En memoria de Gervasio Villar Farfán. QEPD.
Desde hace unas semanas circula un correo electrónico alertando a la población para no registrar su teléfono celular en el RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), y enuncian 3 motivos para no hacerlo:
El primero es evitar que el gobierno y la policía tengan tus datos personales al comprar una línea de teléfono sea fijo o móvil. Dice el mensaje electrónico a la letra: “¿Cómo podemos confiar en ellos si todos los secuestradores tienen nexos con los altos mandos de la policía, así les será mucho más fácil encontrar a sus próximas víctimas?”
La segunda razón advierte el riesgo de que las llamadas sean monitoreadas sin restricción, atentando contra la privacidad de las personas y el tercero supone que después del registro, lo que sigue es pagar una “tenencia” por contar con un aparato de telefonía celular.
Como se observa, los tres motivos se basan en el miedo y la desconfianza tanto en las autoridades como en los concesionarios que proporcionan servicios de telefonía. No es para menos si con frecuencia nos enteramos de la vinculación de autoridades -de todos los niveles- con el crimen organizado; no es para menos cuando comparamos las tarifas telefónicas tan caras que pagamos los mexicanos a diferencia de lo que pagan usuarios de otros países.
Sin embargo, vale la pena conocer el origen de esta medida, los parámetros que la regulan, sus beneficios y desde luego los retos pendientes en materia de seguridad y combate al secuestro.
El RENAUT surge de los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, firmado por todos los niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión, empresarios, asociaciones civiles, medios de comunicación y sindicatos el pasado 25 de agosto de 2008, en el marco de trágicos acontecimientos como el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un prominente empresario, y de muchas otras personas víctimas del rapto y la extorsión.
Dentro de las acciones para combatir el secuestro quedó plasmada la regulación del “registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas”.
De este acuerdo derivó el decreto del 9 de febrero de 2009, en que diputados y senadores reforman la Ley Federal de Telecomunicaciones con el fin de crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) y establecer obligaciones para los concesionarios, comercializadores y usuarios de telefonía celular y combatir su uso indebido.
Por desgracia ya es común que los criminales utilicen teléfonos celulares para realizar extorsiones, amenazas o secuestros, por ello, con la nueva ley, las compañías telefónicas tendrán las obligación de proporcionar los datos de registro de líneas telefónicas a las autoridades judiciales en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la notificación, pero sólo cuando se reporte o investigue un acto delictivo de esta naturaleza.
En la ley y reglamentos queda asentada la obligación de proteger los datos personales de los usuarios con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y queda prohibida la utilización de éstos para fines distintos a los que la legislación establece, sancionando su mal uso con cargos administrativos y penales.
Incluso el reglamento determina establecer las medidas de seguridad que los concesionarios de telefonía deben adoptar sobre el personal facultado para acceder a la información y evitar su manipulación, destrucción, pérdida, divulgación o acceso no autorizado.
Para dar de alta una línea ahora será obligatorio, además de la identificación oficial vigente con fotografía y el comprobante de domicilio actualizado, la toma de impresión de huella dactilar, para evitar un mal uso de la documentación proporcionada. Para quienes ya cuentan con una línea de teléfono, procede que la registren empleando la Cédula Única de Registro de Población (CURP) antes del 10 de abril del 2010; de no hacerlo la línea quedará cancelada y el usuario pierde el número. Además hay que dar aviso a la compañía telefónica si lo cedimos y denunciar de inmediato el robo, extravío o venta de nuestro equipo, para prevenir cualquier uso indebido.
La primera razón mencionada al inicio por los detractores del RENAUT para no registrarse, es evitar que nuestros datos personales estén en manos del gobierno, sin embargo éste y las propias empresas ya los tienen: el Registro Civil desde que nacemos, cuando nos casamos, registramos a nuestros hijos y hasta cuando fallecemos o la Secretaría de Hacienda si registramos cualquier actividad remunerada o simplemente pagamos la tenencia.
También Gobernación con el Registro Nacional de Población, Comisión Federal de Electricidad cuando contratamos el servicio eléctrico, el Registro Público de la Propiedad al registrar la compra de un terreno o casa, el IMSS cuando nos damos de alta o vamos a consulta, el IFE desde que tramitamos nuestra credencial para votar, Relaciones Exteriores si solicitamos el pasaporte, el gobierno estatal cuando necesitamos licencia de conducir, y las compañías privadas cuando contratamos cualquier servicio quienes piden identificación, comprobante de domicilio -que contiene una dirección de casa habitación o negocio-, teléfonos, correo electrónico, por lo menos.
La segunda razón sobre el riesgo de atentar contra nuestra privacidad y el uso de nuestros datos, queda protegida por distintas leyes así como por el castigo a quien haga mal uso de la información y la tercera razón no tiene fundamento porque el registro es completamente gratuito.
Hasta ahora la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) reporta el registro de cuatro millones de usuarios al RENAUT y advierte que los mensajes para impedir el registro pueden provenir de los delincuentes a quines no les conviene esta medida. Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF lleva reportadas 22 mil líneas celulares, desde donde se ha intentado realizar extorsiones.
En conclusión, más allá de la obligatoriedad de esta medida, considero necesario cumplirla por tres razones: Por nuestra seguridad, es una paso para combatir la tragedia del secuestro y el crimen organizado como lo muestra la experiencia internacional; por fortalecimiento social, es parte de un acuerdo incluyente no sólo entre autoridades sino entre ciudadanos y organizaciones de todo tipo; y en tercer lugar por confianza y colaboración con nuestras autoridades federales que vemos cómo están dando la lucha contra el crimen organizado.
Advertir riesgos reales no debe llevarnos a boicotear una medida útil, sino a exigir garantías de privacidad y seguridad así como prontitud para desmantelar las redes de poder que protegen a los criminales.
Prevenir y combatir la inseguridad es una legítima exigencia al tiempo de ser una tarea compleja, pero se están tomando acciones como las que el gobierno del presidente Calderón, realizó los últimos días en Morelos y Michoacán, deteniendo autoridades sospechosas de colaborar o proteger al crimen organizado. Vamos poniendo nuestro granito de arena registrando nuestro celular.
El primero es evitar que el gobierno y la policía tengan tus datos personales al comprar una línea de teléfono sea fijo o móvil. Dice el mensaje electrónico a la letra: “¿Cómo podemos confiar en ellos si todos los secuestradores tienen nexos con los altos mandos de la policía, así les será mucho más fácil encontrar a sus próximas víctimas?”
La segunda razón advierte el riesgo de que las llamadas sean monitoreadas sin restricción, atentando contra la privacidad de las personas y el tercero supone que después del registro, lo que sigue es pagar una “tenencia” por contar con un aparato de telefonía celular.
Como se observa, los tres motivos se basan en el miedo y la desconfianza tanto en las autoridades como en los concesionarios que proporcionan servicios de telefonía. No es para menos si con frecuencia nos enteramos de la vinculación de autoridades -de todos los niveles- con el crimen organizado; no es para menos cuando comparamos las tarifas telefónicas tan caras que pagamos los mexicanos a diferencia de lo que pagan usuarios de otros países.
Sin embargo, vale la pena conocer el origen de esta medida, los parámetros que la regulan, sus beneficios y desde luego los retos pendientes en materia de seguridad y combate al secuestro.
El RENAUT surge de los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, firmado por todos los niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión, empresarios, asociaciones civiles, medios de comunicación y sindicatos el pasado 25 de agosto de 2008, en el marco de trágicos acontecimientos como el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un prominente empresario, y de muchas otras personas víctimas del rapto y la extorsión.
Dentro de las acciones para combatir el secuestro quedó plasmada la regulación del “registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas”.
De este acuerdo derivó el decreto del 9 de febrero de 2009, en que diputados y senadores reforman la Ley Federal de Telecomunicaciones con el fin de crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) y establecer obligaciones para los concesionarios, comercializadores y usuarios de telefonía celular y combatir su uso indebido.
Por desgracia ya es común que los criminales utilicen teléfonos celulares para realizar extorsiones, amenazas o secuestros, por ello, con la nueva ley, las compañías telefónicas tendrán las obligación de proporcionar los datos de registro de líneas telefónicas a las autoridades judiciales en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la notificación, pero sólo cuando se reporte o investigue un acto delictivo de esta naturaleza.
En la ley y reglamentos queda asentada la obligación de proteger los datos personales de los usuarios con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y queda prohibida la utilización de éstos para fines distintos a los que la legislación establece, sancionando su mal uso con cargos administrativos y penales.
Incluso el reglamento determina establecer las medidas de seguridad que los concesionarios de telefonía deben adoptar sobre el personal facultado para acceder a la información y evitar su manipulación, destrucción, pérdida, divulgación o acceso no autorizado.
Para dar de alta una línea ahora será obligatorio, además de la identificación oficial vigente con fotografía y el comprobante de domicilio actualizado, la toma de impresión de huella dactilar, para evitar un mal uso de la documentación proporcionada. Para quienes ya cuentan con una línea de teléfono, procede que la registren empleando la Cédula Única de Registro de Población (CURP) antes del 10 de abril del 2010; de no hacerlo la línea quedará cancelada y el usuario pierde el número. Además hay que dar aviso a la compañía telefónica si lo cedimos y denunciar de inmediato el robo, extravío o venta de nuestro equipo, para prevenir cualquier uso indebido.
La primera razón mencionada al inicio por los detractores del RENAUT para no registrarse, es evitar que nuestros datos personales estén en manos del gobierno, sin embargo éste y las propias empresas ya los tienen: el Registro Civil desde que nacemos, cuando nos casamos, registramos a nuestros hijos y hasta cuando fallecemos o la Secretaría de Hacienda si registramos cualquier actividad remunerada o simplemente pagamos la tenencia.
También Gobernación con el Registro Nacional de Población, Comisión Federal de Electricidad cuando contratamos el servicio eléctrico, el Registro Público de la Propiedad al registrar la compra de un terreno o casa, el IMSS cuando nos damos de alta o vamos a consulta, el IFE desde que tramitamos nuestra credencial para votar, Relaciones Exteriores si solicitamos el pasaporte, el gobierno estatal cuando necesitamos licencia de conducir, y las compañías privadas cuando contratamos cualquier servicio quienes piden identificación, comprobante de domicilio -que contiene una dirección de casa habitación o negocio-, teléfonos, correo electrónico, por lo menos.
La segunda razón sobre el riesgo de atentar contra nuestra privacidad y el uso de nuestros datos, queda protegida por distintas leyes así como por el castigo a quien haga mal uso de la información y la tercera razón no tiene fundamento porque el registro es completamente gratuito.
Hasta ahora la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) reporta el registro de cuatro millones de usuarios al RENAUT y advierte que los mensajes para impedir el registro pueden provenir de los delincuentes a quines no les conviene esta medida. Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF lleva reportadas 22 mil líneas celulares, desde donde se ha intentado realizar extorsiones.
En conclusión, más allá de la obligatoriedad de esta medida, considero necesario cumplirla por tres razones: Por nuestra seguridad, es una paso para combatir la tragedia del secuestro y el crimen organizado como lo muestra la experiencia internacional; por fortalecimiento social, es parte de un acuerdo incluyente no sólo entre autoridades sino entre ciudadanos y organizaciones de todo tipo; y en tercer lugar por confianza y colaboración con nuestras autoridades federales que vemos cómo están dando la lucha contra el crimen organizado.
Advertir riesgos reales no debe llevarnos a boicotear una medida útil, sino a exigir garantías de privacidad y seguridad así como prontitud para desmantelar las redes de poder que protegen a los criminales.
Prevenir y combatir la inseguridad es una legítima exigencia al tiempo de ser una tarea compleja, pero se están tomando acciones como las que el gobierno del presidente Calderón, realizó los últimos días en Morelos y Michoacán, deteniendo autoridades sospechosas de colaborar o proteger al crimen organizado. Vamos poniendo nuestro granito de arena registrando nuestro celular.
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