El justo juez…

Foto:El Universal

Por José Antonio Díaz García*

“¡Voto por voto, casilla por casilla…No podemos aceptar una regresión, un retroceso democrático. En la historia política reciente de nuestro país, abrir espacios para lograr elecciones libres, equitativas y limpias ha costado muchos sacrificios; inclusive, la vida de miles de mexicanos. No podemos aceptar que con la ilegalidad, el dinero y las trampas, un grupo de privilegiados quiera imponer a un presidente ilegítimo!”.

Con estas palabras Andrés Manuel López Obrador arengaba a sus seguidores concentrados en el Zócalo de la Ciudad de México aquel 16 de julio de 2006… A 20 meses de distancia, de aquellos airados discursos ¿Volverán a resonar en la garganta del ex candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos estas exigencias ante el desaseado proceso interno que acaba de vivir el PRD? ¿Les advertirá a sus correligionarios que las elecciones limpias, sin trampas, sin robo de urnas y sin violencia debieran realizarse empezando por ellos mismos? ¿O es mejor que se aplique la ley pero, en los bueyes de mi compadre?

El pasado 16 de marzo los afiliados al Partido del Sol Azteca acudieron a las urnas para elegir al nuevo dirigente nacional, a los estatales así como a los consejeros federales y locales.

Pero a 9 días de la elección, los perredistas no han logrado ponerse de acuerdo y se han metido en un laberinto que parece no tener una salida fácil, legal ni legítima. Aquellos que alardeaban calificando al Presidente Calderón de espurio y tachando el proceso electoral del 2006 de ilegítimo, no son capaces de llevar a cabo un ejercicio democrático libre de viejas y corruptas prácticas como el embarazo de urnas, el carrusel, el ratón loco, aprendidas de sus ancestros priístas, partido del que emergió el perredismo.

En los días siguientes a su elección, los resultados del conteo de actas se mantuvieron muy cerrados entre los dos principales contendientes a dirigir el PRD en el país. Por un lado el actual senador Jesús Ortega quien encabeza la corriente denominada Nueva Izquierda y por otro el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, candidato del grupo Izquierda Unida y gallo de López Obrador.

Conforme pasaban las horas llegaban de los distintos estados de la República denuncias de anomalías y “marranadas” que empezaban a empañar la legitimidad de la contienda.

En el caso de Puebla simpatizantes de Izquierda Unida se quejaban del robo de urnas y la no instalación de más del 25 por ciento de las casillas, lo que según sus estatutos, exige una anulación inmediata de la elección. “Casualmente no se instalaron casillas en lugares que favorecerían a Alejandro Encinas a nivel nacional y al candidato Jorge Méndez Spínola, en el caso de la dirigencia estatal”, dijo la ex diputada del PRD Rosa María Avilés. En el PRD poblano estas prácticas no son nuevas; en 1998 el partido cooptado por el gobierno del estado –a través de Mario Marín Torres- impulsó la candidatura de Emilio Maurer, el cual con un poco de dinero aceitó la maquinaria electoral interna y se alzó triunfador del proceso interno sobre izquierdistas tan serios como Alfonso Vélez Pliego (q.e.p.d).

Volviendo a la reciente elección, a mitad de la semana los dos candidatos a la dirigencia nacional, sostuvieron una reunión sin llegar a ningún acuerdo porque algunos se oponen al conteo voto por voto de cara a la ciudadanía y a los medios de comunicación, cuando en la elección del 2006 lo exigían airadamente.

El viernes santo los perredistas recibieron su condena a través de la carta abierta del líder moral perredista Cuauhtémoc Cárdenas quien sin tapujos decía: “…ante el lodazal en que se ha sumido el proceso y la rispidez de la confrontación entre los grupos que se proclaman ganadores…el Comité Técnico Electoral y la dirección formal del partido no tienen otro camino que declarar la anulación de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 16”.

Para completar el cuadro, la legisladora perredista Valentina Batres y otros seguidores del López Obrador, piden la destitución de Ruth Zavaleta de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de los coordinadores parlamentarios del PRD Carlos Navarrete en el Senado y Javier González Garza de los diputados, porque apoyan a Jesús Ortega y aprueban al presidente “espurio”.

La contienda perredista es realmente un fiasco, no sólo por las evidentes irregularidades, golpes, robos y agresiones verbales y físicas entre afines, sino porque constatamos que los baños de pureza que se daban en el 2006 eran puro teatro. Nunca mejor aplicado el dicho de “candil de la calle y oscuridad de su casa”.

Esto no representa una verdadera y auténtica izquierda para México; una izquierda democrática -como el nombre de su propio partido lo reza- que respeta a sus militantes y respeta a los ciudadanos sin coartar sus derechos de libre tránsito y movilidad y no los amenaza con cerrar aeropuertos, carreteras y calles para defender sus posturas.

La reflexión debe servir no solo para el PRD, su dirigencia y sus militantes. Debe hacernos reflexionar a todos los políticos ¿qué estamos haciendo en nuestros propios partidos y qué mensaje estamos enviando a la sociedad? El que esté libre de culpa….

En próximas fechas el PRI en Puebla renovará su dirigencia estatal y por lo menos la dirigencia en la capital del estado. Lo mismo realizaremos los panistas con la elección de nuevos consejeros estatales y de presidente del comité directivo municipal. La democracia no solo debe ser un punto de llegada, también cuenta el respeto permanente a los procesos y las formas. Es la oportunidad de ver si somos capaces de tener procesos democráticos internos que inspiren a los ciudadanos a creer en los políticos. El justo juez, por su casa empieza.

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*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

Adiós a la Tenencia

Fotografia: http://www.milenio.com/MediaCenter/Fotos/2006/Agosto/12/TENENCIA-1.jpg

Por José Antonio Díaz García

A principios de los años 60 el gobierno priísta en turno decretó la creación de la “Tenencia Vehicular”. Un impuesto para financiar la organización de los XIX Juegos Olímpicos que tendrían lugar en nuestra afortunada nación en 1968.

El orgullo de ser los anfitriones de un evento de talla internacional donde se darían cita los principales atletas del mundo, incentivó la “generosidad” del pueblo mexicano que gustoso cooperó pagando este impuesto coyuntural, suponiendo que el pago de Tenencia por Uso de Vehículos Automotores duraría pocos años, el tiempo necesario en que el gobierno solventaría los gastos de organización, logística e infraestructura que requirió la competencia deportiva.

El impuesto por concepto de tenencia vehicular siguió vigente luego de 40 años. Quizá los gobiernos anteriores no querían olvidar tan magno acontecimiento y menos desprenderse de una importante fuente de ingresos, justificando así seguir con el cobro de un arancel que -hasta hace unos meses- parecía que se había perpetuado.

Afortunadamente los Diputados Federales, a solicitud del Presidente Felipe Calderón, aprobamos a finales del año pasado abrogar (es decir eliminar, dar por terminada) la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del año 2012, es decir, los dueños de vehículos automotores solo pagaremos “Tenencia” el 2008, el 2009, el 2010 y el 2011. Usted estimado lector lo puede consultar en el Diario Oficial de la Federación del 21 de Diciembre de 2007.

Durante los primeros años del cobro de este impuesto, los gobiernos estatales recibían un incentivo económico equivalente al 30 por ciento de la recaudación del gravamen y a partir de 1991 el impuesto se queda 100% en manos de los estados, situación que prevalece. Las entidades deben participarles a sus municipios por lo menos el 20 por ciento de lo recaudado, incluyendo recargos y multas, como dicta el artículo 2, de la Ley de Coordinación Fiscal.
Si bien la anulación del cobro de tenencia como impuesto federal es sin duda una muy buena noticia para los dueños de vehículos y sus familias, el que ahora las Legislaturas Estatales tengan la facultad para cobrarlo, siempre será una “mala noticia” para los ciudadanos ya que existe la posibilidad de que al final de cuentas sigamos pagando tenencia.

Y es una mala noticia sobre todo en estados como Puebla donde la rendición de cuentas y la transparencia son virtudes precarias o inexistentes. ¿Cuándo ha sabido usted con precisión a qué se destinan sus impuestos, dónde termina lo recaudado cada año al pagar su tenencia? ¿Qué participación tienen los municipios del estado de dicho impuesto? Apenas hace unos días la alcaldesa de la capital al fin confesó lo que muchos sabíamos y que ella ocultó al electorado y no denunció en campaña: los recursos con que cuenta el Ayuntamiento de Puebla son insuficientes, dada la enorme deuda que le heredó el también priísta Doger y las necesidades que hay que atender.

Los municipios deben exigirle al gobierno estatal mayores recursos provenientes –entre otras fuentes- del cobro de tenencia y de excedentes petroleros que por cierto este año son muy jugosos y que, como hemos dicho, en Puebla no se sabe cómo ni en qué se gastan dichos recursos.

Tan solo en 2007, según datos preliminares obtenidos del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, se obtuvieron ingresos por 653.5 millones de pesos por concepto de Tenencia vehicular en Puebla. Para el 2008 el gobierno estatal calcula recaudar alrededor de 800 millones de pesos por el “impuesto olímpico”.

Puebla es el estado que ocupa el séptimo lugar nacional en cuanto a la recaudación por concepto de tenencia y el quinto en pago de ISAN (impuesto sobre autos nuevos). Ver tabla (cifras en millones de pesos. 2006 y 2007 cifras preliminares).

Es necesario entonces que el gobierno encabezado por Marín y sus muchachos los diputados locales, definan su posición respecto al cobro de un impuesto estatal por poseer un vehículo, aunque ya no tiene justificación mantenerlo y menos después de que el Congreso federal ha aumentado los recursos a todos los estados de manera significativa, los excedentes petroleros están rompiendo record y las olimpiadas realizadas en México hace mas de cuarenta años están mas que pagadas. Como diputado federal defenderé esa posición, toca a los ciudadanos exigir transparencia y rendición de cuentas.

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*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

Reforma judicial: transformación profunda

Por José Antonio Díaz García *

¿A tenido usted o algún familiar que enfrentar alguna vez un proceso judicial?, ¿cree usted que el sistema de impartición de justicia en México es eficaz?

Ante estas preguntas, la reforma al sistema de justicia penal aprobada hace unos dias por el Senado y la Cámara de Diputados, y pendiente de ser ratificada por cuando menos 16 de los 31 congresos locales, modifica la Constitución para sentar las bases de un nuevo sistema de justicia y seguridad pública en nuestro país.

Las reformas actualizan la legislación vigente para que la aplicación de la justicia sea expedita, los cuerpos policíacos y las instancias judiciales desempeñen su labor con menos burocracia y el combate al crimen organizado, en especial a los delitos como narcotráfico, narcomenudeo y secuestro, no se obstaculice por huecos o contradicciones legales.

La justicia penal en México y la seguridad pública son dos temas fundamentales para que la impunidad no siga siendo el pan nuestro de cada día. Cuando los ciudadanos saben que quien incumple la ley o es corrupto, recibe una sanción, se genera un círculo de confianza que incentiva a pagar impuestos, a invertir y a mantener una cultura, una forma de vida, apegada a la legalidad.

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo en varios periodos quien logró combatir a la propia mafia italiana, decía que: “el único antídoto que existe contra la inseguridad es la cultura de la legalidad”.

Entre las características más importantes de la reforma se encuentran las siguientes:
Se establece en la Constitución el principio de presunción de inocencia, garantizando al acusado su carácter de inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Oralidad en el proceso penal. Que propiciará la transparencia y la eficiencia en la presentación de los asuntos.
Se prevé el mecanismo de conciliación, sujeta a supervisión judicial, asegurando la reparación del daño.
Se crean jueces de control que controlarán el proceso entre las partes previo al juicio, para garantizar el debido proceso y el equilibrio entre las partes.
Un Ministerio Publico (MP) más competitivo, en condiciones de igualdad jurídica y de igualdad real respecto del probable responsable o indiciado.
Nulidad de pruebas obtenidas por tortura o por cualquier violación de derechos humanos. La confesión deja de ser la reina de todas las pruebas.
Certificación y servicio de carrera para los cuerpos policíacos con el fin de que sean escrupulosos y profesionales en la aplicación de la ley.
Se otorgan facultades de investigación a las policías, bajo el mando del MP.
La presencia del juez en las audiencias, que serán nulas si no se cumple esta condición.
Se acota de manera importante el concepto de prisión preventiva, para convertirse en una excepción.
El arraigo será decretado por un juez cuando el MP lo solicite y acredite su necesidad por causas especiales contempladas por la ley, por un plazo de 40 días que se podrán prorrogar por otro periodo igual cuando subsistan las causas.
Los sentenciados por delincuencia organizada no compurgarán penas en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios.
Se establece la perdida de la propiedad a favor del Estado, de bienes que hayan sido producto del crimen organizado.

Hasta ahora los procesos eran a puerta cerrada. El 92 por ciento de los implicados en un proceso judicial, jamás vieron al juez, según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), lo que da pie a manejos oscuros y a corrupción.

Ahora estos juicios se ventilarán públicamente en presencia del juez y las partes podrán presentar argumentos, testigos y pruebas de viva voz, lo cual contribuye a solventar de forma más rápida y transparente los casos. Después de celebrado dicho juicio oral, el juez debe dictar sentencia frente al público en un periodo determinado de tiempo.

El nuevo sistema de justicia llamado “sistema acusatorio y oral” se deberá implementar de manera gradual en un plazo máximo de 8 años.

Ahora la responsabilidad de implementar un sistema de justicia local más eficiente y justo quedará en manos de los estados donde es urgente transformar el sistema de impartición de justicia desde las primeras instancias como son las policías y los MP.

¿Y qué pasará en estados como Puebla donde el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la titular de la procuraduría se confabulan en contra de los ciudadanos? La ley es letra muerta si las autoridades en turno no son las primeras en respetarla y si los ciudadanos no participamos y exigimos que se cumpla.

Esta reforma significa un avance pero queda pendiente la otra cara de la moneda: los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad vigilar a las autoridades y actuar con base en una cultura de legalidad. Porque como también decía Leoluca Orlando: “Hay que evitar que la corrupción personal se convierta en un hecho político”, y yo diría hay que vivir una cultura de la legalidad desde la casa para que la impunidad y la corrupción no se institucionalicen.
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* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

Privilegiar el acuerdo, en búsqueda del Bien Común

Por José Antonio Díaz García *

México estrenó consejeros electorales. El pasado 7 de febrero, la Cámara de Diputados eligió a Leonardo Valdés Zurita, como presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), así como a los consejeros Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez.

Si bien se incumplió el término establecido por la Constitución (13 de diciembre de 2007), se cumplió con un proceso que al final de cuentas, surgió del acuerdo.

Un artículo transitorio de la reforma constitucional obligaba a someter al pleno de la Cámara la propuesta de nuevos integrantes del consejo del IFE a más tardar el 13 de diciembre, víspera del fin del periodo de sesiones ordinarias. Pero por falta de consenso sobre los candidatos a consejeros, se pospuso la designación.

Fue a principios de febrero cuando se llegó a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, el cual tiene un importante significado ya que al haber una validación de los consejeros designados por los diferentes partidos y actores políticos serios, perderán peso las voces que descalifiquen al IFE cuando los resultados electorales no les favorezcan en elecciones futuras como las del 2009 y 2012.

Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador y algunos legisladores perredistas que votaron en contra de los tres consejeros mencionados, quedaron inconformes a pesar de que el nuevo presidente es un hombre vinculado a la izquierda.

Los aliados del Peje arremetieron contra sus compañeros perredistas que participaron en la discusión y negociación para definir a los consejeros porque descartaron la única propuesta válida para su “presidente legítimo” que era la de nombrar al magistrado Genaro Góngora Pimentel a la cabeza del órgano electoral.

La votación de los legisladores con respecto a Leonardo Valdés para nuevo presidente del IFE logró 398 votos en favor, 43 en contra, tres abstenciones, 14 votos a favor de “otro candidato” (Genaro Góngora) y 42 legisladores que no asistieron. La propuesta acordada de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, logró las dos terceras partes que exige la ley para ser aprobado.

En tanto, los otros dos consejeros electorales –Benito Nacif y Marco Antonio Baños—obtuvieron 387 votos en favor, 54 en contra, tres abstenciones y 12 para otros candidatos.

Con respecto al resto de los consejeros, serán nombrados en adelante para sustituir a los que saldrán de forma escalonada. Rodrigo Morales y Alejandra Latapí cedieron ahora su lugar a los recién nombrados Nacif y Baños.

Una referencia breve de cada uno de los designados denota la experiencia de cada uno que incluye el ámbito electoral. Al contrario de lo que alguna pluma expresaba en estas mismas páginas, mi opinión es que los consejeros elegidos brillan por sus conocimientos; por sus perfiles autónomos e independientes. Las calificaciones que se otorgaron en la entrevista fueron un referente, mas no era el único criterio de selección, más cuando algunos legisladores castigaban con calificaciones muy bajas a quienes querían descarrilar del proceso y al contrario.

Leonardo Valdés Zurita se formó en las filas del Partido Mexicano Socialista como alumno de Heberto Castillo en el Partido Mexicano de los Trabajadores; es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México, y licenciado en economía por la Universidad Anáhuac. Cuenta con cuatro publicaciones relacionadas con temas electorales y de partidos políticos, editadas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la UNAM, el IFE y la Universidad de Guanajuato. Ha sido docente y laboró un año en el IFE (durante la presidencia de José Woldenberg) como director ejecutivo de Organización Electoral. Un botón que demuestra su independencia es que proviniendo de la izquierda, siendo consejero electoral en el Distrito Federal, se opuso al registro de la candidatura de López Obrador, en 2000, para jefe de gobierno, por no tener la residencia obligatoria necesaria por ley.

Marco Antonio Baños Martínez se desempeñaba como asesor de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado del Congreso de la Unión. Laboralmente formado en el IFE, es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), licenciado en derecho por la UAM y cuenta con experiencia docente. Ha publicado artículos relacionados con temas electorales en la revista Voz y Voto.

Benito Nacif Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (nivel uno), es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford y licenciado en Administración Pública por El Colegio de México. Se desempeñó en el sector público y es autor de diversas publicaciones relacionadas con el sistema político mexicano. Docente en instituciones de educación superior y se desempeña como consejero ciudadano en el Consejo Local Electoral del Distrito Federal.

En reciente entrevista, Nacif Hernández reconocía que: “la reforma electoral del 2007 es la primera que se realiza después de la alternancia y en condiciones en las que ningún partido político tiene mayoría en el Congreso. Constituye una muestra de la capacidad de la joven democracia mexicana de responder con cambios profundos a situaciones adversas como la generada durante la crisis electoral del 2006. Su aprobación requirió de amplios consensos que años antes habían sido imposibles de construir, incluso en torno a temas y propuestas semejantes”.

En efecto, nuestra responsabilidad como legisladores es llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos, generando consensos y leyes que den mayor certidumbre a los procesos que vive el país, como es el caso de los comicios y las elecciones, a través de un instituto independiente, autónomo y transparente que dé mayor confianza a los ciudadanos, a los partidos y a los candidatos.

Ante todo hay que privilegiar el acuerdo para evitar la polarización y el resentimiento social. En palabras de José Martí, “política es el arte de ir levantando hasta la justicia la humanidad injusta, de conciliar la fiera egoísta con el ángel generoso; de favorecer y de armonizar para el bien general, y con miras a la virtud, los intereses”.

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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional