Por: José Antonio Díaz García*
A lo largo de la historia, los cambios tecnológicos marcan coyunturas en las oportunidades de negocio.
Es el caso del hilo natural ante el hilo nylon, de los radiolocalizadores frente a los teléfonos celulares, del formato de video Beta desplazado por el VHS así como de la radio analógica versus la radio digital.
¿Ante cambios como estos, existe algún antecedente donde el Estado Mexicano haya tenido que rescatar a las empresas que enfrentaron una desventaja competitiva provocada por un cambio tecnológico?
¿Existe alguna obligación legal para rescatarlas?
Estas preguntas sirven como punto de partida para analizar el tema de algunos radiodifusores concesionarios de estaciones de Amplitud Modulada (AM) que exigen al gobierno federal, el otorgamiento de combos, es decir, un bloque de dos estaciones, la que ya tienen en AM y otra gratuita en FM, y evitar así que su negocio se vea afectado.
Los radiodifusores mexicanos quieren frecuencias de FM porque consideran que en esa banda está el futuro de la radio puesto que los tres sistemas digitales que han efectuado pruebas en México[1], tienen mayores ventajas de negocio y calidad para las FM. Sin embargo, esto no obliga al Estado a regalar una FM a quien ya tiene una AM.
De acuerdo a información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los ingresos por publicidad en la radio comercial a nivel nacional han disminuido en un 7 por ciento para las estaciones de AM y presentan un mayor costo de operación y menor calidad de audio.
Algunas estaciones de AM dicen tener problemas económicos para mantenerse al aire, sin embargo, por mucho años han explotado sus concesiones sin contraprestación alguna para el Estado Mexicano y sí con ganancias para los beneficiarios de la concesión.
¿Cuáles serían las alternativas?
Las radiodifusoras explotan el espectro radioeléctrico el cual es un bien público. Si algunas de las que se ubican en AM ya no les conviene explotar esa concesión, sea porque no es negocio o por cualquier otra razón, una primera alternativa es que sean devueltas al Estado, quedando disponibles para permisionarse (transmitir sin fines de lucro) a radios comunitarias y experimentales o para licitar nuevas concesiones a empresarios que desean invertir en la radiodifusión o en otros servicios.
Una segunda opción es que los concesionarios de AM, participen en un proceso de licitación de frecuencias de FM.
Cabe señalar que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Ley de Radio y Televisión, deja en claro que quien quiera prestar servicios adicionales de telecomunicaciones en las bandas atribuidas a la radiodifusión, tendrá que someterse a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y pagar una contraprestación por la nueva concesión. Este mismo criterio aplica para quienes quieren quedarse con una AM y prestar otros servicios, o para quines desean una estación de FM sin someterse a ningún procedimiento de licitación.
Como empresarios los “AMeros” han sabido hacer negocio con la radiodifusión, por ello una tercera opción es que con habilidad, se adapten a los cambios e implementen medidas pertinentes para actualizarse en materia tecnológica, pero sobre todo con habilidad y espíritu emprendedor promuevan nuevas formas de hacer radio, de participación social, de beneficio para la comunidad; esto no esta peleado con hacer rentable una estación de AM.
Según datos de la SCT la industria de la radio en México cuenta con 1232 estaciones concesionadas, 759 de AM y 473 de FM, así como 347 permisionadas, 95 de AM y 252 de FM.
El gobierno federal no ha dado concesiones en los últimos 13 años mientras que los permisos han crecido en un 120 por ciento sobretodo en estaciones de FM.
El gobierno encabezado por el Presidente Felipe Calderón, debería abrir la convocatoria para nuevas concesiones y no ceder a la presión de dar frecuencias en FM a quienes ya tienes estaciones de AM. Con un proceso abierto y con reglas claras se evita la discrecionalidad en el otorgamiento o en el refrendo de concesiones como sucedía en el pasado, donde por cierto los beneficiarios de esa discrecionalidad fueron la mayoría de los actuales concesionarios de AM.
Queda también pendiente la discusión sobre la transición tecnológica para los medios públicos de comunicación, donde habría que evaluar si el Estado tiene responsabilidad en su proceso de digitalización.
La respuesta a las interrogantes planteadas al inicio es clara: El Estado no tiene obligación de rescatar a un concesionario de un bien público por el simple hecho de que con los cambios tecnológicos o por otras cuestiones, ahora su concesión ya no sea negocio. Y usted ¿que opina?
* José Antonio Díaz García es Diputado Federal por el Partido Acción Nacional
[1] Estándar estadounidense IBOC, conocido como HD Radio que ofrece servicio en las mismas bandas de frecuencias de AM y FM; el europeo Eureka 147, conocido como DAB, que opera en otras bandas de frecuencias, entre ellas la L (entre los 1452 y los 1492 MHZ), un sistema mixto en el que operen los dos anteriores y existe también un estándar japonés.
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