Por José Antonio Díaz García
Ahora resulta que los priístas ni conocen ni apoyan a su compañero de partido Rubén Gil Campos, alcalde de Izúcar de Matamoros detenido hace dos semanas en Los Angeles California acusado de tráfico de drogas, a quien hace unos días defendían al unísono.
El Secretario de Gobernación estatal, Mario Montero Serrano, Wenceslao Herrera Coyac, líder interino del PRI estatal al igual que Valentín Meneses Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Olamendi, Alto Comisionado para la Atención al Migrante (no se rían el nombre se lo inventó Marín) del gobierno estatal, se han deslindado de Gil Campos en distintos espacios televisivos, diciendo que ni es su compadre, ni su socio y no sabían de sus antecedentes.
Sin embargo, días antes lo defendían diciendo que estaba en Estados Unidos por un chequeo médico, que eran acusaciones infundadas y que desde su partido, el PRI, le brindaban todo el apoyo.
Gil Campos promovió su candidatura a alcalde -la cual ganó en noviembre del 2007- como el “candidato migrante”, ya que a los 15 años y apenas con la secundaria terminada, se fue de “mojado” a los Estados Unidos donde comenzó vendiendo flores y ahora es dueño de empresas de mudanzas.
Según medios norteamericanos, en 2006 fue detenido en Nueva York su hermano Eduardo Gil, por distribuir narcóticos luego de hallarse 150 kilogramos de cocaína y 100 libras de marihana en vehículos de su empresa Gil Moving & Storage.
Ese mismo año, Rubén también fue detenido pero en la ciudad de México al portar armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas amparado en una credencial de la Policía Judicial de Puebla, pese a que no pertenece a dicha corporación. Entonces el PRI y el gobierno estatal si lo conocían y apoyaban.
El pasado 2 de abril, el diario La Opinión en Los Angeles California, publicó información difundida por la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) que confirmaba el arresto y traslado de Rubén Gil a Nueva York para responder a las autoridades judiciales que lo acusan de distribuir drogas.
Una de las informaciones que han trascendido es que Gil Campos financió la campaña de Mario Marín Torres, en el año 2004, y que es socio de Carlos Olamendi, en la empresa Auténtico 5 de Mayo. Es muy importante que se investigue al respecto, se conozca la verdad y en su caso se actúe en consecuencia.
Pero más allá de amiguismos y complicidades cabe una preocupación fundamental para el funcionamiento del sistema electoral mexicano. ¿Cómo se están financiando las campaña electorales en nuestro país?
Con las más recientes reformas que hicimos los diputados federales el año pasado al Código Federal Electoral, atendiendo al clamor de reducir el gasto, se redujo un 50 por ciento el costo para la campaña presidencial y 70 por ciento para las intermedias de diputados y prevalece el financiamiento público sobre el privado para fiscalizar adecuadamete la procedencia de los recursos.
Otro avance de la reforma electoral se refiere a los ahorros en materia de financiamiento a los partidos (ver cuadro anexo) así como la posibilidad de que el IFE acceda a sus cuentas sin que el secreto bancario sea un obstáculo para fiscalizar los recursos.
Estimación del ahorro que se generaría en las finanzas públicas del país por la reducción del financiamiento público total de los partidos políticos, 2008-2009.
( Millones de pesos y variación real).
Ahora resulta que los priístas ni conocen ni apoyan a su compañero de partido Rubén Gil Campos, alcalde de Izúcar de Matamoros detenido hace dos semanas en Los Angeles California acusado de tráfico de drogas, a quien hace unos días defendían al unísono.
El Secretario de Gobernación estatal, Mario Montero Serrano, Wenceslao Herrera Coyac, líder interino del PRI estatal al igual que Valentín Meneses Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Olamendi, Alto Comisionado para la Atención al Migrante (no se rían el nombre se lo inventó Marín) del gobierno estatal, se han deslindado de Gil Campos en distintos espacios televisivos, diciendo que ni es su compadre, ni su socio y no sabían de sus antecedentes.
Sin embargo, días antes lo defendían diciendo que estaba en Estados Unidos por un chequeo médico, que eran acusaciones infundadas y que desde su partido, el PRI, le brindaban todo el apoyo.
Gil Campos promovió su candidatura a alcalde -la cual ganó en noviembre del 2007- como el “candidato migrante”, ya que a los 15 años y apenas con la secundaria terminada, se fue de “mojado” a los Estados Unidos donde comenzó vendiendo flores y ahora es dueño de empresas de mudanzas.
Según medios norteamericanos, en 2006 fue detenido en Nueva York su hermano Eduardo Gil, por distribuir narcóticos luego de hallarse 150 kilogramos de cocaína y 100 libras de marihana en vehículos de su empresa Gil Moving & Storage.
Ese mismo año, Rubén también fue detenido pero en la ciudad de México al portar armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas amparado en una credencial de la Policía Judicial de Puebla, pese a que no pertenece a dicha corporación. Entonces el PRI y el gobierno estatal si lo conocían y apoyaban.
El pasado 2 de abril, el diario La Opinión en Los Angeles California, publicó información difundida por la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) que confirmaba el arresto y traslado de Rubén Gil a Nueva York para responder a las autoridades judiciales que lo acusan de distribuir drogas.
Una de las informaciones que han trascendido es que Gil Campos financió la campaña de Mario Marín Torres, en el año 2004, y que es socio de Carlos Olamendi, en la empresa Auténtico 5 de Mayo. Es muy importante que se investigue al respecto, se conozca la verdad y en su caso se actúe en consecuencia.
Pero más allá de amiguismos y complicidades cabe una preocupación fundamental para el funcionamiento del sistema electoral mexicano. ¿Cómo se están financiando las campaña electorales en nuestro país?
Con las más recientes reformas que hicimos los diputados federales el año pasado al Código Federal Electoral, atendiendo al clamor de reducir el gasto, se redujo un 50 por ciento el costo para la campaña presidencial y 70 por ciento para las intermedias de diputados y prevalece el financiamiento público sobre el privado para fiscalizar adecuadamete la procedencia de los recursos.
Otro avance de la reforma electoral se refiere a los ahorros en materia de financiamiento a los partidos (ver cuadro anexo) así como la posibilidad de que el IFE acceda a sus cuentas sin que el secreto bancario sea un obstáculo para fiscalizar los recursos.
Estimación del ahorro que se generaría en las finanzas públicas del país por la reducción del financiamiento público total de los partidos políticos, 2008-2009.
( Millones de pesos y variación real).
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.Sin embargo, a pesar de estos avances, se presentan casos como los del alcalde Rubén Gil, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, el cual probablemente –y aquí esta el meollo de la investigación- utilizó no sólo para financiar su propia campaña sino la de otros políticos de su partido. Con eso se explicaría entonces la “operación rotoplas” y la gran cantidad de dinero que utilizaron los candidatos del PRI para poder dar zapato electoral. Un narcozapato.
La disminución del financiamiento publico no es motivo para que los partidos obtengan recursos de procedencia ilícita, menos ahora que los costos de una campaña deben disminuir considerablememente al ya no tener que erogar un solo peso para el pago de spots de radio y televisión, de acuerdo a los cambios de la Reforma electoral en esta materia.
El negocio de las drogas ha permeado las estructuras políticas y de poder en todo el mundo y están documentados casos como el de la campaña presidencial de Ernesto Samper en Colombia, financiada con dinero del narco.
Puebla no está excento de este riesgo más ahora que se conoce el caso del edil de Izucar. No permitamos que el dinero del narco invada Puebla, ni para campañas ni para limosnas.
Como ciudadanos exijamos una investigación seria del financiamiento de las campañas y nuevas elecciones en Izucar de Matamoros, ante la ausencia definitiva del Presidente Municipal, el PRI se niega claro, por el castigo electoral que los ciudadanos le tienen reservado.
Comentarios diazgarcia2020@gmail.com
*Diputado Federal del Partido Acción Nacional
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