martes, 19 de febrero de 2008

14 de Febrero dia del amor y la impunidad




Por José Antonio Díaz García *

Hace 5 días México celebró la comercial pero ya famosa fiesta del Día del Amor y la Amistad, al tiempo que los poblanos recordábamos el segundo aniversario del que podríamos llamar “Día del Amor y la Impunidad”, es decir, aquel 14 de febrero de 2006 cuando conocimos las grabaciones entre el gobernador Mario Marín Torres y Kamel Nacif, empresario protector del pederasta Jean Succar Kuri.

Cómo olvidar sus amorosas y amistosas palabras: “mi gober precioso”, “eres el héroe de esta película papá”, “para darte un abrazo te tengo una botella bellísima de cognac”, que mostraron el contubernio entre un político y un empresario para proteger sus intereses, usando el poder con arbitrariedad para detener ilegalmente a la periodista Lydia Cacho por haber acusado a Kamel de protección a pederastas.


Con cinismo y desvergüenza Marín le decía a Nacif en la grabación: “Aquí en Puebla se respeta la ley…”.

Y los poblanos nos preguntamos ¿Cuál ley? ¿La ley de Herodes, la ley del más fuerte, la ley del que puede ser autoritario cuando llega al poder para defender amigos protectores de delincuentes que abusan de los más indefensos de la sociedad?


La semana pasada Lydia Cacho comentó en una entrevista que la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, le ofreció asilo político y asesoría jurídica para acudir a diversos tribunales internacionales y le sugirió abandonar el país después de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara que en su caso no hubo "una violación grave" de sus garantías individuales.


¿Esto es lo que nos depara a los mexicanos, tener que buscar en el exterior la justicia que en nuestro país no encontramos?

Mencionaré tres elementos que considero inciden en la falta de justicia en México:
1. La impunidad que genera desconfianza.
2. La ausencia de valores comunitarios para cumplir la ley por convicción y no solo por coerción.
3. Los compadrazgos políticos y económicos en torno al poder.

El primer elemento es la impunidad. Los impunes violan la ley sin ser castigados lo cual aumenta la desconfianza de los ciudadanos en las leyes, en las autoridades y desincentiva un comportamiento personal y social que guarde el orden y el respeto porque de todas formas “no pasa nada”, “el que no transa no avanza”, “el fuero protege”.

En países como Irlanda, las reformas para el desarrollo económico y social que han llevado a este país a combatir considerablemente la pobreza y el rezago, no hubieran tenido el mismo efecto sin un decidido combate a la impunidad. Porque disminuir la impunidad genera confianza en la autoridad. Por ejemplo, si vemos que hay más justicia y equidad, pagamos con más disposición y puntualidad los impuestos.

Si los ciudadanos observaran que quienes roban, son corruptos, faltan a la ley y generan desorden social e inseguridad son sancionados, habría mayor confianza en las autoridades y paralelamente se generaría mayor conciencia sobre el comportamiento y la responsabilidad que hay que tener para vivir en una sociedad más habitable.

Pero si a los corruptos, a los ladrones, a los secuestradores y a los que abusan del poder nada les sucede, ni hay forma de que resarzan el daño causado y más aún, se les “disculpa” amparándose en huecos legales, falta de pruebas o interpretaciones muy personales de la ley, ¿qué incentivos tendrá una persona para actuar diferente y acatar las reglas?.

Ana Laura Magaloni investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) publicó en el 2007 un estudio titulado Arbitrariedad e ineficiencia de la procuración de justicia: Dos caras de la misma moneda, donde documenta que el 90 por ciento de los delitos denunciados en México quedan impunes y el 93% de las consignaciones son casos en flagrancia, que involucran generalmente delitos de poca monta y que no exigen ningún proceso de investigación criminal previo.

Magaloni afirma que la prevalencia de altos niveles de arbitrariedad durante la fase de investigación, aunado a la ausencia de jueces que impongan costos al Ministerio Público por los mismos, ha inhibido el desarrollo de las capacidades técnicas que requieren las procuradurías para investigar en forma profesional los delitos. Sin dichas capacidades técnicas, la impunidad seguirá siendo la regla en el país y continuarán las viciadas inercias institucionales que impiden realizar procesos judiciales eficaces.

Un segundo elemento son los valores comunitarios para cumplir la ley por convicción y no sólo por coerción. Las leyes no pueden aplicarse sin una convicción social. La solución no radica únicamente en la legislación sino en la construcción de un auténtico apoyo moral, es decir, leyes respaldadas por valores. Esta tesis la sostiene Amitai Etzioni, profesor de la George Washington University estudioso de la vida de las comunidades quien sostiene que el orden se basa fundamentalmente en un compromiso personal y no tanto en la ley.

Esta tesis se ve claramente en México donde se genera el siguiente círculo vicioso: se falta a la ley porque no hay una convicción de que ésta realmente se aplique en todos y para todos; el que no se aplique para todos genera impunidad; la impunidad provoca desconfianza y la falta de confianza impide que los ciudadanos tengan una motivación real para cumplir la ley.

Un tercer elemento es el contubernio político y económico el cual quedó de manifiesto en el affaire entre Marín y Nacif quienes demostraron su amor y fidelidad pero no al pueblo y a los electores, sino a los intereses de sus propios grupos.


Kamel Nacif le enviaría “dos botellas de cognac” al Gobernador priísta de Puebla, Mario Marín, por haberle ayudado a detener a Lydia Cacho que lo había denunciado por proteger al empresario Jean Succar Kuri, acusado de liderar una de las más grandes redes de pederastia en México.

La divulgación de esta llamada sin duda afectó al candidato del PRI a la presidencia en 2006 Roberto Madrazo, al disminuir considerablemente el número de votos recibidos. Esto fue una muestra de la indignación social, sin embargo, Mario Marín sigue gobernando.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso quedó concluido pero los ciudadanos, sobretodo los poblanos no lo hemos cerrado y la mejor forma de protestar es no olvidarlo.

Ante los tres elementos señalados como un obstáculo para que haya justicia y se cumpla la ley en México, propongo tres alternativas:


Revisar y aprobar - desde el poder legislativo- la reforma judicial para hacer más eficaz el trabajo de las procuradurías.


Generar en nuestros hijos y en nuestra comunidad la indignación ante la injusticia y enseñarles con profundidad la vivencia de valores humanos para que no se dobleguen cuando tengan una posición de poder.


Lograr que el próximo 14 de febrero sea un día de amistad entre los ciudadanos para exigir menos impunidad entre los que incumplen la ley.

Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

martes, 12 de febrero de 2008

Doger... Cuentas pendientes



* Por José Antonio Díaz García

Tres años atrás Enrique Doger Guerrero, próximo a dejar la alcaldía de la ciudad de Puebla, prometía mejorar la estructura del gasto público con el fin de destinar mayores recursos a proyectos prioritarios.

En la página 100 de su Plan Municipal de Desarrollo 2005-2008 marca como uno de sus objetivos: “Elaborar un programa para la reducción del gasto corriente”. Un trienio después esta promesa no se cumplió. Veamos por qué.

Gasto Corriente por capitulo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla



*El 2007 se calculó con lo ejercido real a septiembre y con proyección a diciembre.
**El 2008 es el presupuesto aprobado por el Cabildo.
*** Composición de Gasto Corriente obtenida del presupuesto de egresos 2008, pagina 17 Periódico Oficial del Estado del 17 de diciembre de 2007.
Fuente Presupuestos de Egresos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla

El gasto corriente ha venido aumentando paulatinamente, en el 2007 significó un 22.7% más que en el 2005, al incrementarse en 264.3 millones de pesos

En 2007 el Ayuntamiento gastó 1,430.9 millones de pesos en estos rubros, es decir 67.5% de los recursos erogados se destinaron a gasto corriente, tales como sueldos, gasolina para autos, celulares, viáticos, papelería, pago de pensiones, etc.

Si analizamos el gasto relativo a servicios personales, para hablar claro la nomina, observamos que este gasto donde están incluidos policías mal pagados encargados de velar por nuestra seguridad y también asesores y funcionarios muy bien pagados que dirigen el Ayuntamiento, aumentó 14.9% en solo dos años y se tiene presupuestado que se incremente 5.7% adicional para este año 2008. Es decir 21.4% en tres años.

¿Cómo habrá entendido Doger su compromiso de reducir el gasto corriente?

La misma pregunta aplica para el endeudamiento que esta administración hereda al Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza. En la página 28 del primer informe de gobierno municipal el ex rector de la BUAP explicaba:

“Al iniciar la actual Administración, la deuda del Municipio de Puebla ascendía a 480 millones de pesos, misma que provocaba una carga excesiva en el pago por servicio, que ascendía a 76 millones de pesos para el año 2005.
Se refinanció la deuda, y se logró un ahorro de 60 millones de pesos, así como un ahorro de 15 millones de pesos anuales para las próximas administraciones. Cabe anotar que el plazo de la deuda se redujo de 17 a 15 años”

Sin embargo en los Estados de Posición Financiera elaborados por el Ayuntamiento y firmados de puño y letra por el Doctor Doger tenemos que:



Es decir del inicio de su gestión al mes de noviembre pasado que es la fecha del último reporte publicado en la página de internet del Ayuntamiento, los pasivos totales han aumentado en 77 por ciento. El Ayuntamiento con este Presidente Municipal ha roto el record de deuda, alcanzando los 966.2 millones de pesos.
En octubre de 2007 un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaba a Puebla como uno de los municipios más endeudados, lo cual fue ratificado por Doger pero culpando a la gestión anterior. ¿Este es el ahorro para las próximas administraciones?
Y así podemos seguir analizando las finanzas públicas municipales, es importante hacer notar que así como la Administración encabezada por Enrique Doger es la que mas ha endeudado a los Poblanos, también es la que más recursos ha dispuesto $6,503,719,857.93 de 2005 a la fecha

El asunto está entonces en los resultados. Y para ello los ciudadanos habremos de preguntarnos si los recursos públicos municipales se han gastado adecuadamente y si estamos satisfechos con la rendición de cuentas.
De acuerdo a estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en Puebla no prevalece el criterio de máxima publicidad de la información, se protege a los sujetos obligados y se desincentiva a los ciudadanos para que accedan a la información, ya sea con trámites tortuosos; presentado información ilegible en los portales electrónicos y exigiéndoles a las personas que se identifiquen para solicitar la información, como mecanismo intimidatorio.
En el caso de obras públicas, no publica el monto de la inversión en su portal de internet. Tampoco informa sobre los gastos de representación ni sobre los egresos de promoción en la imagen del alcalde —gastos de comunicación— ni la deuda que contrae con sus proveedores, establece la evaluación.
El estudio también repara en que en el municipio de Puebla las sesiones de la Comisión de Hacienda no se hacen públicas.
Estas son algunas de las cuentas más importantes de la administración del Alcalde Enrique Doger Guerrero, el poder obtener la información no ha sido fácil, pues en la página de internet del Ayuntamiento, no está publicada toda la información y la poca que existe se encuentra en formatos que no son los más adecuados para permitir su análisis y comparación. Los números dejan ver pingües resultados que difieren mucho del discurso triunfalista del Doctor Doger, esperemos a ver que opinan sus propios correligionarios priístas, incluyendo a la próxima Alcaldesa, de lo que nos ha costado esta administración. Y esperemos a ver si la mayoría priísta, en el Congreso del Estado -ignominiosamente sumisa al gobernador- con su garrote político el Órgano de Fiscalización, aprueba sus cuentas pendientes…suerte Enrique.
Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional


domingo, 10 de febrero de 2008

Equidad en el acceso a las telecomunicaciones

Por José Antonio Díaz García*

En días recientes la ONU advirtió en México que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica “vulnera el derecho a la libertad de expresión”, porque afecta el requisito de la pluralidad en la información.

Si bien hace una década comenzó a abrirse la competencia en el sector de las telecomunicaciones, tanto en el segmento de la televisión abierta, el de paga y el de la telefonía, las cifras reflejan la gran distancia entre unas compañías y otras, en cuanto a su participación en el mercado.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 destaca la estrategia de incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio, así como desarrollar mecanismos a fin de incentivar una mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de telecomunicaciones.[1]

Sin embargo, aunque hay avances en materia regulatoria promovidos desde el legislativo y desde el ejecutivo a través de la Comisión Federal de Competencia (CFC), hay empresas que controlan la mayor parte del mercado.

Veamos el caso de la telefonía. Los datos del reporte del Mercado Telecom al cierre del tercer trimestre del año pasado, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, reflejan claramente como Telmex, con ambos tipos de telefonía, móvil y fija, controla el 78.2% del mercado.

Líneas Telefónicas
(% del total del mercado de telefonía)


Telcel
Movistar

Iusacell/
Unefon

Nextel

Telmex

Axtel/
Avantel

Alestra

Maxcom

TOTAL
III Trimestre 2007
56.6%

13.2%
4.8%
2.4%

21.6%

1.1%

0.1%

0.4%
100%

Algunas empresas mejoraron considerablemente su posición con reducciones tarifarias y buenas campañas publicitarias, mientras que otras, aunque registraron crecimientos en el número de líneas y en ingresos, no ganaron participación en un mercado que en total creció 11.4 millones de líneas en tan sólo un año y alcanzó las 84 millones de líneas a nivel nacional.

Líneas
Miles de Líneas
Telcel
Movistar

Iusacell/
Unefon
Nextel

Telmex

Axtel/
Avantel
Alestra

Maxcom

TOTAL
II Trimestre
2007

46,114

10,233

3,916

1,848

18,202

844

47

300

81,504
III Trimestre 2007

47,516

11,073

4,000


1,988


18,157


885

53

321

83,993
El proceso de gestación de la competencia efectiva en el mercado mexicano de telecomunicaciones ha sido insuficiente y sobre todo, muy lento.

El Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman (IHH) para el segmento de la telefonía registrado en el mencionado reporte, es de 0.84, donde el máximo nivel de medición es 1, lo que denota un mercado altamente concentrado en la telefonía mexicana.

A pesar de este índice de concentración, el número de líneas fijas tradicionales donde Telmex predomina, ha disminuido. Esto se debe a factores como la migración fijo-móvil, la sustitución de accesos de internet conmutado por los de banda ancha, con la cancelación de segundas líneas así como la creciente oferta de telefonía IP que representa significativos ahorros en consumos residenciales y de negocios.

Ante factores como estos, Telmex reaccionó poniendo en el mercado mejores tarifas que abarcan servicios de telefonía fija, internet y llamadas de larga distancia. Esto demuestra cómo la competencia y la evolución tecnológica, obligan a las empresas monopólicas a ofrecer mejores paquetes de precios y servicios.

Sin embargo, los costos de telefonía en México son muy altos comparados con los de otras naciones. Mientras en Colombia la tarifa de terminación móvil por interconectar llamadas que finalizan en un celular es de 6 centavos; en México es del doble, 12 centavos de dólar, es decir 1.34 pesos y aunque se prevé una reducción del 25.3% en 2010, donde se colocará en un peso el minuto, no alcanzaremos las tarifas que países más competitivos ya cobran hoy en día, es el caso de India, Finlandia y la propia Colombia.

Cuando en Estados Unidos la tarifa de interconexión local fija es de 0.20 centavos de dólar, en México es de 0.98, es decir, casi cinco veces más cara; y si comparamos la tarifa de interconexión de Larga Distancia (reventa) el precio mexicano es 5 veces más caro que el del vecino del norte: 1.5 vs 6.9 centavos de dólar.2

¿Por qué no podemos abaratar más rápido las tarifas si otros países de la región ya lo han hecho?

La lentitud para obtener tarifas competitivas afecta más a quienes menos recursos tienen.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI 2006, reporta que tanto los hogares del primer decil como los del décimo decil, gastan prácticamente el mismo porcentaje de su ingreso en llamadas telefónicas locales (1.3 por ciento del ingreso mensual y 1.4 respectivamente).

Según esta misma fuente, de 2002 a 2006, el gasto del primer decil en comunicaciones (llamadas locales, larga distancia, celular e Internet) creció de un 1.8 a un 2.9% del ingreso mensual, es decir aumentó un 61.1% en cuatro años, mientras que en el décimo decil sólo creció 6.3% de 4.7 a 5.0 en el mismo periodo de tiempo.

Datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 2002, dan cuenta de cómo el mexicano gasta una cantidad muy similar entre alimentos de la canasta básica y los servicios de comunicación tales como telefonía, Internet y televisión, muestra del interés por acceder a las comunicaciones y buscar desarrollarse sin quedarse tan atrás.

De cada 100 pesos, el mexicano gasta 4.14 pesos en algunos alimentos de la canasta básica como tortilla, leche y pollo.

Concepto
INPC
Tortilla de maíz
1.22652
Leche pasteurizada y fresca
1.86485
Pollo en piezas
1.05177
Total
4.14314

Concepto
INPC
Larga distancia internacional
0.44789
Larga distancia nacional
1.00862
Línea telefónica
0.21023
Servicio telefónico local
1.84885
Servicio de Internet
0.09811
Servicio de televisión
0.40833
Total
4.022


Aunque Telmex ha ofrecido planes tarifarios más accesibles para llamadas de larga distancia desde un teléfono fijo[2], si una persona de escasos recursos que sólo cuenta con un celular de pre-pago como Amigo Kit quiere hablar con algún familiar que migró a Estados Unidos, le costará 15.50 pesos el minuto, si no sale de su ciudad ni de su región. Si su familiar se encuentra en Europa el costo por minuto asciende a 20.10 pesos.

Para quien cuenta con un plan tarifario de Telcel, un minuto por una llamada de larga distancia ya con IVA a Estados Unidos o Centroamérica cuesta, 10.35 pesos y si es a Europa paga 16.10 pesos el minuto. Para las personas de mayores ingresos paradójicamente las opciones son mas económicas ya que pueden hacer llamadas vía Internet con servicios como Skype o MSN.

Ya existen en el Poder Legislativo algunas iniciativas regulatorias como la que prevé modificar dos artículos de la Ley de Inversión Extranjera para eliminar barreras a la inversión en telecomunicaciones, sobretodo en telefonía. La iniciativa pretende fomentar la competencia y que bajen los precios, mejore la calidad del servicio y se desarrollen nuevas tecnologías. Si bien la apertura es relevante ¿por qué no empezar por mejorar las tarifas de las compañías nacionales? Esto contribuiría a la ampliación del mercado, socialmente daría oportunidad a más personas de incorporarse a las telecomunicaciones y pondría a México en una posición más competitiva frente al mercado mundial.

Veamos ahora el caso de la televisión, que como en el de la telefonía, son dos compañías las que concentran la mayor parte del mercado.

De acuerdo con información de la CFC, Televisa capta el 68.5% de la audiencia total nacional de televisión abierta y el 34.5% de los hogares con servicio de televisión de paga o restringida. Esta última por medio de Cablevisión y SKY, siendo éste el único concesionario con cobertura nacional y capacidad para proveer servicio en cualquier punto del país.

Además de las redes de televisión por satélite, por cable y la abierta digital, Televisa cuenta ya con opciones para ofrecer el servicio de triple play (TV, Telefonía e Internet), sin necesidad de adquirir redes adicionales. Su diversificación en radio, Internet y revistas le permite ofrecer paquetes publicitarios que otros agentes económicos no pueden, captando así el mayor porcentaje del gasto por publicidad en televisión abierta.

La posibilidad de más canales de Televisión abierta y restringida, podría significar una oportunidad para la distribución de contenidos independientes. Se prevé que para el 2012, la televisión restringida en México penetre el 53% del mercado, ya que tan solo de 2005 a 2006, creció en un 16.4%.

Otro factor que ayudaría a la televisión restringida es regular la publicidad comercial extranjera, incluida en la programación adquirida de otros países para transmitirla en México. Los cableros asociados a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC), proponen que dicha publicidad sea producida y editada en un 80% en nuestro país con lo cual se combate a monopolios internacionales, se reactiva el mercado local de agencias de publicidad y se obtienen ingresos de la comercialización de espacios los cuales se emplearían para la modernización tecnológica de la televisión de paga.

Ejemplos sobre regulación latinoamericana en esta materia se encuentran en Chile, donde se cobra un arancel a la publicidad producida en el extranjero y transmitida en su país; en Argentina donde la ley obliga a que todos los anuncios publicitarios sean de producción nacional y en Ecuador donde la publicidad de empresas tanto locales como foráneas que transmitan los medios, debe elaborarse en ese país con personal ecuatoriano.

Con ejemplos y cifras como las mencionadas, se pone en la mesa el tema de fondo: la equidad en el acceso a las telecomunicaciones.

Hablar por teléfono, conectarse a Internet y tener más opciones de canales de televisión deben dejar de ser un lujo y convertirse en servicios accesibles para todos los ciudadanos, más ahora que el triple play es una realidad. La facilidad de contar con estos mecanismos de información y comunicación a bajo costo, contribuirá a cerrar la brecha económica en nuestro país.

Desde el Poder Legislativo seguiremos promoviendo leyes para que a través de la CFC los costos y tarifas de estos servicios se reduzcan con mayor rapidez y las empresas ofrezcan tarifas más competitivas sin demérito de la calidad y el servicio, que permitan a los mexicanos tener presencia y acceder al mercado global, imposible si no fuera a través de las telecomunicaciones.

* Diputado Federal del Partido Acción Nacional
[1] Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. DOF, Cuarta Sección. 31 de mayo de 2007
[2] Plan Todo México cuesta 1.15 pesos por minuto.
Plan Todo Norte, Centro y Sudamérica 2.3 pesos el minuto.
Plan Tarifas 100 Internacional a E.U.A., Canadá y Alaska 2.3 pesos el minuto.
Lada 100 Frontera. De zona fronteriza norte a E.U.A 1.1 pesos el minuto.
Tarifas especiales en tus destinos favoritos 5.75 pesos el minuto.

miércoles, 6 de febrero de 2008

Liberales contra Conservadores




Por José Antonio Díaz García*

En pleno siglo XXI, la pugna entre liberales y conservadores vuelve a ser parte de la historia de México al haber una visión de país distinta entre los opositores a la modernización y las reformas estructurales indispensables para el crecimiento, y quienes urgen la necesidad de legislar para garantizar un mejor futuro a las próximas generaciones.

Los protagonistas de este nuevo capítulo histórico pertenecen a fuerzas políticas de distinto color, donde algunos de sus miembros juegan a ser conservadores rechazando cualquier iniciativa como la reforma energética o la laboral con falsos argumentos como el de que vulneran la soberanía nacional. Sin embargo, detrás de esta postura se lee su temor a perder los privilegios propios de un sistema corporativista, creador de agrupaciones que poco defienden a sus agremiados y más se ocupan de conservar prebendas y de enriquecer a sus líderes.

El otro grupo es el que ha optado por una posición donde la liberalización de candados y viejos prejuicios, permitirá reanimar y fortalecer a sectores fundamentales para el crecimiento económico y social como son el petróleo, la generación de energía y las condiciones laborales. Esta visión es compartida por políticos de diferentes partidos, sabedores que México no tiene futuro si no realiza estos cambios a la brevedad; son los que tienen visión de futuro, los que quieren gobernar un país que tenga viabilidad y los recursos suficientes para impulsar a los que menos tienen, los que buscan el Bien Común, la Justicia Social, el Bien de Todos.

He aquí algunos argumentos de ambos bandos.

Uno de los representantes más aguerridos entre los conservadores es Manuel Bartlett, quien ve al país con la lente del nacionalismo revolucionario de 1917. Hace unos días el ex gobernador de nuestro estado impartió una ponencia en la Universidad Autónoma de Puebla, y advirtió según documentó la prensa local, que sus correligionarios Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida Ochoa han traicionado los ideales del Partido Revolucionario Institucional porque “ya pactaron” con el gobierno federal la aprobación de enmiendas a leyes secundarias para legalizar lo que “en los hechos se promueve desde hace años: la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Si el argumento para impedir la inversión privada es el presunto abuso que cometerán grandes consorcios internacionales, la solución no es oponerse a su llegada sino contar con reglas claras y límites estrictos, además México vive en un contexto mundial diferente al del Congreso Constituyente de 1917 y también muy distinto al del Cardenismo expropiatorio de 1938.

Otro vocero de esta corriente conservadora es Andrés Manuel López, quien hace apenas unas semanas, afirmó que el gobierno federal maneja discrecionalmente unos 200 mil millones de pesos anuales de excedentes de la venta del petróleo con los que “perfectamente se podrían construir las refinerías que necesita México para producir su propia gasolina”. Maquiavélicamente no dice que ese dinero se va a impuestos y se utiliza también para las participaciones a los gobiernos estatales, para proyectos prioritarios y para el propio mantenimiento de PEMEX.

Hoy en día los mexicanos consumimos y compramos productos y servicios nacionales e internacionales, los que encontremos a mejor precio y de mejor calidad. ¿O acaso la ropa, el auto y los productos de consumo que usan conservadores como Bartlett y Andrés Manuel son todos de origen nacional?

Hoy en día 4 de cada 10 litros de gasolina que se vende en las gasolineras mexicanas viene del extranjero.

Las compras internacionales de ese combustible provienen en su mayoría de EU, que aporta 46 por ciento del total del volumen importado. Países no petroleros -pero que refinan el producto- son importantes proveedores de México, entre los que destacan Italia y Holanda, con casi 30 por ciento de las importaciones.

Del lado de liberales se ubican panistas, priístas y algunos miembros de otros partidos que vemos la apertura comercial y la globalización como realidades inminentes que debemos aprovechar y capitalizar a favor de los mexicanos, tanto los que son productores, como los exportadores y desde luego los consumidores quienes en materia de energía eléctrica y gasolina, no tenemos mas que de una sopa al no haber opciones que compitan para ofrecer mejor calidad, precio y servicio.

Casos como el de Brasil, cuya industria energética se sustenta en capitales mixtos, nos da una opción de cómo armonizar la inversión privada y la protección de nuestros recursos naturales. México es uno de los pocos países del mundo, quizá el único –ni Cuba ni Corea del Norte ya prohíben la inversión privada en el ámbito petrolero-, que no permite capital extranjero y particular en este ámbito

Mientras tres cuartas partes de la distribución de electricidad en Brasil son manejadas por empresas privadas, el gobierno posee todavía el 80 por ciento de la capacidad de generación de energía. El gobierno es competidor y proyectista junto con empresas extranjeras.

Algunos economistas han documentado como hace poco más de un año, Petrobrás de Brasil –recordemos que Brasil es gobernado por un partido de izquierda- se encontraba presente en 23 países del mundo, asociada a 71 compañías petroleras manteniendo liderazgo en la tecnología de exploración en aguas profundas; desarrollando tecnología H-Bio para la producción del Diesel con materias primas renovables y siendo líder mundial en la utilización de etanol para combustión de motores. Todo esto logrado con un capital social en que el gobierno brasileño tiene sólo el 32.2% de participación.

La Ley brasileña señala que: “Petrobras y sus subsidiarias quedan autorizadas a formar consorcios con empresas nacionales o extranjeras, en la condición o no de empresa líder, con el objeto de expandir sus actividades, reunir tecnologías y ampliar inversiones aplicadas a la industria petrolífera”.

Los mexicanos “conservadores” se rasgan las vestiduras cuando se habla de inversión privada en el sector energético, pero la realidad es que no somos autosuficientes y sí muy ineficientes para lo que producimos, no tenemos gasolinas de calidad, importamos gas natural y otros hidrocarburos; y el gas y las gasolinas los pagamos más caro que un ciudadano estadounidense o un canadiense, carentes de la riqueza petrolera con la que México sí cuenta.

Para México, uno de los retos inmediatos consiste en explotar los cuantiosos yacimientos en aguas profundas, ante el agotamiento paulatino de los mantos tradicionales en aguas superficiales, en especial los ubicados en la Sonda de Campeche. Y en la explotación de los yacimientos transfronterizos que Estados Unidos ya empezó a explotar y que en pocos años cuando nuestro país quiera iniciar su explotación ya estarán –si bien nos va- muy mermados por el efecto popote.

La tecnología para extraer el crudo de esas zonas en las aguas del Golfo de México ya existe, pero PEMEX no la posee y no se vende en el mercado libre internacional, sino se tiene que adquirir con base en asociación con empresas dedicadas a ello.

En esta encrucijada hay una posición radical, cerrada y anticuada que llevaría al país a una parálisis que desembocará en retraso y decrecimiento. Y hay posiciones más flexibles y equilibradas que buscan soluciones adecuadas a las necesidades de México.

Recientemente diputados del PAN señalamos estar en favor de que el Estado mexicano mantenga la rectoría del sector energético nacional, como lo quiere un grupo dentro del PRI, pero también señalamos que “es necesario buscar nuevos esquemas de financiamiento y no cerrarnos a la combinación de inversiones pública y privada”.

O elegimos a los conservadores que optan por la cerrazón y el autoritarismo, o nos ponemos a discutir y a generar leyes que garanticen opciones reales de desarrollo tomando la experiencia de otros países, con reglas claras, fiscalización y transparencia permanente de los recursos en juego.

De lo que se trata es de tener una visión de Estado que por encima de los intereses particulares o de grupo, por encima de conservar prebendas, vea por el presente y el futuro de México.

No comparto las posiciones de octogenarios dinosaurios que se aferran a vivir en el pasado. La mayoría de los mexicanos somos de otra generación, y queremos que se reduzca la brecha entre los que viven en condiciones de pobreza y los que tienen más. Participemos del debate por la reforma energética con ánimo constructivo, que nadie se espante, ignoremos a quienes desde su púlpito populista y sin argumentos pretenden detener a México. Trabajemos por la lucha efectiva para la defensa de los legítimos intereses nacionales.
Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional.

miércoles, 30 de enero de 2008

El narco en Puebla



Por José Antonio Díaz García*

“En la Mixteca poblana puedes encontrar de todo, lo que sobra es marihuana y nunca nos falta el polvo”.

Así canta la letra de la narcorola del grupo Stilo3 difundida a través del portal de videos You tube donde se anuncia con la leyenda: “Puro Puebla...camotero puebla corridos 100% poblano mexicano narco stilo 3 estilo izucar de mata morros” (sic).

¿Acaso Puebla es también lugar de narcos? Los poblanos quisiéramos que no se hablara de estos temas; de hecho no se hace con frecuencia. Las autoridades estatales tampoco informan al respecto a pesar de que en febrero de 2002, fuerzas especiales del Ejército capturaron al narcotraficante Benjamín Arellano Félix y su lugarteniente Manuel González, alias la Mojarra, líderes del Cartel de Tijuana, en un fraccionamiento de Cholula, muy cercano a la ciudad de Puebla.

El 17 de mayo de 2007, Rolando López Villaseñor, delegado de la PGR en el DF, quien fungió como testigo de la incineración de dos toneladas de droga en el 24 Regimiento de la zona militar, en Tehuacan, manifestó que en Puebla sí existe la presencia del narcomenudeo, pero aclaró que la entidad sólo es paso del narcotráfico y no se tiene conocimiento de que existan sedes de cárteles operando en la entidad.

Ese mismo mes, autoridades federales congelaron operaciones de la Casa de Cambio Puebla por sospecha de lavado de dinero presuntamente procedente del narcotráfico colombiano y en noviembre del 2007 ordenaron la revocación del permiso para operar.

El 10 de junio de 2007, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Mario Ayón Rodríguez declaró que: "Puebla es un punto de paso obligado para todo", incluido el narcotráfico, aunque negó que en el estado operen cárteles de la droga.

En visitas a diferentes colonias y barrios de las principales ciudades de la entidad, las madres de familia exponen su preocupación por el riesgo que corren sus hijos ante los narcomenudistas que rondan las calles y las escuelas para alentar su consumo, regalándola al inicio para generar adicción y después vendiéndola, obligando al nuevo adicto a conseguir dinero a cualquier precio, para obtenerla.

Dos de cada diez estudiantes de secundaria están expuestos al consumo de drogas, declaró en días recientes la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Puebla, Aurora González quien pidió que el programa Escuela Segura se extienda a todos los planteles académicos, sobretodo a los de las juntas auxiliares.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar (1991 Secretaria de Salud y SEP) el 9.45% de los estudiantes en Puebla ha usado drogas alguna vez. La diferencia entre hombres y mujeres no es mucha en el caso de los varones 9.98% las han utilizado y 8.83% de las mujeres. Otro dato impactante de este estudio revela que 8.38% de los varones y 6.44% de las mujeres menores de 14 años ya usaron droga alguna vez. Entre los que declararon haber usado drogas en el ultimo año 35.71% usaron marihuana y 50% cocaína.

En la mas reciente encuesta nacional de adicciones realizada por el INEGI en 2002, a nivel nacional el 5.57% de la población urbana y el 3.37% de la rural entre 12 y 65 años de edad ha usado drogas.

Obviamente como poblanos, no deseamos que Puebla sea un estado donde el narco tenga presencia. Sin embargo, noticias como las señaladas hacen sospechar que la droga y sus grupos están presentes y activos en nuestra entidad, producen droga, la transportan, la comercializan e incluso la distribuyen a través del narcomenudeo.

El hecho de que al parecer no haya narcotraficantes en Puebla, no significa que no existan.

El hecho incontrovertible de que se venda droga en Puebla, significa que organizaciones criminales están presentes y ante esta realidad lo inmediato es asumirlo y tener una estrategia clara para combatirlo, sumada a las campañas como Escuela Segura y charlas sobre prevención de adicciones que, aunque ya se imparten entre los niños y jóvenes de la entidad, deben ampliar su cobertura a zonas de mayor riesgo y marginación.



Otra acción inmediata es realizar un trabajo profundo de inteligencia y de investigación para saber que tan infiltradas están las instituciones encargadas de combatir, de castigar, de frenar al narco en Puebla. Surge la duda de saber si el silencio no es complicidad. Como padre de familia y como ciudadano escucho cada vez con más frecuencia, historias de jóvenes que aquí en nuestro estado en diferentes localidades como Tehuacan, Texmelucan, Cholula, Huauchinango, Atlixco y por supuesto también en Puebla capital han caído en la cocaína o fuman marihuana.

No esperemos a que sea demasiado tarde, enfrentemos una realidad que deja sentir su presencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad no solo en la música, en fortunas inexplicables, nuevos ricos que se pasean en restaurantes, bares, fiestas sociales, reuniones de negocios, etc. haciendo gala de extravagancias. No permitamos que el temor nos inmovilice y que suceda en Puebla lo que a Guadalajara, Monterrey, Reynosa o la propia ciudad de México. Que no nos engañen los que dicen que Puebla es el estado mas seguro y que aquí no hacen pie los cárteles de la droga.

Como sociedad nos toca participar con educación para la prevención de adicciones informando a nuestros hijos y enseñándolos a decidir con responsabilidad para evitar que elijan aquello que puede quitarles la vida. Pero también nos toca exigir a nuestras autoridades en todos los órdenes de gobierno que cumplan con su función de velar por nuestra seguridad, con honestidad y con valor.




Como parte del Poder Legislativo Federal, los Diputados de Acción Nacional seguiremos evitando la legalización de las drogas, destinando mas recursos para el combate a la delincuencia organizada, endureciendo las penas para los narcotraficantes y promoviendo una legislación educativa que incluya la prevención como eje fundamental.

El combate al narcotráfico y al crimen organizado ha sido el eje central de la política de la actual administración federal. Hasta que el Presidente Felipe Calderón tomó cartas en el asunto, se pensaba que el narco estaba ubicado en zonas específicas del país. Pero se destapó la cloaca y cada vez son más los estados con presencia del narco que operan con la protección y el apoyo de las corporaciones policíacas.

Como Ejecutivo, el Presidente Calderón y su equipo han dejado ver que continuarán con esta batalla, a lo cual debieran sumarse todos los gobernadores y alcaldes porque el narcotráfico ha roto límites geográficos no solo en el mundo sino también en México, y Puebla no es la excepción.

Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

martes, 22 de enero de 2008

Secuestros y financiamiento de la guerrilla en México y Colombia



Por José Antonio Díaz García*

Cinco días después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaran a la ex congresista colombiana Consuelo González y a la ex candidata vicepresidencial de ese país Clara Rojas, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en México, lanzó una amenaza precisamente contra los legisladores mexicanos.

Su comunicado del martes 15 de enero de 2008 decía: “…quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos”.

Y se justifican al describirse así: “…nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa… somos una fuerza insurgente beligerante…”

El EPR se autodefine como un grupo integrado por luchadores sociales, sin embargo secuestran para financiarse, amenazan para sembrar terror y dinamitan ductos de petróleo con el fin de intentar desestabilizar el país.

Luego de las sangrientas etapas de nuestra historia, los mexicanos hemos elegido la lucha social por el camino de la democracia y el diálogo, no por el de las armas y la violencia, propias del modus operandi de la delincuencia organizada y el narcotráfico de los que el EPR quisiera deslindarse pero replica sus tácticas.

Tanto el EPR como las FARC cuestionan pero no construyen, exigen pero no ceden. Es más fácil recorrer el camino del terror y la violencia que el de la inteligencia para llegar a acuerdos y asumir responsabilidades.

Ningún fin justifica el mal generado por la guerrilla a los secuestrados, a sus familias, a la sociedad que vive la zozobra ocasionada por la cobardía de quienes encuentran en las armas y la droga el recurso para alcanzar sus “ideales”.

En teoría, el EPR busca la toma del poder político, la instauración de la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo en México. A pesar del fracaso de los sistemas totalitarios de esta inspiración en el mundo, el EPR tendría derecho a luchar por sus fines; lo inaceptable es la utilización de la amenaza, el secuestro y la destrucción para conseguirlos.

Al respecto del secuestro, esta amenaza es una realidad que por desgracia en México no termina. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública publicó el pasado 15 de enero en el Diario Oficial de la Federación, el subsidio para la Seguridad Pública Municipal que repartirá una bolsa de 3 mil 589 millones de pesos a los 150 municipios con mayores índices de criminalidad, pareciera que no hay recursos financieros y humanos suficientes para erradicar la criminalidad. Atrapan a unos y surgen otros grupos delictivos.

Además del secuestro express y el virtual, del que ya han sido víctimas miles de ciudadanos, continúa el secuestro con fines económicos para financiar a la delincuencia organizada y a la guerrilla como sucede en Colombia.

El ex líder guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos declaró en El País de Madrid: "Las FARC no tienen futuro como guerrilla, aunque lo tengan como narcotraficantes… los rehenes que secuestraron en el pasado son su último cartucho político…son los mayores secuestradores del planeta. Una insurgencia negocia a partir de la legitimidad política de sus demandas o de la fuerza militar que detenta, pero exigir legitimidad a cambio de rehenes maltratados y amenazados de morir equivale a pedir respeto por ser malvado."

Y es que ante la euforia internacional por la liberación de las colombianas y de Emmanuel -hijo de Clara con un guerrillero y nacido en cautiverio- pasó desapercibido el secuestro de seis turistas colombianos tan solo tres días después de dicha liberación y se olvidan las más de 700 personas plagiadas que permanecen hoy en manos de las FARC.

Raúl Reyes, líder guerrillero de las FARC hasta hace algunos unos años, un día aseguraba que estaba dispuesto a negociar con el Gobierno y al día siguiente congelaba todo acercamiento, para después mostrarse menos rígido y recibir los aplausos de la prensa, la Iglesia, de los políticos “avanzados”, de las familias de los rehenes y hasta de diplomáticos de los “países amigos”, publicó hace unos años Eduardo Mackenzie en el Centro de Análisis Sociopolítico de Colombia, situación que sigue repitiéndose.

Es el caso del actual líder de la guerrilla colombiana Manuel Marulanda, que en menos de dos semanas dio tres señales diferentes: prometió entregar a las rehenes a finales de diciembre y no lo hizo; enseguida emitió un comunicado donde llamó a una ofensiva general y finalmente entregó a las políticas colombianas el 10 de enero de este año.

Rudolf Hommes, columnista de EL TIEMPO de Colombia comenta que la reciente liberación no ha sido un acto humanitario. Tampoco significa que las FARC están cediendo, para avanzar en la negociación implícita, sino que quieren escalar sus exigencias. Ya no les basta el despeje de dos municipios para cubrir su retaguardia, sino que, además, exigen, con el apoyo de Chávez y Daniel Ortega, (presidente de Nicaragua) que se les dé reconocimiento político, sin que a cambio tengan que ceder terrorismo, secuestrados y nuevos secuestros, desdén por los derechos humanos o narcotráfico.

Esta es la paradoja de la guerrilla: exigen y no tienen la más mínima disposición de conceder.

En días recientes, una cámara grabó el comentario de un ministro venezolano a uno de los guerrilleros a quien le decía que no podían dejar que su lucha menguara. Al respecto, el periodista colombiano Javier Darío Restrepo exponía la posibilidad de que las FARC estuvieran coludidas en el proyecto de la revolución socialista impulsada por Chávez. Y no es casual que los paramilitares colombianos hayan aceptado como mediador al militar socialista venezolano…

Y en el caso de México, podemos preguntarnos quién o cómo financia al EPR, además de los recursos que se presume obtienen por secuestrar mexicanos, no sería extraño suponer que también reciban financiamiento internacional para continuar con su tarea desestabilizadora.

Evitemos que la guerrila, financiada por el secuestro, sea el camino para contrarrestar la inequidad social que es una realidad en nuestro país. Fortalezcamos la vía institucional y democrática de México exigiendo a los gobernantes, legisladores y a los partidos políticos que rindan cuentas y apliquen los recursos de manera eficiente para impulsar el desarrollo de los más pobres.

martes, 15 de enero de 2008

Balance marinista…el gran logro

José Antonio Díaz García

El gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres rindió ayer su tercer informe de gobierno. Apareció con un ceñido traje de tranquilidad al ahorrarse un proceso legal a pesar de los evidentes hechos "reprobables" más -según la Suprema Corte- no culpables. Seguramente se dirigió a las cámaras y a los micrófonos con la sonrisa de quien cree haber limpiado su imagen con una millonaria erogación publicitaria, cuyo monto es hoy una cifra oscura y desconocida para los poblanos.

En el marco del Tercer Informe de Gobierno, las cúpulas empresariales manifestaron en días recientes, su inconformidad ante la ausencia de crecimiento en el estado. Algunas razones son que Puebla ocupa el lugar 28 de 32 entre los estados más complicados para hacer negocios y de acuerdo al Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Unión, la inversión extranjera directa en la entidad ha disminuido desde el 2004.

Estos factores inciden en el estancamiento económico y social. Prueba de ello es que Puebla sólo aporta el 3.7% al PIB Nacional siendo la cuarta entidad en importancia por su número de habitantes.

Otro ámbito que observa un atraso considerable, es la educación. Si bien en noviembre de 2007 se firmó un acuerdo para combatir el rezago educativo, datos del Consejo Nacional de Población indican que cerca de medio millón de hombres y mujeres mayores de 15 años en el estado no saben leer ni escribir; 570 mil no han concluido la primaria y más de 900 mil abandonaron la secundaria.

Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en población analfabeta y el octavo lugar en rezago educativo general

De acuerdo al Estudio Aprendizaje y Educación en México realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Puebla se ubica debajo de la media nacional en cuanto al nivel de Capital Cultural Escolar el cual se mide a partir de la educación de los padres, de las expectativas respecto a la educación de sus hijos, la frecuencia de acceso y consumo de cine, libros y conectividad a Internet en casa.

Ciudades como el Distrito Federal, Coahuila y Baja California alcanzaron puntajes altos de 0.64, 0.36 y 0.33, respectivamente, mientras Puebla obtuvo -0.28.

En material de empleo tampoco el balance es del todo favorable. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arrojan que el promedio anual del índice de desocupación en el 2003 fue de 2.44% y para el 2007 ha crecido a 3.55%.

La marginación y la pobreza no son ajenas a 150 municipios del estado considerados como Zonas de Atención Prioritaria por el gobierno federal, debido a que en esos municipios, los habitantes carecen de condiciones para el desarrollo de sus capacidades.

Si bien de 2000 a 2006 el Índice de Desarrollo Humano en Puebla calculado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo creció de 0.7540 a 0.7674, el estado sólo se ubica delante de otros como Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas y lejos de Nuevo León cuyo índice asciende a 0.8513 o Baja California con 0.8391.

Otro dato que revela la discordancia entre el discurso y los hechos en el gobierno marinista, es el destino de los recursos federales, estatales y extraordinarios canalizados en buena parte, a gasto corriente, deuda y otros rubros.
La propia cuenta pública del año 2005, dada a conocer en el Periódico oficial del estado el 1 de septiembre de 2006, revela que el 79% del presupuesto de ese año se destinó a gasto corriente (servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc.) y sólo 7.5% a obra pública. El restante 13.5% correspondió a operaciones financieras, deuda pública, pasivo circulante y otros rubros.

En 2006 el escenario no cambió mucho. El presupuesto se incrementó de 30.8 a 39.5 mil millones de pesos del cual 8 de cada diez pesos se destinó a gasto corriente y sólo 1 de cada 10 a inversión pública.

Para el 2008, la administración estatal ejercerá 39.4 mil millones de pesos, además de 6 mil millones provenientes de los excedentes petroleros y de la reforma fiscal.

La pregunta es si efectivamente estos recursos se invertirán a favor de los ciudadanos o se escurrirán en la burocracia y el gasto corriente de las dependencias que atienden estas áreas.

Pero donde está realmente el Gran Logro es en su permanencia como Gobernador, después del proceso de juicio político iniciado en el Congreso Federal y de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual cabildeó y trabajó a través de uno de los despachos de abogados más caros de México, pudo sortear en este año del que informará las acusaciones de abuso del poder, conspiración de autoridades y violación grave de los Derechos Humanos.

Lo que no ha informado el gobernador Marín es ¿con que recursos se pagaron los abogados que lo defendieron?, ¿recursos públicos o privados?, ¿Cuánto se gastó en la campaña de medios nacionales y locales para tratar de recuperar su imagen?.

Luego de algunos datos como los expuestos, en el tercer informe del gobernador Marín allí está su Gran Logro: LA IMPUNIDAD.

*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

jueves, 10 de enero de 2008

¿Renovarse o morir? El futuro de las estaciones AM

Por: José Antonio Díaz García*


A lo largo de la historia, los cambios tecnológicos marcan coyunturas en las oportunidades de negocio.

Es el caso del hilo natural ante el hilo nylon, de los radiolocalizadores frente a los teléfonos celulares, del formato de video Beta desplazado por el VHS así como de la radio analógica versus la radio digital.

¿Ante cambios como estos, existe algún antecedente donde el Estado Mexicano haya tenido que rescatar a las empresas que enfrentaron una desventaja competitiva provocada por un cambio tecnológico?

¿Existe alguna obligación legal para rescatarlas?

Estas preguntas sirven como punto de partida para analizar el tema de algunos radiodifusores concesionarios de estaciones de Amplitud Modulada (AM) que exigen al gobierno federal, el otorgamiento de combos, es decir, un bloque de dos estaciones, la que ya tienen en AM y otra gratuita en FM, y evitar así que su negocio se vea afectado.

Los radiodifusores mexicanos quieren frecuencias de FM porque consideran que en esa banda está el futuro de la radio puesto que los tres sistemas digitales que han efectuado pruebas en México[1], tienen mayores ventajas de negocio y calidad para las FM. Sin embargo, esto no obliga al Estado a regalar una FM a quien ya tiene una AM.

De acuerdo a información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los ingresos por publicidad en la radio comercial a nivel nacional han disminuido en un 7 por ciento para las estaciones de AM y presentan un mayor costo de operación y menor calidad de audio.

Algunas estaciones de AM dicen tener problemas económicos para mantenerse al aire, sin embargo, por mucho años han explotado sus concesiones sin contraprestación alguna para el Estado Mexicano y sí con ganancias para los beneficiarios de la concesión.

¿Cuáles serían las alternativas?

Las radiodifusoras explotan el espectro radioeléctrico el cual es un bien público. Si algunas de las que se ubican en AM ya no les conviene explotar esa concesión, sea porque no es negocio o por cualquier otra razón, una primera alternativa es que sean devueltas al Estado, quedando disponibles para permisionarse (transmitir sin fines de lucro) a radios comunitarias y experimentales o para licitar nuevas concesiones a empresarios que desean invertir en la radiodifusión o en otros servicios.

Una segunda opción es que los concesionarios de AM, participen en un proceso de licitación de frecuencias de FM.

Cabe señalar que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Ley de Radio y Televisión, deja en claro que quien quiera prestar servicios adicionales de telecomunicaciones en las bandas atribuidas a la radiodifusión, tendrá que someterse a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y pagar una contraprestación por la nueva concesión. Este mismo criterio aplica para quienes quieren quedarse con una AM y prestar otros servicios, o para quines desean una estación de FM sin someterse a ningún procedimiento de licitación.

Como empresarios los “AMeros” han sabido hacer negocio con la radiodifusión, por ello una tercera opción es que con habilidad, se adapten a los cambios e implementen medidas pertinentes para actualizarse en materia tecnológica, pero sobre todo con habilidad y espíritu emprendedor promuevan nuevas formas de hacer radio, de participación social, de beneficio para la comunidad; esto no esta peleado con hacer rentable una estación de AM.

Según datos de la SCT la industria de la radio en México cuenta con 1232 estaciones concesionadas, 759 de AM y 473 de FM, así como 347 permisionadas, 95 de AM y 252 de FM.

El gobierno federal no ha dado concesiones en los últimos 13 años mientras que los permisos han crecido en un 120 por ciento sobretodo en estaciones de FM.

El gobierno encabezado por el Presidente Felipe Calderón, debería abrir la convocatoria para nuevas concesiones y no ceder a la presión de dar frecuencias en FM a quienes ya tienes estaciones de AM. Con un proceso abierto y con reglas claras se evita la discrecionalidad en el otorgamiento o en el refrendo de concesiones como sucedía en el pasado, donde por cierto los beneficiarios de esa discrecionalidad fueron la mayoría de los actuales concesionarios de AM.

Queda también pendiente la discusión sobre la transición tecnológica para los medios públicos de comunicación, donde habría que evaluar si el Estado tiene responsabilidad en su proceso de digitalización.

La respuesta a las interrogantes planteadas al inicio es clara: El Estado no tiene obligación de rescatar a un concesionario de un bien público por el simple hecho de que con los cambios tecnológicos o por otras cuestiones, ahora su concesión ya no sea negocio. Y usted ¿que opina?

* José Antonio Díaz García es Diputado Federal por el Partido Acción Nacional
[1] Estándar estadounidense IBOC, conocido como HD Radio que ofrece servicio en las mismas bandas de frecuencias de AM y FM; el europeo Eureka 147, conocido como DAB, que opera en otras bandas de frecuencias, entre ellas la L (entre los 1452 y los 1492 MHZ), un sistema mixto en el que operen los dos anteriores y existe también un estándar japonés.

domingo, 6 de enero de 2008

A fumar a otro lado


Por: José Antonio Díaz García*

El pasado 11 de diciembre, se aprobó por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la Ley General para el Control del Tabaco. Ahora toca a la Cámara de Senadores revisar este proyecto de Ley y modificarlo o aprobarlo para su consecuente publicación y entrada en vigor.

Es importante conocer la información que la comisión de salud dio a conocer como argumentación para promover este nuevo ordenamiento y las consecuencias prácticas que tendrá la nueva Ley una vez que se cumpla todo el proceso legislativo. Para empezar a conocer la gravedad de la epidemia del tabaquismo y la necesidad de tomar medidas de gran magnitud para su combate, al día de hoy 165 mexicanos fallecen diariamente por causas atribuibles al tabaco; 30.2% de los adultos mexicanos son fumadores; el 36.1% de la población mexicana es fumador pasivo; el tabaquismo es la primera causa de muerte y enfermedad prevenible en el mundo.

En la motivación de esta ley también se plantea la evidencia científica sobre cómo la exposición al humo de tabaco de segunda mano (HTSM) entraña un riesgo para la salud, sin existir un nivel mínimo de exposición en el que este riesgo desaparezca. El HTSM causa enfermedades serias a niños y adultos, del mismo modo, existe evidencia irrefutable sobre el benéfico efecto protector de crear ambientes libres de humo de tabaco; estos espacios ya existen en la legislación de muchos países y son una realidad palpable con beneficios tangibles donde se han implementado.

Con base en la evidencia de las cifras internacionales y las específicas de México y considerando que el Derecho a la protección de la Salud y el Derecho a un Medio Ambiente adecuado para su Desarrollo y Bienestar, son Garantías que la Constitución Mexicana reconoce a todo individuo las cuales no pueden suspenderse o restringirse, los Diputados Federales aprobaron entonces esta Ley.

A partir de que entre en vigor, la Secretaría de Salud deberá elaborar las disposiciones específicas de los espacios libres de humo de tabaco, lo cual será sin duda una de las disposiciones más polémicas y benéficas de esta Ley.

Otra medida importante es la obligación para los vendedores o distribuidores de tabaco quienes deberán “exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco, identificación oficial con fotografía…”, sin la cual no podrá realizarse la venta.

También queda prohibida la venta de cigarros sueltos y la venta a través de maquinas expendedoras. Todo ello con la finalidad de evitar que menores de edad puedan adquirir cigarros.

En lo referente a los empaques, la Ley obliga a que se expongan imágenes que muestren los efectos nocivos del consumo del tabaco, por lo que no será extraño ver fotografías de pulmones enfermos en áreas importantes de las cajetillas, así como otras imágenes que nos obliguen a reflexionar sobre las consecuencias en la salud.

Referente a la publicidad solo se permitirá que los cigarros o productos del tabaco se anuncien en revistas dirigidas a los adultos, lo que implica que no veremos mas anuncios en televisión, cine, espectaculares, entre otros, no solo de publicidad explicita que ya estaba prohibida, sino también de toda imagen relacionada como los vaqueros con sus caballos o los camellos y las botas que todos relacionan con las marcas de cigarros correspondientes.

Ahora los fumadores tendrán que buscar los espacios permitidos para fumar, los cuales deberán estar plenamente identificados, quedando prohibido el consumo de tabaco en todo lugar cerrado de acceso al público, salvo los lugares específicos que los reglamentos determinen.

Las zonas habilitadas para fumar en los lugares permitidos, según explica esta Ley, deberán ubicarse en espacios al aire libre y disponer de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco.

Usted se preguntará si habrá quien respete esta Ley, pues si no basta la conciencia y la urbanidad, se contempla un capítulo de sanciones que para efectos administrativos prevé la amonestación, la multa, la clausura temporal o definitiva y el arresto por treinta y seis horas, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando exista la comisión de algún delito.

Por ejemplo, la multa para quien fume en los espacios determinados como 100% libres de humo de tabaco será hasta de $51,000.00. Para quien venda cigarros sueltos o no exija la credencial con fotografía o para quien fume en lugares cerrados de acceso al público, la multa en cualquiera de estos casos puede llegar a $204,000.00.

Las multas más severas están previstas entre otras cuestiones, para quien pretenda vender o promocionar cigarros con leyendas que tengan el efecto de crear la falsa impresión de que un producto del tabaco es menos nocivo que otro como “ligeros” o “suaves”, en estos casos la multa podrá alcanzar los $510,000.00

Los Diputados Federales del PAN votamos a favor de esta Ley porque consideramos que evitar el dolor y la enfermedad de los ciudadanos, debe ser una prioridad de nuestras leyes. Muchas veces escuchamos críticas a los legisladores –la mayoría de ellas con razón- pero no se conocen adecuadamente las acciones positivas que, como esta Ley para el Control del Tabaco, se generan a favor de los mexicanos.

Como ciudadanos nos corresponde, si estamos de acuerdo con esta Ley, exigir que se apruebe en el Senado, para que todos disfrutemos de una vida más saludable. Así que a fumar a otro lado, donde no se cause molestia a nadie.

* José Antonio Díaz García es Diputado Federal por el Partido Acción Nacional