Dentro de tantas noticias desalentadoras, hoy quiero compartirles una buena noticia para los poblanos. El pasado 12 de marzo, el Congreso local aprobó por 29 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la ley que establece los derechos y obligaciones de las familias, la cual reconoce que la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes, que permiten excepciones y que no fueron modificadas.
Asimismo, con la aprobación del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla se eleva a rango constitucional a la familia en sus diferentes organizaciones.
Todos los legisladores del partido Acción Nacional (PAN) y la mayoría de los del
Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor de estas reformas, por lo que se obtuvo la mayoría para aprobarla. Sin embargo, voces priístas como la de la diputada Rocío García Olmedo, manifestaron su desacuerdo con estas modificaciones a la ley por razones sobre las que quiero hacer algunas reflexiones.
García Olmedo escribió recientemente su inconformidad con ciertos términos incluidos en la redacción de la mencionada ley de la familia: “…palabras (como) "socorrerse mutuamente", "tenerse consideración", "valores" "comprensión mutua", me parecen que son muy distintos a los conceptos de protección, seguridad, estabilidad, mejoramiento que establecen nuestras leyes en un Estado laico. Digámoslo claramente: nuestras sociedades, no son de feligreses sino de ciudadanos en los que existen feligreses, pero finalmente en la que todos son laicos”.
Si seguimos su lógica, el Estado o las entidades federativas, no deberían promover valores como la tolerancia, la justicia, la inclusión, la transparencia, la legalidad, la honestidad, porque tienen una connotación moral y “atentan” el espíritu laico del Estado Mexicano.
Es evidente que estos valores son promovidos por instituciones democráticas donde participan personas con todo tipo de creencias, incluso agnósticos y ateos, porque no son principios religiosos sino formas de convivencia, garantes de la estabilidad social.
La sociedad democrática está basada en principios ajenos a la propia democracia y que no pueden estar sujetos a lo que digan las mayorías. La democracia exige bases humanas y éticas que son condiciones indispensables para que se pueda desarrollar de manera armónica.
Los términos que prefiere García Olmedo son “seguridad, estabilidad, mejoramiento de la familia en sus diversas manifestaciones”. Y me pregunto: ¿qué no una familia mejora y gana estabilidad en tanto vive esos valores de la comprensión mutua, de tolerancia y de tenerse consideración?
Pongamos un ejemplo: ¿De qué sirve que una familia determinada esté “protegida” por leyes que promuevan una vida segura y un ingreso medianamente estable, si en su convivencia cotidiana hay indiferencia, se ignoran y hasta se agraden propiciando -por ejemplo- situaciones de violencia intrafamiliar donde la mujer o los hijos ya no están tan seguros o se ven impedidos a abandonar esa situación violenta por falta de un ingreso distinto al de quien los arremete?
La indiferencia no es ilegal, pero su persistencia genera una fractura social y una polarización de clases sociales que se aleja de la justicia. La ley escrita es un fuerte contrapeso para regular la conducta humana y garantizar la estabilidad social, sin embargo, los valores como leyes no escritas pero colectivamente asumidas, propician una convivencia ordenada y respetuosa.
No malentendamos el término de laicidad al confundirlo con laicismo, ni nos espantemos cuando hablemos de valores.
La laicidad es la garantía propia de una sociedad abierta y libre en la que todos puedan manifestarse y opinar logrando así interrelaciones fecundas y enriquecedoras; el laicismo, en cambio, es profundamente intolerante y postula el dogma, tan opresivo o más que cualquier otro, de que quienes creen en algo valioso -valores- no tienen derecho a opinar.
Es la intolerancia de los “tolerantes”, que con la bandera de apertura, condenan y castigan a quienes piensan diferente y se asustan con términos y valores que todos deberíamos promover incluso desde el ámbito legislativo.
Las leyes son reglas necesarias para normar la convivencia y buena parte de ellas han surgido de valores que como sociedad hemos reconocido importantes. Es el caso de la transparencia que desde que comenzó a gobernar el PAN a nivel federal, se elevó a rango de ley para que cualquier ciudadano sepa en qué se gastan los recursos públicos; es el caso de la tolerancia la cual queda plasmada en la Carta Magna al reconocerse el derecho de toda persona a pensar, creer y expresarse libremente.
Es el caso de la nueva ley en Puebla que con tolerancia y apertura, reconocen las distintas formas de organización de la familia así como todos sus derechos, beneficios y obligaciones, ya sea las que viven en unión libre, los divorciados, quienes adopten hijos o vivan los nietos con los abuelos, los primos con los tíos, entre otras formas de convivencia familiar donde quizá sólo haya mamá porque el padre migró al norte, o los viudos o viudas.
Finalmente, es contradictorio que los opositores a esta ley se digan defensores de elevar a rango constitucional los derechos de la familia, pero se niegan a reconocer el primer derecho que es vivir. No ignoramos los riesgos y derechos de las mujeres ante situaciones como la violación, pero como he expuesto en artículos anteriores, la muerte de un ser sin capacidad de defenderse y ajeno al crimen contra su madre, tampoco es una solución.
Contar con leyes que protejan y defiendan a las familias es una muy buena noticia para los poblanos y significa un paso fundamental en la democracia, porque si tanto se proclama a la familia como célula de la sociedad, ésta debe verse protegida y procurada no sólo en materia de salud, seguridad y opciones de ingreso, sino promoviendo leyes que partan de los valores fundamentales del respeto, la tolerancia y la libertad. Felicito a los diputados poblanos que viendo por encima de banderas partidistas, aprobaron una ley que protege a pequeños seres como son los recién concebidos, esto es lo que le da sentido a la política, enhorabuena.
Comentarios en diazgarcia2020@gmail.com
Asimismo, con la aprobación del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla se eleva a rango constitucional a la familia en sus diferentes organizaciones.
Todos los legisladores del partido Acción Nacional (PAN) y la mayoría de los del
Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor de estas reformas, por lo que se obtuvo la mayoría para aprobarla. Sin embargo, voces priístas como la de la diputada Rocío García Olmedo, manifestaron su desacuerdo con estas modificaciones a la ley por razones sobre las que quiero hacer algunas reflexiones.
García Olmedo escribió recientemente su inconformidad con ciertos términos incluidos en la redacción de la mencionada ley de la familia: “…palabras (como) "socorrerse mutuamente", "tenerse consideración", "valores" "comprensión mutua", me parecen que son muy distintos a los conceptos de protección, seguridad, estabilidad, mejoramiento que establecen nuestras leyes en un Estado laico. Digámoslo claramente: nuestras sociedades, no son de feligreses sino de ciudadanos en los que existen feligreses, pero finalmente en la que todos son laicos”.
Si seguimos su lógica, el Estado o las entidades federativas, no deberían promover valores como la tolerancia, la justicia, la inclusión, la transparencia, la legalidad, la honestidad, porque tienen una connotación moral y “atentan” el espíritu laico del Estado Mexicano.
Es evidente que estos valores son promovidos por instituciones democráticas donde participan personas con todo tipo de creencias, incluso agnósticos y ateos, porque no son principios religiosos sino formas de convivencia, garantes de la estabilidad social.
La sociedad democrática está basada en principios ajenos a la propia democracia y que no pueden estar sujetos a lo que digan las mayorías. La democracia exige bases humanas y éticas que son condiciones indispensables para que se pueda desarrollar de manera armónica.
Los términos que prefiere García Olmedo son “seguridad, estabilidad, mejoramiento de la familia en sus diversas manifestaciones”. Y me pregunto: ¿qué no una familia mejora y gana estabilidad en tanto vive esos valores de la comprensión mutua, de tolerancia y de tenerse consideración?
Pongamos un ejemplo: ¿De qué sirve que una familia determinada esté “protegida” por leyes que promuevan una vida segura y un ingreso medianamente estable, si en su convivencia cotidiana hay indiferencia, se ignoran y hasta se agraden propiciando -por ejemplo- situaciones de violencia intrafamiliar donde la mujer o los hijos ya no están tan seguros o se ven impedidos a abandonar esa situación violenta por falta de un ingreso distinto al de quien los arremete?
La indiferencia no es ilegal, pero su persistencia genera una fractura social y una polarización de clases sociales que se aleja de la justicia. La ley escrita es un fuerte contrapeso para regular la conducta humana y garantizar la estabilidad social, sin embargo, los valores como leyes no escritas pero colectivamente asumidas, propician una convivencia ordenada y respetuosa.
No malentendamos el término de laicidad al confundirlo con laicismo, ni nos espantemos cuando hablemos de valores.
La laicidad es la garantía propia de una sociedad abierta y libre en la que todos puedan manifestarse y opinar logrando así interrelaciones fecundas y enriquecedoras; el laicismo, en cambio, es profundamente intolerante y postula el dogma, tan opresivo o más que cualquier otro, de que quienes creen en algo valioso -valores- no tienen derecho a opinar.
Es la intolerancia de los “tolerantes”, que con la bandera de apertura, condenan y castigan a quienes piensan diferente y se asustan con términos y valores que todos deberíamos promover incluso desde el ámbito legislativo.
Las leyes son reglas necesarias para normar la convivencia y buena parte de ellas han surgido de valores que como sociedad hemos reconocido importantes. Es el caso de la transparencia que desde que comenzó a gobernar el PAN a nivel federal, se elevó a rango de ley para que cualquier ciudadano sepa en qué se gastan los recursos públicos; es el caso de la tolerancia la cual queda plasmada en la Carta Magna al reconocerse el derecho de toda persona a pensar, creer y expresarse libremente.
Es el caso de la nueva ley en Puebla que con tolerancia y apertura, reconocen las distintas formas de organización de la familia así como todos sus derechos, beneficios y obligaciones, ya sea las que viven en unión libre, los divorciados, quienes adopten hijos o vivan los nietos con los abuelos, los primos con los tíos, entre otras formas de convivencia familiar donde quizá sólo haya mamá porque el padre migró al norte, o los viudos o viudas.
Finalmente, es contradictorio que los opositores a esta ley se digan defensores de elevar a rango constitucional los derechos de la familia, pero se niegan a reconocer el primer derecho que es vivir. No ignoramos los riesgos y derechos de las mujeres ante situaciones como la violación, pero como he expuesto en artículos anteriores, la muerte de un ser sin capacidad de defenderse y ajeno al crimen contra su madre, tampoco es una solución.
Contar con leyes que protejan y defiendan a las familias es una muy buena noticia para los poblanos y significa un paso fundamental en la democracia, porque si tanto se proclama a la familia como célula de la sociedad, ésta debe verse protegida y procurada no sólo en materia de salud, seguridad y opciones de ingreso, sino promoviendo leyes que partan de los valores fundamentales del respeto, la tolerancia y la libertad. Felicito a los diputados poblanos que viendo por encima de banderas partidistas, aprobaron una ley que protege a pequeños seres como son los recién concebidos, esto es lo que le da sentido a la política, enhorabuena.
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