El PRI ganó hace seis años la gubernatura del estado, hace tres ganó por aplastante mayoría el congreso local y también la gran mayoría de las 217 presidencias municipales del estado. Son junto con sus aliados del Verde la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Tienen en sus manos la llave de las reformas a la Constitución al tener bajo su control a la mayoría de los congresos locales en los estados. ¿De qué les ha servido? ¿Dónde están esas transformaciones que prometieron en la pasada campaña federal, como la ley de emergencia económica?
La cómoda mayoría en el Congreso Local de la que goza el gobernador Mario Marín Torres solo le ha servido para cerrarse a la transparencia en el manejo del gasto público; para negarse a rendir cuentas claras; para encubrir las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por él y por sus secuaces; para imponer a sus incondicionales en los órganos autónomos estatales como la Comisión para el Acceso a la Información Pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o el Instituto Estatal Electoral entre otros.. En materia legislativa, presupuestal y de administración e impartición de justicia pueden hacer lo que les venga en gana y ni la oposición política es suficiente para exigir cuentas en las instituciones, ni la sociedad está organizada ni motivada para ponerlo en la picota. Mientras la población exige oportunidades de desarrollo, exige seguridad pública, exige obras públicas, exige justicia.
Otro claro ejemplo del uso del poder por parte del PRI se puede observar en el reciente caso de Paulette Gebara en el estado de México, que tiene claras similitudes con el manejo que hizo el gobierno del estado de Puebla con el caso Marín-Cacho-Nacif en donde allá el gobernador Peña Nieto y acá el gobernador Marín Torres ponen la justicia al servicio del poder económico. No buscan hacer justicia, buscan quedar bien con los poderosos. La ineptitud y falta de profesionalismo de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y, sobre todo, de su titular, Alberto Bazbaz Sacal manifiestas en el manejo del caso Paulette nos hacen recordar como aquí en Puebla la entonces procuradora Blanca Laura Villeda actuó de tapadera del gober precioso sin defender los derechos humanos y usando a la institución para saciar los deseos de venganza del más importante patrocinador de la campaña a la gubernatura de Mario Marín Torres.
De manera que de eso se trata esta elección en Puebla.
Si gana el PRI mantener el statu quo, las prebendas a favor del grupo en el poder, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, el autorrobo de los recursos públicos, el uso patrimonialista del poder, la falta de oportunidades y desarrollo para la comunidad.
Esa es una de las más poderosas razones para promover un cambio. Lo que tenemos que garantizar son los mecanismos de transición que garanticen un gobierno que promueva el Bien Común, que rinda cuentas, que haga uso ético del poder.
Como decía el Maquío Clouthier: no se trata de cambiar de dueño, se trata de dejar de ser perros.
La cómoda mayoría en el Congreso Local de la que goza el gobernador Mario Marín Torres solo le ha servido para cerrarse a la transparencia en el manejo del gasto público; para negarse a rendir cuentas claras; para encubrir las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por él y por sus secuaces; para imponer a sus incondicionales en los órganos autónomos estatales como la Comisión para el Acceso a la Información Pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o el Instituto Estatal Electoral entre otros.. En materia legislativa, presupuestal y de administración e impartición de justicia pueden hacer lo que les venga en gana y ni la oposición política es suficiente para exigir cuentas en las instituciones, ni la sociedad está organizada ni motivada para ponerlo en la picota. Mientras la población exige oportunidades de desarrollo, exige seguridad pública, exige obras públicas, exige justicia.
Otro claro ejemplo del uso del poder por parte del PRI se puede observar en el reciente caso de Paulette Gebara en el estado de México, que tiene claras similitudes con el manejo que hizo el gobierno del estado de Puebla con el caso Marín-Cacho-Nacif en donde allá el gobernador Peña Nieto y acá el gobernador Marín Torres ponen la justicia al servicio del poder económico. No buscan hacer justicia, buscan quedar bien con los poderosos. La ineptitud y falta de profesionalismo de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y, sobre todo, de su titular, Alberto Bazbaz Sacal manifiestas en el manejo del caso Paulette nos hacen recordar como aquí en Puebla la entonces procuradora Blanca Laura Villeda actuó de tapadera del gober precioso sin defender los derechos humanos y usando a la institución para saciar los deseos de venganza del más importante patrocinador de la campaña a la gubernatura de Mario Marín Torres.
De manera que de eso se trata esta elección en Puebla.
Si gana el PRI mantener el statu quo, las prebendas a favor del grupo en el poder, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, el autorrobo de los recursos públicos, el uso patrimonialista del poder, la falta de oportunidades y desarrollo para la comunidad.
Esa es una de las más poderosas razones para promover un cambio. Lo que tenemos que garantizar son los mecanismos de transición que garanticen un gobierno que promueva el Bien Común, que rinda cuentas, que haga uso ético del poder.
Como decía el Maquío Clouthier: no se trata de cambiar de dueño, se trata de dejar de ser perros.
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