Por José Antonio Díaz García *
¿A tenido usted o algún familiar que enfrentar alguna vez un proceso judicial?, ¿cree usted que el sistema de impartición de justicia en México es eficaz?
Ante estas preguntas, la reforma al sistema de justicia penal aprobada hace unos dias por el Senado y la Cámara de Diputados, y pendiente de ser ratificada por cuando menos 16 de los 31 congresos locales, modifica la Constitución para sentar las bases de un nuevo sistema de justicia y seguridad pública en nuestro país.
Las reformas actualizan la legislación vigente para que la aplicación de la justicia sea expedita, los cuerpos policíacos y las instancias judiciales desempeñen su labor con menos burocracia y el combate al crimen organizado, en especial a los delitos como narcotráfico, narcomenudeo y secuestro, no se obstaculice por huecos o contradicciones legales.
La justicia penal en México y la seguridad pública son dos temas fundamentales para que la impunidad no siga siendo el pan nuestro de cada día. Cuando los ciudadanos saben que quien incumple la ley o es corrupto, recibe una sanción, se genera un círculo de confianza que incentiva a pagar impuestos, a invertir y a mantener una cultura, una forma de vida, apegada a la legalidad.
Leoluca Orlando, alcalde de Palermo en varios periodos quien logró combatir a la propia mafia italiana, decía que: “el único antídoto que existe contra la inseguridad es la cultura de la legalidad”.
Entre las características más importantes de la reforma se encuentran las siguientes:
Se establece en la Constitución el principio de presunción de inocencia, garantizando al acusado su carácter de inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Oralidad en el proceso penal. Que propiciará la transparencia y la eficiencia en la presentación de los asuntos.
Se prevé el mecanismo de conciliación, sujeta a supervisión judicial, asegurando la reparación del daño.
Se crean jueces de control que controlarán el proceso entre las partes previo al juicio, para garantizar el debido proceso y el equilibrio entre las partes.
Un Ministerio Publico (MP) más competitivo, en condiciones de igualdad jurídica y de igualdad real respecto del probable responsable o indiciado.
Nulidad de pruebas obtenidas por tortura o por cualquier violación de derechos humanos. La confesión deja de ser la reina de todas las pruebas.
Certificación y servicio de carrera para los cuerpos policíacos con el fin de que sean escrupulosos y profesionales en la aplicación de la ley.
Se otorgan facultades de investigación a las policías, bajo el mando del MP.
La presencia del juez en las audiencias, que serán nulas si no se cumple esta condición.
Se acota de manera importante el concepto de prisión preventiva, para convertirse en una excepción.
El arraigo será decretado por un juez cuando el MP lo solicite y acredite su necesidad por causas especiales contempladas por la ley, por un plazo de 40 días que se podrán prorrogar por otro periodo igual cuando subsistan las causas.
Los sentenciados por delincuencia organizada no compurgarán penas en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios.
Se establece la perdida de la propiedad a favor del Estado, de bienes que hayan sido producto del crimen organizado.
Hasta ahora los procesos eran a puerta cerrada. El 92 por ciento de los implicados en un proceso judicial, jamás vieron al juez, según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), lo que da pie a manejos oscuros y a corrupción.
Ahora estos juicios se ventilarán públicamente en presencia del juez y las partes podrán presentar argumentos, testigos y pruebas de viva voz, lo cual contribuye a solventar de forma más rápida y transparente los casos. Después de celebrado dicho juicio oral, el juez debe dictar sentencia frente al público en un periodo determinado de tiempo.
El nuevo sistema de justicia llamado “sistema acusatorio y oral” se deberá implementar de manera gradual en un plazo máximo de 8 años.
Ahora la responsabilidad de implementar un sistema de justicia local más eficiente y justo quedará en manos de los estados donde es urgente transformar el sistema de impartición de justicia desde las primeras instancias como son las policías y los MP.
¿Y qué pasará en estados como Puebla donde el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la titular de la procuraduría se confabulan en contra de los ciudadanos? La ley es letra muerta si las autoridades en turno no son las primeras en respetarla y si los ciudadanos no participamos y exigimos que se cumpla.
Esta reforma significa un avance pero queda pendiente la otra cara de la moneda: los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad vigilar a las autoridades y actuar con base en una cultura de legalidad. Porque como también decía Leoluca Orlando: “Hay que evitar que la corrupción personal se convierta en un hecho político”, y yo diría hay que vivir una cultura de la legalidad desde la casa para que la impunidad y la corrupción no se institucionalicen.
Comentarios: diazgarcia2020@gmail.com
* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional
¿A tenido usted o algún familiar que enfrentar alguna vez un proceso judicial?, ¿cree usted que el sistema de impartición de justicia en México es eficaz?
Ante estas preguntas, la reforma al sistema de justicia penal aprobada hace unos dias por el Senado y la Cámara de Diputados, y pendiente de ser ratificada por cuando menos 16 de los 31 congresos locales, modifica la Constitución para sentar las bases de un nuevo sistema de justicia y seguridad pública en nuestro país.
Las reformas actualizan la legislación vigente para que la aplicación de la justicia sea expedita, los cuerpos policíacos y las instancias judiciales desempeñen su labor con menos burocracia y el combate al crimen organizado, en especial a los delitos como narcotráfico, narcomenudeo y secuestro, no se obstaculice por huecos o contradicciones legales.
La justicia penal en México y la seguridad pública son dos temas fundamentales para que la impunidad no siga siendo el pan nuestro de cada día. Cuando los ciudadanos saben que quien incumple la ley o es corrupto, recibe una sanción, se genera un círculo de confianza que incentiva a pagar impuestos, a invertir y a mantener una cultura, una forma de vida, apegada a la legalidad.
Leoluca Orlando, alcalde de Palermo en varios periodos quien logró combatir a la propia mafia italiana, decía que: “el único antídoto que existe contra la inseguridad es la cultura de la legalidad”.
Entre las características más importantes de la reforma se encuentran las siguientes:
Se establece en la Constitución el principio de presunción de inocencia, garantizando al acusado su carácter de inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Oralidad en el proceso penal. Que propiciará la transparencia y la eficiencia en la presentación de los asuntos.
Se prevé el mecanismo de conciliación, sujeta a supervisión judicial, asegurando la reparación del daño.
Se crean jueces de control que controlarán el proceso entre las partes previo al juicio, para garantizar el debido proceso y el equilibrio entre las partes.
Un Ministerio Publico (MP) más competitivo, en condiciones de igualdad jurídica y de igualdad real respecto del probable responsable o indiciado.
Nulidad de pruebas obtenidas por tortura o por cualquier violación de derechos humanos. La confesión deja de ser la reina de todas las pruebas.
Certificación y servicio de carrera para los cuerpos policíacos con el fin de que sean escrupulosos y profesionales en la aplicación de la ley.
Se otorgan facultades de investigación a las policías, bajo el mando del MP.
La presencia del juez en las audiencias, que serán nulas si no se cumple esta condición.
Se acota de manera importante el concepto de prisión preventiva, para convertirse en una excepción.
El arraigo será decretado por un juez cuando el MP lo solicite y acredite su necesidad por causas especiales contempladas por la ley, por un plazo de 40 días que se podrán prorrogar por otro periodo igual cuando subsistan las causas.
Los sentenciados por delincuencia organizada no compurgarán penas en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios.
Se establece la perdida de la propiedad a favor del Estado, de bienes que hayan sido producto del crimen organizado.
Hasta ahora los procesos eran a puerta cerrada. El 92 por ciento de los implicados en un proceso judicial, jamás vieron al juez, según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), lo que da pie a manejos oscuros y a corrupción.
Ahora estos juicios se ventilarán públicamente en presencia del juez y las partes podrán presentar argumentos, testigos y pruebas de viva voz, lo cual contribuye a solventar de forma más rápida y transparente los casos. Después de celebrado dicho juicio oral, el juez debe dictar sentencia frente al público en un periodo determinado de tiempo.
El nuevo sistema de justicia llamado “sistema acusatorio y oral” se deberá implementar de manera gradual en un plazo máximo de 8 años.
Ahora la responsabilidad de implementar un sistema de justicia local más eficiente y justo quedará en manos de los estados donde es urgente transformar el sistema de impartición de justicia desde las primeras instancias como son las policías y los MP.
¿Y qué pasará en estados como Puebla donde el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la titular de la procuraduría se confabulan en contra de los ciudadanos? La ley es letra muerta si las autoridades en turno no son las primeras en respetarla y si los ciudadanos no participamos y exigimos que se cumpla.
Esta reforma significa un avance pero queda pendiente la otra cara de la moneda: los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad vigilar a las autoridades y actuar con base en una cultura de legalidad. Porque como también decía Leoluca Orlando: “Hay que evitar que la corrupción personal se convierta en un hecho político”, y yo diría hay que vivir una cultura de la legalidad desde la casa para que la impunidad y la corrupción no se institucionalicen.
Comentarios: diazgarcia2020@gmail.com
* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario