Dentro de una semana la LX Legislatura Federal llegará a su fin. Han pasado tres años desde aquel tenso proceso electoral del 2006 cuando los seguidores de Andrés Manuel López Obrador estrangularon al Distrito Federal bloqueando el Paseo de la Reforma, acamparon en el zócalo y descalificaron a todas las instituciones por no avalar sus caprichos. Pretendían desestabilizar al país, crear una crisis de ingobernabilidad y ganar con presiones lo que no pudieron conseguir en las urnas.
Los pejistas amenazaron con encabezar un movimiento social para impedir que el entonces presidente Vicente Fox rindiera su sexto y último informe de gobierno; los legisladores de izquierda tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados donde se percibía un inminente enfrentamiento de proporciones inimaginables que iniciaba con imprecaciones verbales muy agresivas y quien sabe como y donde terminaría.
El gobierno foxista y los legisladores del PAN diseñaron su estrategia y el informe se entregó por escrito en la puerta del salón de sesiones cumpliendo con todos los requisitos marcados en la ley.
De hecho hubo voces que nos criticaron a los diputados del Partido Acción Nacional que ahora concluimos nuestra responsabilidad, por no haber sido más enérgicos y forzar a que Fox rindiera su informe en la tribuna; sin embargo, para el primer presidente panista y los legisladores recién electos, la estrategia no podía ser inmediatista sino pensado en los acontecimientos venideros. Preferimos entonces pasar de bajo perfil en el sexto informe, a cambio de lograr un mayor objetivo como era que el presidente electo Felipe Calderón, tomara posesión.
Al no hacer mayores aspavientos el 1 de septiembre de 2006, la oposición calculó que así actuaríamos en diciembre. Lo demás ya es historia cuando nos apostamos por la democracia, la legalidad y la gobernabilidad de México defendiendo la tribuna únicamente con nuestra presencia física, pero con una gran convicción sobre nuestra misión de hacer cumplir la ley. Después de 67 horas de gran tensión y de escarceos violentos por parte de la izquierda intolerante y agresiva, Felipe Calderón rindió protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 2006 en la tribuna del Palacio Legislativo.
Quien vio y vivió las imágenes y los enfrentamiento de los últimos meses del 2006 en San Lázaro pensaría que los legisladores en turno nunca lograrían ponerse de acuerdo ni aprobar la más mínima reforma, debido a la evidente pugna entre partidos y a la estrategia de confrontación y desestabilización encabezada por López Obrador y seguida a pie juntillas por sus compinches legisladores.
A tres años de distancia, podemos afirmar con agrado que aquella perspectiva se desvaneció a base de trabajo político y de dialogo, y que la LX Legislatura pasará a la historia por una serie de logros cuantitativos y cualitativos, inimaginables al inicio de su gestión.
El balance de esta Legislatura es inédito, en particular por la unanimidad lograda en buena parte de las iniciativas aprobadas y porque abordamos temas tabú que se consideraban intocables.
En el caso de la reforma energética, se avanzó por lo menos en una primera etapa, al permitir a PEMEX acceder a tecnología de vanguardia para desarrollar al sector; contar con los combustibles necesarios para que los mexicanos realicemos actividades productivas reduciendo la dependencia con el exterior en materia de importaciones de gasolina y productos refinados y se dieran las condiciones para que el Ejecutivo Federal construyera otra refinería. Fortalecerá las finanzas de PEMEX, al darle mayor libertad para reinvertir sus ingresos y promover la participación de los mexicanos en el progreso de la industria petrolera nacional mediante la emisión de “bonos ciudadanos”.
También se aprobó la reforma a los sistemas de Justicia Penal y Seguridad Pública con aspectos tan relevantes como los juicios orales donde las partes tienen claridad sobre el proceso y certeza en su defensa y demanda, así como la extinción de dominio para expropiar los bienes inmuebles con que opera el crimen organizado.
Además se legisló sobre el Sistema de Pensiones del ISSSTE, lo cual permitirá al país tener viabilidad en sus finanzas públicas para los próximos años; la reforma electoral para reducir el financiamiento a los partidos así como acortar tiempos y costos de las campañas electorales, la Ley de Ahorro y Crédito Popular para apoyo a los ahorradores así como la eliminación de la ceremonia del Informe Presidencial y las absurdas autorizaciones al Presidente para poder salir del país a cumplir compromisos internacionales, la creación de la Ley General para el Control al Tabaco que obliga a mantener espacios libres de humo, la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, las reformas a los artículos 4° y 73 constitucionales que nos permiten garantizar para toda persona el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, las reformas a los artículos 3° y 31 constitucionales que hacen obligatoria la educación media superior como una medida, para abatir el rezago en la cobertura y los altos niveles de deserción de dicho nivel educativo, entre otras.
Si bien estas reformas, fundamentales para el país, son resultado de un cuerpo colegiado, también son fruto del compromiso individual de cada legislador. No basta cuantificar el número de iniciativas presentadas, puesto que muchas de ellas se quedan en el tintero por falta de sustento y viabilidad, sino es conveniente evaluar el trabajo diario de un diputado en comisiones, en la gestión y en la negociación e interlocución con otros grupos políticos, para alcanzar los acuerdos y avanzar en reformas como las mencionadas.
Algunos analistas han sugerido indicadores como el balance entre la propuesta, el desarrollo y la conclusión de proyectos; la forma y fondo de las leyes; la respuesta legislativa a los ciudadanos; el impacto de las leyes en la sociedad así como la utilización adecuada y transparente de los recursos públicos.
Sobre este último tema, se tendrán que revisar prácticas que no son suficientemente transparentes y emplear indicadores -como los propuestos por instituciones académicas- para medir el rendimiento y ponderar si lo que ganan corresponde a su responsabilidad pero sobretodo a su desempeño. Para ello la reelección será una buena medida para evaluar ese desempeño y obligar a los legisladores a preocuparse más de sus electores que de sus cúpulas partidistas.
Es cierto que quedaron pendientes reformas fundamentales para el país como la laboral, la ley para el derecho de réplica de los ciudadanos ante los medios de comunicación o la reforma para la reelección consecutiva de los alcaldes, diputados y senadores. Éstas son un importante reto para la LXI Legislatura.
Hoy se vive una composición diferente en la nueva legislatura pero el clima político no es el de la confrontación que se vivía hace 3 años. La nueva mayoría priísta tiene una grave y enorme encomienda de hacer uso responsable de esa condición, se trata de ver por México en un entorno de crisis económica, de riesgos sanitarios, de violencia en las calles, de sequía en el campo, de vulnerabilidad política y social por las próximas elecciones presidenciales, del uso discrecional de los recursos públicos en organismos públicos y especialmente en estados y municipios. Como diputados federales representan al pueblo de México, no son los enviados de un precandidato o gobernador o poder fáctico.
Al presidente Calderón y al PAN les toca trabajar más en el cabildeo con las otras fuerzas políticas y en la comunicación con los electores.
Si la LX legislatura tuvo condiciones muy adversas en cuanto a la confrontación en medio de la cual se instaló y pudo salir adelante, esta nueva no puede ser la excepción. Para ello se tendrán que anteponer los intereses de México antes que los personales, de partido político o de grupo. Los ciudadanos estaremos exigiéndolo.
Por mi parte, agradezco la confianza de los ciudadanos a los que representé, me voy satisfecho de lo alcanzado no sólo en cantidad y en calidad de leyes, reformas y acuerdos, me voy satisfecho por haber contribuido a preservar nuestras instituciones democráticas y por haber incidido en conseguir mayores presupuestos y mejor distribuidos a estados y municipios; mejores condiciones jurídicas para combatir el crimen organizado; mas transparencia y rendición de cuentas; mejores instrumentos jurídicos para preservar el medio ambiente y los recursos naturales, mejores condiciones para lograr un desarrollo sustentable y así con todo ello procurar el Bien Común.
A todos los ciudadanos que me dieron esta oportunidad de servir, muchas gracias, seguiremos trabajando.
Los pejistas amenazaron con encabezar un movimiento social para impedir que el entonces presidente Vicente Fox rindiera su sexto y último informe de gobierno; los legisladores de izquierda tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados donde se percibía un inminente enfrentamiento de proporciones inimaginables que iniciaba con imprecaciones verbales muy agresivas y quien sabe como y donde terminaría.
El gobierno foxista y los legisladores del PAN diseñaron su estrategia y el informe se entregó por escrito en la puerta del salón de sesiones cumpliendo con todos los requisitos marcados en la ley.
De hecho hubo voces que nos criticaron a los diputados del Partido Acción Nacional que ahora concluimos nuestra responsabilidad, por no haber sido más enérgicos y forzar a que Fox rindiera su informe en la tribuna; sin embargo, para el primer presidente panista y los legisladores recién electos, la estrategia no podía ser inmediatista sino pensado en los acontecimientos venideros. Preferimos entonces pasar de bajo perfil en el sexto informe, a cambio de lograr un mayor objetivo como era que el presidente electo Felipe Calderón, tomara posesión.
Al no hacer mayores aspavientos el 1 de septiembre de 2006, la oposición calculó que así actuaríamos en diciembre. Lo demás ya es historia cuando nos apostamos por la democracia, la legalidad y la gobernabilidad de México defendiendo la tribuna únicamente con nuestra presencia física, pero con una gran convicción sobre nuestra misión de hacer cumplir la ley. Después de 67 horas de gran tensión y de escarceos violentos por parte de la izquierda intolerante y agresiva, Felipe Calderón rindió protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 2006 en la tribuna del Palacio Legislativo.
Quien vio y vivió las imágenes y los enfrentamiento de los últimos meses del 2006 en San Lázaro pensaría que los legisladores en turno nunca lograrían ponerse de acuerdo ni aprobar la más mínima reforma, debido a la evidente pugna entre partidos y a la estrategia de confrontación y desestabilización encabezada por López Obrador y seguida a pie juntillas por sus compinches legisladores.
A tres años de distancia, podemos afirmar con agrado que aquella perspectiva se desvaneció a base de trabajo político y de dialogo, y que la LX Legislatura pasará a la historia por una serie de logros cuantitativos y cualitativos, inimaginables al inicio de su gestión.
El balance de esta Legislatura es inédito, en particular por la unanimidad lograda en buena parte de las iniciativas aprobadas y porque abordamos temas tabú que se consideraban intocables.
En el caso de la reforma energética, se avanzó por lo menos en una primera etapa, al permitir a PEMEX acceder a tecnología de vanguardia para desarrollar al sector; contar con los combustibles necesarios para que los mexicanos realicemos actividades productivas reduciendo la dependencia con el exterior en materia de importaciones de gasolina y productos refinados y se dieran las condiciones para que el Ejecutivo Federal construyera otra refinería. Fortalecerá las finanzas de PEMEX, al darle mayor libertad para reinvertir sus ingresos y promover la participación de los mexicanos en el progreso de la industria petrolera nacional mediante la emisión de “bonos ciudadanos”.
También se aprobó la reforma a los sistemas de Justicia Penal y Seguridad Pública con aspectos tan relevantes como los juicios orales donde las partes tienen claridad sobre el proceso y certeza en su defensa y demanda, así como la extinción de dominio para expropiar los bienes inmuebles con que opera el crimen organizado.
Además se legisló sobre el Sistema de Pensiones del ISSSTE, lo cual permitirá al país tener viabilidad en sus finanzas públicas para los próximos años; la reforma electoral para reducir el financiamiento a los partidos así como acortar tiempos y costos de las campañas electorales, la Ley de Ahorro y Crédito Popular para apoyo a los ahorradores así como la eliminación de la ceremonia del Informe Presidencial y las absurdas autorizaciones al Presidente para poder salir del país a cumplir compromisos internacionales, la creación de la Ley General para el Control al Tabaco que obliga a mantener espacios libres de humo, la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, las reformas a los artículos 4° y 73 constitucionales que nos permiten garantizar para toda persona el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, las reformas a los artículos 3° y 31 constitucionales que hacen obligatoria la educación media superior como una medida, para abatir el rezago en la cobertura y los altos niveles de deserción de dicho nivel educativo, entre otras.
Si bien estas reformas, fundamentales para el país, son resultado de un cuerpo colegiado, también son fruto del compromiso individual de cada legislador. No basta cuantificar el número de iniciativas presentadas, puesto que muchas de ellas se quedan en el tintero por falta de sustento y viabilidad, sino es conveniente evaluar el trabajo diario de un diputado en comisiones, en la gestión y en la negociación e interlocución con otros grupos políticos, para alcanzar los acuerdos y avanzar en reformas como las mencionadas.
Algunos analistas han sugerido indicadores como el balance entre la propuesta, el desarrollo y la conclusión de proyectos; la forma y fondo de las leyes; la respuesta legislativa a los ciudadanos; el impacto de las leyes en la sociedad así como la utilización adecuada y transparente de los recursos públicos.
Sobre este último tema, se tendrán que revisar prácticas que no son suficientemente transparentes y emplear indicadores -como los propuestos por instituciones académicas- para medir el rendimiento y ponderar si lo que ganan corresponde a su responsabilidad pero sobretodo a su desempeño. Para ello la reelección será una buena medida para evaluar ese desempeño y obligar a los legisladores a preocuparse más de sus electores que de sus cúpulas partidistas.
Es cierto que quedaron pendientes reformas fundamentales para el país como la laboral, la ley para el derecho de réplica de los ciudadanos ante los medios de comunicación o la reforma para la reelección consecutiva de los alcaldes, diputados y senadores. Éstas son un importante reto para la LXI Legislatura.
Hoy se vive una composición diferente en la nueva legislatura pero el clima político no es el de la confrontación que se vivía hace 3 años. La nueva mayoría priísta tiene una grave y enorme encomienda de hacer uso responsable de esa condición, se trata de ver por México en un entorno de crisis económica, de riesgos sanitarios, de violencia en las calles, de sequía en el campo, de vulnerabilidad política y social por las próximas elecciones presidenciales, del uso discrecional de los recursos públicos en organismos públicos y especialmente en estados y municipios. Como diputados federales representan al pueblo de México, no son los enviados de un precandidato o gobernador o poder fáctico.
Al presidente Calderón y al PAN les toca trabajar más en el cabildeo con las otras fuerzas políticas y en la comunicación con los electores.
Si la LX legislatura tuvo condiciones muy adversas en cuanto a la confrontación en medio de la cual se instaló y pudo salir adelante, esta nueva no puede ser la excepción. Para ello se tendrán que anteponer los intereses de México antes que los personales, de partido político o de grupo. Los ciudadanos estaremos exigiéndolo.
Por mi parte, agradezco la confianza de los ciudadanos a los que representé, me voy satisfecho de lo alcanzado no sólo en cantidad y en calidad de leyes, reformas y acuerdos, me voy satisfecho por haber contribuido a preservar nuestras instituciones democráticas y por haber incidido en conseguir mayores presupuestos y mejor distribuidos a estados y municipios; mejores condiciones jurídicas para combatir el crimen organizado; mas transparencia y rendición de cuentas; mejores instrumentos jurídicos para preservar el medio ambiente y los recursos naturales, mejores condiciones para lograr un desarrollo sustentable y así con todo ello procurar el Bien Común.
A todos los ciudadanos que me dieron esta oportunidad de servir, muchas gracias, seguiremos trabajando.
