El futuro de las Juntas Auxiliares: Nueva legislación

Por José Antonio Díaz García*

El domingo pasado hubo elecciones en las 651 juntas auxiliares del estado de Puebla. Conforme lo marca la Ley Orgánica Municipal, se renovaron las 17 con las que cuenta la capital.

El esquema actual de las juntas auxiliares en el municipio de Puebla, data de 1964 y ahora que han pasado las elecciones para el siguiente periodo de 3 años, cabe reflexionar la vigencia de mantener este sistema que fue concebido para ayudar a gobernar a los pueblos formados fuera de la cabecera municipal y que hoy muchos de ellos siguen atrasados, -aún dentro de la mancha urbana- lejos del desarrollo, propiciando vergonzosos cacicazgos al amparo de la ley y simulando elecciones ciudadanas, aparentemente alejadas de los partidos políticos, pero con las manos metidas de sus representantes.

En la nueva democracia mexicana, es necesario revisar el entramado jurídico orquestado durante 70 años de cacicazgo priísta, el cual sigue vigente y al servicio del sistema (PRI-gobierno) para mantener -como es el caso de las juntas auxiliares- con migajas de poder a los cacicazgos de pueblos y barrios.

Mi propuesta es muy concreta, primero revisemos la razón de mantener un esquema de cuarto nivel de gobierno; una vez definido, acotemos a dónde y cómo. Es decir no necesariamente las 651 juntas auxiliares actuales, tienen justificación de continuar como tales. Es el caso del municipio de Puebla, donde San Baltazar Campeche, Zaragoza y la Libertad son barrios y colonias completamente absorbidos y rodeados por la mancha urbana y que, desde mi punto de vista, deben ser transformados en delegaciones urbanas y no darles un trato discriminatorio.

Sin embargo existen otros pueblos que deben ser reconsiderados para convertirse en municipios autónomos ya que su identidad, distancia de la cabecera y otras cuestiones les impiden desarrollarse por tener el estatus de junta auxiliar.

Tal es el caso de San Miguel Canoa (12,896 hab.), la Resurrección (7,749 hab.) y San Andrés Azumiatla (7,671 hab.); estos pueblos han conservado sus tradiciones, lengua y cultura y nada comparten en estos aspectos con la capital poblana. Por su conformación indígena, estas comunidades obtendrían más recursos como municipios independientes que siendo parte de una cifra global que diluye su estatus.

Esta afirmación la comprobamos al comparar algunos datos sobre el desarrollo de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa y la Capital: mientras que en todo el municipio de Puebla, el promedio de escolaridad es de 9.59 años de estudio, en San Miguel Canoa encontramos que apenas alcanza el 4.36; en el rubro de empleo la capital tiene una tasa de desempleo del 3.14% mientras que en San Miguel Canoa representa el 16.4%; la población Indígena en la capital representa el 1.7% de la población total y en San Miguel Canoa es del 78%.

El Código Reglamentario para el municipio de Puebla , en su artículo 108 dice: “Las Juntas Auxiliares son entidades desconcentradas del Ayuntamiento previstas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y serán electas mediante plebiscito bajo los términos del procedimiento señalado por la misma Ley, para el gobierno de los pueblos del Municipio”. Aquí tengo dos comentarios: primero no es estrictamente un plebiscito el que se realiza para elegir a las Juntas y segundo no “gobiernan los pueblos” dado que esa facultad la tiene solo el Ayuntamiento.

Es por ello necesario considerar la posibilidad de revisar la razón de ser hoy en día de las Juntas Auxiliares, revisar las existentes y tomar decisiones, tales como: creación de nuevos municipios, transformación a delegaciones urbanas y nuevas juntas auxiliares.

Las facultades y obligaciones de las juntas auxiliares, previstas en la Ley Orgánica Municipal son las de prestar servicios públicos, construir obras, velar por la seguridad de la circunscripción, todas ellas tareas propias de un municipio, pero sin la facultad política y económica para asumir estas responsabilidades y sin presencia en el Cabildo para llevar a la mesa las necesidades y aportaciones de sus gobernados.

Es increíble que aunque la junta auxiliar es más cercana al ciudadano que el propio municipio que de por sí es el nivel de gobierno que atiende de forma más directa los servicios básicos y cotidianos de la población, no tenga un lugar en el ayuntamiento donde se discuten y decide el futuro de las comunidades. Se debería explorar la posibilidad de un cabildo conformado por regidores electos en esos pueblos, de manera que tengan total representación en el gobierno municipal, no se trata de repartir migajas de poder, se trata hoy en día de conformar gobiernos más plurales y con representación legítima de la comunidad.

El hecho de que sean los Ayuntamientos los que establezcan las reglas y procedimientos del proceso electoral también debe ser revisado y transformado urgentemente. A nivel nacional y también estatal existe un instituto electoral y 32 organismos electorales ciudadanizados que son los árbitros electorales, todo ello como resultado de los abusos y trampas realizadas por el árbitro electoral gubernamental. Sin embargo aquí las elecciones las sigue organizando el Ayuntamiento. Tenemos un instituto electoral en el estado que nos cuesta a todos los ciudadanos poblanos muchos millones de pesos, que sean ellos los organizadores.

Recordemos como hace 3 años los mapaches electorales del Ayuntamiento encabezado por Enrique Doger Guerrero generaron un clima de inestabilidad por su mañosa intervención en las elecciones que terminaron con serias protestas sociales que fueron reprimidas por la policía municipal antimotines con las ya célebres balas de goma.

El tema está puesto: urge legislar a nivel local para desahogar estas paradojas que dificultan el desarrollo de las comunidades dejándolas en la marginación y el aislamiento económico y social, pero controlándolas en el aspecto político. Ese es el objetivo de los conservadores priístas. Y los tímidos diputados locales priístas que controlan el Congreso no tienen la menor intención de hacerle olas al gobernador con una revisión a fondo que no aguanta posponerse más. El PAN no quitará el dedo del renglón, vamos a impulsar una nueva legislación de las Juntas Auxiliares.

Varios Pueblos cuentan ya con planes para lograr una independencia pacífica dentro de los cauces de la ley. Sólo por mencionar algunos Metepec en Atlixco; Chipilo en Atzompa; Xalmimilulco en Huejotzingo; la Ceiba en Xicotepec; Atencingo en Chietla; Palmarito en Quecholac; Cuacnopalan en Palmar de Bravo y por supuesto San Miguel Canoa, Azumiatla y la Resurrección en Puebla. Hay que escucharlos y tomar definiciones antes de que la vía violenta sea su opción.

Comentarios: diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

Mensaje Presidencial Reforma Energetica

Mensaje del Presidente Felipe Calderón presentando la propuesta Presidencial de Reforma Energética

Puebla de ángeles y demonios

*Por José Antonio Díaz García

¿Qué le estamos regalando el gobierno y los ciudadanos a la Puebla de los Ángeles en la que vivimos, ahora que celebró el 477 aniversario de su fundación?

Puebla fue diseñada como una ciudad de avanzada, bien planificada y construida con visión de futuro. Prueba de ello es su ubicación, traza, y distribución.

Si volvemos atrás, los registros históricos documentan cómo en la última década de la época colonial, el cabildo de la ciudad desplegó acciones encaminadas a restaurar la fisonomía urbana; la remodelación de los puentes que unían el viejo casco español con los barrios ubicados al poniente, así como el alumbrado y empedrado de las principales calles de la ciudad.

¿Qué decirle a nuestra historia cuando casi cinco siglos después las avenidas de la ciudad se decoran con baches, pobladores de la periferia y las juntas auxiliares caminan sobre tierra –estaban mejor los empedrados de entonces- y la oscuridad ensombrece el camino porque las luminarias están apagadas?

Tenemos un gobierno municipal que apenas lleva dos meses de haber tomado posesión y ya difunde campañas mediáticas para poner a Puebla a tiempo y realizar mejoras urbanas que aún no se notan. Habrá que darle el beneficio de la duda, pero es curioso que mientras ya hay Internet público inalámbrico en el primer cuadro de la ciudad, algo tan sencillo y rápido de solucionar como encender las luminarias, o pintar las rayas de los carriles en las calles, siga siendo una tarea pendiente, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que transitan a pie por calles oscuras y de quienes manejan tratando de adivinar el camino.

Entre los años 1950 y 1960 la capital del estado sufrió una aguda crisis en la industria textil y dejó de ser un centro de atracción económica; no obstante su población tuvo un crecimiento sustancial en esta década al pasar de 260,948 habitantes en 1950 a 532,744 habitantes en 1970.

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005, la Ciudad de Puebla tenía en ese año 1,399,519 habitantes (el municipio, 1,485,941), es decir, creció tres veces en 35 años y así como durante años la industria textil empujó la economía local, actualmente es un constante tema de discusión definir la vocación económica de la ciudad.

El flujo de estudiantes de diversas ciudades y estados aledaños y la amplia oferta universitaria que ofrece Puebla, han hecho que se le identifique una clara vocación educativa, lo cual es cierto. Sin embargo, en el tema económico, las grandes empresas instaladas en la región han puesto en duda su permanencia en ésta debido a algunas políticas federales y estatales.

Es el caso de la Volkswagen quien en febrero de este año anunció una inversión en la capacidad de planta en Puebla, de aquí al año 2010, de mil millones de dólares y pidió un clima de inversión positivo e infraestructura de punta en Puebla así como detener la entrada indiscriminada de autos usados de Norteamérica. Como lo publiqué entonces, ni una ni otra condición se han dado a pesar de que esta industria -tan sólo en Puebla- emplea a 16 mil trabajadores.

¿Cuál debe ser la vocación económica de la capital poblana y qué estamos haciendo para propiciarla, qué estamos haciendo para renovar la visión de futuro de nuestra ciudad?

La Puebla de los Ángeles nos enorgullece por su belleza arquitectónica, su gastronomía y las bellezas naturales que la enmarcan.

Démosle de aniversario un desarrollo más acelerado y ordenado, cuidados y mantenimiento que la conserven, no sólo de parte de los gobiernos en turno sino cada uno como ciudadano. Porque ¿qué sería de la ciudad sin la gente que la habita? ¿Quién la apreciaría y disfrutaría?

En una ponencia la internacionalista Denisse Dresser mencionaba que mientras los mexicanos no asumamos al país y a nuestras ciudades como propias, no las vamos a cuidar; mientras las veamos como un lugar rentado no nos sentiremos sus dueños para cuidarlas, procurarlas, desarrollarlas. Nadie lava un coche rentado.

He aquí el mejor regalo que podemos brindarle a nuestra capital en su aniversario: ser ciudadanos de tiempo completo, con los derechos y obligaciones que esto implica: actuar con civilidad y civismo al manejar, al caminar, al separar nuestra basura, al no desperdiciar el agua, mientras exigimos a las autoridades una ciudad con infraestructura construida con materiales de calidad (no solamente con brochazos de pintura en los puentes y pasos a desnivel construidos por cierto en otras administraciones); comportarnos con honradez para poder señalar la corrupción; cuidar el medio ambiente y trabajar con productividad y responsabilidad para vigilar la transparencia y la rendición de cuentas de los que elegimos.

A últimas fechas se percibe en la ciudad un tufo que puede convertirse en peste: el narco. Esa plaga que se niega pero se percibe: En el ámbito empresarial, la Casa de Cambio Puebla está clausurada por una investigación de lavado de dinero; en la seguridad pública diariamente se lee en los periódicos sobre detenciones de narcomenudistas que envenenan a los jóvenes afuera de las escuelas y en los “antros”; en la política, apresan en Estados Unidos al alcalde priista de Izúcar de Matamoros por narcotraficante y se especula sobre el uso del dinero proveniente de sus actividades delictivas en las campañas electorales de su partido. Hace no mucho tiempo en los límites de nuestra ciudad con Cholula apresan a un importante capo, Benjamín Arellano Félix.

¿Hacia dónde queremos llevar a Puebla? ¿Al abismo de una sociedad marcada por la violencia generada por la ambición desmedida de las drogas o a la ruta del esfuerzo, de la productividad, de las artes y las ciencias?

Puebla somos los que aquí nacimos, los que aquí habitamos y los que contribuimos a su desarrollo desde el ámbito particular y colectivo. Hagamos un alto, reflexionemos y actuemos en consecuencia para que podamos seguir viviendo en la Puebla de los Ángeles alejados de una Puebla de demonios. Nuestros hijos se lo merecen.

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*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

El Secuestro de la Tribuna

Tomado de: http://www.youtube.com/watch?v=uMTHa96NkJ8&feature=related.

Por José Antonio Díaz García

El pasado jueves, fui testigo del secuestro de la Tribuna de la Cámara de Diputados por las hordas de legisladores afines a López Obrador quien ayer en el Zócalo culpó a los medios de hacerle una guerra sucia por difundir que sus huestes secuestraron la tribuna del Congreso…¿Qué usted y yo no vimos los mismo..o cómo se le llama a un grupo de personas que invaden con mantas, haciendo uso de la fuerza, el espacio donde día a día se debaten las leyes del país, para impedir su trabajo?

Mientras la diputada por Convergencia Maria del Carmen Salvatori, se encontraba dando lectura a un documento en su calidad de secretaria de la mesa directiva, un grupo de diputados golpistas extendió una lona impresa con el mensaje “LX Legislatura. CLAUSURADO”, la cual cubrió por completo la tribuna y sin respeto por las personas que allí estaban incluyendo a su propia correligionaria la presidenta de la cámara la diputada Ruth Zavaleta, tendieron la mencionada lona agrediendo a los que allí se encontraban. En circunstancias similares pero sin lona y con más refinadas maneras tomaban también la tribuna del senado los compinches de AMLO.

Según alegaban los diputados golpistas, el plantón obedecía a impedir que se llevara a cabo un “fast track” del debate y aprobación de la reforma energética enviada por el presidente Calderón. Sin embargo, las verdaderas razones son otras. El PRD está entrampado a nivel nacional por su cochinero de elección interna, en donde se ha visto que son la esencia misma del fraude electoral, -en ese partido la democracia solo existe en sus siglas- por lo que requerían una maniobra política que los reunificara. El pretexto lo encontraron en la reforma energética.

Prueba adicional de que no se intentaba dar un albazo legislativo son las propias declaraciones del senador Carlos Navarrete, coordinador de lo senadores del PRD quien lamentó que la resistencia civil haya iniciado cuando el PRI y el PAN estaban aceptando prácticamente la totalidad de sus demandas respecto al debate de la reforma energética. (Periódico Reforma 12 de abril de 2008)

Queda claro que con la toma de la tribuna el PRD está impidiendo el debate y la discusión de la reforma energética, contrario a su discurso oficial de buscar un debate nacional del tema energético. Mienten.

Mienten también al decir que están iniciando una “resistencia civil pacífica”; en primer lugar no es civil, porque los protagonistas actúan en su calidad de legisladores federales; en segundo lugar no es pacífica pues exacerban los ánimos, polarizan a la sociedad, agreden al tratar de imponer su voluntad de clausurar los trabajos legislativos, así como las condiciones y tiempos del debate. Además al clausurar el congreso están actuando en los hechos como golpistas en contra de la democracia.

Pero la mayoría de los Diputados y Senadores no estamos de acuerdo en cancelar el diálogo o el debate, de manera que no vamos a renunciar a nuestra obligación de legislar sobre un tema que no permite que lo posterguemos más. Vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a modificar si es necesario la iniciativa enviada por el presidente Calderón y como resultado vamos a darle a las futuras generaciones de mexicanos una empresa petrolera del estado eficiente y competitiva. Un nuevo PEMEX.

Para qué quiere el PRD alargar más el debate sobre PEMEX si al final no va a aceptar ninguna reforma legal, ya lo anunciaron no quieren ningún cambio. El asunto es ¿a dónde quiere llevar AMLO a México? La respuesta es simple, eso ha pretendido desde julio del 2006: a una crisis de gobernabilidad, a una desestabilización social que permita derrocar a las autoridades, aunque de ello se derive el sufrimiento y dolor de millones de mexicanos que en la crisis perderían su empleo y patrimonio.

Los legisladores del PAN no lo vamos a permitir, tienen secuestrado el recinto pero no tienen secuestrado el Congreso. No vamos a ser rehenes de una minoría golpista que por métodos antidemocráticos pretende desestabilizar a México pretendiendo sustituir al parlamento por la plaza pública. Este martes los diputados federales vamos a sesionar, preferentemente en San Lázaro, pero si allí no se puede, lo haremos en un recinto alterno.

No será la primera vez que en México se trasladen los poderes a otro lado por la intolerancia de golpistas. Será buena ocasión para recordar y honrar a Benito Juárez, quien convirtió a su carruaje en la sede del gobierno federal.

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* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

Narcozapato

Por José Antonio Díaz García

Ahora resulta que los priístas ni conocen ni apoyan a su compañero de partido Rubén Gil Campos, alcalde de Izúcar de Matamoros detenido hace dos semanas en Los Angeles California acusado de tráfico de drogas, a quien hace unos días defendían al unísono.

El Secretario de Gobernación estatal, Mario Montero Serrano, Wenceslao Herrera Coyac, líder interino del PRI estatal al igual que Valentín Meneses Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Olamendi, Alto Comisionado para la Atención al Migrante (no se rían el nombre se lo inventó Marín) del gobierno estatal, se han deslindado de Gil Campos en distintos espacios televisivos, diciendo que ni es su compadre, ni su socio y no sabían de sus antecedentes.

Sin embargo, días antes lo defendían diciendo que estaba en Estados Unidos por un chequeo médico, que eran acusaciones infundadas y que desde su partido, el PRI, le brindaban todo el apoyo.

Gil Campos promovió su candidatura a alcalde -la cual ganó en noviembre del 2007- como el “candidato migrante”, ya que a los 15 años y apenas con la secundaria terminada, se fue de “mojado” a los Estados Unidos donde comenzó vendiendo flores y ahora es dueño de empresas de mudanzas.

Según medios norteamericanos, en 2006 fue detenido en Nueva York su hermano Eduardo Gil, por distribuir narcóticos luego de hallarse 150 kilogramos de cocaína y 100 libras de marihana en vehículos de su empresa Gil Moving & Storage.

Ese mismo año, Rubén también fue detenido pero en la ciudad de México al portar armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas amparado en una credencial de la Policía Judicial de Puebla, pese a que no pertenece a dicha corporación. Entonces el PRI y el gobierno estatal si lo conocían y apoyaban.

El pasado 2 de abril, el diario La Opinión en Los Angeles California, publicó información difundida por la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) que confirmaba el arresto y traslado de Rubén Gil a Nueva York para responder a las autoridades judiciales que lo acusan de distribuir drogas.

Una de las informaciones que han trascendido es que Gil Campos financió la campaña de Mario Marín Torres, en el año 2004, y que es socio de Carlos Olamendi, en la empresa Auténtico 5 de Mayo. Es muy importante que se investigue al respecto, se conozca la verdad y en su caso se actúe en consecuencia.

Pero más allá de amiguismos y complicidades cabe una preocupación fundamental para el funcionamiento del sistema electoral mexicano. ¿Cómo se están financiando las campaña electorales en nuestro país?

Con las más recientes reformas que hicimos los diputados federales el año pasado al Código Federal Electoral, atendiendo al clamor de reducir el gasto, se redujo un 50 por ciento el costo para la campaña presidencial y 70 por ciento para las intermedias de diputados y prevalece el financiamiento público sobre el privado para fiscalizar adecuadamete la procedencia de los recursos.

Otro avance de la reforma electoral se refiere a los ahorros en materia de financiamiento a los partidos (ver cuadro anexo) así como la posibilidad de que el IFE acceda a sus cuentas sin que el secreto bancario sea un obstáculo para fiscalizar los recursos.

Estimación del ahorro que se generaría en las finanzas públicas del país por la reducción del financiamiento público total de los partidos políticos, 2008-2009.
( Millones de pesos y variación real).

Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, a pesar de estos avances, se presentan casos como los del alcalde Rubén Gil, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, el cual probablemente –y aquí esta el meollo de la investigación- utilizó no sólo para financiar su propia campaña sino la de otros políticos de su partido. Con eso se explicaría entonces la “operación rotoplas” y la gran cantidad de dinero que utilizaron los candidatos del PRI para poder dar zapato electoral. Un narcozapato.

La disminución del financiamiento publico no es motivo para que los partidos obtengan recursos de procedencia ilícita, menos ahora que los costos de una campaña deben disminuir considerablememente al ya no tener que erogar un solo peso para el pago de spots de radio y televisión, de acuerdo a los cambios de la Reforma electoral en esta materia.

El negocio de las drogas ha permeado las estructuras políticas y de poder en todo el mundo y están documentados casos como el de la campaña presidencial de Ernesto Samper en Colombia, financiada con dinero del narco.

Puebla no está excento de este riesgo más ahora que se conoce el caso del edil de Izucar. No permitamos que el dinero del narco invada Puebla, ni para campañas ni para limosnas.

Como ciudadanos exijamos una investigación seria del financiamiento de las campañas y nuevas elecciones en Izucar de Matamoros, ante la ausencia definitiva del Presidente Municipal, el PRI se niega claro, por el castigo electoral que los ciudadanos le tienen reservado.

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*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

¿Terroristas o ingenuos?

Por José Antonio Díaz García *

Hace dos meses dedicamos este espacio al tema del secuestro y financiamiento de la guerrilla en México y Colombia, y exponíamos lo inaceptable del terrorismo, la utilización de la violencia, la amenaza, el secuestro, los asesinatos y el narcotráfico para conseguir sus fines, en un sistema democrático.

El pasado primero de marzo, el ejército colombiano atacó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la frontera sur con Ecuador, y murieron junto con Raúl Reyes, portavoz y número dos de este grupo, 16 personas más entre las cuales se encontraban cuatro mexicanos varones y una mexicana Lucía Andrea Morett, quien sobrevivió.

La pregunta que la mayoría de los mexicanos nos hacemos desde entonces es ¿qué hacían estos connacionales en un campamento guerrillero colombiano?

Tatiana Sule, secretaria general de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la que estudiaban algunos de los mexicanos caídos, aseguró que la máxima casa de estudios no organizó ninguna práctica académica en Ecuador, por lo que los jóvenes mexicanos estarían allá por cuestiones personales.

Morett, la mexicana sobreviviente, coordina en la UNAM la Cátedra Libertador Simón Bolívar creada en 2001. Junto con ella trabajaban algunos estudiantes fallecidos que días antes habían asistido al segundo Congreso Continental Bolivariano en la Universidad Politécnica de Quito, celebrado del 24 al 27 de febrero, y de ahí se trasladaron al campamento de las FARC.

Las razones del traslado han sido motivo de especulación: iban a entrevistar a los guerrilleros por compartir una ideología socialista bolivariana común; eran jóvenes que pertenecían a los cuadros de las FARC en México que junto con otros jóvenes latinoamericanos iban a un entrenamiento guerrillero; eran miembros de una compañía de teatro que iban a distraer a un grupo de narcoterroristas…

La auténtica razón sólo la sabe Lucía Morett, estudiante con alto rendimiento académico, oradora principal cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) visitó la UNAM y por lo que puede deducirse, simpatizante permanente de movimientos subversivos, quien sigue internada en Quito y pudiera –según comentaron sus familiares- pedir asilo político en Ecuador.

Respetando los “ideales” de Lucía y los de estos jóvenes que por desgracia perdieron la vida, me pregunto si sabrían que Luis Edgar Devia alias 'Raúl Reyes', estaba acusado por delitos como violación y acto sexual violento, terrorismo, rebelión, destrucción de bienes protegidos, secuestro, reclutamiento ilícito, hurto calificado, apoderamiento de aeronave y tráfico de estupefacientes.

Si eran jóvenes que estaban en el campamento para entrenarse con guerrilleros de un grupo terrorista, deben ser tratados como tales: como terroristas.

La otra opción es que fueran ingenuos y buscaban aventuras fuertes por lo que fueron a vacacionar al lugar equivocado sin saber el riesgo que corrían ni el tipo de personas con las que compartían los alimentos y el abrigo del campamento. Si son jóvenes universitarios, es seguro que lo supieran.

“Somos investigadores, no guerrilleros", rezan los carteles hoy colocados en la UNAM por sus simpatizantes para defenderlos de las imputaciones ante las cuales el rector José Narro declaró que no aceptará la infamia o la mentira para caracterizar a la UNAM.

Es sabido que la guerrilla en el mundo recluta adeptos en las universidades; incluso en el Distrito Federal las FARC tenían oficinas de contacto hasta el 2002, año en que el gobierno de Fox las cerró. Al frente de esa representación guerrillera en México estuvo Olga Marín, hija de Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, líder de las FARC, y esposa de Raúl Reyes, fallecido en el bombardeo del pasado 1 de marzo.

Si bien el ataque de Colombia en territorio extranjero es inaceptable para un país democrático como el nuestro; igual de inaceptable es que Ecuador tolere la estancia de terroristas que atentan contra la estabilidad de cualquier país.

A finales del 2007 el diario El País de España entrevistó a “Rafael”, un desertor de las FARC que militó diez años y se acogió al programa de reinserción a la vida civil promovido por el gobierno colombiano. Aunque teme la venganza de sus ex compañeros, desistió porque el narcotráfico ha suplantado el altruismo socialista que les impulsó a tomar las armas.

“Hay muchísimo dinero en juego en esa zona fronteriza donde la droga entra desde Colombia…porque la línea más segura para llevar droga a Europa es por Venezuela…la guerrilla tiene un pacto de no agresión con los militares venezolanos. El Gobierno venezolano deja a las FARC operar libremente porque comparten el mismo pensamiento bolivariano”.

Veremos qué sucede esta semana luego de la oferta del gobierno colombiano a las FARC, para ex carcelar a rebeldes guerrilleros a cambio de la liberación de rehenes, entre ellos la franco-colombiana Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia, secuestrada hace seis años y cuyo estado de salud es delicado, según narra ella misma en una carta que envía a su familia para despedirse.

¿Servirá esta reflexión para los jóvenes que pueden ver eclipsados sus ideales por “vincularse” con grupos cuyo modus operandi no sólo desvirtúa y olvida su espíritu de lucha contra la pobreza y la marginación, sino genera odio, violencia y muerte?

Si los mexicanos muertos y la señorita Morett son terroristas, que se les juzgue como tal y si son idiotas útiles, quien les manda meterse entre las patas de los caballos.
Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

El justo juez…

Foto:El Universal

Por José Antonio Díaz García*

“¡Voto por voto, casilla por casilla…No podemos aceptar una regresión, un retroceso democrático. En la historia política reciente de nuestro país, abrir espacios para lograr elecciones libres, equitativas y limpias ha costado muchos sacrificios; inclusive, la vida de miles de mexicanos. No podemos aceptar que con la ilegalidad, el dinero y las trampas, un grupo de privilegiados quiera imponer a un presidente ilegítimo!”.

Con estas palabras Andrés Manuel López Obrador arengaba a sus seguidores concentrados en el Zócalo de la Ciudad de México aquel 16 de julio de 2006… A 20 meses de distancia, de aquellos airados discursos ¿Volverán a resonar en la garganta del ex candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos estas exigencias ante el desaseado proceso interno que acaba de vivir el PRD? ¿Les advertirá a sus correligionarios que las elecciones limpias, sin trampas, sin robo de urnas y sin violencia debieran realizarse empezando por ellos mismos? ¿O es mejor que se aplique la ley pero, en los bueyes de mi compadre?

El pasado 16 de marzo los afiliados al Partido del Sol Azteca acudieron a las urnas para elegir al nuevo dirigente nacional, a los estatales así como a los consejeros federales y locales.

Pero a 9 días de la elección, los perredistas no han logrado ponerse de acuerdo y se han metido en un laberinto que parece no tener una salida fácil, legal ni legítima. Aquellos que alardeaban calificando al Presidente Calderón de espurio y tachando el proceso electoral del 2006 de ilegítimo, no son capaces de llevar a cabo un ejercicio democrático libre de viejas y corruptas prácticas como el embarazo de urnas, el carrusel, el ratón loco, aprendidas de sus ancestros priístas, partido del que emergió el perredismo.

En los días siguientes a su elección, los resultados del conteo de actas se mantuvieron muy cerrados entre los dos principales contendientes a dirigir el PRD en el país. Por un lado el actual senador Jesús Ortega quien encabeza la corriente denominada Nueva Izquierda y por otro el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, candidato del grupo Izquierda Unida y gallo de López Obrador.

Conforme pasaban las horas llegaban de los distintos estados de la República denuncias de anomalías y “marranadas” que empezaban a empañar la legitimidad de la contienda.

En el caso de Puebla simpatizantes de Izquierda Unida se quejaban del robo de urnas y la no instalación de más del 25 por ciento de las casillas, lo que según sus estatutos, exige una anulación inmediata de la elección. “Casualmente no se instalaron casillas en lugares que favorecerían a Alejandro Encinas a nivel nacional y al candidato Jorge Méndez Spínola, en el caso de la dirigencia estatal”, dijo la ex diputada del PRD Rosa María Avilés. En el PRD poblano estas prácticas no son nuevas; en 1998 el partido cooptado por el gobierno del estado –a través de Mario Marín Torres- impulsó la candidatura de Emilio Maurer, el cual con un poco de dinero aceitó la maquinaria electoral interna y se alzó triunfador del proceso interno sobre izquierdistas tan serios como Alfonso Vélez Pliego (q.e.p.d).

Volviendo a la reciente elección, a mitad de la semana los dos candidatos a la dirigencia nacional, sostuvieron una reunión sin llegar a ningún acuerdo porque algunos se oponen al conteo voto por voto de cara a la ciudadanía y a los medios de comunicación, cuando en la elección del 2006 lo exigían airadamente.

El viernes santo los perredistas recibieron su condena a través de la carta abierta del líder moral perredista Cuauhtémoc Cárdenas quien sin tapujos decía: “…ante el lodazal en que se ha sumido el proceso y la rispidez de la confrontación entre los grupos que se proclaman ganadores…el Comité Técnico Electoral y la dirección formal del partido no tienen otro camino que declarar la anulación de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 16”.

Para completar el cuadro, la legisladora perredista Valentina Batres y otros seguidores del López Obrador, piden la destitución de Ruth Zavaleta de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de los coordinadores parlamentarios del PRD Carlos Navarrete en el Senado y Javier González Garza de los diputados, porque apoyan a Jesús Ortega y aprueban al presidente “espurio”.

La contienda perredista es realmente un fiasco, no sólo por las evidentes irregularidades, golpes, robos y agresiones verbales y físicas entre afines, sino porque constatamos que los baños de pureza que se daban en el 2006 eran puro teatro. Nunca mejor aplicado el dicho de “candil de la calle y oscuridad de su casa”.

Esto no representa una verdadera y auténtica izquierda para México; una izquierda democrática -como el nombre de su propio partido lo reza- que respeta a sus militantes y respeta a los ciudadanos sin coartar sus derechos de libre tránsito y movilidad y no los amenaza con cerrar aeropuertos, carreteras y calles para defender sus posturas.

La reflexión debe servir no solo para el PRD, su dirigencia y sus militantes. Debe hacernos reflexionar a todos los políticos ¿qué estamos haciendo en nuestros propios partidos y qué mensaje estamos enviando a la sociedad? El que esté libre de culpa….

En próximas fechas el PRI en Puebla renovará su dirigencia estatal y por lo menos la dirigencia en la capital del estado. Lo mismo realizaremos los panistas con la elección de nuevos consejeros estatales y de presidente del comité directivo municipal. La democracia no solo debe ser un punto de llegada, también cuenta el respeto permanente a los procesos y las formas. Es la oportunidad de ver si somos capaces de tener procesos democráticos internos que inspiren a los ciudadanos a creer en los políticos. El justo juez, por su casa empieza.

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*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

Adiós a la Tenencia

Fotografia: http://www.milenio.com/MediaCenter/Fotos/2006/Agosto/12/TENENCIA-1.jpg

Por José Antonio Díaz García

A principios de los años 60 el gobierno priísta en turno decretó la creación de la “Tenencia Vehicular”. Un impuesto para financiar la organización de los XIX Juegos Olímpicos que tendrían lugar en nuestra afortunada nación en 1968.

El orgullo de ser los anfitriones de un evento de talla internacional donde se darían cita los principales atletas del mundo, incentivó la “generosidad” del pueblo mexicano que gustoso cooperó pagando este impuesto coyuntural, suponiendo que el pago de Tenencia por Uso de Vehículos Automotores duraría pocos años, el tiempo necesario en que el gobierno solventaría los gastos de organización, logística e infraestructura que requirió la competencia deportiva.

El impuesto por concepto de tenencia vehicular siguió vigente luego de 40 años. Quizá los gobiernos anteriores no querían olvidar tan magno acontecimiento y menos desprenderse de una importante fuente de ingresos, justificando así seguir con el cobro de un arancel que -hasta hace unos meses- parecía que se había perpetuado.

Afortunadamente los Diputados Federales, a solicitud del Presidente Felipe Calderón, aprobamos a finales del año pasado abrogar (es decir eliminar, dar por terminada) la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del año 2012, es decir, los dueños de vehículos automotores solo pagaremos “Tenencia” el 2008, el 2009, el 2010 y el 2011. Usted estimado lector lo puede consultar en el Diario Oficial de la Federación del 21 de Diciembre de 2007.

Durante los primeros años del cobro de este impuesto, los gobiernos estatales recibían un incentivo económico equivalente al 30 por ciento de la recaudación del gravamen y a partir de 1991 el impuesto se queda 100% en manos de los estados, situación que prevalece. Las entidades deben participarles a sus municipios por lo menos el 20 por ciento de lo recaudado, incluyendo recargos y multas, como dicta el artículo 2, de la Ley de Coordinación Fiscal.
Si bien la anulación del cobro de tenencia como impuesto federal es sin duda una muy buena noticia para los dueños de vehículos y sus familias, el que ahora las Legislaturas Estatales tengan la facultad para cobrarlo, siempre será una “mala noticia” para los ciudadanos ya que existe la posibilidad de que al final de cuentas sigamos pagando tenencia.

Y es una mala noticia sobre todo en estados como Puebla donde la rendición de cuentas y la transparencia son virtudes precarias o inexistentes. ¿Cuándo ha sabido usted con precisión a qué se destinan sus impuestos, dónde termina lo recaudado cada año al pagar su tenencia? ¿Qué participación tienen los municipios del estado de dicho impuesto? Apenas hace unos días la alcaldesa de la capital al fin confesó lo que muchos sabíamos y que ella ocultó al electorado y no denunció en campaña: los recursos con que cuenta el Ayuntamiento de Puebla son insuficientes, dada la enorme deuda que le heredó el también priísta Doger y las necesidades que hay que atender.

Los municipios deben exigirle al gobierno estatal mayores recursos provenientes –entre otras fuentes- del cobro de tenencia y de excedentes petroleros que por cierto este año son muy jugosos y que, como hemos dicho, en Puebla no se sabe cómo ni en qué se gastan dichos recursos.

Tan solo en 2007, según datos preliminares obtenidos del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, se obtuvieron ingresos por 653.5 millones de pesos por concepto de Tenencia vehicular en Puebla. Para el 2008 el gobierno estatal calcula recaudar alrededor de 800 millones de pesos por el “impuesto olímpico”.

Puebla es el estado que ocupa el séptimo lugar nacional en cuanto a la recaudación por concepto de tenencia y el quinto en pago de ISAN (impuesto sobre autos nuevos). Ver tabla (cifras en millones de pesos. 2006 y 2007 cifras preliminares).

Es necesario entonces que el gobierno encabezado por Marín y sus muchachos los diputados locales, definan su posición respecto al cobro de un impuesto estatal por poseer un vehículo, aunque ya no tiene justificación mantenerlo y menos después de que el Congreso federal ha aumentado los recursos a todos los estados de manera significativa, los excedentes petroleros están rompiendo record y las olimpiadas realizadas en México hace mas de cuarenta años están mas que pagadas. Como diputado federal defenderé esa posición, toca a los ciudadanos exigir transparencia y rendición de cuentas.

Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal del Partido Acción Nacional

Reforma judicial: transformación profunda

Por José Antonio Díaz García *

¿A tenido usted o algún familiar que enfrentar alguna vez un proceso judicial?, ¿cree usted que el sistema de impartición de justicia en México es eficaz?

Ante estas preguntas, la reforma al sistema de justicia penal aprobada hace unos dias por el Senado y la Cámara de Diputados, y pendiente de ser ratificada por cuando menos 16 de los 31 congresos locales, modifica la Constitución para sentar las bases de un nuevo sistema de justicia y seguridad pública en nuestro país.

Las reformas actualizan la legislación vigente para que la aplicación de la justicia sea expedita, los cuerpos policíacos y las instancias judiciales desempeñen su labor con menos burocracia y el combate al crimen organizado, en especial a los delitos como narcotráfico, narcomenudeo y secuestro, no se obstaculice por huecos o contradicciones legales.

La justicia penal en México y la seguridad pública son dos temas fundamentales para que la impunidad no siga siendo el pan nuestro de cada día. Cuando los ciudadanos saben que quien incumple la ley o es corrupto, recibe una sanción, se genera un círculo de confianza que incentiva a pagar impuestos, a invertir y a mantener una cultura, una forma de vida, apegada a la legalidad.

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo en varios periodos quien logró combatir a la propia mafia italiana, decía que: “el único antídoto que existe contra la inseguridad es la cultura de la legalidad”.

Entre las características más importantes de la reforma se encuentran las siguientes:
Se establece en la Constitución el principio de presunción de inocencia, garantizando al acusado su carácter de inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Oralidad en el proceso penal. Que propiciará la transparencia y la eficiencia en la presentación de los asuntos.
Se prevé el mecanismo de conciliación, sujeta a supervisión judicial, asegurando la reparación del daño.
Se crean jueces de control que controlarán el proceso entre las partes previo al juicio, para garantizar el debido proceso y el equilibrio entre las partes.
Un Ministerio Publico (MP) más competitivo, en condiciones de igualdad jurídica y de igualdad real respecto del probable responsable o indiciado.
Nulidad de pruebas obtenidas por tortura o por cualquier violación de derechos humanos. La confesión deja de ser la reina de todas las pruebas.
Certificación y servicio de carrera para los cuerpos policíacos con el fin de que sean escrupulosos y profesionales en la aplicación de la ley.
Se otorgan facultades de investigación a las policías, bajo el mando del MP.
La presencia del juez en las audiencias, que serán nulas si no se cumple esta condición.
Se acota de manera importante el concepto de prisión preventiva, para convertirse en una excepción.
El arraigo será decretado por un juez cuando el MP lo solicite y acredite su necesidad por causas especiales contempladas por la ley, por un plazo de 40 días que se podrán prorrogar por otro periodo igual cuando subsistan las causas.
Los sentenciados por delincuencia organizada no compurgarán penas en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios.
Se establece la perdida de la propiedad a favor del Estado, de bienes que hayan sido producto del crimen organizado.

Hasta ahora los procesos eran a puerta cerrada. El 92 por ciento de los implicados en un proceso judicial, jamás vieron al juez, según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), lo que da pie a manejos oscuros y a corrupción.

Ahora estos juicios se ventilarán públicamente en presencia del juez y las partes podrán presentar argumentos, testigos y pruebas de viva voz, lo cual contribuye a solventar de forma más rápida y transparente los casos. Después de celebrado dicho juicio oral, el juez debe dictar sentencia frente al público en un periodo determinado de tiempo.

El nuevo sistema de justicia llamado “sistema acusatorio y oral” se deberá implementar de manera gradual en un plazo máximo de 8 años.

Ahora la responsabilidad de implementar un sistema de justicia local más eficiente y justo quedará en manos de los estados donde es urgente transformar el sistema de impartición de justicia desde las primeras instancias como son las policías y los MP.

¿Y qué pasará en estados como Puebla donde el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la titular de la procuraduría se confabulan en contra de los ciudadanos? La ley es letra muerta si las autoridades en turno no son las primeras en respetarla y si los ciudadanos no participamos y exigimos que se cumpla.

Esta reforma significa un avance pero queda pendiente la otra cara de la moneda: los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad vigilar a las autoridades y actuar con base en una cultura de legalidad. Porque como también decía Leoluca Orlando: “Hay que evitar que la corrupción personal se convierta en un hecho político”, y yo diría hay que vivir una cultura de la legalidad desde la casa para que la impunidad y la corrupción no se institucionalicen.
Comentarios: diazgarcia2020@gmail.com
* Diputado Federal por el Partido Acción Nacional

Privilegiar el acuerdo, en búsqueda del Bien Común

Por José Antonio Díaz García *

México estrenó consejeros electorales. El pasado 7 de febrero, la Cámara de Diputados eligió a Leonardo Valdés Zurita, como presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), así como a los consejeros Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez.

Si bien se incumplió el término establecido por la Constitución (13 de diciembre de 2007), se cumplió con un proceso que al final de cuentas, surgió del acuerdo.

Un artículo transitorio de la reforma constitucional obligaba a someter al pleno de la Cámara la propuesta de nuevos integrantes del consejo del IFE a más tardar el 13 de diciembre, víspera del fin del periodo de sesiones ordinarias. Pero por falta de consenso sobre los candidatos a consejeros, se pospuso la designación.

Fue a principios de febrero cuando se llegó a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, el cual tiene un importante significado ya que al haber una validación de los consejeros designados por los diferentes partidos y actores políticos serios, perderán peso las voces que descalifiquen al IFE cuando los resultados electorales no les favorezcan en elecciones futuras como las del 2009 y 2012.

Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador y algunos legisladores perredistas que votaron en contra de los tres consejeros mencionados, quedaron inconformes a pesar de que el nuevo presidente es un hombre vinculado a la izquierda.

Los aliados del Peje arremetieron contra sus compañeros perredistas que participaron en la discusión y negociación para definir a los consejeros porque descartaron la única propuesta válida para su “presidente legítimo” que era la de nombrar al magistrado Genaro Góngora Pimentel a la cabeza del órgano electoral.

La votación de los legisladores con respecto a Leonardo Valdés para nuevo presidente del IFE logró 398 votos en favor, 43 en contra, tres abstenciones, 14 votos a favor de “otro candidato” (Genaro Góngora) y 42 legisladores que no asistieron. La propuesta acordada de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, logró las dos terceras partes que exige la ley para ser aprobado.

En tanto, los otros dos consejeros electorales –Benito Nacif y Marco Antonio Baños—obtuvieron 387 votos en favor, 54 en contra, tres abstenciones y 12 para otros candidatos.

Con respecto al resto de los consejeros, serán nombrados en adelante para sustituir a los que saldrán de forma escalonada. Rodrigo Morales y Alejandra Latapí cedieron ahora su lugar a los recién nombrados Nacif y Baños.

Una referencia breve de cada uno de los designados denota la experiencia de cada uno que incluye el ámbito electoral. Al contrario de lo que alguna pluma expresaba en estas mismas páginas, mi opinión es que los consejeros elegidos brillan por sus conocimientos; por sus perfiles autónomos e independientes. Las calificaciones que se otorgaron en la entrevista fueron un referente, mas no era el único criterio de selección, más cuando algunos legisladores castigaban con calificaciones muy bajas a quienes querían descarrilar del proceso y al contrario.

Leonardo Valdés Zurita se formó en las filas del Partido Mexicano Socialista como alumno de Heberto Castillo en el Partido Mexicano de los Trabajadores; es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México, y licenciado en economía por la Universidad Anáhuac. Cuenta con cuatro publicaciones relacionadas con temas electorales y de partidos políticos, editadas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la UNAM, el IFE y la Universidad de Guanajuato. Ha sido docente y laboró un año en el IFE (durante la presidencia de José Woldenberg) como director ejecutivo de Organización Electoral. Un botón que demuestra su independencia es que proviniendo de la izquierda, siendo consejero electoral en el Distrito Federal, se opuso al registro de la candidatura de López Obrador, en 2000, para jefe de gobierno, por no tener la residencia obligatoria necesaria por ley.

Marco Antonio Baños Martínez se desempeñaba como asesor de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado del Congreso de la Unión. Laboralmente formado en el IFE, es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), licenciado en derecho por la UAM y cuenta con experiencia docente. Ha publicado artículos relacionados con temas electorales en la revista Voz y Voto.

Benito Nacif Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (nivel uno), es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford y licenciado en Administración Pública por El Colegio de México. Se desempeñó en el sector público y es autor de diversas publicaciones relacionadas con el sistema político mexicano. Docente en instituciones de educación superior y se desempeña como consejero ciudadano en el Consejo Local Electoral del Distrito Federal.

En reciente entrevista, Nacif Hernández reconocía que: “la reforma electoral del 2007 es la primera que se realiza después de la alternancia y en condiciones en las que ningún partido político tiene mayoría en el Congreso. Constituye una muestra de la capacidad de la joven democracia mexicana de responder con cambios profundos a situaciones adversas como la generada durante la crisis electoral del 2006. Su aprobación requirió de amplios consensos que años antes habían sido imposibles de construir, incluso en torno a temas y propuestas semejantes”.

En efecto, nuestra responsabilidad como legisladores es llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos, generando consensos y leyes que den mayor certidumbre a los procesos que vive el país, como es el caso de los comicios y las elecciones, a través de un instituto independiente, autónomo y transparente que dé mayor confianza a los ciudadanos, a los partidos y a los candidatos.

Ante todo hay que privilegiar el acuerdo para evitar la polarización y el resentimiento social. En palabras de José Martí, “política es el arte de ir levantando hasta la justicia la humanidad injusta, de conciliar la fiera egoísta con el ángel generoso; de favorecer y de armonizar para el bien general, y con miras a la virtud, los intereses”.

Comentarios diazgarcia2020@gmail.com

*Diputado Federal por el Partido Acción Nacional