¿Terroristas o ingenuos?

Por José Antonio Díaz García *

Hace dos meses dedicamos este espacio al tema del secuestro y financiamiento de la guerrilla en México y Colombia, y exponíamos lo inaceptable del terrorismo, la utilización de la violencia, la amenaza, el secuestro, los asesinatos y el narcotráfico para conseguir sus fines, en un sistema democrático.

El pasado primero de marzo, el ejército colombiano atacó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la frontera sur con Ecuador, y murieron junto con Raúl Reyes, portavoz y número dos de este grupo, 16 personas más entre las cuales se encontraban cuatro mexicanos varones y una mexicana Lucía Andrea Morett, quien sobrevivió.

La pregunta que la mayoría de los mexicanos nos hacemos desde entonces es ¿qué hacían estos connacionales en un campamento guerrillero colombiano?

Tatiana Sule, secretaria general de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la que estudiaban algunos de los mexicanos caídos, aseguró que la máxima casa de estudios no organizó ninguna práctica académica en Ecuador, por lo que los jóvenes mexicanos estarían allá por cuestiones personales.

Morett, la mexicana sobreviviente, coordina en la UNAM la Cátedra Libertador Simón Bolívar creada en 2001. Junto con ella trabajaban algunos estudiantes fallecidos que días antes habían asistido al segundo Congreso Continental Bolivariano en la Universidad Politécnica de Quito, celebrado del 24 al 27 de febrero, y de ahí se trasladaron al campamento de las FARC.

Las razones del traslado han sido motivo de especulación: iban a entrevistar a los guerrilleros por compartir una ideología socialista bolivariana común; eran jóvenes que pertenecían a los cuadros de las FARC en México que junto con otros jóvenes latinoamericanos iban a un entrenamiento guerrillero; eran miembros de una compañía de teatro que iban a distraer a un grupo de narcoterroristas…

La auténtica razón sólo la sabe Lucía Morett, estudiante con alto rendimiento académico, oradora principal cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) visitó la UNAM y por lo que puede deducirse, simpatizante permanente de movimientos subversivos, quien sigue internada en Quito y pudiera –según comentaron sus familiares- pedir asilo político en Ecuador.

Respetando los “ideales” de Lucía y los de estos jóvenes que por desgracia perdieron la vida, me pregunto si sabrían que Luis Edgar Devia alias 'Raúl Reyes', estaba acusado por delitos como violación y acto sexual violento, terrorismo, rebelión, destrucción de bienes protegidos, secuestro, reclutamiento ilícito, hurto calificado, apoderamiento de aeronave y tráfico de estupefacientes.

Si eran jóvenes que estaban en el campamento para entrenarse con guerrilleros de un grupo terrorista, deben ser tratados como tales: como terroristas.

La otra opción es que fueran ingenuos y buscaban aventuras fuertes por lo que fueron a vacacionar al lugar equivocado sin saber el riesgo que corrían ni el tipo de personas con las que compartían los alimentos y el abrigo del campamento. Si son jóvenes universitarios, es seguro que lo supieran.

“Somos investigadores, no guerrilleros", rezan los carteles hoy colocados en la UNAM por sus simpatizantes para defenderlos de las imputaciones ante las cuales el rector José Narro declaró que no aceptará la infamia o la mentira para caracterizar a la UNAM.

Es sabido que la guerrilla en el mundo recluta adeptos en las universidades; incluso en el Distrito Federal las FARC tenían oficinas de contacto hasta el 2002, año en que el gobierno de Fox las cerró. Al frente de esa representación guerrillera en México estuvo Olga Marín, hija de Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, líder de las FARC, y esposa de Raúl Reyes, fallecido en el bombardeo del pasado 1 de marzo.

Si bien el ataque de Colombia en territorio extranjero es inaceptable para un país democrático como el nuestro; igual de inaceptable es que Ecuador tolere la estancia de terroristas que atentan contra la estabilidad de cualquier país.

A finales del 2007 el diario El País de España entrevistó a “Rafael”, un desertor de las FARC que militó diez años y se acogió al programa de reinserción a la vida civil promovido por el gobierno colombiano. Aunque teme la venganza de sus ex compañeros, desistió porque el narcotráfico ha suplantado el altruismo socialista que les impulsó a tomar las armas.

“Hay muchísimo dinero en juego en esa zona fronteriza donde la droga entra desde Colombia…porque la línea más segura para llevar droga a Europa es por Venezuela…la guerrilla tiene un pacto de no agresión con los militares venezolanos. El Gobierno venezolano deja a las FARC operar libremente porque comparten el mismo pensamiento bolivariano”.

Veremos qué sucede esta semana luego de la oferta del gobierno colombiano a las FARC, para ex carcelar a rebeldes guerrilleros a cambio de la liberación de rehenes, entre ellos la franco-colombiana Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia, secuestrada hace seis años y cuyo estado de salud es delicado, según narra ella misma en una carta que envía a su familia para despedirse.

¿Servirá esta reflexión para los jóvenes que pueden ver eclipsados sus ideales por “vincularse” con grupos cuyo modus operandi no sólo desvirtúa y olvida su espíritu de lucha contra la pobreza y la marginación, sino genera odio, violencia y muerte?

Si los mexicanos muertos y la señorita Morett son terroristas, que se les juzgue como tal y si son idiotas útiles, quien les manda meterse entre las patas de los caballos.
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*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

El justo juez…

Foto:El Universal

Por José Antonio Díaz García*

“¡Voto por voto, casilla por casilla…No podemos aceptar una regresión, un retroceso democrático. En la historia política reciente de nuestro país, abrir espacios para lograr elecciones libres, equitativas y limpias ha costado muchos sacrificios; inclusive, la vida de miles de mexicanos. No podemos aceptar que con la ilegalidad, el dinero y las trampas, un grupo de privilegiados quiera imponer a un presidente ilegítimo!”.

Con estas palabras Andrés Manuel López Obrador arengaba a sus seguidores concentrados en el Zócalo de la Ciudad de México aquel 16 de julio de 2006… A 20 meses de distancia, de aquellos airados discursos ¿Volverán a resonar en la garganta del ex candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos estas exigencias ante el desaseado proceso interno que acaba de vivir el PRD? ¿Les advertirá a sus correligionarios que las elecciones limpias, sin trampas, sin robo de urnas y sin violencia debieran realizarse empezando por ellos mismos? ¿O es mejor que se aplique la ley pero, en los bueyes de mi compadre?

El pasado 16 de marzo los afiliados al Partido del Sol Azteca acudieron a las urnas para elegir al nuevo dirigente nacional, a los estatales así como a los consejeros federales y locales.

Pero a 9 días de la elección, los perredistas no han logrado ponerse de acuerdo y se han metido en un laberinto que parece no tener una salida fácil, legal ni legítima. Aquellos que alardeaban calificando al Presidente Calderón de espurio y tachando el proceso electoral del 2006 de ilegítimo, no son capaces de llevar a cabo un ejercicio democrático libre de viejas y corruptas prácticas como el embarazo de urnas, el carrusel, el ratón loco, aprendidas de sus ancestros priístas, partido del que emergió el perredismo.

En los días siguientes a su elección, los resultados del conteo de actas se mantuvieron muy cerrados entre los dos principales contendientes a dirigir el PRD en el país. Por un lado el actual senador Jesús Ortega quien encabeza la corriente denominada Nueva Izquierda y por otro el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, candidato del grupo Izquierda Unida y gallo de López Obrador.

Conforme pasaban las horas llegaban de los distintos estados de la República denuncias de anomalías y “marranadas” que empezaban a empañar la legitimidad de la contienda.

En el caso de Puebla simpatizantes de Izquierda Unida se quejaban del robo de urnas y la no instalación de más del 25 por ciento de las casillas, lo que según sus estatutos, exige una anulación inmediata de la elección. “Casualmente no se instalaron casillas en lugares que favorecerían a Alejandro Encinas a nivel nacional y al candidato Jorge Méndez Spínola, en el caso de la dirigencia estatal”, dijo la ex diputada del PRD Rosa María Avilés. En el PRD poblano estas prácticas no son nuevas; en 1998 el partido cooptado por el gobierno del estado –a través de Mario Marín Torres- impulsó la candidatura de Emilio Maurer, el cual con un poco de dinero aceitó la maquinaria electoral interna y se alzó triunfador del proceso interno sobre izquierdistas tan serios como Alfonso Vélez Pliego (q.e.p.d).

Volviendo a la reciente elección, a mitad de la semana los dos candidatos a la dirigencia nacional, sostuvieron una reunión sin llegar a ningún acuerdo porque algunos se oponen al conteo voto por voto de cara a la ciudadanía y a los medios de comunicación, cuando en la elección del 2006 lo exigían airadamente.

El viernes santo los perredistas recibieron su condena a través de la carta abierta del líder moral perredista Cuauhtémoc Cárdenas quien sin tapujos decía: “…ante el lodazal en que se ha sumido el proceso y la rispidez de la confrontación entre los grupos que se proclaman ganadores…el Comité Técnico Electoral y la dirección formal del partido no tienen otro camino que declarar la anulación de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 16”.

Para completar el cuadro, la legisladora perredista Valentina Batres y otros seguidores del López Obrador, piden la destitución de Ruth Zavaleta de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de los coordinadores parlamentarios del PRD Carlos Navarrete en el Senado y Javier González Garza de los diputados, porque apoyan a Jesús Ortega y aprueban al presidente “espurio”.

La contienda perredista es realmente un fiasco, no sólo por las evidentes irregularidades, golpes, robos y agresiones verbales y físicas entre afines, sino porque constatamos que los baños de pureza que se daban en el 2006 eran puro teatro. Nunca mejor aplicado el dicho de “candil de la calle y oscuridad de su casa”.

Esto no representa una verdadera y auténtica izquierda para México; una izquierda democrática -como el nombre de su propio partido lo reza- que respeta a sus militantes y respeta a los ciudadanos sin coartar sus derechos de libre tránsito y movilidad y no los amenaza con cerrar aeropuertos, carreteras y calles para defender sus posturas.

La reflexión debe servir no solo para el PRD, su dirigencia y sus militantes. Debe hacernos reflexionar a todos los políticos ¿qué estamos haciendo en nuestros propios partidos y qué mensaje estamos enviando a la sociedad? El que esté libre de culpa….

En próximas fechas el PRI en Puebla renovará su dirigencia estatal y por lo menos la dirigencia en la capital del estado. Lo mismo realizaremos los panistas con la elección de nuevos consejeros estatales y de presidente del comité directivo municipal. La democracia no solo debe ser un punto de llegada, también cuenta el respeto permanente a los procesos y las formas. Es la oportunidad de ver si somos capaces de tener procesos democráticos internos que inspiren a los ciudadanos a creer en los políticos. El justo juez, por su casa empieza.

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*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

Adiós a la Tenencia

Fotografia: http://www.milenio.com/MediaCenter/Fotos/2006/Agosto/12/TENENCIA-1.jpg

Por José Antonio Díaz García

A principios de los años 60 el gobierno priísta en turno decretó la creación de la “Tenencia Vehicular”. Un impuesto para financiar la organización de los XIX Juegos Olímpicos que tendrían lugar en nuestra afortunada nación en 1968.

El orgullo de ser los anfitriones de un evento de talla internacional donde se darían cita los principales atletas del mundo, incentivó la “generosidad” del pueblo mexicano que gustoso cooperó pagando este impuesto coyuntural, suponiendo que el pago de Tenencia por Uso de Vehículos Automotores duraría pocos años, el tiempo necesario en que el gobierno solventaría los gastos de organización, logística e infraestructura que requirió la competencia deportiva.

El impuesto por concepto de tenencia vehicular siguió vigente luego de 40 años. Quizá los gobiernos anteriores no querían olvidar tan magno acontecimiento y menos desprenderse de una importante fuente de ingresos, justificando así seguir con el cobro de un arancel que -hasta hace unos meses- parecía que se había perpetuado.

Afortunadamente los Diputados Federales, a solicitud del Presidente Felipe Calderón, aprobamos a finales del año pasado abrogar (es decir eliminar, dar por terminada) la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del año 2012, es decir, los dueños de vehículos automotores solo pagaremos “Tenencia” el 2008, el 2009, el 2010 y el 2011. Usted estimado lector lo puede consultar en el Diario Oficial de la Federación del 21 de Diciembre de 2007.

Durante los primeros años del cobro de este impuesto, los gobiernos estatales recibían un incentivo económico equivalente al 30 por ciento de la recaudación del gravamen y a partir de 1991 el impuesto se queda 100% en manos de los estados, situación que prevalece. Las entidades deben participarles a sus municipios por lo menos el 20 por ciento de lo recaudado, incluyendo recargos y multas, como dicta el artículo 2, de la Ley de Coordinación Fiscal.
Si bien la anulación del cobro de tenencia como impuesto federal es sin duda una muy buena noticia para los dueños de vehículos y sus familias, el que ahora las Legislaturas Estatales tengan la facultad para cobrarlo, siempre será una “mala noticia” para los ciudadanos ya que existe la posibilidad de que al final de cuentas sigamos pagando tenencia.

Y es una mala noticia sobre todo en estados como Puebla donde la rendición de cuentas y la transparencia son virtudes precarias o inexistentes. ¿Cuándo ha sabido usted con precisión a qué se destinan sus impuestos, dónde termina lo recaudado cada año al pagar su tenencia? ¿Qué participación tienen los municipios del estado de dicho impuesto? Apenas hace unos días la alcaldesa de la capital al fin confesó lo que muchos sabíamos y que ella ocultó al electorado y no denunció en campaña: los recursos con que cuenta el Ayuntamiento de Puebla son insuficientes, dada la enorme deuda que le heredó el también priísta Doger y las necesidades que hay que atender.

Los municipios deben exigirle al gobierno estatal mayores recursos provenientes –entre otras fuentes- del cobro de tenencia y de excedentes petroleros que por cierto este año son muy jugosos y que, como hemos dicho, en Puebla no se sabe cómo ni en qué se gastan dichos recursos.

Tan solo en 2007, según datos preliminares obtenidos del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, se obtuvieron ingresos por 653.5 millones de pesos por concepto de Tenencia vehicular en Puebla. Para el 2008 el gobierno estatal calcula recaudar alrededor de 800 millones de pesos por el “impuesto olímpico”.

Puebla es el estado que ocupa el séptimo lugar nacional en cuanto a la recaudación por concepto de tenencia y el quinto en pago de ISAN (impuesto sobre autos nuevos). Ver tabla (cifras en millones de pesos. 2006 y 2007 cifras preliminares).

Es necesario entonces que el gobierno encabezado por Marín y sus muchachos los diputados locales, definan su posición respecto al cobro de un impuesto estatal por poseer un vehículo, aunque ya no tiene justificación mantenerlo y menos después de que el Congreso federal ha aumentado los recursos a todos los estados de manera significativa, los excedentes petroleros están rompiendo record y las olimpiadas realizadas en México hace mas de cuarenta años están mas que pagadas. Como diputado federal defenderé esa posición, toca a los ciudadanos exigir transparencia y rendición de cuentas.

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*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

Reforma judicial: transformación profunda

Por José Antonio Díaz García *

¿A tenido usted o algún familiar que enfrentar alguna vez un proceso judicial?, ¿cree usted que el sistema de impartición de justicia en México es eficaz?

Ante estas preguntas, la reforma al sistema de justicia penal aprobada hace unos dias por el Senado y la Cámara de Diputados, y pendiente de ser ratificada por cuando menos 16 de los 31 congresos locales, modifica la Constitución para sentar las bases de un nuevo sistema de justicia y seguridad pública en nuestro país.

Las reformas actualizan la legislación vigente para que la aplicación de la justicia sea expedita, los cuerpos policíacos y las instancias judiciales desempeñen su labor con menos burocracia y el combate al crimen organizado, en especial a los delitos como narcotráfico, narcomenudeo y secuestro, no se obstaculice por huecos o contradicciones legales.

La justicia penal en México y la seguridad pública son dos temas fundamentales para que la impunidad no siga siendo el pan nuestro de cada día. Cuando los ciudadanos saben que quien incumple la ley o es corrupto, recibe una sanción, se genera un círculo de confianza que incentiva a pagar impuestos, a invertir y a mantener una cultura, una forma de vida, apegada a la legalidad.

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo en varios periodos quien logró combatir a la propia mafia italiana, decía que: “el único antídoto que existe contra la inseguridad es la cultura de la legalidad”.

Entre las características más importantes de la reforma se encuentran las siguientes:
Se establece en la Constitución el principio de presunción de inocencia, garantizando al acusado su carácter de inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Oralidad en el proceso penal. Que propiciará la transparencia y la eficiencia en la presentación de los asuntos.
Se prevé el mecanismo de conciliación, sujeta a supervisión judicial, asegurando la reparación del daño.
Se crean jueces de control que controlarán el proceso entre las partes previo al juicio, para garantizar el debido proceso y el equilibrio entre las partes.
Un Ministerio Publico (MP) más competitivo, en condiciones de igualdad jurídica y de igualdad real respecto del probable responsable o indiciado.
Nulidad de pruebas obtenidas por tortura o por cualquier violación de derechos humanos. La confesión deja de ser la reina de todas las pruebas.
Certificación y servicio de carrera para los cuerpos policíacos con el fin de que sean escrupulosos y profesionales en la aplicación de la ley.
Se otorgan facultades de investigación a las policías, bajo el mando del MP.
La presencia del juez en las audiencias, que serán nulas si no se cumple esta condición.
Se acota de manera importante el concepto de prisión preventiva, para convertirse en una excepción.
El arraigo será decretado por un juez cuando el MP lo solicite y acredite su necesidad por causas especiales contempladas por la ley, por un plazo de 40 días que se podrán prorrogar por otro periodo igual cuando subsistan las causas.
Los sentenciados por delincuencia organizada no compurgarán penas en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios.
Se establece la perdida de la propiedad a favor del Estado, de bienes que hayan sido producto del crimen organizado.

Hasta ahora los procesos eran a puerta cerrada. El 92 por ciento de los implicados en un proceso judicial, jamás vieron al juez, según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), lo que da pie a manejos oscuros y a corrupción.

Ahora estos juicios se ventilarán públicamente en presencia del juez y las partes podrán presentar argumentos, testigos y pruebas de viva voz, lo cual contribuye a solventar de forma más rápida y transparente los casos. Después de celebrado dicho juicio oral, el juez debe dictar sentencia frente al público en un periodo determinado de tiempo.

El nuevo sistema de justicia llamado “sistema acusatorio y oral” se deberá implementar de manera gradual en un plazo máximo de 8 años.

Ahora la responsabilidad de implementar un sistema de justicia local más eficiente y justo quedará en manos de los estados donde es urgente transformar el sistema de impartición de justicia desde las primeras instancias como son las policías y los MP.

¿Y qué pasará en estados como Puebla donde el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la titular de la procuraduría se confabulan en contra de los ciudadanos? La ley es letra muerta si las autoridades en turno no son las primeras en respetarla y si los ciudadanos no participamos y exigimos que se cumpla.

Esta reforma significa un avance pero queda pendiente la otra cara de la moneda: los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad vigilar a las autoridades y actuar con base en una cultura de legalidad. Porque como también decía Leoluca Orlando: “Hay que evitar que la corrupción personal se convierta en un hecho político”, y yo diría hay que vivir una cultura de la legalidad desde la casa para que la impunidad y la corrupción no se institucionalicen.
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* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

Privilegiar el acuerdo, en búsqueda del Bien Común

Por José Antonio Díaz García *

México estrenó consejeros electorales. El pasado 7 de febrero, la Cámara de Diputados eligió a Leonardo Valdés Zurita, como presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), así como a los consejeros Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez.

Si bien se incumplió el término establecido por la Constitución (13 de diciembre de 2007), se cumplió con un proceso que al final de cuentas, surgió del acuerdo.

Un artículo transitorio de la reforma constitucional obligaba a someter al pleno de la Cámara la propuesta de nuevos integrantes del consejo del IFE a más tardar el 13 de diciembre, víspera del fin del periodo de sesiones ordinarias. Pero por falta de consenso sobre los candidatos a consejeros, se pospuso la designación.

Fue a principios de febrero cuando se llegó a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, el cual tiene un importante significado ya que al haber una validación de los consejeros designados por los diferentes partidos y actores políticos serios, perderán peso las voces que descalifiquen al IFE cuando los resultados electorales no les favorezcan en elecciones futuras como las del 2009 y 2012.

Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador y algunos legisladores perredistas que votaron en contra de los tres consejeros mencionados, quedaron inconformes a pesar de que el nuevo presidente es un hombre vinculado a la izquierda.

Los aliados del Peje arremetieron contra sus compañeros perredistas que participaron en la discusión y negociación para definir a los consejeros porque descartaron la única propuesta válida para su “presidente legítimo” que era la de nombrar al magistrado Genaro Góngora Pimentel a la cabeza del órgano electoral.

La votación de los legisladores con respecto a Leonardo Valdés para nuevo presidente del IFE logró 398 votos en favor, 43 en contra, tres abstenciones, 14 votos a favor de “otro candidato” (Genaro Góngora) y 42 legisladores que no asistieron. La propuesta acordada de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, logró las dos terceras partes que exige la ley para ser aprobado.

En tanto, los otros dos consejeros electorales –Benito Nacif y Marco Antonio Baños—obtuvieron 387 votos en favor, 54 en contra, tres abstenciones y 12 para otros candidatos.

Con respecto al resto de los consejeros, serán nombrados en adelante para sustituir a los que saldrán de forma escalonada. Rodrigo Morales y Alejandra Latapí cedieron ahora su lugar a los recién nombrados Nacif y Baños.

Una referencia breve de cada uno de los designados denota la experiencia de cada uno que incluye el ámbito electoral. Al contrario de lo que alguna pluma expresaba en estas mismas páginas, mi opinión es que los consejeros elegidos brillan por sus conocimientos; por sus perfiles autónomos e independientes. Las calificaciones que se otorgaron en la entrevista fueron un referente, mas no era el único criterio de selección, más cuando algunos legisladores castigaban con calificaciones muy bajas a quienes querían descarrilar del proceso y al contrario.

Leonardo Valdés Zurita se formó en las filas del Partido Mexicano Socialista como alumno de Heberto Castillo en el Partido Mexicano de los Trabajadores; es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México, y licenciado en economía por la Universidad Anáhuac. Cuenta con cuatro publicaciones relacionadas con temas electorales y de partidos políticos, editadas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la UNAM, el IFE y la Universidad de Guanajuato. Ha sido docente y laboró un año en el IFE (durante la presidencia de José Woldenberg) como director ejecutivo de Organización Electoral. Un botón que demuestra su independencia es que proviniendo de la izquierda, siendo consejero electoral en el Distrito Federal, se opuso al registro de la candidatura de López Obrador, en 2000, para jefe de gobierno, por no tener la residencia obligatoria necesaria por ley.

Marco Antonio Baños Martínez se desempeñaba como asesor de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado del Congreso de la Unión. Laboralmente formado en el IFE, es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), licenciado en derecho por la UAM y cuenta con experiencia docente. Ha publicado artículos relacionados con temas electorales en la revista Voz y Voto.

Benito Nacif Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (nivel uno), es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford y licenciado en Administración Pública por El Colegio de México. Se desempeñó en el sector público y es autor de diversas publicaciones relacionadas con el sistema político mexicano. Docente en instituciones de educación superior y se desempeña como consejero ciudadano en el Consejo Local Electoral del Distrito Federal.

En reciente entrevista, Nacif Hernández reconocía que: “la reforma electoral del 2007 es la primera que se realiza después de la alternancia y en condiciones en las que ningún partido político tiene mayoría en el Congreso. Constituye una muestra de la capacidad de la joven democracia mexicana de responder con cambios profundos a situaciones adversas como la generada durante la crisis electoral del 2006. Su aprobación requirió de amplios consensos que años antes habían sido imposibles de construir, incluso en torno a temas y propuestas semejantes”.

En efecto, nuestra responsabilidad como legisladores es llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos, generando consensos y leyes que den mayor certidumbre a los procesos que vive el país, como es el caso de los comicios y las elecciones, a través de un instituto independiente, autónomo y transparente que dé mayor confianza a los ciudadanos, a los partidos y a los candidatos.

Ante todo hay que privilegiar el acuerdo para evitar la polarización y el resentimiento social. En palabras de José Martí, “política es el arte de ir levantando hasta la justicia la humanidad injusta, de conciliar la fiera egoísta con el ángel generoso; de favorecer y de armonizar para el bien general, y con miras a la virtud, los intereses”.

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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

La puñalada a Volkswagen

Por José Antonio Díaz García

El pasado 1 de febrero Puebla se vistió de fiesta y no era para menos, la planta armadora de Volkswagen festejaba tres importantes acontecimientos: 7 millones de autos fabricados en Puebla; 10 años de New Beetle y un millón de New Beetle armados en Puebla.

Se realizó un evento especial que presidió el numero uno del consorcio alemán el Doctor Martin Winterkorn, Presidente Mundial del grupo Volkswagen de México. Como invitados especiales asistieron el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Gobernador Mario Marín Torres y más de 3 centenas de invitados.

El mensaje del Doctor Winterkorn fue claro, el consorcio que representa está en Puebla y quieren invertir aquí, están en un mercado muy competido y están por tomar la “decisión final sobre un nueva planta de producción en la región del dólar”. También enseñó el músculo al decir que “…Volkswagen es uno de los empleadores mas importantes de México: 16,000 colaboradores aquí en Puebla; otros 11,000 en la industria proveedora vecina y aproximadamente 10,000 personas trabajando en las concesionarias mexicanas…”
Anunciaba en ese momento que se invertirán en la capacidad de planta en Puebla de aquí al año 2010, mil millones de dólares. Lo cual que yo recuerde, es la cifra record de inversión en mas de 50 años en nuestro estado y motivo no solo para festejar sino para cuidar y corresponder con responsabilidad.

Al final de su mensaje el Presidente Mundial de Volkswagen fue contundente y no dejó pasar la oportunidad para exigir y reclamar reciprocidad. Primero en lo local dijo: “…Puebla necesita de un clima de inversión positivo así como de una infraestructura de punta…” después en el ámbito federal apuntaba: “... No se puede soslayar ya la influencia negativa que tiene la importación de autos usados desde los Estados Unidos de América.
Tenemos toda la esperanza que en este tema se logren acuerdos que respondan a los intereses de todos los involucrados. Porque este tema influye de manera decisiva en nuestra estrategia de productos para México.
La avalancha de vehículos viejos y usados también desde el punto de vista de la política ambiental representa un grave problema...”

El Presidente Calderón le respondió que festejaba también los éxitos y sobretodo la inversión anunciada de mil millones de dólares y le pidió a los alemanes que vean en la fortaleza y competitividad del peso una oportunidad para invertir en México. También se adelantaba al reclamo por la importación de vehículos usados lo cual afecta a todo el sector automotriz y anunciaba que ese mismo día había publicado un Decreto que regula el mercado de autos usados y reduce la competencia desleal a la industria automotriz mexicana, que da trabajo a un millón de familias.

Sin embargo el pasado jueves 21 de febrero, en la Cámara de Diputados, se presentó un punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal dejar sin efecto el Decreto anunciado. Se discutió y aprobó por mayoría (202 a favor, 163 en contra y 10 abstenciones); con el 100% de los votos a favor de las bancadas del PRI y del PRD y con el voto en contra de los diputados panistas de Puebla.

Veinte días después de que el Presidente Mundial del consorcio Volkswagen anunciara que la planta que mas empleos genera en Puebla y la principal impulsora de la economía en nuestro estado invertiría una cifra sin precedentes, los Diputados Federales del PRI le dan una puñalada a los miles de trabajadores Poblanos y a las familias que ahora están en riesgo.

El asunto no es menor, otra vez los intereses de unos cuantos se ponen por encima del interés de México.

Es imperativo que el gobernador Marín y sus muchachos, los diputados del PRI, den una explicación de frente a los poblanos de las razones por las que obstaculizan las inversiones y ponen en riesgo el desarrollo y la estabilidad laboral de miles de trabajadores y sus familias.

Como diputado federal he solicitado al presidente Felipe Calderón, que no modifique el Decreto de importación de autos usados y que se endurezcan las medidas de revisión en la frontera para que no se internen vehículos que no cumplen las normas ambientales de nuestro país y que no están en condiciones técnicas y mecánicas adecuadas; esto con la finalidad de que no se ponga en peligro a los propietarios de esos autos y a la sociedad en general.

Desde el Congreso Federal los diputados del PAN trabajamos para que México se constituya en el mejor destino de inversión para la industria automotriz en el mundo.
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* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

14 de Febrero dia del amor y la impunidad

Por José Antonio Díaz García *

Hace 5 días México celebró la comercial pero ya famosa fiesta del Día del Amor y la Amistad, al tiempo que los poblanos recordábamos el segundo aniversario del que podríamos llamar “Día del Amor y la Impunidad”, es decir, aquel 14 de febrero de 2006 cuando conocimos las grabaciones entre el gobernador Mario Marín Torres y Kamel Nacif, empresario protector del pederasta Jean Succar Kuri.

Cómo olvidar sus amorosas y amistosas palabras: “mi gober precioso”, “eres el héroe de esta película papá”, “para darte un abrazo te tengo una botella bellísima de cognac”, que mostraron el contubernio entre un político y un empresario para proteger sus intereses, usando el poder con arbitrariedad para detener ilegalmente a la periodista Lydia Cacho por haber acusado a Kamel de protección a pederastas.

Con cinismo y desvergüenza Marín le decía a Nacif en la grabación: “Aquí en Puebla se respeta la ley…”.

Y los poblanos nos preguntamos ¿Cuál ley? ¿La ley de Herodes, la ley del más fuerte, la ley del que puede ser autoritario cuando llega al poder para defender amigos protectores de delincuentes que abusan de los más indefensos de la sociedad?

La semana pasada Lydia Cacho comentó en una entrevista que la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, le ofreció asilo político y asesoría jurídica para acudir a diversos tribunales internacionales y le sugirió abandonar el país después de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara que en su caso no hubo "una violación grave" de sus garantías individuales.

¿Esto es lo que nos depara a los mexicanos, tener que buscar en el exterior la justicia que en nuestro país no encontramos?

Mencionaré tres elementos que considero inciden en la falta de justicia en México:
1. La impunidad que genera desconfianza.
2. La ausencia de valores comunitarios para cumplir la ley por convicción y no solo por coerción.
3. Los compadrazgos políticos y económicos en torno al poder.

El primer elemento es la impunidad. Los impunes violan la ley sin ser castigados lo cual aumenta la desconfianza de los ciudadanos en las leyes, en las autoridades y desincentiva un comportamiento personal y social que guarde el orden y el respeto porque de todas formas “no pasa nada”, “el que no transa no avanza”, “el fuero protege”.

En países como Irlanda, las reformas para el desarrollo económico y social que han llevado a este país a combatir considerablemente la pobreza y el rezago, no hubieran tenido el mismo efecto sin un decidido combate a la impunidad. Porque disminuir la impunidad genera confianza en la autoridad. Por ejemplo, si vemos que hay más justicia y equidad, pagamos con más disposición y puntualidad los impuestos.

Si los ciudadanos observaran que quienes roban, son corruptos, faltan a la ley y generan desorden social e inseguridad son sancionados, habría mayor confianza en las autoridades y paralelamente se generaría mayor conciencia sobre el comportamiento y la responsabilidad que hay que tener para vivir en una sociedad más habitable.

Pero si a los corruptos, a los ladrones, a los secuestradores y a los que abusan del poder nada les sucede, ni hay forma de que resarzan el daño causado y más aún, se les “disculpa” amparándose en huecos legales, falta de pruebas o interpretaciones muy personales de la ley, ¿qué incentivos tendrá una persona para actuar diferente y acatar las reglas?.

Ana Laura Magaloni investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) publicó en el 2007 un estudio titulado Arbitrariedad e ineficiencia de la procuración de justicia: Dos caras de la misma moneda, donde documenta que el 90 por ciento de los delitos denunciados en México quedan impunes y el 93% de las consignaciones son casos en flagrancia, que involucran generalmente delitos de poca monta y que no exigen ningún proceso de investigación criminal previo.

Magaloni afirma que la prevalencia de altos niveles de arbitrariedad durante la fase de investigación, aunado a la ausencia de jueces que impongan costos al Ministerio Público por los mismos, ha inhibido el desarrollo de las capacidades técnicas que requieren las procuradurías para investigar en forma profesional los delitos. Sin dichas capacidades técnicas, la impunidad seguirá siendo la regla en el país y continuarán las viciadas inercias institucionales que impiden realizar procesos judiciales eficaces.

Un segundo elemento son los valores comunitarios para cumplir la ley por convicción y no sólo por coerción. Las leyes no pueden aplicarse sin una convicción social. La solución no radica únicamente en la legislación sino en la construcción de un auténtico apoyo moral, es decir, leyes respaldadas por valores. Esta tesis la sostiene Amitai Etzioni, profesor de la George Washington University estudioso de la vida de las comunidades quien sostiene que el orden se basa fundamentalmente en un compromiso personal y no tanto en la ley.

Esta tesis se ve claramente en México donde se genera el siguiente círculo vicioso: se falta a la ley porque no hay una convicción de que ésta realmente se aplique en todos y para todos; el que no se aplique para todos genera impunidad; la impunidad provoca desconfianza y la falta de confianza impide que los ciudadanos tengan una motivación real para cumplir la ley.

Un tercer elemento es el contubernio político y económico el cual quedó de manifiesto en el affaire entre Marín y Nacif quienes demostraron su amor y fidelidad pero no al pueblo y a los electores, sino a los intereses de sus propios grupos.

Kamel Nacif le enviaría “dos botellas de cognac” al Gobernador priísta de Puebla, Mario Marín, por haberle ayudado a detener a Lydia Cacho que lo había denunciado por proteger al empresario Jean Succar Kuri, acusado de liderar una de las más grandes redes de pederastia en México.

La divulgación de esta llamada sin duda afectó al candidato del PRI a la presidencia en 2006 Roberto Madrazo, al disminuir considerablemente el número de votos recibidos. Esto fue una muestra de la indignación social, sin embargo, Mario Marín sigue gobernando.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso quedó concluido pero los ciudadanos, sobretodo los poblanos no lo hemos cerrado y la mejor forma de protestar es no olvidarlo.

Ante los tres elementos señalados como un obstáculo para que haya justicia y se cumpla la ley en México, propongo tres alternativas:

Revisar y aprobar - desde el poder legislativo- la reforma judicial para hacer más eficaz el trabajo de las procuradurías.

Generar en nuestros hijos y en nuestra comunidad la indignación ante la injusticia y enseñarles con profundidad la vivencia de valores humanos para que no se dobleguen cuando tengan una posición de poder.

Lograr que el próximo 14 de febrero sea un día de amistad entre los ciudadanos para exigir menos impunidad entre los que incumplen la ley.

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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

Doger... Cuentas pendientes

* Por José Antonio Díaz García

Tres años atrás Enrique Doger Guerrero, próximo a dejar la alcaldía de la ciudad de Puebla, prometía mejorar la estructura del gasto público con el fin de destinar mayores recursos a proyectos prioritarios.

En la página 100 de su Plan Municipal de Desarrollo 2005-2008 marca como uno de sus objetivos: “Elaborar un programa para la reducción del gasto corriente”. Un trienio después esta promesa no se cumplió. Veamos por qué.

Gasto Corriente por capitulo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla



*El 2007 se calculó con lo ejercido real a septiembre y con proyección a diciembre.
**El 2008 es el presupuesto aprobado por el Cabildo.
*** Composición de Gasto Corriente obtenida del presupuesto de egresos 2008, pagina 17 Periódico Oficial del Estado del 17 de diciembre de 2007.
Fuente Presupuestos de Egresos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla

El gasto corriente ha venido aumentando paulatinamente, en el 2007 significó un 22.7% más que en el 2005, al incrementarse en 264.3 millones de pesos

En 2007 el Ayuntamiento gastó 1,430.9 millones de pesos en estos rubros, es decir 67.5% de los recursos erogados se destinaron a gasto corriente, tales como sueldos, gasolina para autos, celulares, viáticos, papelería, pago de pensiones, etc.

Si analizamos el gasto relativo a servicios personales, para hablar claro la nomina, observamos que este gasto donde están incluidos policías mal pagados encargados de velar por nuestra seguridad y también asesores y funcionarios muy bien pagados que dirigen el Ayuntamiento, aumentó 14.9% en solo dos años y se tiene presupuestado que se incremente 5.7% adicional para este año 2008. Es decir 21.4% en tres años.

¿Cómo habrá entendido Doger su compromiso de reducir el gasto corriente?

La misma pregunta aplica para el endeudamiento que esta administración hereda al Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza. En la página 28 del primer informe de gobierno municipal el ex rector de la BUAP explicaba:

“Al iniciar la actual Administración, la deuda del Municipio de Puebla ascendía a 480 millones de pesos, misma que provocaba una carga excesiva en el pago por servicio, que ascendía a 76 millones de pesos para el año 2005.
Se refinanció la deuda, y se logró un ahorro de 60 millones de pesos, así como un ahorro de 15 millones de pesos anuales para las próximas administraciones. Cabe anotar que el plazo de la deuda se redujo de 17 a 15 años”

Sin embargo en los Estados de Posición Financiera elaborados por el Ayuntamiento y firmados de puño y letra por el Doctor Doger tenemos que:



Es decir del inicio de su gestión al mes de noviembre pasado que es la fecha del último reporte publicado en la página de internet del Ayuntamiento, los pasivos totales han aumentado en 77 por ciento. El Ayuntamiento con este Presidente Municipal ha roto el record de deuda, alcanzando los 966.2 millones de pesos.
En octubre de 2007 un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaba a Puebla como uno de los municipios más endeudados, lo cual fue ratificado por Doger pero culpando a la gestión anterior. ¿Este es el ahorro para las próximas administraciones?
Y así podemos seguir analizando las finanzas públicas municipales, es importante hacer notar que así como la Administración encabezada por Enrique Doger es la que mas ha endeudado a los Poblanos, también es la que más recursos ha dispuesto $6,503,719,857.93 de 2005 a la fecha

El asunto está entonces en los resultados. Y para ello los ciudadanos habremos de preguntarnos si los recursos públicos municipales se han gastado adecuadamente y si estamos satisfechos con la rendición de cuentas.
De acuerdo a estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en Puebla no prevalece el criterio de máxima publicidad de la información, se protege a los sujetos obligados y se desincentiva a los ciudadanos para que accedan a la información, ya sea con trámites tortuosos; presentado información ilegible en los portales electrónicos y exigiéndoles a las personas que se identifiquen para solicitar la información, como mecanismo intimidatorio.
En el caso de obras públicas, no publica el monto de la inversión en su portal de internet. Tampoco informa sobre los gastos de representación ni sobre los egresos de promoción en la imagen del alcalde —gastos de comunicación— ni la deuda que contrae con sus proveedores, establece la evaluación.
El estudio también repara en que en el municipio de Puebla las sesiones de la Comisión de Hacienda no se hacen públicas.
Estas son algunas de las cuentas más importantes de la administración del Alcalde Enrique Doger Guerrero, el poder obtener la información no ha sido fácil, pues en la página de internet del Ayuntamiento, no está publicada toda la información y la poca que existe se encuentra en formatos que no son los más adecuados para permitir su análisis y comparación. Los números dejan ver pingües resultados que difieren mucho del discurso triunfalista del Doctor Doger, esperemos a ver que opinan sus propios correligionarios priístas, incluyendo a la próxima Alcaldesa, de lo que nos ha costado esta administración. Y esperemos a ver si la mayoría priísta, en el Congreso del Estado -ignominiosamente sumisa al gobernador- con su garrote político el Órgano de Fiscalización, aprueba sus cuentas pendientes…suerte Enrique.
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* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

Equidad en el acceso a las telecomunicaciones

Por José Antonio Díaz García*

En días recientes la ONU advirtió en México que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica “vulnera el derecho a la libertad de expresión”, porque afecta el requisito de la pluralidad en la información.

Si bien hace una década comenzó a abrirse la competencia en el sector de las telecomunicaciones, tanto en el segmento de la televisión abierta, el de paga y el de la telefonía, las cifras reflejan la gran distancia entre unas compañías y otras, en cuanto a su participación en el mercado.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 destaca la estrategia de incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio, así como desarrollar mecanismos a fin de incentivar una mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de telecomunicaciones.[1]

Sin embargo, aunque hay avances en materia regulatoria promovidos desde el legislativo y desde el ejecutivo a través de la Comisión Federal de Competencia (CFC), hay empresas que controlan la mayor parte del mercado.

Veamos el caso de la telefonía. Los datos del reporte del Mercado Telecom al cierre del tercer trimestre del año pasado, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, reflejan claramente como Telmex, con ambos tipos de telefonía, móvil y fija, controla el 78.2% del mercado.

Líneas Telefónicas
(% del total del mercado de telefonía)


Telcel
Movistar

Iusacell/
Unefon

Nextel

Telmex

Axtel/
Avantel

Alestra

Maxcom

TOTAL
III Trimestre 2007
56.6%

13.2%
4.8%
2.4%

21.6%

1.1%

0.1%

0.4%
100%

Algunas empresas mejoraron considerablemente su posición con reducciones tarifarias y buenas campañas publicitarias, mientras que otras, aunque registraron crecimientos en el número de líneas y en ingresos, no ganaron participación en un mercado que en total creció 11.4 millones de líneas en tan sólo un año y alcanzó las 84 millones de líneas a nivel nacional.

Líneas
Miles de Líneas
Telcel
Movistar

Iusacell/
Unefon
Nextel

Telmex

Axtel/
Avantel
Alestra

Maxcom

TOTAL
II Trimestre
2007

46,114

10,233

3,916

1,848

18,202

844

47

300

81,504
III Trimestre 2007

47,516

11,073

4,000


1,988


18,157


885

53

321

83,993
El proceso de gestación de la competencia efectiva en el mercado mexicano de telecomunicaciones ha sido insuficiente y sobre todo, muy lento.

El Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman (IHH) para el segmento de la telefonía registrado en el mencionado reporte, es de 0.84, donde el máximo nivel de medición es 1, lo que denota un mercado altamente concentrado en la telefonía mexicana.

A pesar de este índice de concentración, el número de líneas fijas tradicionales donde Telmex predomina, ha disminuido. Esto se debe a factores como la migración fijo-móvil, la sustitución de accesos de internet conmutado por los de banda ancha, con la cancelación de segundas líneas así como la creciente oferta de telefonía IP que representa significativos ahorros en consumos residenciales y de negocios.

Ante factores como estos, Telmex reaccionó poniendo en el mercado mejores tarifas que abarcan servicios de telefonía fija, internet y llamadas de larga distancia. Esto demuestra cómo la competencia y la evolución tecnológica, obligan a las empresas monopólicas a ofrecer mejores paquetes de precios y servicios.

Sin embargo, los costos de telefonía en México son muy altos comparados con los de otras naciones. Mientras en Colombia la tarifa de terminación móvil por interconectar llamadas que finalizan en un celular es de 6 centavos; en México es del doble, 12 centavos de dólar, es decir 1.34 pesos y aunque se prevé una reducción del 25.3% en 2010, donde se colocará en un peso el minuto, no alcanzaremos las tarifas que países más competitivos ya cobran hoy en día, es el caso de India, Finlandia y la propia Colombia.

Cuando en Estados Unidos la tarifa de interconexión local fija es de 0.20 centavos de dólar, en México es de 0.98, es decir, casi cinco veces más cara; y si comparamos la tarifa de interconexión de Larga Distancia (reventa) el precio mexicano es 5 veces más caro que el del vecino del norte: 1.5 vs 6.9 centavos de dólar.2

¿Por qué no podemos abaratar más rápido las tarifas si otros países de la región ya lo han hecho?

La lentitud para obtener tarifas competitivas afecta más a quienes menos recursos tienen.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI 2006, reporta que tanto los hogares del primer decil como los del décimo decil, gastan prácticamente el mismo porcentaje de su ingreso en llamadas telefónicas locales (1.3 por ciento del ingreso mensual y 1.4 respectivamente).

Según esta misma fuente, de 2002 a 2006, el gasto del primer decil en comunicaciones (llamadas locales, larga distancia, celular e Internet) creció de un 1.8 a un 2.9% del ingreso mensual, es decir aumentó un 61.1% en cuatro años, mientras que en el décimo decil sólo creció 6.3% de 4.7 a 5.0 en el mismo periodo de tiempo.

Datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 2002, dan cuenta de cómo el mexicano gasta una cantidad muy similar entre alimentos de la canasta básica y los servicios de comunicación tales como telefonía, Internet y televisión, muestra del interés por acceder a las comunicaciones y buscar desarrollarse sin quedarse tan atrás.

De cada 100 pesos, el mexicano gasta 4.14 pesos en algunos alimentos de la canasta básica como tortilla, leche y pollo.

Concepto
INPC
Tortilla de maíz
1.22652
Leche pasteurizada y fresca
1.86485
Pollo en piezas
1.05177
Total
4.14314

Concepto
INPC
Larga distancia internacional
0.44789
Larga distancia nacional
1.00862
Línea telefónica
0.21023
Servicio telefónico local
1.84885
Servicio de Internet
0.09811
Servicio de televisión
0.40833
Total
4.022


Aunque Telmex ha ofrecido planes tarifarios más accesibles para llamadas de larga distancia desde un teléfono fijo[2], si una persona de escasos recursos que sólo cuenta con un celular de pre-pago como Amigo Kit quiere hablar con algún familiar que migró a Estados Unidos, le costará 15.50 pesos el minuto, si no sale de su ciudad ni de su región. Si su familiar se encuentra en Europa el costo por minuto asciende a 20.10 pesos.

Para quien cuenta con un plan tarifario de Telcel, un minuto por una llamada de larga distancia ya con IVA a Estados Unidos o Centroamérica cuesta, 10.35 pesos y si es a Europa paga 16.10 pesos el minuto. Para las personas de mayores ingresos paradójicamente las opciones son mas económicas ya que pueden hacer llamadas vía Internet con servicios como Skype o MSN.

Ya existen en el Poder Legislativo algunas iniciativas regulatorias como la que prevé modificar dos artículos de la Ley de Inversión Extranjera para eliminar barreras a la inversión en telecomunicaciones, sobretodo en telefonía. La iniciativa pretende fomentar la competencia y que bajen los precios, mejore la calidad del servicio y se desarrollen nuevas tecnologías. Si bien la apertura es relevante ¿por qué no empezar por mejorar las tarifas de las compañías nacionales? Esto contribuiría a la ampliación del mercado, socialmente daría oportunidad a más personas de incorporarse a las telecomunicaciones y pondría a México en una posición más competitiva frente al mercado mundial.

Veamos ahora el caso de la televisión, que como en el de la telefonía, son dos compañías las que concentran la mayor parte del mercado.

De acuerdo con información de la CFC, Televisa capta el 68.5% de la audiencia total nacional de televisión abierta y el 34.5% de los hogares con servicio de televisión de paga o restringida. Esta última por medio de Cablevisión y SKY, siendo éste el único concesionario con cobertura nacional y capacidad para proveer servicio en cualquier punto del país.

Además de las redes de televisión por satélite, por cable y la abierta digital, Televisa cuenta ya con opciones para ofrecer el servicio de triple play (TV, Telefonía e Internet), sin necesidad de adquirir redes adicionales. Su diversificación en radio, Internet y revistas le permite ofrecer paquetes publicitarios que otros agentes económicos no pueden, captando así el mayor porcentaje del gasto por publicidad en televisión abierta.

La posibilidad de más canales de Televisión abierta y restringida, podría significar una oportunidad para la distribución de contenidos independientes. Se prevé que para el 2012, la televisión restringida en México penetre el 53% del mercado, ya que tan solo de 2005 a 2006, creció en un 16.4%.

Otro factor que ayudaría a la televisión restringida es regular la publicidad comercial extranjera, incluida en la programación adquirida de otros países para transmitirla en México. Los cableros asociados a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC), proponen que dicha publicidad sea producida y editada en un 80% en nuestro país con lo cual se combate a monopolios internacionales, se reactiva el mercado local de agencias de publicidad y se obtienen ingresos de la comercialización de espacios los cuales se emplearían para la modernización tecnológica de la televisión de paga.

Ejemplos sobre regulación latinoamericana en esta materia se encuentran en Chile, donde se cobra un arancel a la publicidad producida en el extranjero y transmitida en su país; en Argentina donde la ley obliga a que todos los anuncios publicitarios sean de producción nacional y en Ecuador donde la publicidad de empresas tanto locales como foráneas que transmitan los medios, debe elaborarse en ese país con personal ecuatoriano.

Con ejemplos y cifras como las mencionadas, se pone en la mesa el tema de fondo: la equidad en el acceso a las telecomunicaciones.

Hablar por teléfono, conectarse a Internet y tener más opciones de canales de televisión deben dejar de ser un lujo y convertirse en servicios accesibles para todos los ciudadanos, más ahora que el triple play es una realidad. La facilidad de contar con estos mecanismos de información y comunicación a bajo costo, contribuirá a cerrar la brecha económica en nuestro país.

Desde el Poder Legislativo seguiremos promoviendo leyes para que a través de la CFC los costos y tarifas de estos servicios se reduzcan con mayor rapidez y las empresas ofrezcan tarifas más competitivas sin demérito de la calidad y el servicio, que permitan a los mexicanos tener presencia y acceder al mercado global, imposible si no fuera a través de las telecomunicaciones.

* Diputado Federal del Partido Acción Nacional
[1] Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. DOF, Cuarta Sección. 31 de mayo de 2007
[2] Plan Todo México cuesta 1.15 pesos por minuto.
Plan Todo Norte, Centro y Sudamérica 2.3 pesos el minuto.
Plan Tarifas 100 Internacional a E.U.A., Canadá y Alaska 2.3 pesos el minuto.
Lada 100 Frontera. De zona fronteriza norte a E.U.A 1.1 pesos el minuto.
Tarifas especiales en tus destinos favoritos 5.75 pesos el minuto.

Liberales contra Conservadores

Por José Antonio Díaz García*

En pleno siglo XXI, la pugna entre liberales y conservadores vuelve a ser parte de la historia de México al haber una visión de país distinta entre los opositores a la modernización y las reformas estructurales indispensables para el crecimiento, y quienes urgen la necesidad de legislar para garantizar un mejor futuro a las próximas generaciones.

Los protagonistas de este nuevo capítulo histórico pertenecen a fuerzas políticas de distinto color, donde algunos de sus miembros juegan a ser conservadores rechazando cualquier iniciativa como la reforma energética o la laboral con falsos argumentos como el de que vulneran la soberanía nacional. Sin embargo, detrás de esta postura se lee su temor a perder los privilegios propios de un sistema corporativista, creador de agrupaciones que poco defienden a sus agremiados y más se ocupan de conservar prebendas y de enriquecer a sus líderes.

El otro grupo es el que ha optado por una posición donde la liberalización de candados y viejos prejuicios, permitirá reanimar y fortalecer a sectores fundamentales para el crecimiento económico y social como son el petróleo, la generación de energía y las condiciones laborales. Esta visión es compartida por políticos de diferentes partidos, sabedores que México no tiene futuro si no realiza estos cambios a la brevedad; son los que tienen visión de futuro, los que quieren gobernar un país que tenga viabilidad y los recursos suficientes para impulsar a los que menos tienen, los que buscan el Bien Común, la Justicia Social, el Bien de Todos.

He aquí algunos argumentos de ambos bandos.

Uno de los representantes más aguerridos entre los conservadores es Manuel Bartlett, quien ve al país con la lente del nacionalismo revolucionario de 1917. Hace unos días el ex gobernador de nuestro estado impartió una ponencia en la Universidad Autónoma de Puebla, y advirtió según documentó la prensa local, que sus correligionarios Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida Ochoa han traicionado los ideales del Partido Revolucionario Institucional porque “ya pactaron” con el gobierno federal la aprobación de enmiendas a leyes secundarias para legalizar lo que “en los hechos se promueve desde hace años: la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Si el argumento para impedir la inversión privada es el presunto abuso que cometerán grandes consorcios internacionales, la solución no es oponerse a su llegada sino contar con reglas claras y límites estrictos, además México vive en un contexto mundial diferente al del Congreso Constituyente de 1917 y también muy distinto al del Cardenismo expropiatorio de 1938.

Otro vocero de esta corriente conservadora es Andrés Manuel López, quien hace apenas unas semanas, afirmó que el gobierno federal maneja discrecionalmente unos 200 mil millones de pesos anuales de excedentes de la venta del petróleo con los que “perfectamente se podrían construir las refinerías que necesita México para producir su propia gasolina”. Maquiavélicamente no dice que ese dinero se va a impuestos y se utiliza también para las participaciones a los gobiernos estatales, para proyectos prioritarios y para el propio mantenimiento de PEMEX.

Hoy en día los mexicanos consumimos y compramos productos y servicios nacionales e internacionales, los que encontremos a mejor precio y de mejor calidad. ¿O acaso la ropa, el auto y los productos de consumo que usan conservadores como Bartlett y Andrés Manuel son todos de origen nacional?

Hoy en día 4 de cada 10 litros de gasolina que se vende en las gasolineras mexicanas viene del extranjero.

Las compras internacionales de ese combustible provienen en su mayoría de EU, que aporta 46 por ciento del total del volumen importado. Países no petroleros -pero que refinan el producto- son importantes proveedores de México, entre los que destacan Italia y Holanda, con casi 30 por ciento de las importaciones.

Del lado de liberales se ubican panistas, priístas y algunos miembros de otros partidos que vemos la apertura comercial y la globalización como realidades inminentes que debemos aprovechar y capitalizar a favor de los mexicanos, tanto los que son productores, como los exportadores y desde luego los consumidores quienes en materia de energía eléctrica y gasolina, no tenemos mas que de una sopa al no haber opciones que compitan para ofrecer mejor calidad, precio y servicio.

Casos como el de Brasil, cuya industria energética se sustenta en capitales mixtos, nos da una opción de cómo armonizar la inversión privada y la protección de nuestros recursos naturales. México es uno de los pocos países del mundo, quizá el único –ni Cuba ni Corea del Norte ya prohíben la inversión privada en el ámbito petrolero-, que no permite capital extranjero y particular en este ámbito

Mientras tres cuartas partes de la distribución de electricidad en Brasil son manejadas por empresas privadas, el gobierno posee todavía el 80 por ciento de la capacidad de generación de energía. El gobierno es competidor y proyectista junto con empresas extranjeras.

Algunos economistas han documentado como hace poco más de un año, Petrobrás de Brasil –recordemos que Brasil es gobernado por un partido de izquierda- se encontraba presente en 23 países del mundo, asociada a 71 compañías petroleras manteniendo liderazgo en la tecnología de exploración en aguas profundas; desarrollando tecnología H-Bio para la producción del Diesel con materias primas renovables y siendo líder mundial en la utilización de etanol para combustión de motores. Todo esto logrado con un capital social en que el gobierno brasileño tiene sólo el 32.2% de participación.

La Ley brasileña señala que: “Petrobras y sus subsidiarias quedan autorizadas a formar consorcios con empresas nacionales o extranjeras, en la condición o no de empresa líder, con el objeto de expandir sus actividades, reunir tecnologías y ampliar inversiones aplicadas a la industria petrolífera”.

Los mexicanos “conservadores” se rasgan las vestiduras cuando se habla de inversión privada en el sector energético, pero la realidad es que no somos autosuficientes y sí muy ineficientes para lo que producimos, no tenemos gasolinas de calidad, importamos gas natural y otros hidrocarburos; y el gas y las gasolinas los pagamos más caro que un ciudadano estadounidense o un canadiense, carentes de la riqueza petrolera con la que México sí cuenta.

Para México, uno de los retos inmediatos consiste en explotar los cuantiosos yacimientos en aguas profundas, ante el agotamiento paulatino de los mantos tradicionales en aguas superficiales, en especial los ubicados en la Sonda de Campeche. Y en la explotación de los yacimientos transfronterizos que Estados Unidos ya empezó a explotar y que en pocos años cuando nuestro país quiera iniciar su explotación ya estarán –si bien nos va- muy mermados por el efecto popote.

La tecnología para extraer el crudo de esas zonas en las aguas del Golfo de México ya existe, pero PEMEX no la posee y no se vende en el mercado libre internacional, sino se tiene que adquirir con base en asociación con empresas dedicadas a ello.

En esta encrucijada hay una posición radical, cerrada y anticuada que llevaría al país a una parálisis que desembocará en retraso y decrecimiento. Y hay posiciones más flexibles y equilibradas que buscan soluciones adecuadas a las necesidades de México.

Recientemente diputados del PAN señalamos estar en favor de que el Estado mexicano mantenga la rectoría del sector energético nacional, como lo quiere un grupo dentro del PRI, pero también señalamos que “es necesario buscar nuevos esquemas de financiamiento y no cerrarnos a la combinación de inversiones pública y privada”.

O elegimos a los conservadores que optan por la cerrazón y el autoritarismo, o nos ponemos a discutir y a generar leyes que garanticen opciones reales de desarrollo tomando la experiencia de otros países, con reglas claras, fiscalización y transparencia permanente de los recursos en juego.

De lo que se trata es de tener una visión de Estado que por encima de los intereses particulares o de grupo, por encima de conservar prebendas, vea por el presente y el futuro de México.

No comparto las posiciones de octogenarios dinosaurios que se aferran a vivir en el pasado. La mayoría de los mexicanos somos de otra generación, y queremos que se reduzca la brecha entre los que viven en condiciones de pobreza y los que tienen más. Participemos del debate por la reforma energética con ánimo constructivo, que nadie se espante, ignoremos a quienes desde su púlpito populista y sin argumentos pretenden detener a México. Trabajemos por la lucha efectiva para la defensa de los legítimos intereses nacionales.
Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional.