La semana pasada, al PRI y al PRD se les ocurrió desempolvar la Cuenta Pública de 2002 y 2003 de la pasada administración federal, porque ya no encuentran cómo descalificar a los gobiernos panistas ahora que estamos en víspera de elecciones. Hoy martes se encuentran programados para discusión los ejercicios fiscales de 2004 y 2005 que la Auditoria Superior de la Federación ya revisó, supervisó técnicamente y liberó al haber sido saciadas al 100 por ciento todas las observaciones correspondientes.
El jueves 16 se generó un intenso debate en el pleno de la Cámara de Diputados donde representantes de distintos partidos dieron a conocer su punto de vista al respecto. De igual forma, diputados de Acción Nacional expusimos cifras y cuestionamientos que ahora les comparto, con el propósito de evidenciar el claro interés electorero que conllevan los dictámenes relativos a la revisión de estas cuentas públicas las cuales, como dije, ya fueron revisadas y corregidas hace algunos años.
En el caso de los dictámenes sobre las Cuentas Públicas 2002 y 2003, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sometió al pleno un dictamen –aprobado por ellos por unanimidad- con tardías recomendaciones, producto de la lenidad con la que se ha procedido en la pasada y la presente legislatura, transgrediendo el Congreso y no la administración FOX, la norma suprema del plazo de un año, fijado en el artículo 74 Constitucional para revisarlas.
¿Por qué la tardanza en someter al pleno estos asuntos?
Faltando sólo 6 sesiones para terminar el último periodo ordinario de esta legislatura, y faltando solamente 80 días para las elecciones federales intermedias, el PRI y el PRD ahora sí se activan para revisar la cuenta pública de hace 6 y 7 años, fuera del plazo constitucional marcado para que el Congreso haya concluido su revisión.
Es obvia la finalidad electoral perseguida, pero además de burda, la estrategia es producto de la desesperación, porque en las encuestas electorales el PRI está perdiendo puntos y el PAN se está reposicionando y las tendencias así lo demuestran.
Aquí se descubre la estrategia del oportunismo, tratando de desgastar a los gobiernos emanados de Acción Nacional, queriendo aparecer los priístas como adalides de la transparencia, aunque con unas cartas credenciales que sólo hablan de más de 70 años de gobiernos opacos, por decir lo menos, donde varios de los integrantes de esas administraciones ahora son diputados y senadores de oposición.
Recordemos esas oscuras, e infaustas administraciones como la encabezada por Luis Echeverría, la de López Portillo o la de Salinas de Gortari que por cierto -dice uno de sus ex colaboradores- se robó la partida secreta.
¡Ah! qué poca… memoria! de esos PRIISTAS, hoy diputados de la LX legislatura, que con una mano señalan y acusan a la administración encabezada por Vicente Fox pero con la otra mano cobraron jugosos salarios como funcionarios de esa misma administración, ¡Qué poca…memoria!
Los Diputados de Acción Nacional asumimos nuestra responsabilidad de revisar la cuenta pública y realizar las acciones que de ello se deriven. De hecho este proceso de revisión está cumplido al 100 por ciento y de las 2 mil 584 observaciones formuladas en 2002, y las 2 mil 638 del 2003 todas, todas están subsanadas.
De manera que la conclusión es simple: el gobierno de FOX está limpio, fue mas eficiente y lo hizo mucho mejor que el PRI, además fue el primer gobierno auditado hasta en sus entrañas más profundas, y qué bueno, eso precisamente es producto del compromiso de Acción Nacional de rendir cuentas de los dineros públicos que antes se gastaban con total opacidad y discrecionalidad. El gobierno de Fox gastó con responsabilidad y transparencia los recursos asignados a su administración. Así lo consignan los dictámenes aprobados por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Los diputados de oposición al PAN pretenden hoy rebajar la labor de fiscalización del gasto público a escándalo mediático electoral. No respetan el trabajo esmerado, responsable y profesional de la Auditoria Superior de la Federación porque no se sujeta a sus intereses electoreros. No aceptan los resultados de un dictamen que comprueba la honestidad de un gobierno: no conciben que un órgano imparcial determine que no existe la corrupción que inventan.
Recordemos cómo los gobiernos federales emanados del PRI, nunca rindieron cuentas como lo hacen los gobiernos de Fox y de Calderón; esos gobiernos del PRI caracterizados por la impunidad, justamente porque no permitían la existencia de los mecanismos de auditoría, fiscalización, control y transparencia cuya creación impulsó el PAN en la Cámara de Diputados. Todavía hoy los gobiernos priístas como el de Puebla, encabezado por Mario Marín oculta y se niega a transparentar sus cuentas, por ejemplo cuánto se gastó en los abogados que lo defendieron por el escándalo Lydia Cacho-Kamel Nacif, o cuánto se gasta en comunicación social en convenios o contratos con medios de comunicación, por mencionar algunos ejemplos.
Si los priístas quieren hurgar en el pasado, con gusto les tomamos la palabra. En el PAN no tememos al juicio de la ley ni de la historia: Abramos las cuentas del pasado, no sólo las de los recursos públicos, también revisemos los hechos que marcaron la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones de bienes públicos y las violaciones graves a los derechos humanos como Tlatelolco, Acteal, Aguas Blancas, el asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu.
Las cuentas públicas del gobierno de Fox, son las más auditadas y transparentes de la historia de México y las acusaciones de fraude no son mas que mentiras sin sustento. Como lo informó la Auditoría Superior de la Federación a las entidades auditadas y a la Cámara de Diputados, los recursos públicos de la administración Fox se apegaron a los principios de normatividad en materia presupuestal y financiera, y todas las acciones determinadas fueron atendidas y solventadas al 100 por ciento.
Haría falta un acto de memoria y honestidad por parte de quienes hoy se rasgan las vestiduras mientras sus gobiernos son incapaces de rendir cuentas, como sucede en Puebla donde reina la opacidad, no existe una rendición de cuentas efectiva de los recursos públicos y la mayoría de los diputados locales del PRI, junto con el órgano de fiscalización estatal, sólo son cómplices y tapaderas del gasto discrecional del ejecutivo estatal. Habría que refrescarles la memoria.
También puedes comentar en: diazgarcia2020@gmail.com
El jueves 16 se generó un intenso debate en el pleno de la Cámara de Diputados donde representantes de distintos partidos dieron a conocer su punto de vista al respecto. De igual forma, diputados de Acción Nacional expusimos cifras y cuestionamientos que ahora les comparto, con el propósito de evidenciar el claro interés electorero que conllevan los dictámenes relativos a la revisión de estas cuentas públicas las cuales, como dije, ya fueron revisadas y corregidas hace algunos años.
En el caso de los dictámenes sobre las Cuentas Públicas 2002 y 2003, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sometió al pleno un dictamen –aprobado por ellos por unanimidad- con tardías recomendaciones, producto de la lenidad con la que se ha procedido en la pasada y la presente legislatura, transgrediendo el Congreso y no la administración FOX, la norma suprema del plazo de un año, fijado en el artículo 74 Constitucional para revisarlas.
¿Por qué la tardanza en someter al pleno estos asuntos?
Faltando sólo 6 sesiones para terminar el último periodo ordinario de esta legislatura, y faltando solamente 80 días para las elecciones federales intermedias, el PRI y el PRD ahora sí se activan para revisar la cuenta pública de hace 6 y 7 años, fuera del plazo constitucional marcado para que el Congreso haya concluido su revisión.
Es obvia la finalidad electoral perseguida, pero además de burda, la estrategia es producto de la desesperación, porque en las encuestas electorales el PRI está perdiendo puntos y el PAN se está reposicionando y las tendencias así lo demuestran.
Aquí se descubre la estrategia del oportunismo, tratando de desgastar a los gobiernos emanados de Acción Nacional, queriendo aparecer los priístas como adalides de la transparencia, aunque con unas cartas credenciales que sólo hablan de más de 70 años de gobiernos opacos, por decir lo menos, donde varios de los integrantes de esas administraciones ahora son diputados y senadores de oposición.
Recordemos esas oscuras, e infaustas administraciones como la encabezada por Luis Echeverría, la de López Portillo o la de Salinas de Gortari que por cierto -dice uno de sus ex colaboradores- se robó la partida secreta.
¡Ah! qué poca… memoria! de esos PRIISTAS, hoy diputados de la LX legislatura, que con una mano señalan y acusan a la administración encabezada por Vicente Fox pero con la otra mano cobraron jugosos salarios como funcionarios de esa misma administración, ¡Qué poca…memoria!
Los Diputados de Acción Nacional asumimos nuestra responsabilidad de revisar la cuenta pública y realizar las acciones que de ello se deriven. De hecho este proceso de revisión está cumplido al 100 por ciento y de las 2 mil 584 observaciones formuladas en 2002, y las 2 mil 638 del 2003 todas, todas están subsanadas.
De manera que la conclusión es simple: el gobierno de FOX está limpio, fue mas eficiente y lo hizo mucho mejor que el PRI, además fue el primer gobierno auditado hasta en sus entrañas más profundas, y qué bueno, eso precisamente es producto del compromiso de Acción Nacional de rendir cuentas de los dineros públicos que antes se gastaban con total opacidad y discrecionalidad. El gobierno de Fox gastó con responsabilidad y transparencia los recursos asignados a su administración. Así lo consignan los dictámenes aprobados por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Los diputados de oposición al PAN pretenden hoy rebajar la labor de fiscalización del gasto público a escándalo mediático electoral. No respetan el trabajo esmerado, responsable y profesional de la Auditoria Superior de la Federación porque no se sujeta a sus intereses electoreros. No aceptan los resultados de un dictamen que comprueba la honestidad de un gobierno: no conciben que un órgano imparcial determine que no existe la corrupción que inventan.
Recordemos cómo los gobiernos federales emanados del PRI, nunca rindieron cuentas como lo hacen los gobiernos de Fox y de Calderón; esos gobiernos del PRI caracterizados por la impunidad, justamente porque no permitían la existencia de los mecanismos de auditoría, fiscalización, control y transparencia cuya creación impulsó el PAN en la Cámara de Diputados. Todavía hoy los gobiernos priístas como el de Puebla, encabezado por Mario Marín oculta y se niega a transparentar sus cuentas, por ejemplo cuánto se gastó en los abogados que lo defendieron por el escándalo Lydia Cacho-Kamel Nacif, o cuánto se gasta en comunicación social en convenios o contratos con medios de comunicación, por mencionar algunos ejemplos.
Si los priístas quieren hurgar en el pasado, con gusto les tomamos la palabra. En el PAN no tememos al juicio de la ley ni de la historia: Abramos las cuentas del pasado, no sólo las de los recursos públicos, también revisemos los hechos que marcaron la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones de bienes públicos y las violaciones graves a los derechos humanos como Tlatelolco, Acteal, Aguas Blancas, el asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu.
Las cuentas públicas del gobierno de Fox, son las más auditadas y transparentes de la historia de México y las acusaciones de fraude no son mas que mentiras sin sustento. Como lo informó la Auditoría Superior de la Federación a las entidades auditadas y a la Cámara de Diputados, los recursos públicos de la administración Fox se apegaron a los principios de normatividad en materia presupuestal y financiera, y todas las acciones determinadas fueron atendidas y solventadas al 100 por ciento.
Haría falta un acto de memoria y honestidad por parte de quienes hoy se rasgan las vestiduras mientras sus gobiernos son incapaces de rendir cuentas, como sucede en Puebla donde reina la opacidad, no existe una rendición de cuentas efectiva de los recursos públicos y la mayoría de los diputados locales del PRI, junto con el órgano de fiscalización estatal, sólo son cómplices y tapaderas del gasto discrecional del ejecutivo estatal. Habría que refrescarles la memoria.
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