Nadie puede poner en duda que en México vivimos dentro de un sistema democrático. Aunque todavía una democracia que no llega a su madurez y donde la equidad en las contiendas sigue siendo un grave problema, los mexicanos hemos venido construyendo desde hace ya varias décadas un sistema electoral que de certeza a los procesos y un entramado jurídico para respaldar la legalidad de las contiendas.
Los de mi generación y los anteriores a esta, podemos dar testimonio de ese PRI-gobierno como un sistema hegemónico que no permitía contiendas democráticas, donde el voto no se respetaba y donde el presidente de la republica en turno con sus facultades constitucionales y sobre todo con facultades metaconstitucionales era quien decidía todo en nuestro país.
Costó mucho tiempo, esfuerzo y hasta vidas humanas el obligar a democratizar nuestra patria, solo basta recordar episodios como las reformas electorales que desde los años setentas del siglo pasado fueron poniendo los cimientos de la representación proporcional primero, del padrón electoral después hasta lograr un árbitro electoral ciudadano que maneja el padrón y los procesos electorales como es el actual IFE y el Tribunal Federal Electoral.
Esto ha permitido que la sociedad actual a diferencia de la que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres (por lo menos en mi generación) pueda elegir a sus gobernantes sin que se roben las urnas, no se cuenten los votos o se hagan otras lindezas del catalogo priista hegemónico como el ratón loco, las urnas embarazadas, etc. Otras nuevas formas de coacción del voto han aparecido mas sofisticadas pero de eso nos ocuparemos en otra ocasión.
Entonces aunque hoy somos una sociedad mas democrática, el entramado del aparato hegemónico priista montado por mas de 70 años no ha desaparecido y por lo tanto los cambios necesarios para acceder a una democracia plena están aún pendientes y no solo eso se resisten a desaparecer. Me explico.
El sistema pri-gobierno no solo era el partido amalgamado a los 3 niveles de gobierno; el sistema era todo el entramado de intereses con sindicatos, empresarios, partidos satélites, cacicazgos locales o regionales, barones de la droga, medios de comunicación, etc.
Esta super estructura sigue en pie y sus relaciones fortalecidas para no permitir su extinción lo cual se contrapone a las aspiraciones democráticas de la mayoría de la sociedad.
La desaparición de Luz y Fuerza del Centro y el proceso de aprobación de la nueva Ley de Ingresos para 2010, son un claro ejemplo de esa lucha por avanzar en el proceso y las reacciones del viejo sistema por sobrevivir.
Luz y Fuerza era ya insostenible desde hace mas de 30 años, sin embargo el PRI no se atrevió a darle la puntilla final, ahora que un gobierno emanado del PAN enfrenta lo que ya era inaplazable se le critica de facista y de afectar los derechos de los trabajadores. Sin embargo cuando votamos por un cambio democrático, lo hicimos precisamente con la esperanza de transformar esas empresas públicas deficitarias, onerosas para los contribuyentes, que mantienen a una elite de líderes sindicales que obtienen inmensas cantidades de recursos públicos que manejan no para el beneficio de los trabajadores, sino para el beneficio personal de una camarilla de pillos que además ayudan a financiar movimientos antidemocráticos.
Este es el caso del Sindicato de luz y Fuerza (SME). Por eso los diputados del PRD y del PT los cobijan, porque ha sido la caja chica del financiamiento ilegal de muchos de ellos. Por eso el PRI no se atreve a hacer una declaración valiente al respecto porque también sabe de sus malsanas relaciones con otros sindicatos como el de PEMEX.
En el caso de la Ley de ingresos para el 2010 también se pone de manifiesto el entramado de ese sistema caduco en donde por un lado los gobernadores exigen que no les bajen los recursos presupuestales provenientes de la federación, pero no son capaces de aceptar el costo político que eso implica, pues necesariamente requiere de nuevas fuentes de financiamiento una vez que la entrada por petróleo se ha caído estrepitosamente.
Todo inició con la propuesta del Presidente Calderón de un nuevo impuesto del 2% que se canalizaría a programas sociales para los más pobres, sin embargo la mezquindad de los gobernadores y legisladores priistas no permitió que transitara la propuesta, ellos quieren más ingresos pero para los gobiernos estatales no para que mejoren las condiciones de los que menos tienen. Argumentan que con eso Calderón pretendía reposicionar a su gobierno. Con mayoría en el Congreso federal el PRI aliado con el PRD cambió el 2% de impuesto para los pobres por el 1% de IVA para los gobernadores; además de grabar con un 2% adicional de ISR y 3% a las telecomunicaciones y el incremento de los impuestos al tabaco y alcohol. Y puede usted comprobar cómo el PRD que también tiene gobiernos estatales importantes como el de Marcelo Ebrard en el DF aceptaron y votaron a favor la propuesta.
Pero este engendro de Ley de Ingresos resulta que no tiene madre, ni tampoco padre, pues nadie quiere cargar con los costos políticos electorales que representa, entonces cesar Nava y Beatriz Paredes se señalan mutuamente como progenitores del Franquistein. Ahora parece que la Ley nonata será abortada en el Senado y que la mayoría priista aliada con la izquierda pretende meterle mano a fondo para hacer del engendro original algo más monstruoso como pretender grabar la gasolina.
EL PRI quiere manejar este proceso presupuestal como si viviéramos en un sistema parlamentario y el PRD lo mismo al acosar y tratar a los secretarios de estado citados a comparecer en el Congreso como si fueran sus empleados, prueba de ello es el circo que le montaron al secretario del trabajo en donde los diputados del PT encabezados por Fernández Noroña se comportaron como primates envileciendo la forma de hacer política y degradando aun mas a todos los diputados y a todos los que nos dedicamos a la cuestión pública.
El poder ejecutivo, dígase presidente de la republica, secretarios de estado y todo el aparato que de este se deriva no son puestos que decidan los legisladores, vivimos en un régimen presidencial de manera que tenemos que respetarlo hasta en tanto no se decida modificarlo.
Las Cámaras tienen una composición plural con mayoría del PRI y minoría del partido del presidente de manera que aunque el proceso presupuestal arranca con una propuesta inicial del Presidente Calderón, es en el Congreso donde se decide finalmente que se aprueba como Ley de Ingresos para recaudar y como Presupuesto de Egresos para gastar, de manera que la corresponsabilidad es de todos los que participan en ese proceso y en mayor medida del grupo mayoritario que logra el número suficiente de los votos para sacar adelante el resultado final de sus deliberaciones. Hay que asumir el costo de gobernar.
¿No fue eso lo que prometió el PRI en las pasadas elecciones donde se renovó la cámara de diputados? ¿No quieren los gobernadores del PRI más recursos?
A los ciudadanos también nos toca asumir el costo de las transformaciones que el país necesita, el acabar con vicios como el de sindicatos como el SME o el de PEMEX o el del SNTE o con los arreglos con los poderes fácticos como los concesionarios de radio y televisión o las empresas monopólicas en general tiene sus repercusiones. Cuando votamos por un cambio democrático asumimos que se requieren tocar intereses creados, apoyemos estos cambios y asumamos todos los costos que esto implica. Eso es la corresponsabilidad democrática.
Los de mi generación y los anteriores a esta, podemos dar testimonio de ese PRI-gobierno como un sistema hegemónico que no permitía contiendas democráticas, donde el voto no se respetaba y donde el presidente de la republica en turno con sus facultades constitucionales y sobre todo con facultades metaconstitucionales era quien decidía todo en nuestro país.
Costó mucho tiempo, esfuerzo y hasta vidas humanas el obligar a democratizar nuestra patria, solo basta recordar episodios como las reformas electorales que desde los años setentas del siglo pasado fueron poniendo los cimientos de la representación proporcional primero, del padrón electoral después hasta lograr un árbitro electoral ciudadano que maneja el padrón y los procesos electorales como es el actual IFE y el Tribunal Federal Electoral.
Esto ha permitido que la sociedad actual a diferencia de la que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres (por lo menos en mi generación) pueda elegir a sus gobernantes sin que se roben las urnas, no se cuenten los votos o se hagan otras lindezas del catalogo priista hegemónico como el ratón loco, las urnas embarazadas, etc. Otras nuevas formas de coacción del voto han aparecido mas sofisticadas pero de eso nos ocuparemos en otra ocasión.
Entonces aunque hoy somos una sociedad mas democrática, el entramado del aparato hegemónico priista montado por mas de 70 años no ha desaparecido y por lo tanto los cambios necesarios para acceder a una democracia plena están aún pendientes y no solo eso se resisten a desaparecer. Me explico.
El sistema pri-gobierno no solo era el partido amalgamado a los 3 niveles de gobierno; el sistema era todo el entramado de intereses con sindicatos, empresarios, partidos satélites, cacicazgos locales o regionales, barones de la droga, medios de comunicación, etc.
Esta super estructura sigue en pie y sus relaciones fortalecidas para no permitir su extinción lo cual se contrapone a las aspiraciones democráticas de la mayoría de la sociedad.
La desaparición de Luz y Fuerza del Centro y el proceso de aprobación de la nueva Ley de Ingresos para 2010, son un claro ejemplo de esa lucha por avanzar en el proceso y las reacciones del viejo sistema por sobrevivir.
Luz y Fuerza era ya insostenible desde hace mas de 30 años, sin embargo el PRI no se atrevió a darle la puntilla final, ahora que un gobierno emanado del PAN enfrenta lo que ya era inaplazable se le critica de facista y de afectar los derechos de los trabajadores. Sin embargo cuando votamos por un cambio democrático, lo hicimos precisamente con la esperanza de transformar esas empresas públicas deficitarias, onerosas para los contribuyentes, que mantienen a una elite de líderes sindicales que obtienen inmensas cantidades de recursos públicos que manejan no para el beneficio de los trabajadores, sino para el beneficio personal de una camarilla de pillos que además ayudan a financiar movimientos antidemocráticos.
Este es el caso del Sindicato de luz y Fuerza (SME). Por eso los diputados del PRD y del PT los cobijan, porque ha sido la caja chica del financiamiento ilegal de muchos de ellos. Por eso el PRI no se atreve a hacer una declaración valiente al respecto porque también sabe de sus malsanas relaciones con otros sindicatos como el de PEMEX.
En el caso de la Ley de ingresos para el 2010 también se pone de manifiesto el entramado de ese sistema caduco en donde por un lado los gobernadores exigen que no les bajen los recursos presupuestales provenientes de la federación, pero no son capaces de aceptar el costo político que eso implica, pues necesariamente requiere de nuevas fuentes de financiamiento una vez que la entrada por petróleo se ha caído estrepitosamente.
Todo inició con la propuesta del Presidente Calderón de un nuevo impuesto del 2% que se canalizaría a programas sociales para los más pobres, sin embargo la mezquindad de los gobernadores y legisladores priistas no permitió que transitara la propuesta, ellos quieren más ingresos pero para los gobiernos estatales no para que mejoren las condiciones de los que menos tienen. Argumentan que con eso Calderón pretendía reposicionar a su gobierno. Con mayoría en el Congreso federal el PRI aliado con el PRD cambió el 2% de impuesto para los pobres por el 1% de IVA para los gobernadores; además de grabar con un 2% adicional de ISR y 3% a las telecomunicaciones y el incremento de los impuestos al tabaco y alcohol. Y puede usted comprobar cómo el PRD que también tiene gobiernos estatales importantes como el de Marcelo Ebrard en el DF aceptaron y votaron a favor la propuesta.
Pero este engendro de Ley de Ingresos resulta que no tiene madre, ni tampoco padre, pues nadie quiere cargar con los costos políticos electorales que representa, entonces cesar Nava y Beatriz Paredes se señalan mutuamente como progenitores del Franquistein. Ahora parece que la Ley nonata será abortada en el Senado y que la mayoría priista aliada con la izquierda pretende meterle mano a fondo para hacer del engendro original algo más monstruoso como pretender grabar la gasolina.
EL PRI quiere manejar este proceso presupuestal como si viviéramos en un sistema parlamentario y el PRD lo mismo al acosar y tratar a los secretarios de estado citados a comparecer en el Congreso como si fueran sus empleados, prueba de ello es el circo que le montaron al secretario del trabajo en donde los diputados del PT encabezados por Fernández Noroña se comportaron como primates envileciendo la forma de hacer política y degradando aun mas a todos los diputados y a todos los que nos dedicamos a la cuestión pública.
El poder ejecutivo, dígase presidente de la republica, secretarios de estado y todo el aparato que de este se deriva no son puestos que decidan los legisladores, vivimos en un régimen presidencial de manera que tenemos que respetarlo hasta en tanto no se decida modificarlo.
Las Cámaras tienen una composición plural con mayoría del PRI y minoría del partido del presidente de manera que aunque el proceso presupuestal arranca con una propuesta inicial del Presidente Calderón, es en el Congreso donde se decide finalmente que se aprueba como Ley de Ingresos para recaudar y como Presupuesto de Egresos para gastar, de manera que la corresponsabilidad es de todos los que participan en ese proceso y en mayor medida del grupo mayoritario que logra el número suficiente de los votos para sacar adelante el resultado final de sus deliberaciones. Hay que asumir el costo de gobernar.
¿No fue eso lo que prometió el PRI en las pasadas elecciones donde se renovó la cámara de diputados? ¿No quieren los gobernadores del PRI más recursos?
A los ciudadanos también nos toca asumir el costo de las transformaciones que el país necesita, el acabar con vicios como el de sindicatos como el SME o el de PEMEX o el del SNTE o con los arreglos con los poderes fácticos como los concesionarios de radio y televisión o las empresas monopólicas en general tiene sus repercusiones. Cuando votamos por un cambio democrático asumimos que se requieren tocar intereses creados, apoyemos estos cambios y asumamos todos los costos que esto implica. Eso es la corresponsabilidad democrática.
