Torpe proyecto marinista para Refinería en Puebla

El próximo 15 de abril, el Gobierno Federal definirá la entidad donde se instalará la Nueva Refinería en México que producirá alrededor de 142 mil barriles diarios de gasolinas (equivalente a un tercio de la producción diaria nacional actual); 82 mil barriles diarios de diesel (equivalente al 25% de la producción diaria actual) y 12 mil barriles diarios de turbosina.

Nuestro país cuenta con seis refinerías ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca y Minatitlán, Veracruz que producen cerca de 3 millones de barriles diarios de petróleo.

En la conmemoración del 71 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el Presidente Calderón convocó a 10 estados de la República a presentar sus proyectos técnicos y económicos para la instalación de este macro proyecto, el cual contribuirá a reactivar la economía y a generar empleos.

El evento tuvo lugar en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, entidad no contemplada originalmente dentro de los estados concursantes, porque al gobernador Marín no se le había ocurrido proponerla, a pesar de las ventajas que aporta el complejo petroquímico Independencia localizado en San Martín Texmelucan, o la riqueza petrolera del propio territorio de V. Carranza donde recientemente se reinició la exploración de los yacimientos de Chicontepec, que equivalen al 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos, que en volumen representa un total de 17 mil 700 millones de barriles de petróleo crudo.

Empresas internacionales certificaron a México la existencia de 139 mil millones de barriles de petróleo en esta zona donde se requieren perforar alrededor de 15 mil pozos en los próximos 15 años, -un promedio de mil por año-, cantidad 50% mayor a los 675 pozos anuales promedio, que se perforan en todas las cuencas del país.

Sin embargo, Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción advirtió que sólo podrán extraerse 18 mil millones de barriles de petróleo y gas en los próximos 30 años, es decir el 13 por ciento de lo que hay, debido a que no existe tecnología para sacar los hidrocarburos de las miles de pequeñas cavernas que conforman los yacimientos de Chicontepec. Se estima que para el año 2040 México podría desarrollar la infraestructura para extraer la riqueza.

Como dato comparativo, el mayor yacimiento petrolero mexicano en la historia había sido Cantarell, con una reserva original de 36 mil millones de barriles. Chicontepec tiene 3.8 veces lo que Cantarell. Este hallazgo colocaría a México en un tercer lugar entre los países petroleros del mundo, sólo después de Arabia Saudita y de Canadá, y por encima de Irán e Irak.

De este tamaño es el hallazgo y al gobernador ni le había parecido conveniente presentar una propuesta valuada en 12 mil millones de pesos y que -se estima- generará al menos entre 22 mil y 32 mil empleos directos e indirecto, ni la presentó adecuadamente el viernes pasado ante autoridades federales, porque sugirió la zona de La Célula en el municipio de Oriental, habiendo opciones mucho más adecuadas dentro del propio territorio poblano para competir por la refinería.

De hecho, fue a propuesta de los diputados locales panistas, que el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para sugerir a Puebla como opción para la instalación de esta industria y por eso quedó incluida.

Una región con grandes ventajas para atraer este proyecto es el complejo petroquímico Independencia localizado en San Martín Texmelucan. Incluso un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos capítulo Puebla, concluyó que sólo hay dos lugares en territorio poblano factibles para llevar a cabo la construcción de la nueva refinería: Chicontepec y Texmelucan.

De acuerdo al IMIQ la construcción de la refinería en San Martín, tendría un costo de 2 mil 400 millones de dólares y cuenta con 400 hectáreas disponibles para la instalación; además es un centro sísmico de baja intensidad, está cerca de los oleoductos que trasportarán el crudo desde Chicontepec y cuenta con mano de obra calificada.

El diputado federal panista Apolonio Méndez Meneses, -primer impulsor de la propuesta poblana- realizó un estudio donde expone las ventajas de Texmelucan como es la cercanía con la Ciudad de México, la cual consume la mayor cantidad de combustible del país; la facilidad para alimentar la nueva refinería al instalar un ducto desde la petroquímica Independencia, cerca de la cual pasa la línea que abastece las refinerías de Tula y Salamanca y la disponibilidad existente de equipos de bombeo y líneas de conducción al DF.

Texmelucan cuenta con 106 hectáreas de superficie con opción de adquirir otras aledañas (campos de cultivo); hay 12 pozos para suministro de agua y servicios auxiliares así como accesos por la carretera federal México-Puebla. Estas características significarían un ahorro para PEMEX porque permitirían disminuir de un 30 a un 35 por ciento el costo de la inversión

Esta refinería es muy importante y necesaria para México, de hecho ya vamos tarde pues desde hace años se debió de invertir en ésta y en otras 2 ó 3, para no estar importando más del 40 por ciento de la gasolina y del diesel que hoy consumimos.
Marín deja mucho que desear en comparación con gobernadores –también priístas- que han mostrado arrojo e interés para atraer este detonador de desarrollo, solo vean la campaña desarrollada por los gobiernos de Veracruz y Tabasco. Quizá por esta falta de pericia y proyección se explica que no lleguen nuevas inversiones extranjeras a Puebla. Si con esa debilidad promueve al estado a nivel nacional, ¿qué hará cuando sale de gira a otros países?

Por la falta de visión y conocimiento de esta administración estatal, está en riesgo una gran oportunidad. Marín no sólo llega tarde al concurso de entidades sino se aferra a una opción inviable como La Célula, distante de la zona de influencia, e insuficiente en terrenos para el proyecto planteado.

Puebla tendría un gran crecimiento, ingreso y empleo si la refinería se construyera en nuestro estado, pero al parecer, un proyecto sustentado y viable no fue la opción del gobernador Marín quien tendrá que rendirle cuentas a los poblanos por haber perdido una relevante oportunidad de desarrollo.

Comentarios en diazgarcia2020@gmail.com

¿Consumista, ahorrador o defraudado?

La crisis mundial está en boca de todos. Desde las familias más sencillas hasta los más pudientes, hablan sobre la difícil situación económica y financiera por la que atraviesan un buen número de países. Y cómo no hablar de ella si ya se siente en los bolsillos; si la angustia por el desempleo, la tensión ante un posible despido, la baja en las ventas así como el alza en el precio del dólar y de los productos básicos, preocupan a miles de mujeres y hombres del planeta.

Ante este escenario desafiante y crítico ¿Qué lección debemos aprender con relación al sistema financiero que nos rige, a las reglas de intercambio comercial, las relaciones contractuales éticas, los patrones de consumo así como la visión respecto a las relaciones económicas entre personas y países en un entorno globalizado, donde lo que uno hace repercute en los demás?

Recientemente Luis Bruni, catedrático de la Universidad de Milán, escribió una interesante reflexión sobre la quiebra de los bancos y fondos de inversión americanos, seguida por la debacle de su sistema hipotecario y se preguntaba si estábamos ante el derrumbe de un tipo de capitalismo financiero y especulativo que ha optado por el fraude y la avaricia.

Ahí está el falso filántropo Bernard Madoff que engañó a bancos e inversionistas y gestó un fraude de más de 50 mil millones de dólares; o la estafa por 8 millones de dólares de Robert Allen Stanford al prometer altas tasas de interés, improbables e infundadas. ¿Dónde estuvieron las autoridades regulatorias de Estados Unidos para vigilarlos y frenarlos?

Ahí están los 18 mil 400 millones de dólares en bonos para altos mandos de compañías financieras en Wall Street en 2008; o Citigroup que mientras recibía 45 mil millones de dólares del rescate financiero, quería comprar un nuevo jet privado de 50 millones de dólares para sus ejecutivos.

Estos son ejemplos de la avaricia, el cinismo y la desmesura, que representan una bofetada a los millones de personas que no tienen ni el pan de cada día.

Al respecto, Bruni define al especulador como un sujeto cuya meta es maximizar la ganancia individual sin generar más valor que enriquecer a unos cuantos accionistas. A usted amigo lector ¿No le genera desconfianza que aquí en Puebla -en plena crisis- haya empresas como INVERBIEN y SITMA que ofrezcan rendimientos estratosféricos (45% y 30.7% respectivamente dependiendo del plazo) con una ambigua y agresiva publicidad que inunda la ciudad?

La banca o las cajas de ahorro surgieron como instituciones para facilitar el crédito y el ahorro, pero ¿Dónde quedó su propósito original?

El crédito es necesario y eficiente cuando las tasas son justas, como lo ha demostrado el Grameen Bank, creado por el economista indio y Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, quien confió en la gente con menos oportunidades para salir de la trampa de la miseria; les da créditos, ellos generan su propio ingreso y cumplen puntualmente con el pago del préstamo. Aquí en Puebla tenemos la maravillosa labor hormiga -pero no por ello menos responsable y honorable- de la Caja DEPAC comandada por Jesús Ortiz Caso y del Padre Juan Cunillera Solanes que en el Instituto Carlos Pereyra y en la Parroquia de San Baltasar, “a impulso de cariño” enseña a niños y adultos el hábito del ahorro.

En cambio, modelos como el norteamericano que propiciaron un sistema de crédito y endeudamiento sin contrapesos, llevó a las familias a acumular deudas hipotecarias y otras provenientes de una cultura consumista y de poco ahorro. Si bien propiciar el consumo mueve la economía y los créditos facilitan la adquisición de bienes, el consumismo y endeudamiento rebasaron las posibilidades de pago.

Como decía anteriormente, esta crisis es un desafío cultural porque representa una oportunidad para analizar los insostenibles estilos de vida que el hoy quebrado capitalismo financiero ha propiciado.

Una sociedad necesita instituciones bancarias y financieras económicamente sanas, con reglas claras y éticas que humanicen la economía. Me llama la atención la nota dominical del periódico Reforma que relata el auge de la banca islámica a pesar de la crisis, debido a normas regulatorias basadas en el Corán:
1. Prohíben la usura al establecer la cantidad final a pagar desde el momento en el que se concede un financiamiento.
2. Si el cliente no puede seguir pagando una hipoteca, se subasta la casa y el dinero se reparte entre la entidad y el usuario, compartiendo el riesgo.
3. En teoría, los bancos islámicos cuentan con reservas de cien por ciento, por lo que limitan la especulación y todos sus activos son reales.

Si bien no comparto muchas de las posiciones de esta cultura, en particular por no respetar la dignidad de la persona humana, sobre todo de las mujeres, sugiero sí, que el estado regule los mercados para que los agentes económicos compitan en condiciones de equidad y se evite que el más fuerte imponga condiciones que aniquilen la competencia o defrauden a quien confió en invertir su patrimonio.

El desafío es cultural y antropológico; cultural porque tenemos que modificar nuestra visión y nuestros hábitos de consumo, gasto y ahorro; y antropológico porque las crisis no las generaron entes abstractos, sino seres humanos concretos como Madoff, Stanford o como los agiotistas y prestamista que ahogan y engañan a muchas familias mexicanas, quienes adolecen de principios éticos aprovechando también la falta de vigilancia y regulación del sistema financiero actual.

Por suerte, la usura no es el modus vivendi de todos. Hay modelos económicos como las redes solidarias cuyos integrantes se organizan para recibir créditos, producir y comercializar sus productos; o la Economía de Comunión, donde las empresas adheridas voluntariamente, dividen sus utilidades en tres rubros: Reinversión para mantener la empresa eficiente, difusión de una cultura solidaria y ayuda a personas de su comunidad. O el caso del banquero americano Leonard Abess Jr. que repartió entre sus 471 empleados y jubilados, incluidos secretarias y mensajeros, 60 millones de dólares de la venta de su banco.

Y aterrizando esta reflexión: ¿Cómo administramos los recursos familiares? ¿En qué gastamos, qué consumimos, ahorramos aunque sea poco? ¿Participamos en alguna actividad solidaria o generamos riqueza para la economía regional?

Para vivir diferente, hay que hacer cosas diferentes. Comencemos por enseñar a nuestros hijos a ahorrar, a compartir, a emprender, a valorar las cosas para que las nuevas generaciones crezcan con una visión más solidaria, responsable y proactiva que modifique los patrones culturales y financieros que hoy nos llevan a hacer un obligado alto en el camino.

Comentarios en diazgarcia2020@gmail.com

Iniciativa para garantizar el Derecho de Réplica

Nota de la presentacion de la Iniciativa para garantizar el Derecho de Réplica, presentada por el Diputado Jose Antonio Díaz

Entrevista sobre la Iniciativa del Derecho de Réplica

Entrevista sobre la Iniciativa para garantizar el Derecho de Réplica, presentada por los Diputados Jose Antonio Diaz, Dora Martinez y Rocio Morgan.

Acuerdo para la transmisión en señal abierta del Canal del Congreso

¿Laicidad o laicismo?

Dentro de tantas noticias desalentadoras, hoy quiero compartirles una buena noticia para los poblanos. El pasado 12 de marzo, el Congreso local aprobó por 29 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la ley que establece los derechos y obligaciones de las familias, la cual reconoce que la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes, que permiten excepciones y que no fueron modificadas.

Asimismo, con la aprobación del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla se eleva a rango constitucional a la familia en sus diferentes organizaciones.

Todos los legisladores del partido Acción Nacional (PAN) y la mayoría de los del
Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor de estas reformas, por lo que se obtuvo la mayoría para aprobarla. Sin embargo, voces priístas como la de la diputada Rocío García Olmedo, manifestaron su desacuerdo con estas modificaciones a la ley por razones sobre las que quiero hacer algunas reflexiones.

García Olmedo escribió recientemente su inconformidad con ciertos términos incluidos en la redacción de la mencionada ley de la familia: “…palabras (como) "socorrerse mutuamente", "tenerse consideración", "valores" "comprensión mutua", me parecen que son muy distintos a los conceptos de protección, seguridad, estabilidad, mejoramiento que establecen nuestras leyes en un Estado laico. Digámoslo claramente: nuestras sociedades, no son de feligreses sino de ciudadanos en los que existen feligreses, pero finalmente en la que todos son laicos”.

Si seguimos su lógica, el Estado o las entidades federativas, no deberían promover valores como la tolerancia, la justicia, la inclusión, la transparencia, la legalidad, la honestidad, porque tienen una connotación moral y “atentan” el espíritu laico del Estado Mexicano.

Es evidente que estos valores son promovidos por instituciones democráticas donde participan personas con todo tipo de creencias, incluso agnósticos y ateos, porque no son principios religiosos sino formas de convivencia, garantes de la estabilidad social.

La sociedad democrática está basada en principios ajenos a la propia democracia y que no pueden estar sujetos a lo que digan las mayorías. La democracia exige bases humanas y éticas que son condiciones indispensables para que se pueda desarrollar de manera armónica.

Los términos que prefiere García Olmedo son “seguridad, estabilidad, mejoramiento de la familia en sus diversas manifestaciones”. Y me pregunto: ¿qué no una familia mejora y gana estabilidad en tanto vive esos valores de la comprensión mutua, de tolerancia y de tenerse consideración?

Pongamos un ejemplo: ¿De qué sirve que una familia determinada esté “protegida” por leyes que promuevan una vida segura y un ingreso medianamente estable, si en su convivencia cotidiana hay indiferencia, se ignoran y hasta se agraden propiciando -por ejemplo- situaciones de violencia intrafamiliar donde la mujer o los hijos ya no están tan seguros o se ven impedidos a abandonar esa situación violenta por falta de un ingreso distinto al de quien los arremete?

La indiferencia no es ilegal, pero su persistencia genera una fractura social y una polarización de clases sociales que se aleja de la justicia. La ley escrita es un fuerte contrapeso para regular la conducta humana y garantizar la estabilidad social, sin embargo, los valores como leyes no escritas pero colectivamente asumidas, propician una convivencia ordenada y respetuosa.

No malentendamos el término de laicidad al confundirlo con laicismo, ni nos espantemos cuando hablemos de valores.

La laicidad es la garantía propia de una sociedad abierta y libre en la que todos puedan manifestarse y opinar logrando así interrelaciones fecundas y enriquecedoras; el laicismo, en cambio, es profundamente intolerante y postula el dogma, tan opresivo o más que cualquier otro, de que quienes creen en algo valioso -valores- no tienen derecho a opinar.

Es la intolerancia de los “tolerantes”, que con la bandera de apertura, condenan y castigan a quienes piensan diferente y se asustan con términos y valores que todos deberíamos promover incluso desde el ámbito legislativo.

Las leyes son reglas necesarias para normar la convivencia y buena parte de ellas han surgido de valores que como sociedad hemos reconocido importantes. Es el caso de la transparencia que desde que comenzó a gobernar el PAN a nivel federal, se elevó a rango de ley para que cualquier ciudadano sepa en qué se gastan los recursos públicos; es el caso de la tolerancia la cual queda plasmada en la Carta Magna al reconocerse el derecho de toda persona a pensar, creer y expresarse libremente.

Es el caso de la nueva ley en Puebla que con tolerancia y apertura, reconocen las distintas formas de organización de la familia así como todos sus derechos, beneficios y obligaciones, ya sea las que viven en unión libre, los divorciados, quienes adopten hijos o vivan los nietos con los abuelos, los primos con los tíos, entre otras formas de convivencia familiar donde quizá sólo haya mamá porque el padre migró al norte, o los viudos o viudas.

Finalmente, es contradictorio que los opositores a esta ley se digan defensores de elevar a rango constitucional los derechos de la familia, pero se niegan a reconocer el primer derecho que es vivir. No ignoramos los riesgos y derechos de las mujeres ante situaciones como la violación, pero como he expuesto en artículos anteriores, la muerte de un ser sin capacidad de defenderse y ajeno al crimen contra su madre, tampoco es una solución.

Contar con leyes que protejan y defiendan a las familias es una muy buena noticia para los poblanos y significa un paso fundamental en la democracia, porque si tanto se proclama a la familia como célula de la sociedad, ésta debe verse protegida y procurada no sólo en materia de salud, seguridad y opciones de ingreso, sino promoviendo leyes que partan de los valores fundamentales del respeto, la tolerancia y la libertad. Felicito a los diputados poblanos que viendo por encima de banderas partidistas, aprobaron una ley que protege a pequeños seres como son los recién concebidos, esto es lo que le da sentido a la política, enhorabuena.

Comentarios en diazgarcia2020@gmail.com

Saltimbanquis

“No exigimos programas, proyectos o ideologías; la trayectoria o procedencia política no es relevante, si usted requiere un membrete para apoyar a sus candidatos llámenos y pregunte por el Partido del Trabajo o PT.”

En la víspera electoral la búsqueda de posiciones así como espacios de poder están a la orden del día. Esto sería normal si no fuera porque la tentación del pragmatismo político empaña la ya de por sí mermada credibilidad de los partidos.

El legítimo fin de ganar un mayor número de votos para obtener una posición de poder –que debe ser de servicio público-, justifica para algunos el cuestionable medio de aliarse con un partido como el PT que paradójicamente, en sus 18 años de existencia, no ha mostrado un “trabajo” consistente de resultados o propuesta, sino que ha rentado su nombre a personas o grupos del más diverso pensamiento y trayectoria.

Lo vemos junto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la mano de Convergencia; abanderando a ex militantes de otros institutos políticos, ofreciendo “protección” a través del fuero para gente cuestionada por sus acciones y cobijando quienes avalan que: “el fin justifica los medios.”

Veamos algunos ejemplos. En las últimas semanas, el PT ha patrocinado los spots de la campaña anti todo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); al mismo tiempo va con el partido Convergencia para la gubernatura de Campeche y decide ir en fórmula con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo Léon.

El propio Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD calificó de incongruentes a quienes llaman a no votar por el PRI, pero firman alianzas electorales en algunos estados. Como lo reportaron los diarios nacionales, Ortega dijo que la coalición PT-PRI en Nuevo León demuestra la incongruencia de ese instituto político y la falta de solidez en sus planteamientos.

Recordemos que en 2006 el PT fue parte de la Coalición por el Bien de Todos, también integrada por el PRD y Convergencia, la cual postuló a AMLO; un año después en 2007, le prestó su nombre a un ex alcalde y ex panista, quien contendió como candidato del PT por la presidencia municipal de la capital poblana. Si bien no ganó, el PT logró obtener una diputación y una regiduría para su partido que, como dije, no tiene ninguna posición sólida ni consistente porque juega según la circunstancia y la rentabilidad política para mantener su registro.

Y sobrevivir es un gran objetivo para partidos como éste a quien no le caen mal los 287 millones 963 mil pesos que este año recibirá por parte del Instituto Federal Electoral. No falta el que diga que eso es la cuarta o quinta parte de lo que recibirán otros partidos, pero la diferencia es que el PT no se distingue por proponer leyes, mejoras o una forma de gobierno por el desarrollo de los ciudadanos, sino que prevalece su inconsistencia al acomodarse con quien le convenga para ganar algunos votos, mantener una que otra posición y conservar su presupuesto.

El Partido del Trabajo carga con la sombra de Carlos Salinas de Gortari a quien se le atribuye el impulso y creación de pequeños partidos con el fin de fragmentar el voto opositor al PRI. Se fundó en 1991 con la participación de diversas organizaciones de lucha social y urbana y se autodefine como partido de izquierda, pero como hemos visto, esto es sólo un parapeto pues la ideología no le es relevante.

Para colmo ha trascendido que Lucía Morett, la pseudo universitaria herida en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, buscará una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Imagínese usted: de guerrillera a diputada, nada mal le caerá el fuero a quien es investigada a nivel internacional por posibles vínculos con este grupo terrorista.

Entre los nombres que promueve la coalición conformada por Convergencia y el PT, están el ex procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz (por cierto también expanista); el hermano del Oficial Mayor del Gobierno del DF, Mauricio Montaño Cuadra; Manuel Amador, dirigente del Movimiento Lésbico Gay; Héctor Brito, líder universitario y Froylan Yescas, actual coordinador de las Brigadas del Peje en el Distrito Federal.

Estos pseudo partidos políticos no le abonan nada al país. Les interesa ganar para mantener el registro que les garantiza un abultado presupuesto, pero sin que muestren ninguna consistencia ni propuesta que se traduzca en beneficios para los ciudadanos.

Como ciudadanos debemos ser críticos y exigentes con estos grupos para que si persisten, rindan cuentas y aporten, si no, lo mejor será ser más estrictos en la ley electoral y que no sigan siendo un lastre para el erario público. Pidamos cuentas también a estos saltimbanquis políticos que sin el menor pudor piden nuestro voto refugiándose en partidos que como el PT, promueven el aborto, la lucha de clases y la confrontación social y que van en contra del desarrollo de México. Por el bien de todos.

Comentarios en diazgarcia2020@gmail.com

El costo de la fama

Los gastos en publicidad de los gobiernos parecen una caja de Pandora: nadie quiere abrirla por temor a lo que haya adentro.

Es el caso de la alcaldía de Puebla cuyo director de Comunicación Social Rafael Quiroz, se ha negado desde hace dos semanas a proporcionar copia de todos los contratos con medios de comunicación que el municipio ha firmado durante el último año, solicitados por los regidores panistas.

Quiroz les envió un oficio que advertía el uso de una prórroga para proporcionar la información, como lo permite la Ley de Transparencia. Sin embargo, los panistas le respondieron que los contratos los solicitaron como integrantes del cabildo y no en calidad de ciudadanos, por lo que dicha ley no es un argumento válido para darle largas a la entrega de esta documentación.

La solicitud surgió debido al sobre ejercicio reportado en el área de difusión de las actividades municipales, el cuál fue 307 por ciento superior a lo presupuestado para 2008; de 37 millones de pesos autorizados gastaron 116 millones de pesos. Sin aclarar nada sobre estos gastos excesivos, la mayoría priísta en el cabildo dio por aprobada la cuenta pública 2008.

No dude que los alfiles de la presidenta municipal Blanca Alcalá declaren reservada esta información. Incluso a los panistas ya les llegó el mensaje de que olviden su intento de conocer estos contratos porque quienes se molestarían, serían los propios medios de comunicación, beneficiarios directos de estos recursos.

¿Qué oculta el gobierno de la capital poblana? ¿Por qué es un tema del que a ciencia cierta nadie sabe las cantidades reales que se gastan? ¿Por qué posponen la entrega de la información o ponen cualquier pretexto para evitar responder, incluso bajo el escudo de la Ley de Transparencia?

Comencemos por notar las diferentes concepciones que los gobiernos de varios estados dan al rubro “gasto en publicidad”, las cuales van desde el pago de gacetillas y desplegados en publicaciones, spots y entrevistas en medios electrónicos, invitaciones de los políticos a programas de alto raiting, hasta fuertes sumas de dinero para columnistas y reporteros, a cambio de plumas favorables hacia sus “patrocinadores”.

En su número de febrero, la revista Etcétera documenta cómo los gobiernos de Sonora, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal y el Congreso de San Luis Potosí, tampoco son claros sobre el gasto publicitario en los medios.

Del gobierno de Sonora señalan su práctica habitual de comprar periodistas ya que en la información recibida vía solicitud de transparencia, aparece una lista de personas físicas la mayoría reporteros, columnistas y directores de medios locales, quienes constantemente dan un trato obsequioso al gobierno estatal. Del monto total gastado por el gobierno de Bours en publicidad gubernamental, que supera los 200 millones de pesos, las empresas Telemax, Televisa y TV Azteca acaparan más de 125 millones de pesos entre las tres.

Sobre el gobierno del estado de Guanajuato, Etcétera refiere que éste reservó por un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se firmen, la información de los contratos que celebre con medios de comunicación impresos y electrónicos, incluso con el aval del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. La razón es que dar a conocer cuestiones específicas como el número de inserciones y costo particular de cada una, generaría especulación sobre las tarifas que el gobierno obtiene por estos conceptos y los proveedores exigirían condiciones superiores a las que tradicionalmente se pactan.

En el caso del Congreso de San Luis Potosí, se observó la entrega de vales de despensa para periodistas y el hecho de que dos reporteros de Canal 13, aparecían -hasta antes de ser evidenciados por esta revista- en la nómina del Congreso estatal.

Ante la ley que prohíbe contratar spots o pautas que incluyan su nombre, voz o imagen, los gobernantes recurren a la compra de tiempo en televisión. Tanto Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF como Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, destinan el presupuesto de Comunicación Social a contratos con Televisa y TV Azteca que se traducen en notas referentes a obra pública y programas sociales, apariciones en programas de espectáculos y variedades con alto raiting, así como la compra de espacios en noticiarios que no serían reportadas como publicidad sino como notas.

Datos publicados en Etcétera revelan que para 2009, Ebrard destinará a esta promoción disfrazada de difusión, 190 millones de pesos (73.4 millones más respecto a 2008) en publicidad, mientras que Peña Nieto gastará 177.5 millones de pesos en imagen, el monto más alto en la historia de la entidad, sumado a sus apariciones en las revistas del corazón a partir de su “noviazgo” con la actriz Angélica Rivera, quien hasta hace poco era la imagen del gobierno mexiquense.

Si bien es cierto que en esta era de la comunicación los políticos buscan reflector para darse a conocer y difundir su trabajo, las relaciones entre poder y prensa se han corrompido al no haber claridad y transparencia en lo que a publicidad pagada se refiere. La compra de espacios para difusión es legal siempre y cuando se señale abiertamente quién la pagó, cuánto costó y se ciña al presupuesto autorizado.

Sin embargo, esto no sucede. Los gobiernos levantan sospecha sobre sus pactos con los medios al posponer la entrega de la información. O si no, ¿Por qué el Sr. Quiroz posterga dar cuenta del gasto en medios? o ¿Cómo nos explicamos que el Sr. Peña Nieto aparezca todos los días en el noticiario de Joaquín López Dóriga aunque sea para hablar de temas que nada tienen que ver con los mexiquenses? ¿Por qué otros gobernantes no tienen estos mismos espacios?

La mutua necesidad entre políticos y medios se pervierte con casos como los señalados; los primeros desvían recursos para ganar fama y lucir en pantalla mientras los segundos dejan atrás el profesionalismo y la responsabilidad de su tarea, vendiéndose por unos cuantos millones.

La rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gasta el dinero del pueblo no está a discusión, es una obligación con los ciudadanos. El gobierno federal lo hace al publicar vía Internet y en las páginas de transparencia de las dependencias, uno a uno los contratos con medios. En el caso de Puebla, el gobernador Mario Marín, la alcaldesa Blanca Alcalá y el rector de la BUAP -últimamente mencionado como pre aspirante priísta a algún cargo de elección popular.- deben informarnos cuánto han gastado en cada medio.

No tengamos miedo de destapar la caja de Pandora, ya sabemos de la fetidez. Ahora será necesario limpiar la fosa séptica y transparentar los gastos de publicidad.

Comentarios en diazgarcia2020@gmail.com