Honrar la palabra

Por José Antonio Díaz García*

Es inevitable compartir con ustedes lectores, la joya de la semana pasada. Me refiero a la respuesta de la Oficina del gobernador Mario Marín, ante una petición ciudadana para conocer su declaración patrimonial.

“Cualquier aspecto que ponga en riesgo la estabilidad personal, familiar e incluso patrimonial del encargado del Gobierno, debe ser debidamente sopesado, como es el caso de abrir la información relativa a sus ‘datos personales’, en específico, lo concerniente a su declaración patrimonial, ya que al hacerse pública esta información se estaría potencializando el riesgo de un atentado, no sólo en el ámbito de la intimidad de su persona, sino incluso de su familia, su domicilio, sus papeles o posesiones, pero sobre todo, lo que conlleva a la figura jurídico, política y administrativa que él representa para nuestro Estado.”

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UDAPI), quien respondió a la solicitud, está encabezada por Guillermo Deloya Cobián, también secretario particular del ejecutivo estatal, por lo que su respuesta refleja claramente la posición de su jefe quien a diferencia de mandatarios estatales panistas y del propio ex presidente Vicente Fox, prefiere ocultar sus bienes con el ridículo pretexto de correr riesgo o ser víctima de un atentado.

¿Qué tantos bienes y propiedades tiene Marín como para no querer informarnos a los ciudadanos?

¿Acaso los obtuvo ilegalmente o con dinero que no es suyo y teme que lo descubramos?

¿Qué nos espera a los ciudadanos en materia de seguridad si el propio gobernador corre peligro en el estado?

¿Quién querría atentar contra el gobernador? ¿Tendrá muchos enemigos?…porque a un ladrón de a pie no le sería fácil robarle, con el cuerpo de seguridad que lo vigila…

¿Qué oculta el gobernador Marín? ¿A qué le teme? ¿A quién le teme?
Otro pretexto de su oficina de “transparencia” para sesgarse a informarnos sobre su patrimonio, fue que “la información sobre el patrimonio de cualquier persona es considerada como “datos personales” y está protegida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla”. Claro esa norma es sólo para darnos atole con el dedo y poder dar respuestas a modo y no ser realmente transparente.

En contraste, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) determinó que los únicos datos con carácter confidencial en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, son los personales correspondientes al domicilio, teléfono, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población, ya que la divulgación de otros datos patrimoniales no afecta el derecho a la privacidad.

Si bien cada funcionario puede decidir si hace o no pública su declaración patrimonial, el gobernador Marín se comprometió con los ciudadanos desde el inicio de su administración, a que la suya y la de los integrantes de primer nivel de su equipo, estarían disponibles en el portal de Internet del gobierno estatal.

De hecho en aquél 2005 conocimos el monto de sus bienes, el cual ascendía a 7 millones 48 mil 755 pesos. Pero pronto se le olvidaron sus promesas y compromisos con la transparencia.

La opacidad sobre el manejo de recursos públicos en Puebla, denunciada recurrentemente en esta columna, así como la cobarde decisión de guardarse su declaración patrimonial, levanta sospecha y siembra dudas sobre los métodos de muchos políticos para hacer fortuna. Sólo basta recordar al ex gobernador priísta también del estado de México, Arturo Montiel, del que nos enteramos lo que poseía, cuando la esposa le demanda el divorcio y le saca los trapitos al sol.

Los políticos tenemos que someternos al escrutinio público, nos guste o no, sobre todo cuando recientes escándalos como el de Cacho-Marin-Kamel, han puesto en evidencia las formas del “gober precioso”, en detrimento de la confianza ciudadana.

Y para no quedarse en la crítica sin propuesta, le propongo al gobernador Marín que él y yo pongamos a disposición de un comité técnico nuestras declaraciones patrimoniales y declaraciones de impuestos que como servidores públicos hemos presentado desde que iniciamos en el primer puesto de responsabilidad; este comité analizará, auditará y compulsará nuestro patrimonio, ingresos y gastos para determinar si nuestro patrimonio es explicable por nuestros ingresos. El comité que propongo estará integrado por 3 universidades y 3 despachos de reconocido prestigio y los resultados se harán públicos.

Más aún en casos como el del gobernador Marín que lleva toda su vida profesional –mas de 20 años– como burócrata, viviendo del erario, su patrimonio es resultado del dinero de los poblanos, razón suficiente para conocerlo.

El que nada debe, nada teme.

En la construcción de la democracia no caben comportamientos oscuros y tenebrosos en quienes la ciudadanía ha delegado la responsabilidad de gobernar. No caben servidores públicos escurridizos, expertos en pretextos para no informar, para manipular la ley y beneficiarse de su cargo para evitar rendir cuentas.

Exijamos que el gobernador Marín cumpla su palabra de hacer pública su declaración patrimonial y la de su gabinete, porque de no hacerlo, se confirmaría que algo oculta y que no honra su palabra con quienes lo eligieron.

Comentarios: diazgarcia2020@gmail.com
*Diputado Federal del Partido Acción Nacional