martes, 26 de agosto de 2008

Ya basta: menos show y más acción


Por José Antonio Díaz García*


En memoria de Chumilla Aguilera Davis QEPD

A pesar de no informar con claridad las cifras reales sobre secuestros e inseguridad en Puebla –como lo comentamos en la columna pasada- el gobierno encabezado por Mario Marín armó el jueves pasado un teatral operativo al desplegar más de 300 elementos policíacos.

El propósito fue trasladar de la Academia de Policía al penal de San Miguel a ocho delincuentes que se hicieron pasar por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) pero que fueron detenidos y casi linchados por pobladores del municipio de Tlapanalá, al sospechar que fueran secuestradores.

Casualmente el mencionado operativo se realizó el jueves 21 de agosto, día en que se celebraba la reunión del Consejo Nacional de Seguridad a la cual asistió la plana mayor de gobernadores, presidentes de los tres poderes de la Unión así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación, ante un escenario de fuertes reclamos por parte de la ciudadanía luego de la creciente inseguridad y los secuestros en todo el país.
Puro show mediático, decenas de patrullas circulando frenéticamente por las calles de Puebla en hora pico, con armas largas, policías con pasamontañas apuntando hacia todos lados, el helicóptero volando a muy baja altura, pero eso sí con las cámaras de televisión y los reporteros gráficos participando del convoy. Otro show vacío de contenido como el armado para el reparto de los libros de texto, en donde los camiones no tenían un solo libro.
Pareciera como que el macro operativo quiso demostrar que en Puebla sí se combate al crimen organizado, sin embargo hay autoridades locales que minimizan la realidad, no difunden información veraz o se lavan las manos evadiendo su responsabilidad para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.

El secretario de gobernación estatal Mario Montero exhortó a los medios de comunicación para no generar una percepción de inseguridad que no existe en el estado y reiteró que aquí se conserva un clima de seguridad. Sin embargo, reconoció la presencia del narcotráfico y la delincuencia organizada, comenzando por dos de las personas detenidas el pasado fin de semana en Tlapanalá quienes eran un ex policía y un ex militar.

He aquí algunos hechos recientes que debiera poner en alerta a las autoridades:
asesinato de un judicial poblano encontrado en Veracruz, 3 secuestros reportados ante la AFI, alcalde priísta de Izúcar de Matamoros encarcelado en Estados Unidos acusado por narcotráfico, ejecución de un soldado en la caseta de Texmelucan, asalto a una camioneta de valores, detención de cinco operadores del cartel de Sinaloa, asaltos a casa-habitación y a tiendas de autoservicio (Oxxo y farmacias), robo de vehículos con lujo de violencia, robo de autopartes, intentos de linchamiento (Tlapanalá y Canoa), atentado contra el subprocurador Víctor Pérez, asesinato del diputado Suplente José Alfredo Pérez Castro, intento de asesinato al suplente del diputado Melitón Lozano, atentado contra el diputado José Pérez Vega, asesinato de un vallet parking y lesiones a otro en manos del entonces Subdirector de Vialidad estatal Alan Ibarra Meza, entre otros.

Hace tres días, el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Alejandro Fernández Soto, reconoció que Puebla no ha cumplido con actualizar la base de datos del sistema nacional de Seguridad Pública con relación a la información del personal de las corporaciones policíacas, población de reos, licencias de armas de fuego, entre otras.

Ante esta realidad, los diputados locales del PAN solicitaron desde el pasado 7 de mayo, la comparecencia del General Mario Ayón Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, ante el Congreso del Estado, pero la mayoría priísta negó el citatorio.

A la reunión nacional de seguridad asistió desde luego el gobernador de Puebla (que por cierto fue abucheado cuando lo presentaron) quien firmó el acuerdo para que en 100 días haya resultados tangibles conocidos por los ciudadanos.
Ojala y estas reuniones bajaran los índices de criminalidad. Pero soy escéptico porque en nuestro estado ni siquiera podemos conocer los datos reales sobre robos, asaltos y secuestros por parte del gobernador y su equipo. ¿Que ganan o a quien protegen al ocultar la información? Además Marín está más preocupado por ofrecer shows mediáticos que mejoren la percepción, pero que no dan ningún resultado.

El PAN ha exhortado al gobierno de Puebla que de a conocer el diagnóstico de seguridad en la entidad indicando la incidencia delictiva durante el ejercicio 2008 y que convoque a la brevedad a una “Convención Estatal en pro de la Seguridad Pública” con la participación de los alcaldes de los 217 municipios, los Poderes Legislativo y Judicial, los diputados federales, senadores y representantes de la sociedad civil con el objeto de determinar las políticas públicas y líneas de acción así como las respectivas corresponsabilidades en el combate a la delincuencia.

No se trata de generar psicosis y pánico colectivo, pero tenemos todo el derecho a conocer la información fidedigna y exigir, como lo hizo Alejandro Martí ante el Consejo Nacional de Seguridad, que las autoridades responsables de combatir el crimen den resultados o mejor renuncien.




Comentarios diazgarcia2020@gmail.com
*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

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