El presupuesto de la BUAP

En estos días se discute no solo en la Cámara de Diputados Federal, sino en todos los corrillos políticos, empresariales, académicos y en toda reunión social y familiar el proyecto de ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación para el 2010.
En términos generales se discute el cómo conseguir más ingresos en esta época de crisis económica mundial y en donde nuestro país se ha visto afectado por el decrecimiento en la producción petrolera y en la caída del precio del hidrocarburo, aunado a la baja en el turismo y en general a la baja recaudación de impuestos. También se comenta acerca de las propuestas de cómo eficientar el gasto y de cómo ayudar con el presupuesto a impulsar el desarrollo y la reactivación económica y por otro lado a mantener los subsidios al campo, a la educación y al gasto social entre otros rubros.
Llama la atención el intenso cabildeo que realizan las universidades públicas que año con año visitan a los legisladores y exigen más recursos para sus instituciones. Independientemente de la calidad educativa que ofrecen los diferentes entes educativos dependientes del erario público, los recursos invertidos en educación superior son muy importantes y deben ser cada día motivo de un mayor escrutinio público y de una rendición de cuentas más profunda que transparente e informe con acuciosidad el uso y el rendimiento de los dineros del pueblo.
En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), consultando la página electrónica donde se publican las obligaciones de transparencia (http://www.transparencia.buap.mx/presupuesto.html) podemos encontrar los Proyectos anuales de Ingresos y presupuestos de egresos del 2004 al 2009 que dan una serie de datos que vale la pena analizar.
Para el presupuesto de 2009:
1. El presupuesto total de egresos de la BUAP, asciende a 3 mil 279 millones de pesos.
2. El 68.2% se obtiene de recursos federales, el 26.1% de recursos del gobierno del estado y el 5.7% de recursos propios.
3. El 61.48 % del presupuesto se gasta en Nomina para el pago de los Recursos Humanos, por un importe de 2 mil 210 millones de pesos.
4. El 14.78% del presupuesto total se destina para el pago de nomina de jubilados, gratificación por jubilación, así como el pago de medicamentos de los mismos, por un importe de 489 millones de pesos.
5. El subsidio federal se ha incrementado considerablemente durante las administraciones panistas, al aumentar 82% de 2004 al 2009, pasando de 1,228.8 a 2,237.2 millones de pesos.
Para el 2010 conseguir recursos será más difícil dada la crisis financiera mundial y de la que nuestro país no está ajeno. Sin embargo así como el gobierno federal ha iniciado un proceso de reducción del gasto, de austeridad y hasta de desaparición de algunas dependencias será menester que los gobiernos de los estados, los Ayuntamientos y todos los entes que reciben recursos públicos como el Congreso federal, los Congresos locales y hasta las universidades públicas revisen sus gastos y eficienten sus procesos.
Este tiempo de crisis es también una oportunidad de revisar la racionalidad en el gasto; la reelección de Enrique Agüera es inminente al frente de nuestra máxima casa de estudios, será interesante escuchar su proyecto financiero que será parte fundamental del Plan de Desarrollo Institucional que dé certeza al futuro de la Institución, que pueda equilibrar los ingresos federales y estatales como en otras universidades donde los gobiernos locales contribuyen con más recursos; que mejore la vinculación con la sociedad y pueda generar más ingresos propios; que proponga alternativas a la pesada carga que significa la nomina de jubilados que cada día aumenta considerablemente; que revise prestaciones y canonjías que hoy en día no tienen lugar en ninguna institución pública y que este y otros esfuerzos se traduzcan en un mejor nivel académico para los egresados de nuestra Universidad.

¿Quién necesita un viaducto elevado?

Hace unos días los habitantes de la capital poblana fuimos sorprendidos por el anuncio de Blanca Alcalá, Presidenta Municipal, de que se construiría lo que ella pomposamente bautiza como “viaducto elevado” y que es un paso a desnivel sobre el boulevard Atlixco de 1,500 metros de largo que va desde la calle Matamoros en la colonia La Paz hasta el restaurante La Casita en el fraccionamiento Estrellas del Sur.

Sin embargo los afectados y/o beneficiados (habitantes y comerciantes de la zona) no hemos sido informados sobre el proyecto y ha sido solo a través de los medios de comunicación, que nos enteramos que Doña Blanca ha presupuestado la obra en 280 millones de pesos para lo cual solicitará un crédito por 180 millones que aumentarán significativamente la deuda municipal, hipotecando aun más el desarrollo futuro de los poblanos.

No se trata de descalificar a priori una obra, de lo que se trata es de que la autoridad municipal haga bien las cosas desde el principio, que informe de sus proyectos, que ponga a disposición toda la información disponible, que sustente sus propuestas ante los ciudadanos, que concerte con los afectados y que demuestre el beneficio perseguido. Eso es lo que no ha hecho el Ayuntamiento, por eso la reacción de rechazo.

Como sucedió con los parquímetros que pretendía instalar, este proyecto del viaducto elevado se distingue por la opacidad y falta de sustento técnico y social.

Nuestra ciudad requiere de un estudio de movilidad, que permita planear adecuadamente las obras necesarias para mejorar el tránsito y por tanto los trayectos y puntos críticos en horas pico. Con esos argumentos cualquier gobierno convence, pero aquí más bien se trata de que la Alcaldesa nos recete otro parche urbano que no va en el camino de un plan integral de vialidad sino en la ruta de una obra de relumbrón que la publicite y le favorezca en sus aspiraciones políticas.

Mientras la Sra. Alcalá se pretende beneficiar con su viaducto, los comerciantes allí asentados, verán afectadas sus ventas por los inconvenientes propios de la construcción en la peor etapa de la crisis económica. Además en el futuro este tipo de obras modifican completamente la vocación comercial y habitacional, al trastocar irreversiblemente la distribución, vialidad, cruces peatonales, costumbres y hasta el paisaje.

Es un hecho que la ciudad tiene problemas de vialidad, pero no es tampoco este punto uno de los más críticos y en orden de prioridades se debe atender primero el estado general de las calles sustituyendo el asfalto por concreto hidráulico, arreglando los miles de baches que estropean vehículos, pavimentando calles en muchas colonias y juntas auxiliares que todavía siguen excluidas del desarrollo, reparando el tan precario alumbrado público existente, mejorando el personal y la infraestructura de seguridad pública; poniendo orden a los transportistas abusivos que hacen paradas ilegales en estas calles usándolas como terminales de transporte foráneo; esto es parte de lo que pedimos los ciudadanos en lugar de una obra con fines electorales para su promotora.

Las declaraciones de la Alcaldesa este fin de semana confirman las sospechas, primero que no tiene el sustento técnico para el proyecto, segundo que le preocupa sobre manera la discusión del tema pues pide que “no polaricen ni dividan a la población” y que “se deje de lado la confrontación y mediatización del tema” cuando la promotora de la polarización, división y confrontación es ella al sorprendernos con el proyecto y también es ella la que mediatiza al informar a los afectados únicamente a través de los medios de comunicación y no enfrentando a los vecinos y comerciantes hasta que no manifiestan estos su inconformidad. Ya que tronó el rechazo social, ahora pide una discusión seria y responsable. El que nada debe, nada teme.

El viaducto elevado lo necesita Blanca Alcalá para sus aspiraciones políticas, los ciudadanos no lo necesitamos, queremos obras bien planeadas, sustentadas técnica, económica y socialmente que mejoren nuestra calidad de vida. Ya echó a perder la 31 oriente, despilfarrando miserablemente el dinero público que ella administra con su ciclopista que nadie usa y que afecta la vialidad que ahora quiere mejorar. Como con los parquímetros, aquí también se va a topar con pared.

Piensa mal... y acertarás

Hace una semana comentábamos la simulación y falta de respeto a la legalidad que representan los “juanitos y juanitas”, es decir, aquellos candidatos que a pesar de ganar la elección, piden licencia para que otro personaje distinto a ellos ocupe el puesto de representación popular, debido a un acuerdo político previo. Ahora propongo reflexionar sobre otra simulación: los actos anticipados de campaña.
Como resultado de lo inequitativo, prolongado y por ende oneroso y molesto para el ciudadano de las precampañas y campañas electorales, la legislación federal y local en Puebla, obligan a que los ciudadanos que quieran postularse a un puesto de elección popular lo hagan dentro de los plazos previstos por la ley, so pena de que quien se promueva fuera de esos tiempos, sea sancionado hasta con la imposibilidad de participar en la contienda.
Ahora bien, resulta que desde hace varios meses Guillermo Deloya Cobián, secretario particular del gobernador Mario Marín, desarrolla una intensa campaña publicitaria que en mi opinión busca posicionar su apellido, utilizando la argucia de promover una fundación que lleva el nombre de su señor padre, el inolvidable cronista de la ciudad Don Urbano Deloya Rodríguez QEPD.
Para no quedarse rezagado en la contienda por un puesto de elección popular y según mi opinión con el mismo fin de posicionar su apellido en la mente de los poblanos, Mario Montero Serrano actual secretario de gobernación del gobierno Marinista recurre también a la misma estrategia propagandística de promoverse so pretexto de los 40 años que como distinguido comunicador cumple Don Enrique Montero Ponce.
Ahora bien, el artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla dice que: “Ningún ciudadano podrá realizar actividades propagandísticas y publicitarias, con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de establecer su postulación a un cargo de elección popular, sólo podrán realizar tales actividades aquellos ciudadanos que participen dentro de un proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular que lleven a cabo los partidos políticos, ajustándose siempre a los plazos y disposiciones establecidos en esta Ley”.
Y si quedara duda, en el Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado la fracción XV del artículo 2 define que se entenderá por Fin inequívoco: “Toda actividad propagandística o publicitaría que no admite duda alguna de que el ciudadano tenga el propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular y que se anticipe a los tiempos señalados en el artículo 200 bis, apartado B, fracción II del Código, así como los diversos 13, 14 y 16 del presente Reglamento y específicamente a la duración de la precampaña señalada en la normatividad interna que regula los procesos de selección de candidatos de los partidos políticos y/o coaliciones.”
Entiendo que quieran posicionarse y que en las encuestas de opinión que es la herramienta por excelencia para medir el posicionamiento de los posibles aspirantes y candidatos busquen aparecer como los nombres más recordados, sin embargo siendo los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, sería una simulación si fuera el caso que en realidad con esta estrategia quisieran promocionarse en este periodo de tiempo prohibido por la ley.

Ya existe un antecedente de otro gandalla priista, que parapetado en una fundación creada ad hoc se promovió antes de los tiempos legales y así logró la notoriedad suficiente para ser postulado en la planilla de Blanca Alcalá, se trata de Román Lazcano Fernández, actual síndico municipal quien a través de “Proyecta 26 A.C.” realizó una intensa campaña mediática que ahora Deloya y Montero imitan.

Puedo estar equivocado en mi percepción y en mi opinión, el tiempo nos despejará la duda, pero lo importante es: saber lo que usted amable lector opina; que se respete la legalidad y que no quede impune todo aquel que se burle de la ley.

Juana la Poblana

La opinión pública nacional discute sobre la simulación política de quienes se presentan como candidatos, ganan una elección y después piden licencia para que su suplente sea quien ejerza el cargo.

Lo que se alega es la práctica legaloide que algunos partidos y funcionarios electos están haciendo para burlar no solo a la ley, sino para burlarse de los electores, de los ciudadanos que les dimos el voto para que fueran nuestros representantes.

En las pasadas elecciones del 5 de julio, Rafael Acosta Ángeles, apodado Juanito, ganó la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal por el Partido del Trabajo (PT) sin embargo por un pacto con Andrés Manuel López Obrador, pedirá licencia para que Clara Brugada asuma el poder en la Delegación pues el Tribunal Electoral de la Federación canceló por irregularidades el registro de Brugada que era candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La semana pasada en su primera sesión, los diputados federales discutieron las solicitudes de licencia de 10 legisladores propietarios: Ana María Rojas Ruiz (PRI Chiapas), Yulma Rocha Aguilar (PRI Guanajuato), Olga Luz Espinosa Morales (PRD Chiapas), Carolina, García Cañón (PVEM Estado de México), Álvaro Raymundo Vargas Sáenz (PVEM), Mariana Ivette Ezeta Salcedo (PVEM Querétaro), Laura Elena Ledesma Romo (PVEM Baja California), Rafael Pacchiano Alamán (PVEM Querétaro), Kattia Garza Romo (PVEM Nuevo León), Anel Patricia Nava Pérez (PT Durango).

Estos representantes populares pretenden ceder los puestos a sus suplentes; en la mayoría de los casos son mujeres que cubrieron para esos partidos las cuotas de género, requisito para impulsar la igualdad de oportunidades, pero que una vez cumplido el proceso lo burlan y meten a otras personas a ejercer el “mandato popular”.

Esta simulación no solo es una falta a la dignidad de las personas, en especial de las mujeres que utilizan para ganar y después son hechas a un lado para que dirigentes partidistas, obscuros personajes o familiares sean los que ejerzan el poder que los ciudadanos otorgamos en las urnas; es una falta de respeto a la legalidad y a la dignidad de la política. Otra vez son algunos diputados -no son todos, hay que distinguir- los que denigran su investidura.

Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la palabra en la tribuna para señalar estas irregularidades y pedir que se respete el voto popular y la dignidad de las personas. Con su intervención impidieron que en esa sesión se otorgara la licencia que solicitaban.

Cabe señalar que Acción Nacional asume en la práctica su compromiso de buscar más y mejores oportunidades para las mujeres, al ser el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados con mayor número relativo de diputadas -48-, a diferencia de las demás bancadas: PRI 51, PVEM 8, del PRD 22, PT 4 y Convergencia 3.

Para el caso de Puebla, vale la pena recordar que también en nuestro estado tenemos una Juanita, a la que el PRI y sus operadores obligaron a renunciar a su puesto de elección popular para que su suplente ejerciera el mandato. Corría el año 2005, el PRI ganaba la alcaldía de Puebla con Enrique Doger Guerrero y su planilla tomaba posesión el 15 de febrero; la síndico electa era Bárbara Ganime Bornne y su suplente Lauro Castillo Sánchez.

La ciudad de Puebla por primera vez tendría una síndico mujer, así lo habían querido los ciudadanos que con su voto decidieron la elección. Sin el más mínimo recato Bárbara Ganime cedió su lugar a Lauro Castillo. La dama no hizo nada por defender su puesto y hubo voces que señalaron un arreglo a través de la nómina donde cobró los tres años como si hubiera ejercido de síndico. Nunca se supieron las razones que la obligaron al sometimiento político.

No debemos permitir más simulaciones, el pueblo es el que manda, exijamos a los diputados poblanos que no aprueben las licencias que por estos motivos se presentan. Ya no queremos más Juanitas ni Juanitos que se burlen de los ciudadanos, de la legalidad, de las instituciones y del voto popular. Obliguemos a dignificar la política.

A mitad del camino

Este 1 de septiembre el Presidente de la República Felipe Calderón enviará por escrito su tercer informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública del país para revisión de los legisladores y el escrutinio público. A diferencia de años anteriores, desde el 2008 el llamado “Día del Presidente” dejó de ser uno de los principales rituales del sistema político mexicano, del sistema PRI-gobierno.

Detrás del abandono de este ritual no sólo hay un cambio de formas, sino una transformación de fondo que ha venido realizándose en México desde el año 2000 cuando la alternancia en el poder fue una realidad.

Más allá del inmediatismo de los acontecimientos ocurridos en los últimos 10 meses, léase la crisis financiera mundial y los indicadores económicos críticos así como la ola de violencia en el país acentuada -entre otras razones- por la decisión del gobierno federal de poner un hasta aquí a las mafias del crimen organizado, han pasado nueve años donde se han dado transformaciones impensables a finales del siglo pasado.

Estos cambios son mérito de la sociedad, de las instituciones mexicanas, los partidos en su conjunto y del PAN al frente del timón presidencial, que si bien tienen pendiente un proceso de transformación más profundo, han ido avanzando en temas fundamentales.

Hace diez años veíamos lejana una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que vigilara y exigiera rendición de cuentas a las autoridades en todos sus niveles e impulsara el derecho a la información de los ciudadanos para conocer qué hacen los servidores públicos y cómo utilizan los recursos de la Nación.

Hace diez años, incluso hace seis cuando se llevaron a cabo las elecciones intermedias y la renovación de la Legislatura, los ánimos políticos se caldearon en el Congreso, impidiendo la aprobación de reformas clave para el avance del país. Hoy podemos hablar de una nueva refinería que no se construía desde hace décadas; de la posibilidad de potenciar a esta industria que si bien ahora ha sufrido una baja considerable en la producción, puede ser un detonador de la economía si la Legislatura que inicia hoy logra dar un paso más para que México no refine crudo en el extranjero y pueda abaratar sus costos de transportación de combustible.

Hoy podemos hablar de un gobierno federal decidido a penetrar las entrañas del crimen organizado y desmantelar las redes económicas y de poder que las alimentan a pesar de la zozobra que nos deja la ola de violencia desatada en el país por mover el avispero. Hoy podemos hablar de resultados contundentes en materia de decomiso de drogas, armamento y detención de criminales así como de un combate frontal a las autoridades coludidas con los delincuentes.

Hoy podemos hablar de un Seguro Popular que ha significado una alternativa para millones de familias sin seguridad social; perfectible sin duda en cuanto al abastecimiento de medicinas, la cobertura y la atención hospitalaria, pero un gran avance en favor de la salud de los mexicanos.

Hace diez años había miles de comunidades marginadas y aisladas de cualquier opción de crecimiento debido a su poca rentabilidad electoral; pueblos y familias olvidadas sin los más mínimos recursos para sobrevivir. Hoy la pobreza sigue siendo un desafío, sin embargo, los programas de desarrollo social para dotar de los servicios básicos a las comunidades, de conectarlas vía caminos y carreteras y con acceso a la tecnología y desarrollando fuentes de empleo local, han significado un cambio de fondo.

Hoy podemos hablar de una modernización del país a través de la amplia infraestructura carretera que ha detonado el gobierno federal con proyectos pensados hace muchos lustros que no habían logrado concretarse. Es el caso del tren suburbano que conecta al Distrito Federal con el Estado de México; el Arco Norte que conecta a varios estados como Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla sin pasar por la capital, las autopistas que enlazan el Pacífico con el Golfo, entre otras.

Hace diez años se veía muy difícil que partidos diferentes al PRI ganaran la Presidencia o que la alternancia fuera una realidad eficaz para balancear el poder de las distintas fuerzas políticas.

Ante tantos retos que aún tiene nuestro país, no podemos ignorar los avances tangibles y de fondo en los que se ha avanzado. De no hacerlo, corremos el riesgo de caer en la desesperanza y de no tomar las decisiones adecuadas para el desarrollo.

Como he escrito en colaboraciones anteriores, hay temas urgentes que atender como la reactivación económica del país, no sólo con medidas fiscales que por cierto no debieran ser onerosas para las familias a quienes tanto ha costado esta crisis, se requiere atraer mayores inversiones, austeridad contundente en el gobierno para evitar gastos superfluos así como una reforma laboral que flexibilice los esquemas de contratación para abrir el abanico de empleos.

Hay también temas muy importantes relacionados con ese cambio de fondo y transformación del sistema de instituciones y estructura que nos sostienen: la transparencia y renovación en los sindicatos, la apertura a más medios de comunicación televisiva y radial, la competencia y el control de monopolios, la reelección de alcaldes y legisladores, entre otros.

A tres años del gobierno encabezado por el Presidente Felipe Calderón, hay que reconocerle su decisión de dirigir al país en un marco de respeto y autonomía de Poderes; su convicción por el diálogo así como su ejecución para combatir la corrupción en temas intocables como el petróleo y la vinculación de autoridades con el crimen; su entereza y algunos programas estratégicos como el de infraestructura ante un escenario complejo tanto mundial como nacional, en temas relevantes como la economía, el empleo y la escasez de agua.

Seguramente vendrán ajustes en su equipo y en algunas vías que no han funcionado del todo como la política fiscal. Veremos el rumbo qua marcan las decisiones que se den a conocer próximamente para que como sociedad actuemos también en la parte que nos corresponde: estar informados y vigilantes de nuestras autoridades locales y federales, no ser cómplices de actos cotidianos de corrupción en las vialidades y en las oficinas de trámites, proteger y cuidar los recursos naturales y colaborar en la medida de cada quien, con las personas menos favorecidas de nuestro entorno.

De esta forma el balance de este sexenio no tendrá una visión parcial al evaluar únicamente a las autoridades, sino permitirá hacer nuestro propio informe al evaluarnos como ciudadanos de este país, lo que somos y lo que queremos ser, lo que hacemos y lo omitido, con una visión más completa de lo atinado, de lo errado y de aquello que nos queda por delante.