martes, 13 de octubre de 2009

Una decisión valiente


El pasado domingo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, expedido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa; con esta medida valiente el ejecutivo federal recupera el rumbo de la transición a un país más justo, tocando uno de tantos pendientes en la agenda del cambio.

Para muchos mexicanos que viven en el DF, Hidalgo, Morelos, estado de México y Puebla donde la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) distribuye la electricidad, es bien conocida la ineficiencia en la operación de esta empresa paraestatal que debió desaparecer desde hace mas de 35 años pero que por intereses políticos permaneció sin ser absorbida por Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su momento, los presidentes de la república encargados de liquidarla por completo y con ello las ineficiencias, corruptelas y prebendas desproporcionadas de su contrato colectivo y los excesos del sindicato, siguieron creciendo hasta alcanzar dimensiones inimaginables.

A diferencia de CFE, la compañía de LyFC, cada año aumentaba sus pérdidas y requería de mas y mas recursos del gobierno federal que en vez de canalizarse a obras sociales, educación, seguridad, la creación de empleos o salud, tenían que ser dirigidos a saciar una empresa en donde sus directivos habían perdido el control de las decisiones técnicas y económicas por un sindicato agresivo que no defendía los intereses de los trabajadores en el marco de la legalidad y de una empresa al servicio del estado mexicano; se dedicaba a defender las prebendas de una casta de líderes a costa del dinero del pueblo.

En el cuerpo del decreto presidencial se establece que “desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración.”

Pero algo todavía más grave, que “los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos (incluyendo energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad); que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado.”

La medida ya está en marcha, desde el domingo las fuerzas federales de seguridad se hicieron cargo del resguardo de las instalaciones de LyFC y será el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes el organismo responsable del proceso de extinción total apoyado en las demás dependencias del ejecutivo federal. La CFE se hará cargo de las cuestiones técnicas de la operación, de manera que el suministro no se suspenda y que se inicie un nuevo camino de eficiencia técnica y administrativa.

Los derechos de los trabajadores quedan completamente a salvo al ser generosamente liquidados por encima de lo que marca la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo, dándoles en promedio más de dos años y medio de liquidación a quienes se acerquen a firmar su indemnización. Los trabajadores jubilados no verán modificada su prestación pues el gobierno federal absorbe esta responsabilidad hasta la extinción del derecho del trabajador.

El presidente Calderón dio un importantísimo paso que ha sido aplaudido por la gran mayoría de la población, es hora de seguir hasta el final y de que como ciudadanos apoyemos estas decisiones valientes que no pueden mantenerse en este país con tantas carencias en razón de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público.

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