Guaruras legítimos

¿Es legítimo que un ciudadano tenga personal que lo proteja?, sí.
¿Es legítimo que un escolta porte un arma para ejercer su función?, sí.
¿Es legítimo que un particular le pida a sus seguidores recursos para su causa?, sí.

Ahora:
¿Es legal que los escoltas de un particular porten armas de uso exclusivo del Ejército?, no.
¿Es legal que amparen su labor con una credencial del inventado “Gobierno Legitimo de México”?, no.
¿Es legal que un policía bancario cuente con armas de fuego asignadas para prestar servicios de seguridad pública, durante un servicio de seguridad privada?, no.

Más aún:
¿Es coherente que un “protegido del pueblo” necesite guaruras?
¿Es coherente que el defensor de los pobres les pida donativos de más de 30 mil pesos?
¿Es coherente que un “valiente” defensor de la honestidad, oculte las fuentes de financiamiento de su movimiento?

Alrededor del movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suele haber inconsistencias entre la legitimidad, la legalidad y la coherencia de sus dichos y de sus hechos.

El pasado martes 6 de enero, fueron detenidos en Villa Unión, Sinaloa elementos de su escolta por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En un puesto de control, personal del octavo Batallón de Infantería realizó una revisión a tres camionetas procedentes de la Ciudad de México con destino a Hermosillo y detectaron que seis de los individuos portaban armas cortas, cinco de ellas de uso exclusivo del Ejército (pistolas calibres 9 mm.) y una pistola Cal. 380 automática. Detuvieron a las 11 personas del contingente las cuales fueron liberadas el jueves luego de la presentación de los permisos correspondientes por parte de jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF quienes viajaron desde la capital del país hasta Sinaloa.

Los elementos que portaban las armas en cuestión pertenecen a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Antonio de Anda Hernández, Juan Jaime Alvarado Bernal, Juan Guillermo Sánchez Durán, Sergio Villarroel Ávila y Jesús Aguirre Ortiz, informó la delegación de la Procuraduría General de la República en Sinaloa.

Con ellos viajaban otras 5 personas como parte del equipo de avanzada y seguridad de AMLO. ¿Para qué tantas personas si como decía al principio, se supone que el pueblo lo protege?

De acuerdo al comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) los detenidos manifestaron pertenecer a la PBI del DF, identificándose con las credenciales que expide la SSP de esta capital, careciendo de oficio de comisión, mostrando únicamente un documento expedido por un organismo denominado “Gobierno Legítimo de México”. Dos personas más se identificaron con credenciales similares del área de Comunicación Social del organismo antes señalado y las otras cuatro con credenciales del Instituto Federal Electoral (IFE).

¿Le parece sensato que estos escoltas amparen su función y la portación de armas con una credencial del tal gobierno legítimo? ¿Entonces también es válida la credencial del Tío Gamboín, la de algún club deportivo o peor aún la de los Zetas o cualquier grupo del crimen organizado, para portar armas de fuego?

Pero más allá del cinismo que esto representa, se corre el riesgo de que este grupo de “legítimos” se sientan con el derecho a hacer uso de la fuerza cuando por definición, ésta le corresponde únicamente al Estado. Cualquiera podría entonces adjudicarse el derecho de hacer su propio ejército, significando una amenaza para la seguridad nacional.

La Sedena aclaró que “el personal de la SSP capitalina, tiene estrictamente prohibido utilizar el armamento incluido en la presente licencia para proporcionar servicios de seguridad privada… esta licencia únicamente autoriza el uso del armamento para proporcionar servicios de seguridad pública… dentro de los limites de los municipios de este Estado, quedando prohibida su comercialización y transferencia”.

Por su parte la SSP del DF informó que tres de los elementos detenidos apenas habían sido contratados para un servicio extraordinario, “por el cual se paga una cantidad diaria de 465.30 pesos por elemento. Todos con la portación de arma de cargo indicada en oficio de colaboración”, según su comunicado número 23. El diario Reforma agregó que los otros dos escoltas cuestan 80 mil 748 pesos mensuales y fueron contratados por Honestidad Valiente AC.

Es probable que para solventar éste y otros gastos, el “defensor de los pobres” les pida una cooperación que se acerca al sueldo mensual de muchos de ellos. En su portal de Internet (donde hasta a la bandera nacional pone de cabeza) dice a la letra: “Nos es grato informarles que ya pueden reanudar con el depósito de sus donativos, de 30 a 30 mil pesos cada uno”.

Sobre este último tema conviene señalar que en días recientes el IFE admitió la queja del presidente nacional del Partido Social Demócrata (PSD), Jorge Carlos Díaz Cuervo, para investigar el origen del financiamiento del movimiento de AMLO y del que encabeza René Bejarano. Citarán a comparecer a funcionarios del gobierno de Marcelo Ebrard ante la sospecha de apoyar a dichos movimientos.

AMLO calificó de arbitraria e injustificada la detención de sus guaruras ya que “todo está en orden”. ¿Cuál será su concepto de orden cuando promueve el caos vial, el cierre de calles, el bloqueo de leyes que sus asesores avalan, la opacidad en el origen y manejo de los recursos con que se financia así como policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF que lo defienden con armas autorizadas para otros fines?

Es fácil ampararse bajo una legitimidad a modo, ajena a cualquier referente de legalidad, coherencia y orden, válida solo porque él la dicta. Su incoherencia, autoritarismo y prepotencia son un peligro para México.
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