La opinión pública nacional discute sobre la simulación política de quienes se presentan como candidatos, ganan una elección y después piden licencia para que su suplente sea quien ejerza el cargo.
Lo que se alega es la práctica legaloide que algunos partidos y funcionarios electos están haciendo para burlar no solo a la ley, sino para burlarse de los electores, de los ciudadanos que les dimos el voto para que fueran nuestros representantes.
En las pasadas elecciones del 5 de julio, Rafael Acosta Ángeles, apodado Juanito, ganó la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal por el Partido del Trabajo (PT) sin embargo por un pacto con Andrés Manuel López Obrador, pedirá licencia para que Clara Brugada asuma el poder en la Delegación pues el Tribunal Electoral de la Federación canceló por irregularidades el registro de Brugada que era candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La semana pasada en su primera sesión, los diputados federales discutieron las solicitudes de licencia de 10 legisladores propietarios: Ana María Rojas Ruiz (PRI Chiapas), Yulma Rocha Aguilar (PRI Guanajuato), Olga Luz Espinosa Morales (PRD Chiapas), Carolina, García Cañón (PVEM Estado de México), Álvaro Raymundo Vargas Sáenz (PVEM), Mariana Ivette Ezeta Salcedo (PVEM Querétaro), Laura Elena Ledesma Romo (PVEM Baja California), Rafael Pacchiano Alamán (PVEM Querétaro), Kattia Garza Romo (PVEM Nuevo León), Anel Patricia Nava Pérez (PT Durango).
Estos representantes populares pretenden ceder los puestos a sus suplentes; en la mayoría de los casos son mujeres que cubrieron para esos partidos las cuotas de género, requisito para impulsar la igualdad de oportunidades, pero que una vez cumplido el proceso lo burlan y meten a otras personas a ejercer el “mandato popular”.
Esta simulación no solo es una falta a la dignidad de las personas, en especial de las mujeres que utilizan para ganar y después son hechas a un lado para que dirigentes partidistas, obscuros personajes o familiares sean los que ejerzan el poder que los ciudadanos otorgamos en las urnas; es una falta de respeto a la legalidad y a la dignidad de la política. Otra vez son algunos diputados -no son todos, hay que distinguir- los que denigran su investidura.
Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la palabra en la tribuna para señalar estas irregularidades y pedir que se respete el voto popular y la dignidad de las personas. Con su intervención impidieron que en esa sesión se otorgara la licencia que solicitaban.
Cabe señalar que Acción Nacional asume en la práctica su compromiso de buscar más y mejores oportunidades para las mujeres, al ser el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados con mayor número relativo de diputadas -48-, a diferencia de las demás bancadas: PRI 51, PVEM 8, del PRD 22, PT 4 y Convergencia 3.
Para el caso de Puebla, vale la pena recordar que también en nuestro estado tenemos una Juanita, a la que el PRI y sus operadores obligaron a renunciar a su puesto de elección popular para que su suplente ejerciera el mandato. Corría el año 2005, el PRI ganaba la alcaldía de Puebla con Enrique Doger Guerrero y su planilla tomaba posesión el 15 de febrero; la síndico electa era Bárbara Ganime Bornne y su suplente Lauro Castillo Sánchez.
La ciudad de Puebla por primera vez tendría una síndico mujer, así lo habían querido los ciudadanos que con su voto decidieron la elección. Sin el más mínimo recato Bárbara Ganime cedió su lugar a Lauro Castillo. La dama no hizo nada por defender su puesto y hubo voces que señalaron un arreglo a través de la nómina donde cobró los tres años como si hubiera ejercido de síndico. Nunca se supieron las razones que la obligaron al sometimiento político.
No debemos permitir más simulaciones, el pueblo es el que manda, exijamos a los diputados poblanos que no aprueben las licencias que por estos motivos se presentan. Ya no queremos más Juanitas ni Juanitos que se burlen de los ciudadanos, de la legalidad, de las instituciones y del voto popular. Obliguemos a dignificar la política.
Lo que se alega es la práctica legaloide que algunos partidos y funcionarios electos están haciendo para burlar no solo a la ley, sino para burlarse de los electores, de los ciudadanos que les dimos el voto para que fueran nuestros representantes.
En las pasadas elecciones del 5 de julio, Rafael Acosta Ángeles, apodado Juanito, ganó la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal por el Partido del Trabajo (PT) sin embargo por un pacto con Andrés Manuel López Obrador, pedirá licencia para que Clara Brugada asuma el poder en la Delegación pues el Tribunal Electoral de la Federación canceló por irregularidades el registro de Brugada que era candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La semana pasada en su primera sesión, los diputados federales discutieron las solicitudes de licencia de 10 legisladores propietarios: Ana María Rojas Ruiz (PRI Chiapas), Yulma Rocha Aguilar (PRI Guanajuato), Olga Luz Espinosa Morales (PRD Chiapas), Carolina, García Cañón (PVEM Estado de México), Álvaro Raymundo Vargas Sáenz (PVEM), Mariana Ivette Ezeta Salcedo (PVEM Querétaro), Laura Elena Ledesma Romo (PVEM Baja California), Rafael Pacchiano Alamán (PVEM Querétaro), Kattia Garza Romo (PVEM Nuevo León), Anel Patricia Nava Pérez (PT Durango).
Estos representantes populares pretenden ceder los puestos a sus suplentes; en la mayoría de los casos son mujeres que cubrieron para esos partidos las cuotas de género, requisito para impulsar la igualdad de oportunidades, pero que una vez cumplido el proceso lo burlan y meten a otras personas a ejercer el “mandato popular”.
Esta simulación no solo es una falta a la dignidad de las personas, en especial de las mujeres que utilizan para ganar y después son hechas a un lado para que dirigentes partidistas, obscuros personajes o familiares sean los que ejerzan el poder que los ciudadanos otorgamos en las urnas; es una falta de respeto a la legalidad y a la dignidad de la política. Otra vez son algunos diputados -no son todos, hay que distinguir- los que denigran su investidura.
Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la palabra en la tribuna para señalar estas irregularidades y pedir que se respete el voto popular y la dignidad de las personas. Con su intervención impidieron que en esa sesión se otorgara la licencia que solicitaban.
Cabe señalar que Acción Nacional asume en la práctica su compromiso de buscar más y mejores oportunidades para las mujeres, al ser el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados con mayor número relativo de diputadas -48-, a diferencia de las demás bancadas: PRI 51, PVEM 8, del PRD 22, PT 4 y Convergencia 3.
Para el caso de Puebla, vale la pena recordar que también en nuestro estado tenemos una Juanita, a la que el PRI y sus operadores obligaron a renunciar a su puesto de elección popular para que su suplente ejerciera el mandato. Corría el año 2005, el PRI ganaba la alcaldía de Puebla con Enrique Doger Guerrero y su planilla tomaba posesión el 15 de febrero; la síndico electa era Bárbara Ganime Bornne y su suplente Lauro Castillo Sánchez.
La ciudad de Puebla por primera vez tendría una síndico mujer, así lo habían querido los ciudadanos que con su voto decidieron la elección. Sin el más mínimo recato Bárbara Ganime cedió su lugar a Lauro Castillo. La dama no hizo nada por defender su puesto y hubo voces que señalaron un arreglo a través de la nómina donde cobró los tres años como si hubiera ejercido de síndico. Nunca se supieron las razones que la obligaron al sometimiento político.
No debemos permitir más simulaciones, el pueblo es el que manda, exijamos a los diputados poblanos que no aprueben las licencias que por estos motivos se presentan. Ya no queremos más Juanitas ni Juanitos que se burlen de los ciudadanos, de la legalidad, de las instituciones y del voto popular. Obliguemos a dignificar la política.
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