Por José Antonio Díaz García*
Cinco días después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaran a la ex congresista colombiana Consuelo González y a la ex candidata vicepresidencial de ese país Clara Rojas, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en México, lanzó una amenaza precisamente contra los legisladores mexicanos.
Su comunicado del martes 15 de enero de 2008 decía: “…quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos”.
Y se justifican al describirse así: “…nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa… somos una fuerza insurgente beligerante…”
El EPR se autodefine como un grupo integrado por luchadores sociales, sin embargo secuestran para financiarse, amenazan para sembrar terror y dinamitan ductos de petróleo con el fin de intentar desestabilizar el país.
Luego de las sangrientas etapas de nuestra historia, los mexicanos hemos elegido la lucha social por el camino de la democracia y el diálogo, no por el de las armas y la violencia, propias del modus operandi de la delincuencia organizada y el narcotráfico de los que el EPR quisiera deslindarse pero replica sus tácticas.
Tanto el EPR como las FARC cuestionan pero no construyen, exigen pero no ceden. Es más fácil recorrer el camino del terror y la violencia que el de la inteligencia para llegar a acuerdos y asumir responsabilidades.
Ningún fin justifica el mal generado por la guerrilla a los secuestrados, a sus familias, a la sociedad que vive la zozobra ocasionada por la cobardía de quienes encuentran en las armas y la droga el recurso para alcanzar sus “ideales”.
En teoría, el EPR busca la toma del poder político, la instauración de la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo en México. A pesar del fracaso de los sistemas totalitarios de esta inspiración en el mundo, el EPR tendría derecho a luchar por sus fines; lo inaceptable es la utilización de la amenaza, el secuestro y la destrucción para conseguirlos.
Al respecto del secuestro, esta amenaza es una realidad que por desgracia en México no termina. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública publicó el pasado 15 de enero en el Diario Oficial de la Federación, el subsidio para la Seguridad Pública Municipal que repartirá una bolsa de 3 mil 589 millones de pesos a los 150 municipios con mayores índices de criminalidad, pareciera que no hay recursos financieros y humanos suficientes para erradicar la criminalidad. Atrapan a unos y surgen otros grupos delictivos.
Además del secuestro express y el virtual, del que ya han sido víctimas miles de ciudadanos, continúa el secuestro con fines económicos para financiar a la delincuencia organizada y a la guerrilla como sucede en Colombia.
El ex líder guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos declaró en El País de Madrid: "Las FARC no tienen futuro como guerrilla, aunque lo tengan como narcotraficantes… los rehenes que secuestraron en el pasado son su último cartucho político…son los mayores secuestradores del planeta. Una insurgencia negocia a partir de la legitimidad política de sus demandas o de la fuerza militar que detenta, pero exigir legitimidad a cambio de rehenes maltratados y amenazados de morir equivale a pedir respeto por ser malvado."
Y es que ante la euforia internacional por la liberación de las colombianas y de Emmanuel -hijo de Clara con un guerrillero y nacido en cautiverio- pasó desapercibido el secuestro de seis turistas colombianos tan solo tres días después de dicha liberación y se olvidan las más de 700 personas plagiadas que permanecen hoy en manos de las FARC.
Raúl Reyes, líder guerrillero de las FARC hasta hace algunos unos años, un día aseguraba que estaba dispuesto a negociar con el Gobierno y al día siguiente congelaba todo acercamiento, para después mostrarse menos rígido y recibir los aplausos de la prensa, la Iglesia, de los políticos “avanzados”, de las familias de los rehenes y hasta de diplomáticos de los “países amigos”, publicó hace unos años Eduardo Mackenzie en el Centro de Análisis Sociopolítico de Colombia, situación que sigue repitiéndose.
Es el caso del actual líder de la guerrilla colombiana Manuel Marulanda, que en menos de dos semanas dio tres señales diferentes: prometió entregar a las rehenes a finales de diciembre y no lo hizo; enseguida emitió un comunicado donde llamó a una ofensiva general y finalmente entregó a las políticas colombianas el 10 de enero de este año.
Rudolf Hommes, columnista de EL TIEMPO de Colombia comenta que la reciente liberación no ha sido un acto humanitario. Tampoco significa que las FARC están cediendo, para avanzar en la negociación implícita, sino que quieren escalar sus exigencias. Ya no les basta el despeje de dos municipios para cubrir su retaguardia, sino que, además, exigen, con el apoyo de Chávez y Daniel Ortega, (presidente de Nicaragua) que se les dé reconocimiento político, sin que a cambio tengan que ceder terrorismo, secuestrados y nuevos secuestros, desdén por los derechos humanos o narcotráfico.
Esta es la paradoja de la guerrilla: exigen y no tienen la más mínima disposición de conceder.
En días recientes, una cámara grabó el comentario de un ministro venezolano a uno de los guerrilleros a quien le decía que no podían dejar que su lucha menguara. Al respecto, el periodista colombiano Javier Darío Restrepo exponía la posibilidad de que las FARC estuvieran coludidas en el proyecto de la revolución socialista impulsada por Chávez. Y no es casual que los paramilitares colombianos hayan aceptado como mediador al militar socialista venezolano…
Y en el caso de México, podemos preguntarnos quién o cómo financia al EPR, además de los recursos que se presume obtienen por secuestrar mexicanos, no sería extraño suponer que también reciban financiamiento internacional para continuar con su tarea desestabilizadora.
Evitemos que la guerrila, financiada por el secuestro, sea el camino para contrarrestar la inequidad social que es una realidad en nuestro país. Fortalezcamos la vía institucional y democrática de México exigiendo a los gobernantes, legisladores y a los partidos políticos que rindan cuentas y apliquen los recursos de manera eficiente para impulsar el desarrollo de los más pobres.
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