El lunes 27 de septiembre los poblanos nos despertamos con la noticia primero y los efectos después de un paro parcial de 24 rutas de transporte público en la ciudad de Puebla. Esta estrategia de los dueños de los camiones que prestan el servicio público de transporte para obligar a que se les autorice un aumento a la tarifa puso a la comunidad en jaque.
El transporte público, en este caso los camiones urbanos, es un servicio público que de acuerdo a nuestras leyes debe ser otorgado por el Gobierno estatal y los Ayuntamientos solo intervienen en la formulación y aplicación de programas, cosa que en realidad no sucede y es solo el gobierno del estado quien decide a quien otorga la concesión, cuantas unidades, de que tipo, que tarifas, etc. Lo mismo que las placas de taxi, las concesiones de camiones urbanos han sido en Puebla una prebenda del sistema PRI-Gobierno para premiar a sus huestes con la discrecionalidad e impunidad que la dictadura priista les permitía.
En este sistema, los permisionarios o concesionarios de transporte eran parte del sistema que acarreaba a las casillas y a las magnas concentraciones del partidazo a los secuaces del PRI y que también impedía que otros partidos pudieran, aun pagando, hacer uso de la infraestructura camionera para sus propios fines.
Era también costumbre que las tarifas del transporte se revisaran a la alza después de cada elección, pues los dueños de los camiones ponían a disposición del partidazo sus unidades con combustible y choferes en las campañas a cambio de que pasados los comicios se ponían a mano subiendo las tarifas y los ciudadanos pagando con su sacrificio los servicios prestados al tricolor y a sus candidatos.
Ahora que los combustibles han venido subiendo de manera sostenida cada mes, así como las refacciones y otros insumos, los transportistas reclaman subir las tarifas de 5 a 7 pesos o más, lo que no corresponde a las alzas pues es desproporcionado el incremento exigido. Sin embargo pareciera que detrás de esta negociación está también el bono por fin de sexenio que en este rio revuelto pretenden cobrar unos y conceder otros.
Una negociación justa seria el considerar una visión a mediano y largo plazo del transporte público incluyendo su reordenamiento y el uso eficiente de nuevas tecnologías que permitan reducir gases de efecto invernadero y la mejora en la calidad del servicio –cuestión que por cierto siempre se promete y nunca se cumple-
Puebla está muy rezagada en este rubro que nos resta competitividad frente a otras ciudades de México y más si nos comparamos con otras metrópolis del mismo tamaño y hasta más pequeñas de Estados Unidos de Norteamérica, del Cono Sur, Asia y Europa.
Se tienen que revisar las tarifas, pero sobre una base de eficiencia, rutas y las necesidades de movilidad, seguridad y calidad para los usuarios, no sobre el antiguo concepto de la prebenda priista a sus corifeos.
En este proceso de transformación que sufre nuestro estado, en donde la derrota del PRI en el gobierno estatal abre la posibilidad de revisar estas malas prácticas de políticas públicas, exijamos como ciudadanos que esta negociación quede encorchetada para que la nueva administración que entra el ultimo día de enero de 2011pueda retomarla en estos términos de eficiencia y en la búsqueda del Bien Común.
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