Por José Antonio Díaz García *
Durante casi un siglo, la rendición del informe presidencial cada 1 de septiembre fue uno de los principales rituales del sistema político mexicano, del sistema PRI-gobierno. Pero a partir de este 2008, el Presidente de la República no tendrá que acudir ante el Congreso de la Unión sino sólo enviará su informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública del país para revisión de los legisladores.
Durante casi un siglo, la rendición del informe presidencial cada 1 de septiembre fue uno de los principales rituales del sistema político mexicano, del sistema PRI-gobierno. Pero a partir de este 2008, el Presidente de la República no tendrá que acudir ante el Congreso de la Unión sino sólo enviará su informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública del país para revisión de los legisladores.
Ya desde la Constitución de 1917, el artículo 69 mencionaba que el Presidente de la República debía acudir a la apertura de sesiones del Congreso y presentar un informe por escrito. Al paso de los años, el ritual adquirió características monárquicas, faraónicas, para el lucimiento de la figura presidencial.
Ceremonias como el informe presidencial, el famoso besamanos y el control del Presidente sobre los demás Poderes de la Unión, fortalecieron un presidencialismo exacerbado que permitió al PRI permanecer 70 años en el poder.
Sin embargo, en el 2000 surgió un nuevo gobierno emanado del Partido Acción Nacional, partido opositor al sistema desde 1939. A pesar de la alternancia, todavía quedan muchas reglas de aquel anquilosado sistema de siete décadas que siguen vigentes: las famosas reglas no escritas de la política tradicional mexicana que tácitamente impedían que un ex presidente opinara sobre el acontecer nacional. Hoy las cosas han cambiado y es el propio PAN quien invita al ex presidente Fox a ser parte de una comisión estratégica para las elecciones del 2009.
Legisladores panistas y desde luego algunos de otras fracciones, buscamos romper estos esquemas trasnochados y modernizar la legislación a las exigencias del México de hoy.
Es evidente que hay priístas a quienes la apertura y las reformas les causan urticaria, porque en su código genético tienen escrito ese presidencialismo, esos compadrazgos y esas prácticas que aprendieron de sus antecesores. Quisieran regresar a los caciques que les ordenen y ellos solo obedecer; no quieren ser ciudadanos quieren ser súbditos.
Por suerte la alternancia develó varios tabú que han permitido avanzar en la rendición de cuentas y la transparencia. Anteriormente el sistema prohibía acercarse al Presidente, conocer su casa, su familia, su perfil de ser humano detrás de ese tótem al que se le rendía pleitesía; antes no se conocían ni se evaluaban los montos del presupuesto que gastaba la Presidencia ni sus secretarios; en el pasado estaba prohibido criticar o señalar errores del Presidente.
Hoy esto ha cambiado y en buena parte se debe a la participación de la sociedad, a la apertura y pluralidad de los medios de comunicación así como a personas públicas como fue el ex presidente Vicente Fox quien además, promovió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, que ha implicado una trasformación de fondo y un cambio de sistema, indispensable en el avance democrático de nuestro país.
El informe anual del Presidente de la República se vio tan desgastado e ineficaz que en los últimos años fue usado para fines de presión y protesta, el informe pasó de ser el “día del Presidente al día contra el Presidente”.
Pero la necesidad de transformar viejas reglas que aún persisten, ha permitido que legisladores de todas los grupos parlamentarios, apoyaran la reforma al artículo 69 constitucional así como al 93 los cuales quedaron plasmados en el decreto que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que quedó de la siguiente manera (las negritas indican las modificaciones):
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, que comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo de decir verdad cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su formulación.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
Si bien la Carta Magna ya consignaba la presentación de un informe por escrito por parte del Presidente así como la glosa posterior con los secretarios, ahora ya no se le exige que acuda a la apertura de sesiones del Congreso y sí en cambio se abren espacios de diálogo institucional e interpelación más eficaces y constructivos para la rendición de cuentas para que como Legislativo se compruebe, inspeccione, verifique, examine y valore la actividad del Ejecutivo.
A partir del próximo 1 de septiembre, una nueva forma de contrapeso y relación entre poderes dará inicio, formas modernas de rendición de cuentas. Todo ello claro a nivel federal, mientras aquí en Puebla seguimos en la prehistoria con un Congreso local que por su mayoría priísta y obedeciendo a su código genético sigue siendo apéndice del gobernador.
Comentarios diazgarcia2020@gmail.com
Legisladores panistas y desde luego algunos de otras fracciones, buscamos romper estos esquemas trasnochados y modernizar la legislación a las exigencias del México de hoy.
Es evidente que hay priístas a quienes la apertura y las reformas les causan urticaria, porque en su código genético tienen escrito ese presidencialismo, esos compadrazgos y esas prácticas que aprendieron de sus antecesores. Quisieran regresar a los caciques que les ordenen y ellos solo obedecer; no quieren ser ciudadanos quieren ser súbditos.
Por suerte la alternancia develó varios tabú que han permitido avanzar en la rendición de cuentas y la transparencia. Anteriormente el sistema prohibía acercarse al Presidente, conocer su casa, su familia, su perfil de ser humano detrás de ese tótem al que se le rendía pleitesía; antes no se conocían ni se evaluaban los montos del presupuesto que gastaba la Presidencia ni sus secretarios; en el pasado estaba prohibido criticar o señalar errores del Presidente.
Hoy esto ha cambiado y en buena parte se debe a la participación de la sociedad, a la apertura y pluralidad de los medios de comunicación así como a personas públicas como fue el ex presidente Vicente Fox quien además, promovió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, que ha implicado una trasformación de fondo y un cambio de sistema, indispensable en el avance democrático de nuestro país.
El informe anual del Presidente de la República se vio tan desgastado e ineficaz que en los últimos años fue usado para fines de presión y protesta, el informe pasó de ser el “día del Presidente al día contra el Presidente”.
Pero la necesidad de transformar viejas reglas que aún persisten, ha permitido que legisladores de todas los grupos parlamentarios, apoyaran la reforma al artículo 69 constitucional así como al 93 los cuales quedaron plasmados en el decreto que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que quedó de la siguiente manera (las negritas indican las modificaciones):
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, que comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo de decir verdad cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su formulación.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
Si bien la Carta Magna ya consignaba la presentación de un informe por escrito por parte del Presidente así como la glosa posterior con los secretarios, ahora ya no se le exige que acuda a la apertura de sesiones del Congreso y sí en cambio se abren espacios de diálogo institucional e interpelación más eficaces y constructivos para la rendición de cuentas para que como Legislativo se compruebe, inspeccione, verifique, examine y valore la actividad del Ejecutivo.
A partir del próximo 1 de septiembre, una nueva forma de contrapeso y relación entre poderes dará inicio, formas modernas de rendición de cuentas. Todo ello claro a nivel federal, mientras aquí en Puebla seguimos en la prehistoria con un Congreso local que por su mayoría priísta y obedeciendo a su código genético sigue siendo apéndice del gobernador.
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