Ya basta: menos show y más acción

Por José Antonio Díaz García*

En memoria de Chumilla Aguilera Davis QEPD

A pesar de no informar con claridad las cifras reales sobre secuestros e inseguridad en Puebla –como lo comentamos en la columna pasada- el gobierno encabezado por Mario Marín armó el jueves pasado un teatral operativo al desplegar más de 300 elementos policíacos.

El propósito fue trasladar de la Academia de Policía al penal de San Miguel a ocho delincuentes que se hicieron pasar por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) pero que fueron detenidos y casi linchados por pobladores del municipio de Tlapanalá, al sospechar que fueran secuestradores.

Casualmente el mencionado operativo se realizó el jueves 21 de agosto, día en que se celebraba la reunión del Consejo Nacional de Seguridad a la cual asistió la plana mayor de gobernadores, presidentes de los tres poderes de la Unión así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación, ante un escenario de fuertes reclamos por parte de la ciudadanía luego de la creciente inseguridad y los secuestros en todo el país.
Puro show mediático, decenas de patrullas circulando frenéticamente por las calles de Puebla en hora pico, con armas largas, policías con pasamontañas apuntando hacia todos lados, el helicóptero volando a muy baja altura, pero eso sí con las cámaras de televisión y los reporteros gráficos participando del convoy. Otro show vacío de contenido como el armado para el reparto de los libros de texto, en donde los camiones no tenían un solo libro.
Pareciera como que el macro operativo quiso demostrar que en Puebla sí se combate al crimen organizado, sin embargo hay autoridades locales que minimizan la realidad, no difunden información veraz o se lavan las manos evadiendo su responsabilidad para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.

El secretario de gobernación estatal Mario Montero exhortó a los medios de comunicación para no generar una percepción de inseguridad que no existe en el estado y reiteró que aquí se conserva un clima de seguridad. Sin embargo, reconoció la presencia del narcotráfico y la delincuencia organizada, comenzando por dos de las personas detenidas el pasado fin de semana en Tlapanalá quienes eran un ex policía y un ex militar.

He aquí algunos hechos recientes que debiera poner en alerta a las autoridades:
asesinato de un judicial poblano encontrado en Veracruz, 3 secuestros reportados ante la AFI, alcalde priísta de Izúcar de Matamoros encarcelado en Estados Unidos acusado por narcotráfico, ejecución de un soldado en la caseta de Texmelucan, asalto a una camioneta de valores, detención de cinco operadores del cartel de Sinaloa, asaltos a casa-habitación y a tiendas de autoservicio (Oxxo y farmacias), robo de vehículos con lujo de violencia, robo de autopartes, intentos de linchamiento (Tlapanalá y Canoa), atentado contra el subprocurador Víctor Pérez, asesinato del diputado Suplente José Alfredo Pérez Castro, intento de asesinato al suplente del diputado Melitón Lozano, atentado contra el diputado José Pérez Vega, asesinato de un vallet parking y lesiones a otro en manos del entonces Subdirector de Vialidad estatal Alan Ibarra Meza, entre otros.

Hace tres días, el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Alejandro Fernández Soto, reconoció que Puebla no ha cumplido con actualizar la base de datos del sistema nacional de Seguridad Pública con relación a la información del personal de las corporaciones policíacas, población de reos, licencias de armas de fuego, entre otras.

Ante esta realidad, los diputados locales del PAN solicitaron desde el pasado 7 de mayo, la comparecencia del General Mario Ayón Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, ante el Congreso del Estado, pero la mayoría priísta negó el citatorio.

A la reunión nacional de seguridad asistió desde luego el gobernador de Puebla (que por cierto fue abucheado cuando lo presentaron) quien firmó el acuerdo para que en 100 días haya resultados tangibles conocidos por los ciudadanos.
Ojala y estas reuniones bajaran los índices de criminalidad. Pero soy escéptico porque en nuestro estado ni siquiera podemos conocer los datos reales sobre robos, asaltos y secuestros por parte del gobernador y su equipo. ¿Que ganan o a quien protegen al ocultar la información? Además Marín está más preocupado por ofrecer shows mediáticos que mejoren la percepción, pero que no dan ningún resultado.

El PAN ha exhortado al gobierno de Puebla que de a conocer el diagnóstico de seguridad en la entidad indicando la incidencia delictiva durante el ejercicio 2008 y que convoque a la brevedad a una “Convención Estatal en pro de la Seguridad Pública” con la participación de los alcaldes de los 217 municipios, los Poderes Legislativo y Judicial, los diputados federales, senadores y representantes de la sociedad civil con el objeto de determinar las políticas públicas y líneas de acción así como las respectivas corresponsabilidades en el combate a la delincuencia.

No se trata de generar psicosis y pánico colectivo, pero tenemos todo el derecho a conocer la información fidedigna y exigir, como lo hizo Alejandro Martí ante el Consejo Nacional de Seguridad, que las autoridades responsables de combatir el crimen den resultados o mejor renuncien.

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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

¿Puebla segura...?

“En Puebla se cometen 150 delitos por día, de los cuales solo 15 son denunciados ante la autoridad correspondiente, lo que quiere decir que de 10 víctimas sólo uno presenta denuncia, esto de acuerdo a datos del Instituto Ciudadano Sobre la Inseguridad".

De acuerdo a datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia de enero a diciembre de 2007 con lo que respecta a incidencia de delitos se registraron: 7 secuestros, 2671 lesiones, 539 homicidios, y 1,847 robos, los que sumados con otros delitos dieron un total de 11,795 delitos en 2007. En el periodo de enero a febrero de 2008 se dieron 3 secuestros, 480 lesiones, 109 homicidios y 327 robos entre otros delitos.

Lo anterior demuestra que en el presente año, la incidencia de delitos, como el secuestro, es alto; tan solo de enero a febrero de 2008 se registraron 3 y en todo el 2007 se registraron 7.

El abominable secuestro

Por José Antonio Díaz García*

Dinero. ¡Qué poco valor puede tener el dinero si la vida de un ser humano está en juego!

Así escribía hace unos días el presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex, Alfredo Harp Helú, ante la muerte del joven Fernando Martí. Así escribía un hombre que fue secuestrado en 1994, estuvo 106 días en cautiverio y salió con vida.

Así pueden escribir los cientos de mexicanos que han vivido el terror de un familiar secuestrado; así clamamos millones de personas que no queremos ser presas del miedo y la zozobra de vivir en un país donde se corre el riesgo de ser privado de la libertad; donde nuestros hijos pueden ser víctimas de mentes enfermas de ambición, de dinero, de poder o de venganza social.

A principios de este 2008, solicité a la Procuraduría General de la República (PGR) a través del Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI), el número de víctimas por secuestro, de los últimos 7 años y lo que va de este.

Comparto esta información porque sin duda es un tema de seguridad nacional pero sobretodo de seguridad familiar donde, por desgracia, México es un país donde el índice de secuestros va de nuevo en aumento junto con la creciente incertidumbre e inseguridad que percibimos los mexicanos.

En la respuesta que me envió la Procuraduría General de la República (PGR) documentan los secuestros en los que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) ha coadyuvado con las autoridades de las entidades federativas.

Esto sucede cuando la PGR ha atraído los casos, porque el Ministerio Público ejerce facultad de atracción.

Hay que considerar entonces que los datos que a continuación expongo sólo son una parte de los secuestros registrados en México en los últimos siete años y medio, ya que a estos hay que sumarle los que no atrajo la PGR y los que no fueron denunciados, que seguramente son muchos puesto que buena parte de las víctimas, por ejemplo de secuestros Express, cuando son liberadas prefieren no dar cuenta a las autoridades por miedo a represalias y porque los secuestradores amenazan con dañar a familiares cercanos.

Las cifras de la PGR reportan a nivel nacional, 1089 secuestros de 2001 a mayo de 2008, de los cuales 930 fueron de adultos y 159 de menores de edad.

De los 930 adultos privados de su libertad 257 fueron mujeres y 673 hombres, mientras que de los menores, el 40.8 por ciento fueron niñas (65 plagios) y el 59.1 por ciento varones (94).

Los años con mayor número de secuestros en este lapso fueron 2004 con 200 secuestros, 2007 con 178, 2003 con 167 y 2005 con 158. En lo que va de 2008 se han registrado 106, sin contar el trágico y reciento secuestro seguido de asesinato de Fernando Martí de 14 años que fue “levantado” el pasado 4 de junio.

Al comparar las entidades federativas, el Distrito Federal ocupa el primer lugar en secuestros con un total de 494 en casi 8 años, de los cuales el 14.7 por ciento fueron de menores de edad siendo entre 2003 y 2007 cuando se registraron un mayor número de privaciones de la libertad.

En segundo lugar se encuentra el Estado de México con 368 secuestros de los cuales 65 fueron menores y 303 de adultos; en tercero Guerrero, seguido de Baja California, Oaxaca, Morelos y Veracruz.

Puebla registra 7 secuestros de adultos, dos en 2004, uno en cada uno de los otros años con excepción del 2000 y el 2005 que no reportan ninguno.

Comparado con otras entidades, la nuestra parecería segura como lo señalaron recientemente las autoridades locales. Para el procurador de Justicia del estado Rodolfo Igor Archundia Sierra, hay tres o cuatro denuncias por secuestro al año; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras considera que sí existen problemas de delincuencia en la ciudad de Puebla, pero no son tan alarmantes como se denuncian; y para rematar el subsecretario de Gobernación, Joe Hernández Corona, consideró innecesaria la posibilidad de reforzar la seguridad pública en el estado o establecer más operativos de vigilancia al considerar a Puebla como un estado seguro y tranquilo.

Sin embargo, el periódico digital e-consulta recién publicó que en lo que va del año se han registrado en Puebla al menos diez secuestros -no denunciados por miedo- así como cuatro ejecuciones en zonas como Tehuacán, Atlixco, Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Puebla capital, entre otros.

Y lo peor del caso es que en todo el país, buena parte de los secuestradores cuentan con la protección o pero aún, con la participación de autoridades judiciales como lo acabamos de ver en el caso del joven Martí.

Cómo no preocuparnos si la impunidad sigue siendo el principal problema para el desarrollo de México, porque mientras ésta prevalezca no habrá confianza para invertir, ni seguridad para crecer, ni garantías de que nuestros impuestos se emplean en cuidarnos y no en pagar policías que delinquen, en ministerios públicos ineficientes y coludidos, o en jueces que se lavan las manos.

La presidenta de la asociación civil México Unido contra la delincuencia, María Elena Morera, denunció hace un par de semanas la libración por parte de jueces de la Ciudad de México, de 251 personas acusadas por secuestro sin que hayan cumplido sentencia y desde luego sin estar readaptados.

Los grupos de secuestradores pueden tener fines diversos, desde financiar al crimen organizado, léase guerrilla o narcotráfico, hasta conseguir dinero “fácil”. No importa el móvil, someter a la víctima y a su familia a un régimen de terror, requiere de todo el peso de la ley, y desde luego su cumplimiento, porque si bien la cadena perpetua propuesta por el Presidente Calderón podría dar mayor certeza a quienes fueron blanco del secuestro -y permanecieron con vida-, de no volverse a encontrar a sus plagiarios, de nada serviría si se les libera por falta de pruebas.

Esta misma pena de cárcel vitalicia, debiera aplicarse a las autoridades coludidas con todo el rigor porque si ya de por sí el secuestro es abominable, que lo respalde y organice la autoridad que está para servir y cuidar a los ciudadanos, es un crimen que debe castigarse con toda dureza.


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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

¿Cuánto pesa la obesidad?

Por José Antonio Díaz García*

Un millón 160 mil 895 kilos bajaron en conjunto casi dos millones de mexicanos en dos meses, es decir, un promedio de kilo y medio por persona.

Del 2 de junio al 26 de julio, el gobierno federal lanzó la campaña nacional “Vamos por un millón de kilos”, a la que se inscribieron un millón 810 mil 368 personas a través de instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las cuales proporcionaron orientación nutricional para tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar el peso.

El pasado 3 de agosto, El Presidente Felipe Calderón puso en marcha el Programa Nacional de Actividad Física “Actívate, Vive Mejor”, para que a partir del próximo ciclo escolar en todas las escuelas de educación básica se dediquen 30 minutos diarios de educación física, incluso en aquellos colegios donde no haya las condiciones necesarias, se realizarán en el propio salón de clases.

Además, se iniciará una campaña para promover el ejercicio en el ámbito laboral, en empresas públicas y privadas, para que los trabajadores puedan hacer alguna actividad física sistemática en su horario de trabajo.

La campaña continuará porque México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad, lo cual representa uno de los problemas más graves de salud pública ya que el sobrepeso es uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar diabetes, hipertensión arterial, osteoartritis, cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas.

En los últimos siete años las cifras de obesidad se dispararon en todos los grupos de población y en todos los estratos socioeconómicos. Según registros oficiales uno de cada 3 adolescentes mexicanos tiene sobrepeso y obesidad que, en números redondos, representa 5 millones 757 mil 400 jóvenes.

Fue en 2006 cuando los resultados de una Encuesta Nacional de Salud arrojaron que 70% de la población total tiene problemas de peso; obesidad (40%) o sobrepeso (30%).

La obesidad se producen de manera gradual debido al consumo excesivo de alimentos ricos en azúcares y grasas, como: refrescos, bebidas alcohólicas, botanas, harinas, alimentos elaborados con exceso de grasas, aderezos y frituras, entre otros y debido a factores como la inactividad física y el sedentarismo.

Si bien la obesidad puede ser causada por enfermedades médicas como el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing (trastorno hormonal de la hipófisis) o herencia de padres obesos, la mayor parte de los casos se debe a esos hábitos inadecuados en la alimentación y la actividad física.

Otra factor de riesgo en personas obesas son los trastornos psicológicos originados por críticas o discriminación que dañan la autoestima, provocando tristeza y aislamiento que encuentran consuelo en la comida. La motivación y el apoyo emocional sobretodo en adolescentes, es fundamental para no desistir en bajar de peso.

Dos grupos de la población son fundamentales para atacar el problema de la obesidad infantil: los padres de familia y los maestros. Los primeros porque en la tarea de cuidar a sus hijos, se encuentra el vigilar qué comen. ¿Cuántos padres prefieren por flojera, falta de tiempo o desinterés, darles dinero para comprar dentro o fuera de sus escuelas refrescos y comida chatarra?

Por otro lado, los maestros y directivos de las escuelas encuentran en las tienditas escolares una fuente de ingreso sin importarles demasiado qué consuman los estudiantes.

Según datos publicados por la Revista Expansión los niños le dejan a las tienditas escolares 19,400 millones de pesos al año por la compra de productos altos en grasa, sodio o azúcar.

Más allá de las campañas locales o federales de concientización que sin duda son útiles; más allá de la legislación y la regulación publicitaria a las grandes empresas productoras de golosinas, pastelitos, refrescos y botana para que mejoren la calidad nutricional de sus productos, es fundamental que los padres y maestros asumamos un mayor compromiso en la alimentación de los menores.

Una acción concreta es exigir que en las tienditas escolares no se venda comida chatarra. Y tampoco refrescos. Impulsemos que nunca falte agua natural, jugos, aguas de frutas naturales y semillas tostadas que dan energía.

¿Cuánto nos pesa el sobrepeso?

La obesidad le pesa a los mexicanos física y anímicamente; le pesa al Estado por los costos de las enfermedades que provoca, le pesa a los padres por el riesgo en la salud de sus hijos; nos pesa a todos porque una persona con sobrepeso no se siente satisfecha, ni realizada y nuestros hijos corren este riesgo latente. De nosotros depende, empecemos este ciclo escolar evitando la comida chatarra y haciendo ejercicio.

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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

Informe Presidencial, Pregunta Parlamentaria: nuevas reglas democráticas

Por José Antonio Díaz García *
Durante casi un siglo, la rendición del informe presidencial cada 1 de septiembre fue uno de los principales rituales del sistema político mexicano, del sistema PRI-gobierno. Pero a partir de este 2008, el Presidente de la República no tendrá que acudir ante el Congreso de la Unión sino sólo enviará su informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública del país para revisión de los legisladores.

Ya desde la Constitución de 1917, el artículo 69 mencionaba que el Presidente de la República debía acudir a la apertura de sesiones del Congreso y presentar un informe por escrito. Al paso de los años, el ritual adquirió características monárquicas, faraónicas, para el lucimiento de la figura presidencial.

Ceremonias como el informe presidencial, el famoso besamanos y el control del Presidente sobre los demás Poderes de la Unión, fortalecieron un presidencialismo exacerbado que permitió al PRI permanecer 70 años en el poder.

Sin embargo, en el 2000 surgió un nuevo gobierno emanado del Partido Acción Nacional, partido opositor al sistema desde 1939. A pesar de la alternancia, todavía quedan muchas reglas de aquel anquilosado sistema de siete décadas que siguen vigentes: las famosas reglas no escritas de la política tradicional mexicana que tácitamente impedían que un ex presidente opinara sobre el acontecer nacional. Hoy las cosas han cambiado y es el propio PAN quien invita al ex presidente Fox a ser parte de una comisión estratégica para las elecciones del 2009.

Legisladores panistas y desde luego algunos de otras fracciones, buscamos romper estos esquemas trasnochados y modernizar la legislación a las exigencias del México de hoy.

Es evidente que hay priístas a quienes la apertura y las reformas les causan urticaria, porque en su código genético tienen escrito ese presidencialismo, esos compadrazgos y esas prácticas que aprendieron de sus antecesores. Quisieran regresar a los caciques que les ordenen y ellos solo obedecer; no quieren ser ciudadanos quieren ser súbditos.

Por suerte la alternancia develó varios tabú que han permitido avanzar en la rendición de cuentas y la transparencia. Anteriormente el sistema prohibía acercarse al Presidente, conocer su casa, su familia, su perfil de ser humano detrás de ese tótem al que se le rendía pleitesía; antes no se conocían ni se evaluaban los montos del presupuesto que gastaba la Presidencia ni sus secretarios; en el pasado estaba prohibido criticar o señalar errores del Presidente.

Hoy esto ha cambiado y en buena parte se debe a la participación de la sociedad, a la apertura y pluralidad de los medios de comunicación así como a personas públicas como fue el ex presidente Vicente Fox quien además, promovió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, que ha implicado una trasformación de fondo y un cambio de sistema, indispensable en el avance democrático de nuestro país.

El informe anual del Presidente de la República se vio tan desgastado e ineficaz que en los últimos años fue usado para fines de presión y protesta, el informe pasó de ser el “día del Presidente al día contra el Presidente”.

Pero la necesidad de transformar viejas reglas que aún persisten, ha permitido que legisladores de todas los grupos parlamentarios, apoyaran la reforma al artículo 69 constitucional así como al 93 los cuales quedaron plasmados en el decreto que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que quedó de la siguiente manera (las negritas indican las modificaciones):

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, que comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo de decir verdad cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su formulación.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Si bien la Carta Magna ya consignaba la presentación de un informe por escrito por parte del Presidente así como la glosa posterior con los secretarios, ahora ya no se le exige que acuda a la apertura de sesiones del Congreso y sí en cambio se abren espacios de diálogo institucional e interpelación más eficaces y constructivos para la rendición de cuentas para que como Legislativo se compruebe, inspeccione, verifique, examine y valore la actividad del Ejecutivo.

A partir del próximo 1 de septiembre, una nueva forma de contrapeso y relación entre poderes dará inicio, formas modernas de rendición de cuentas. Todo ello claro a nivel federal, mientras aquí en Puebla seguimos en la prehistoria con un Congreso local que por su mayoría priísta y obedeciendo a su código genético sigue siendo apéndice del gobernador.


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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional