Los gastos en publicidad de los gobiernos parecen una caja de Pandora: nadie quiere abrirla por temor a lo que haya adentro.
Es el caso de la alcaldía de Puebla cuyo director de Comunicación Social Rafael Quiroz, se ha negado desde hace dos semanas a proporcionar copia de todos los contratos con medios de comunicación que el municipio ha firmado durante el último año, solicitados por los regidores panistas.
Quiroz les envió un oficio que advertía el uso de una prórroga para proporcionar la información, como lo permite la Ley de Transparencia. Sin embargo, los panistas le respondieron que los contratos los solicitaron como integrantes del cabildo y no en calidad de ciudadanos, por lo que dicha ley no es un argumento válido para darle largas a la entrega de esta documentación.
La solicitud surgió debido al sobre ejercicio reportado en el área de difusión de las actividades municipales, el cuál fue 307 por ciento superior a lo presupuestado para 2008; de 37 millones de pesos autorizados gastaron 116 millones de pesos. Sin aclarar nada sobre estos gastos excesivos, la mayoría priísta en el cabildo dio por aprobada la cuenta pública 2008.
No dude que los alfiles de la presidenta municipal Blanca Alcalá declaren reservada esta información. Incluso a los panistas ya les llegó el mensaje de que olviden su intento de conocer estos contratos porque quienes se molestarían, serían los propios medios de comunicación, beneficiarios directos de estos recursos.
¿Qué oculta el gobierno de la capital poblana? ¿Por qué es un tema del que a ciencia cierta nadie sabe las cantidades reales que se gastan? ¿Por qué posponen la entrega de la información o ponen cualquier pretexto para evitar responder, incluso bajo el escudo de la Ley de Transparencia?
Comencemos por notar las diferentes concepciones que los gobiernos de varios estados dan al rubro “gasto en publicidad”, las cuales van desde el pago de gacetillas y desplegados en publicaciones, spots y entrevistas en medios electrónicos, invitaciones de los políticos a programas de alto raiting, hasta fuertes sumas de dinero para columnistas y reporteros, a cambio de plumas favorables hacia sus “patrocinadores”.
En su número de febrero, la revista Etcétera documenta cómo los gobiernos de Sonora, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal y el Congreso de San Luis Potosí, tampoco son claros sobre el gasto publicitario en los medios.
Del gobierno de Sonora señalan su práctica habitual de comprar periodistas ya que en la información recibida vía solicitud de transparencia, aparece una lista de personas físicas la mayoría reporteros, columnistas y directores de medios locales, quienes constantemente dan un trato obsequioso al gobierno estatal. Del monto total gastado por el gobierno de Bours en publicidad gubernamental, que supera los 200 millones de pesos, las empresas Telemax, Televisa y TV Azteca acaparan más de 125 millones de pesos entre las tres.
Sobre el gobierno del estado de Guanajuato, Etcétera refiere que éste reservó por un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se firmen, la información de los contratos que celebre con medios de comunicación impresos y electrónicos, incluso con el aval del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. La razón es que dar a conocer cuestiones específicas como el número de inserciones y costo particular de cada una, generaría especulación sobre las tarifas que el gobierno obtiene por estos conceptos y los proveedores exigirían condiciones superiores a las que tradicionalmente se pactan.
En el caso del Congreso de San Luis Potosí, se observó la entrega de vales de despensa para periodistas y el hecho de que dos reporteros de Canal 13, aparecían -hasta antes de ser evidenciados por esta revista- en la nómina del Congreso estatal.
Ante la ley que prohíbe contratar spots o pautas que incluyan su nombre, voz o imagen, los gobernantes recurren a la compra de tiempo en televisión. Tanto Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF como Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, destinan el presupuesto de Comunicación Social a contratos con Televisa y TV Azteca que se traducen en notas referentes a obra pública y programas sociales, apariciones en programas de espectáculos y variedades con alto raiting, así como la compra de espacios en noticiarios que no serían reportadas como publicidad sino como notas.
Datos publicados en Etcétera revelan que para 2009, Ebrard destinará a esta promoción disfrazada de difusión, 190 millones de pesos (73.4 millones más respecto a 2008) en publicidad, mientras que Peña Nieto gastará 177.5 millones de pesos en imagen, el monto más alto en la historia de la entidad, sumado a sus apariciones en las revistas del corazón a partir de su “noviazgo” con la actriz Angélica Rivera, quien hasta hace poco era la imagen del gobierno mexiquense.
Si bien es cierto que en esta era de la comunicación los políticos buscan reflector para darse a conocer y difundir su trabajo, las relaciones entre poder y prensa se han corrompido al no haber claridad y transparencia en lo que a publicidad pagada se refiere. La compra de espacios para difusión es legal siempre y cuando se señale abiertamente quién la pagó, cuánto costó y se ciña al presupuesto autorizado.
Sin embargo, esto no sucede. Los gobiernos levantan sospecha sobre sus pactos con los medios al posponer la entrega de la información. O si no, ¿Por qué el Sr. Quiroz posterga dar cuenta del gasto en medios? o ¿Cómo nos explicamos que el Sr. Peña Nieto aparezca todos los días en el noticiario de Joaquín López Dóriga aunque sea para hablar de temas que nada tienen que ver con los mexiquenses? ¿Por qué otros gobernantes no tienen estos mismos espacios?
La mutua necesidad entre políticos y medios se pervierte con casos como los señalados; los primeros desvían recursos para ganar fama y lucir en pantalla mientras los segundos dejan atrás el profesionalismo y la responsabilidad de su tarea, vendiéndose por unos cuantos millones.
La rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gasta el dinero del pueblo no está a discusión, es una obligación con los ciudadanos. El gobierno federal lo hace al publicar vía Internet y en las páginas de transparencia de las dependencias, uno a uno los contratos con medios. En el caso de Puebla, el gobernador Mario Marín, la alcaldesa Blanca Alcalá y el rector de la BUAP -últimamente mencionado como pre aspirante priísta a algún cargo de elección popular.- deben informarnos cuánto han gastado en cada medio.
No tengamos miedo de destapar la caja de Pandora, ya sabemos de la fetidez. Ahora será necesario limpiar la fosa séptica y transparentar los gastos de publicidad.
Comentarios en diazgarcia2020@gmail.com
Es el caso de la alcaldía de Puebla cuyo director de Comunicación Social Rafael Quiroz, se ha negado desde hace dos semanas a proporcionar copia de todos los contratos con medios de comunicación que el municipio ha firmado durante el último año, solicitados por los regidores panistas.
Quiroz les envió un oficio que advertía el uso de una prórroga para proporcionar la información, como lo permite la Ley de Transparencia. Sin embargo, los panistas le respondieron que los contratos los solicitaron como integrantes del cabildo y no en calidad de ciudadanos, por lo que dicha ley no es un argumento válido para darle largas a la entrega de esta documentación.
La solicitud surgió debido al sobre ejercicio reportado en el área de difusión de las actividades municipales, el cuál fue 307 por ciento superior a lo presupuestado para 2008; de 37 millones de pesos autorizados gastaron 116 millones de pesos. Sin aclarar nada sobre estos gastos excesivos, la mayoría priísta en el cabildo dio por aprobada la cuenta pública 2008.
No dude que los alfiles de la presidenta municipal Blanca Alcalá declaren reservada esta información. Incluso a los panistas ya les llegó el mensaje de que olviden su intento de conocer estos contratos porque quienes se molestarían, serían los propios medios de comunicación, beneficiarios directos de estos recursos.
¿Qué oculta el gobierno de la capital poblana? ¿Por qué es un tema del que a ciencia cierta nadie sabe las cantidades reales que se gastan? ¿Por qué posponen la entrega de la información o ponen cualquier pretexto para evitar responder, incluso bajo el escudo de la Ley de Transparencia?
Comencemos por notar las diferentes concepciones que los gobiernos de varios estados dan al rubro “gasto en publicidad”, las cuales van desde el pago de gacetillas y desplegados en publicaciones, spots y entrevistas en medios electrónicos, invitaciones de los políticos a programas de alto raiting, hasta fuertes sumas de dinero para columnistas y reporteros, a cambio de plumas favorables hacia sus “patrocinadores”.
En su número de febrero, la revista Etcétera documenta cómo los gobiernos de Sonora, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal y el Congreso de San Luis Potosí, tampoco son claros sobre el gasto publicitario en los medios.
Del gobierno de Sonora señalan su práctica habitual de comprar periodistas ya que en la información recibida vía solicitud de transparencia, aparece una lista de personas físicas la mayoría reporteros, columnistas y directores de medios locales, quienes constantemente dan un trato obsequioso al gobierno estatal. Del monto total gastado por el gobierno de Bours en publicidad gubernamental, que supera los 200 millones de pesos, las empresas Telemax, Televisa y TV Azteca acaparan más de 125 millones de pesos entre las tres.
Sobre el gobierno del estado de Guanajuato, Etcétera refiere que éste reservó por un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se firmen, la información de los contratos que celebre con medios de comunicación impresos y electrónicos, incluso con el aval del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. La razón es que dar a conocer cuestiones específicas como el número de inserciones y costo particular de cada una, generaría especulación sobre las tarifas que el gobierno obtiene por estos conceptos y los proveedores exigirían condiciones superiores a las que tradicionalmente se pactan.
En el caso del Congreso de San Luis Potosí, se observó la entrega de vales de despensa para periodistas y el hecho de que dos reporteros de Canal 13, aparecían -hasta antes de ser evidenciados por esta revista- en la nómina del Congreso estatal.
Ante la ley que prohíbe contratar spots o pautas que incluyan su nombre, voz o imagen, los gobernantes recurren a la compra de tiempo en televisión. Tanto Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF como Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, destinan el presupuesto de Comunicación Social a contratos con Televisa y TV Azteca que se traducen en notas referentes a obra pública y programas sociales, apariciones en programas de espectáculos y variedades con alto raiting, así como la compra de espacios en noticiarios que no serían reportadas como publicidad sino como notas.
Datos publicados en Etcétera revelan que para 2009, Ebrard destinará a esta promoción disfrazada de difusión, 190 millones de pesos (73.4 millones más respecto a 2008) en publicidad, mientras que Peña Nieto gastará 177.5 millones de pesos en imagen, el monto más alto en la historia de la entidad, sumado a sus apariciones en las revistas del corazón a partir de su “noviazgo” con la actriz Angélica Rivera, quien hasta hace poco era la imagen del gobierno mexiquense.
Si bien es cierto que en esta era de la comunicación los políticos buscan reflector para darse a conocer y difundir su trabajo, las relaciones entre poder y prensa se han corrompido al no haber claridad y transparencia en lo que a publicidad pagada se refiere. La compra de espacios para difusión es legal siempre y cuando se señale abiertamente quién la pagó, cuánto costó y se ciña al presupuesto autorizado.
Sin embargo, esto no sucede. Los gobiernos levantan sospecha sobre sus pactos con los medios al posponer la entrega de la información. O si no, ¿Por qué el Sr. Quiroz posterga dar cuenta del gasto en medios? o ¿Cómo nos explicamos que el Sr. Peña Nieto aparezca todos los días en el noticiario de Joaquín López Dóriga aunque sea para hablar de temas que nada tienen que ver con los mexiquenses? ¿Por qué otros gobernantes no tienen estos mismos espacios?
La mutua necesidad entre políticos y medios se pervierte con casos como los señalados; los primeros desvían recursos para ganar fama y lucir en pantalla mientras los segundos dejan atrás el profesionalismo y la responsabilidad de su tarea, vendiéndose por unos cuantos millones.
La rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gasta el dinero del pueblo no está a discusión, es una obligación con los ciudadanos. El gobierno federal lo hace al publicar vía Internet y en las páginas de transparencia de las dependencias, uno a uno los contratos con medios. En el caso de Puebla, el gobernador Mario Marín, la alcaldesa Blanca Alcalá y el rector de la BUAP -últimamente mencionado como pre aspirante priísta a algún cargo de elección popular.- deben informarnos cuánto han gastado en cada medio.
No tengamos miedo de destapar la caja de Pandora, ya sabemos de la fetidez. Ahora será necesario limpiar la fosa séptica y transparentar los gastos de publicidad.
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