infractores, existen dos alternativas: la primera elevar las penas, es decir son menores de edad y que no se les dan las mismas sanciones que a los adultos pero tampoco con un margen de diferencia tan grande; la segunda disminuir la edad penal, es decir que desde más jóvenes se les puedan aplicar las mismas penas que a los adultos. El asunto implica una serie de factores que deben ser analizados, solo enuncio las alternativas que en estos días se discuten.

El caso del Ponchis debe ser analizado desde varias perspectivas, por reportes periodísticos nos hemos enterado que proviene de una familia disfuncional, cuestión que estadísticamente es más frecuente que genere muchachos con problemas que si procede de familias bien integradas. A los 7 años lo expulsaron de la escuela por golpear a una niña y por estar constantemente involucrado en riñas, antecedentes agresivos desde muy niño. Inició su carrera dentro del crimen organizado igual que muchos otros menores, primero de halcón (aquellos que están observando el movimiento de la policía o de las otras mafias y lo reportan a sus superiores) después de vendedor-cobrador, allí ya era drogadicto, después como sicario como asesino a sueldo.

Los gobiernos, las iglesias, las organizaciones de la sociedad, las familias, toda la sociedad deben sensibilizarse para evitar que estemos generando otros Ponchis, otras Chabelas, niños y jóvenes sicarios. La integración familiar, la formación en valores, la sana convivencia y la no violencia, la educación, las oportunidades de estudio y empleo, las oportunidades de desarrollo serán el mejor antídoto, serán la única opción. En el seno familiar tenemos que plantearnos también el cómo educar, como informar, como fortalecer la identidad de nuestros hijos y del entorno que nos rodea. No todo es culpa del gobierno, también nosotros como sociedad tenemos parte de responsabilidad en la generación de estos fenómenos sociales.

Los sueldos pagados con recursos públicos

En la reciente aprobación del presupuesto de egresos de la federación, nuevamente salió a relucir el tema de las percepciones de los servidores públicos. En esta época de crisis económica y frente a la falta de resultados tangibles de los políticos en el bienestar económico como en la seguridad de los ciudadanos es más que nunca tema de controversia.

En las páginas de internet de cada dependencia tanto federal como estatal o municipal y en los organismos que se pagan con recursos públicos, es una obligación el publicar las remuneraciones de sus funcionarios, sin embargo a la hora de querer comparar se encuentra uno que existen varias dificultades: primero no en todas las paginas es fácil encontrar donde está publicada la información, en algunos casos está muy escondida; segundo en algunos casos se publican percepciones netas y en otras percepciones brutas y en muy pocos casos se desglosa si tienen otras percepciones; tercero no se sabe el total de las prestaciones que en algunos casos pueden ser muy onerosas.

A continuación encontrará una tabla con las percepciones mensuales en pesos mexicanos que las páginas oficiales de internet, publican como las percepciones de sus funcionarios, sirva este ejercicio para cuestionarnos: si de acuerdo a nuestro criterio es lo justo; si el nivel de vida que se dan es proporcional a lo que oficialmente se llevan; si corresponde a los resultados que están dando y si es proporcional al grado de responsabilidad entre unos y otros.


Puesto
Remuneración mensual
Regidor Municipio de Puebla
45,185.24
Diputado local
60,854.60
Rector BUAP
65,792.04
Subsecretario del gobierno estatal
71,472.42
Diputado federal
75,793.00
Alcaldesa de Puebla
80,185.24
Secretario del gobierno estatal
91,731.80
Senador
122,000.00
Secretario del gobierno federal
145,620.55
Gobernador de Puebla
147,183.26
Presidente de la República
147,987.46


Es importante aclarar que la comparación que se hace es respecto a lo publicado y que en algunas ocasiones se especifica si corresponde al salario bruto y en otras no se especifica nada. También es importante recordar que no se incluyen prestaciones como celulares, choferes, autos, combustible, bonos, y en el caso del Presidente de la Republica y del Gobernador pues hasta la casa habitación y la alimentación familiar corren por cuenta de los contribuyentes.

Una primera conclusión es la necesidad de transparentar aun más las percepciones y que estas se desglosen y se ponga a consideración de los ciudadanos todos los ingresos oficiales, así como las prestaciones.

De este análisis podemos observar que la diferencia entre el Presidente de la Republica y el Gobernador de Puebla es mínima, aunque el grado de la responsabilidad sea muy diferente.

También se puede observar que un Senador de la República gana solo un 20 por ciento menos que el Presidente.

Según estos datos la Presidenta municipal de Puebla gana 14 mil trescientos noventa y tres pesos más por mes, que el rector de la BUAP.

Lo interesante será saber que otras “percepciones ocultas” reciben los funcionarios de gobierno y de instituciones públicas a costa del erario público y la posibilidad de que se revisen a la luz de resultados y del grado de responsabilidad, de manera que sea proporcional a las mismas. Los que somos funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas precisas.

La quiebra de la BUAP

A mi amigo Goyo Barradas,

Alcalde Electo asesinado por el crimen organizado. QEPD

Ayer se publicó en el periódico El Universal una nota de primera plana que se tituló “Universidades en crisis, rectores no” esta nota es parte de una serie que durante dos semanas ha venido analizando la crítica situación de las finanzas en las universidades públicas.

La nota periodística refiere, que de acuerdo con el estudio de “Evaluación del Ahorro y Diagnóstico de los Resultados Obtenidos por las Reformas a los Beneficios que Otorgan a sus Trabajadores” que elaboró el actuario Carlos Jorge Soto para la SEP federal, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se encuentra en situación financiera “muy crítica” y perderá la suficiencia presupuestal en 2011. Esto significa que el año entrante no le alcanzarán los ingresos para pagar sus compromisos laborales y gastos de operación. En pocas palabras, en 2011 quiebra la BUAP.

El tema de las finanzas de las universidades públicas es un tema tabú, que se guarda en el más estricto sigilo y solamente algunos datos se hacen públicos. Aunque se ha avanzado mucho en México en el tema de transparencia y rendición de cuentas, las universidades que debieran ser punta de lanza, son un lastre para la transparencia y un ejemplo de feudos que no rinden cuentas suficientes de los dineros públicos.

La universidad pública poblana tiene alguna información en su página de internet, pero no suficiente como para saber el peso de sus pasivos laborales y como se desarrollará en el futuro el monto exigible por pensiones y jubilaciones. En los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2008, (que son los más recientes publicados) se establece que un estudio de una firma actuarial determinó que el pasivo máximo exigible en 2008 por concepto de pensiones y jubilaciones es de 67,151 millones de pesos. Si los ingresos totales de la BUAP en ese mismo año de 2008 ascendieron a 5,117 millones de pesos, significa que se requiere reunir el equivalente a 13 años de ingresos, para pagar únicamente los compromisos de los jubilados y pensionados actuales y la de los trabajadores en activo que algún día se jubilarán.

En otro informe que publica la Benemérita respecto a la distribución de ingresos y egresos del 2009, se aprecia que recibieron ingresos totales por 4,501.9 mdp, de los cuales el gobierno de Felipe Calderón aportó el 64.39%; el gobierno de Mario Marín el 14.54% y de ingresos propios el 21.07%

Un dato muy interesante es como se aplican estos recursos al gasto, según las cifras publicadas por la BUAP el 98.8% de los servicios personales ( sueldos, prestaciones y seguridad social) se pagan con el dinero de la federación y con el dinero que pone el gobierno del estado solo el 0.37%. Sin embargo en Gastos de Operación la cosa es al revés, únicamente el 10% los paga la federación y el 41% proviene de recursos enviados por el gobierno de Mario Marín, el resto (48.8%) de estos gastos se paga con recursos propios. Esta distribución no es casual, obedece a que en la federación las reglas de operación y las auditorias de la SEP y de la Cámara de Diputados son más estrictas, en el caso del gobierno de Marín y el Congreso estatal poblano, usted sabe que se manejan las cosas diferente.

Así la BUAP donde es mas revisada y auditada es en los recursos federales, que se ocupan prácticamente todos en nómina y en programas con reglas de operación muy estrictos, que son observados con puntualidad y exactitud. Pero en el Gasto de Operación que contiene las partidas de Servicios Generales y Materiales y Suministros tienen más margen de maniobra y discrecionalidad por lo laxo del control estatal.

Ya habrá oportunidad de comparar que pasa en otras entidades federativas con sus universidades públicas y si como aquí en Puebla, los gobiernos estatales son tan marros que ponen menos del 15% de los recursos. Habrá que ver también como se negocia el próximo presupuesto de la BUAP con el nuevo gobierno estatal y el nuevo Congreso del estado y cómo y en qué condiciones se rescata a la BUAP (sobre todo a sus trabajadores y alumnos) de la quiebra de la institución. Estemos alerta.

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¡Aguas con los cinemómetros!

El pasado viernes en una cena con unos amigos, salió a la pláticala tremenda noticia: ya había una primera víctima de los cinemómetros.

Las señoras allí presentes se escandalizaron, por el nombre imaginaban que se trataría de un abusador en las salas cinematográficas, los más jóvenes pensaban que sería un vendedor de drogas ligado con la Barbie, el Grande o el recién abatido Tony Tormenta.

Nada de eso. Los cinemómetros según el artículo 259 Bis del Código Reglamentario Municipal del Municipio de Puebla (COREMUN) es “una cámara móvil para la detección de la velocidad”, es decir son los aparatos que se aprecian en algunos semáforos y otros soportes urbanos para supervisar el límite de velocidad a la que circulan los vehículos en esa calle.

En el caso de la Vía Atlixcáyotl, además de detectar la velocidad, lo anuncia en tremendos pizarrones electrónicos para información de los que por allí conducen.

Sin embargo el origen de esta noticia que ha corrido en estos días como reguero de pólvora proviene de un correo electrónico apócrifo que a continuación transcribo:

“Buen día. Les aviso a los que circulan en la vía Atlixcáyotl , Cúmulo de Virgo y Ave. de las Torres, que desde hace 20 días aproximadamente entraron en operación por parte de Vialidad los radares con cámara fotográfica para control de velocidad. Les platico lo anterior porque a un conocido le llegó esta semana a su casa una multa por $2,400.00 por exceder el límite de velocidad (60 km/hr) CON TODO Y FOTO DE SU CARRO!!!!

Ya me hicieron favor de enseñarme las cámaras, están ocultas en los semáforos. Es una varita metálica como de 20 cm que sostiene una esfera como de 10 cm que si no te fijas a detalle, ni se ven pero de que están, están.Tómenlo en cuenta porque es una buena cantidad de dinero la que tendrán que pagar por rebasar el límite de velocidad permitido y no se enterarán sino hasta que llegue la multa a su domicilio.

Les mando un abrazo… “. Hasta aquí el mensaje anónimo.

Pues resulta estimado lector que desgraciadamente no es cierto. Investigué con la Dirección de Tránsito Municipal y resulta que aunque adquirieron la tecnología de estos aparatejos, todavía no pueden poner en práctica lo que ya está en el Reglamento porque el gobierno de Blanca Alcalá no cuenta con el padrón del Registro Estatal de Vehículos. Entonces tomar la foto, calcular la velocidad y saber que alguien circula como loco desaforado por esas arterias poniendo en riesgo a sus semejantes no sirve de nada pues ¿adónde mandan la infracción? ¿A quién multan?

Es una realidad que la Vía Atlixcáyotl se ha convertido en una calle muy peligrosa por donde circulan a muy altas velocidades muchos de los que la utilizan, esto sumado al pésimo trazo de la calle genera graves accidentes en una arteria que es ya columna vertebral de movilidad al sur poniente de la ciudad.

De manera que por la falta de un padrón, el Ayuntamiento del municipio de Puebla, está impedido de cumplir a cabalidad con el objetivo -que con toda claridad se expresa en el artículo 259 Bis 3 del mismo COREMUN- de instalar los cinemómetros: salvaguardar la vida, salud, integridad física y propiedades de los conductores, de los pasajeros, de los transeúntes y en términos generales de cualquier otra persona que pudiera ser afectada por la inobservancia de las reglas relativas al límite de velocidad”.

Imaginemos que haya un lamentable accidente provocado por un loco circulando a exceso de velocidad, además del conductor irresponsable, serían también culpables las autoridades por su omisión.

¿Porqué no entrega el Gobierno de Mario Marin el padrón vehicular al gobierno de Blanca Alcalá?

¿Porqué no exige el gobierno municipal con mayor vehemencia y responsabilidad jurídica la falta de coordinación?

Esperemos que ya no sea un correo electrónico falso, que pronto sea una realidad y que se sancione a todos aquellos conductores que rebasan los límites de velocidad. Y que se sancione también a los servidores públicos que no quieran cumplir con su responsabilidad.