Se adelantaron las elecciones para elegir al próximo gobernador de Puebla, para renovar las 217 alcaldías y los 41 legisladores del Congreso Local; esta modificación de fecha (de noviembre a julio de 2010) surgió de la reforma federal a la Constitución la cual obedeció a la necesidad de hacer coincidir el calendario electoral de los estados en un solo día: el primer domingo de julio del próximo año.
En su momento el Congreso de Puebla aprobó esta modificación, pero a la hora de acoplar la ley estatal, los priístas -que son mayoría- introdujeron un artículo transitorio que desacataba la Constitución Federal.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el recurso de inconstitucionalidad promovido por los partidos Acción Nacional del Trabajo y Convergencia y declaró inválido el artículo tercero transitorio de la reforma a la Constitución Política estatal en su apartado en materia electoral, que preveía realizar por única vez la elección para gobernador del estado en noviembre de 2010 y no en julio como lo marca la Carta Magna.
Empatar la fecha de las elecciones responde a la exigencia de la ciudadanía de tener menos campañas, que duren y cuesten menos. El domingo 4 de julio se renovarán 10 gubernaturas: Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa, y Durango. La entidad poblana tendrá un gobernador saliente y otro electo por un periodo de siete meses.
La decisión de la SCJN es un revés para los legisladores priístas locales y para el gobernador Marín quien acudió personalmente ante el máximo tribunal de justicia para que la homologación de fechas en las elecciones en el caso poblano, entrara en vigor hasta el 2013.
Y precisamente en torno al siguiente proceso electoral en el estado hay que advertir los riesgos de inequidad y ausencia de condiciones para llevar al cabo una contienda con reglas claras, porque el gobierno estatal querrá meter las manos como lo hizo en julio pasado. Dan cuenta de ello las denuncias por delitos electorales que el PAN ha promovido debido a la participación de servidores y funcionarios públicos en actos que violan la ley electoral, la repartición de despensas y el uso de la estructura de gobierno para apoyar a los candidatos del PRI.
Es urgente una reforma electoral en Puebla que garantice a los ciudadanos y a los partidos condiciones de igualdad. Ya mencioné anteriormente cómo los priístas del Congreso local introdujeron un transitorio para no acatar la Constitución Federal. ¿Qué más pueden hacer? Lo que sea aunque se violente la ley.
En 1976 Acción Nacional acordó por mayoría no registrar candidato a la Presidencia de la República como un mecanismo de presión para impulsar las transformaciones que urgían al país. José López Portillo fue el único candidato a la Presidencia lo cual provocó un problema de legitimidad y representatividad que, sin embargo, detonó la reforma política de 1977 encabezada por el entonces secretario de gobernación Jesús Reyes Heroles, la cual contemplaba transitar de un partido hegemónico a un modelo pluripartidista.
Vinieron otras modificaciones electorales que redituaron en una mayor equidad para los partidos y en una democratización de las instituciones electorales. Fue el caso de la ciudadanización de los consejeros en 1994; la autonomía en la presidencia del IFE y la creación del Tribunal Electoral en 1996, hecho relevantes para llegar a una Cámara de Diputados con mayoría opositora en 1997 y la alternancia en la presidencia en el 2000.
Si fuera necesaria una medida de presión y protesta como la no presentación de candidato(a) a la gubernatura en el 2010, habría que tomarla como el primer paso para una transformación profunda de las reglas electorales en Puebla, las cuales hoy están lejos de ceñirse al avance observado a nivel nacional y no garantizan un espacio de igualdad.
En estos últimos cinco años hay muestras de cómo operan Marín y sus huestes priístas por lo que no es difícil de advertir cómo actuarán en unos meses. Es tiempo de poner un alto a la inequidad y a la ilegalidad que aceitan la maquinaria del PRI de Puebla. Es tiempo de informarnos para no caer en las trampas seductoras de una imagen que se refleja trabajadora pero que opera fuera de la ley.
Puebla requiere un andamiaje legal que garantice condiciones democráticas equitativas y un estado de derecho al servicio de toda la sociedad y no del grupúsculo priísta en el poder. Para que Puebla sea competitivo requiere no sólo de infraestructura, necesita estar al día en su vida democrática.
Si la sociedad se une para exigir estas condiciones y el PAN recoge esta exigencia, un camino puede ser no presentarse a las elecciones a la gubernatura y así anteponer los intereses superiores a las aspiraciones personales o de grupo. El PAN no debe ser el legitimador de una elección de estado. Pongo en la mesa esta propuesta. Como todo en democracia, habrá que discutirla y argumentar las razones de su conveniencia.
En su momento el Congreso de Puebla aprobó esta modificación, pero a la hora de acoplar la ley estatal, los priístas -que son mayoría- introdujeron un artículo transitorio que desacataba la Constitución Federal.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el recurso de inconstitucionalidad promovido por los partidos Acción Nacional del Trabajo y Convergencia y declaró inválido el artículo tercero transitorio de la reforma a la Constitución Política estatal en su apartado en materia electoral, que preveía realizar por única vez la elección para gobernador del estado en noviembre de 2010 y no en julio como lo marca la Carta Magna.
Empatar la fecha de las elecciones responde a la exigencia de la ciudadanía de tener menos campañas, que duren y cuesten menos. El domingo 4 de julio se renovarán 10 gubernaturas: Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa, y Durango. La entidad poblana tendrá un gobernador saliente y otro electo por un periodo de siete meses.
La decisión de la SCJN es un revés para los legisladores priístas locales y para el gobernador Marín quien acudió personalmente ante el máximo tribunal de justicia para que la homologación de fechas en las elecciones en el caso poblano, entrara en vigor hasta el 2013.
Y precisamente en torno al siguiente proceso electoral en el estado hay que advertir los riesgos de inequidad y ausencia de condiciones para llevar al cabo una contienda con reglas claras, porque el gobierno estatal querrá meter las manos como lo hizo en julio pasado. Dan cuenta de ello las denuncias por delitos electorales que el PAN ha promovido debido a la participación de servidores y funcionarios públicos en actos que violan la ley electoral, la repartición de despensas y el uso de la estructura de gobierno para apoyar a los candidatos del PRI.
Es urgente una reforma electoral en Puebla que garantice a los ciudadanos y a los partidos condiciones de igualdad. Ya mencioné anteriormente cómo los priístas del Congreso local introdujeron un transitorio para no acatar la Constitución Federal. ¿Qué más pueden hacer? Lo que sea aunque se violente la ley.
En 1976 Acción Nacional acordó por mayoría no registrar candidato a la Presidencia de la República como un mecanismo de presión para impulsar las transformaciones que urgían al país. José López Portillo fue el único candidato a la Presidencia lo cual provocó un problema de legitimidad y representatividad que, sin embargo, detonó la reforma política de 1977 encabezada por el entonces secretario de gobernación Jesús Reyes Heroles, la cual contemplaba transitar de un partido hegemónico a un modelo pluripartidista.
Vinieron otras modificaciones electorales que redituaron en una mayor equidad para los partidos y en una democratización de las instituciones electorales. Fue el caso de la ciudadanización de los consejeros en 1994; la autonomía en la presidencia del IFE y la creación del Tribunal Electoral en 1996, hecho relevantes para llegar a una Cámara de Diputados con mayoría opositora en 1997 y la alternancia en la presidencia en el 2000.
Si fuera necesaria una medida de presión y protesta como la no presentación de candidato(a) a la gubernatura en el 2010, habría que tomarla como el primer paso para una transformación profunda de las reglas electorales en Puebla, las cuales hoy están lejos de ceñirse al avance observado a nivel nacional y no garantizan un espacio de igualdad.
En estos últimos cinco años hay muestras de cómo operan Marín y sus huestes priístas por lo que no es difícil de advertir cómo actuarán en unos meses. Es tiempo de poner un alto a la inequidad y a la ilegalidad que aceitan la maquinaria del PRI de Puebla. Es tiempo de informarnos para no caer en las trampas seductoras de una imagen que se refleja trabajadora pero que opera fuera de la ley.
Puebla requiere un andamiaje legal que garantice condiciones democráticas equitativas y un estado de derecho al servicio de toda la sociedad y no del grupúsculo priísta en el poder. Para que Puebla sea competitivo requiere no sólo de infraestructura, necesita estar al día en su vida democrática.
Si la sociedad se une para exigir estas condiciones y el PAN recoge esta exigencia, un camino puede ser no presentarse a las elecciones a la gubernatura y así anteponer los intereses superiores a las aspiraciones personales o de grupo. El PAN no debe ser el legitimador de una elección de estado. Pongo en la mesa esta propuesta. Como todo en democracia, habrá que discutirla y argumentar las razones de su conveniencia.
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